lunes, 25 de noviembre de 2013

Desaparecen más de 10.000 empresas de autónomos del transporte en lo que va de año, casi el 6%

MADRID.- Un total de 10.046 empresas de autónomos del transporte han abandonado su actividad en los 10 primeros meses del año, y acumulan una caída del 6% hasta octubre, según los datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), a partir de las informaciones publicadas por el Ministerio de Fomento.

   A pesar de que el sector del transporte por carretera es una de las actividades económicas que están sufriendo "más duramente la crisis y la pérdida de actividad económica, especialmente entre los autónomos", estos siguen representando un 66,33% del total de empresas transportistas. En la actualidad, las empresas transportistas de autónomos son 158.248 sobre el total de empresas transportistas que siguen siendo 238.564.
   El delegado de transporte de UPTA, Eduardo Abad, considera que estas caídas responden en particular "a los graves problemas por los que atraviesa el sector de transporte ligero y distribución de mercancías".
 "Una actividad muy afectada por la bajada del consumo interno y la poca demanda existente, lo que está poniendo en peligro el mantenimiento de las flotas de distribución protagonizadas en particular por los autónomos", ha explicado.
   Además, Abad ha asegurado que noticias como las de la reducción de empleo autónomo en Panrico y otras empresas "no permiten ser muy optimistas en la evolución del sector a corto plazo".

domingo, 24 de noviembre de 2013

Consumidores piden a Bruselas que acabe con el monopolio efectivo del tabaco en España


BRUSELAS.- El abogado español Diego de Ramón se ha dirigido esta semana por escrito a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, en nombre propio y de la Plataforma por el Fin del Monopolio del Tabaco en España, por si Logista S.A. pudiera tener más del 25% de la cuota de mercado en la Unión Europea.

En concreto, pide a las autoridades comunitarias, en esta denuncia previa para comprobación de datos, una inspección para verificar si existe por su parte una posición dominante del mercado mayorista de tabaco y, además, precio concertado entre las demás distribuidoras (Altadis, Compañía de Tabacos del Mediterráneo S.A, Conway y Tamco) existentes en España. 
Y todo al objeto de solicitar el final del citado monopolio en la venta, distribución y comercialización de tabaco.
El citado letrado hace la salvedad en su escrito, que todo lo anterior no cuestiona el impuesto especial sobre tabacos como potestad fiscal del Estado español.
Sin embargo pide una investigación comunitaria en España para constatar que el Comisionado para el Mercado de Tabacos, que corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cumple su función de ordenación al ser órgano regulador, de vigilancia y competencia libre efectiva del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.

El Gobierno justifica el "celo" de las entidades financieras a la hora de conceder crédito a pymes

MADRID.- El Gobierno español cree que el "celo" que están mostrando las entidades financieras a la hora de conceder crédito a las pequeñas y medianas empresas está justificado, recordando que su función es "la concesión de financiación a la demanda solvente" para no poner en riesgo su propia estabilidad.

   Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien en una pregunta parlamentaria criticaba que los bancos se "preocupen más de la posible morosidad de los beneficiarios que de la concesión de créditos" e instaba al Ejecutivo a tomar medidas para que la liquidez llegue a pymes y microempresas, proponiendo por ejemplo un fondo estatal de microcréditos gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con la ayuda de las entidades nacionalizadas.
   En su respuesta, el Ejecutivo recuerda que las entidades financieras deben conceder crédito a proyectos solventes, más si cabe en el caso de los bancos nacionalizados, que tienen que ajustar sus decisiones a los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea (CE).
   "Un celo insuficiente respecto de la solvencia de sus clientes podría aumentar las ratios individuales de morosidad, comprometiendo de nuevo su grado de capitalización y, en última instancia, su valor de mercado y los recursos que pueda recuperar el contribuyente ante una eventual venta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)", añade el Gobierno.
   El Gobierno también defiende las altas garantías patrimoniales que exigen los bancos para acceder a las líneas ICO, recordando que el instituto está sujeto a una normativa de equilibrio financiero y que "cualquier quebranto" que se produjera en sus cuentas por sufrir un "elevado número de préstamos impagados debería ser compensado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado", lo que implicaría "distribuir el coste de una mala gestión financiera entre todos los contribuyentes".
   "Cabe destacar que se han modificado los términos de colaboración entre las entidades de crédito y el ICO para aumentar los incentivos de las primeras a intermediar y consumir las líneas de mediación", añade la respuesta parlamentaria.
   Asimismo, no ve "oportuno" crear un fondo como el que propone Llamazares dado que "no existe ningún importe mínimo para las operaciones" que pueden financiar las líneas de mediación del instituto, por lo que "los microcréditos a autónomos y emprendedores pueden ser actualmente tramitados".
    En otra respuesta parlamentaria, dirigida en este caso al diputado de CHA, Chesús Yuste, el Gobierno argumenta por qué no se potencia la actividad del ICO obteniendo dinero barato del Banco Central Europeo (BCE) para prestarlo a las administraciones públicas y a las empresas con el objetivo de conseguir que fluya el crédito.
   En el texto, el Gobierno recuerda que la gestión del ICO debe ser "sólida" e "integral" en todo lo que se refiere a los riesgos que asume, lo que es particularmente importante en relación con las refinanciaciones de créditos, con las que se debe "asegurar en todo momento un adecuado equilibrio entre los plazos de la actividad de préstamo y los de la financiación".
   Sin embargo, los préstamos del BCE son a corto plazo, de unos tres meses como máximo, por lo que la financiación sistemática de las operaciones del ICO (de medio y largo plazo) por esta vía provocaría "un notable riesgo" para su balance, lo que podría incluso "afectar a la capacidad del instituto para poder seguir ofreciendo de forma recurrente financiación al tejido productivo en condiciones preferentes".
   No obstante, el Gobierno recuerda que en diciembre de 2011 y febrero de 2012 el ICO accedió "de forma puntual" a una operación excepcional de crédito del BCE con plazos de tres años, atendiendo tanto al coste de la financiación como a que "no implicaba riesgo de refinanciación ya que un plazo de tres años casa adecuadamente con el vencimiento medio de las operaciones de préstamo" del instituto.

Fomento ultima la sociedad pública de autopistas que evitará la quiebra de diez vías en problemas

MADRID.- El Ministerio de Fomento ultima la constitución de la nueva sociedad pública de autopistas con la que se busca evitar la quiebra a una decena de vías pago que actualmente afrontan problemas económicos y financieros, y que en su mayor parte están en concurso de acreedores.

   Todas estas autopistas, salvo Ausur (la que une Cartagena y Vera), han manifestado ya al Departamento que dirige Ana Pastor su disposición a sumarse a la empresa pública, según informaron  fuentes del sector.
   Respecto a Ausur, en caso de que mantenga su rechazo a sumarse al proyecto, el Ministerio sopesa proponer al resto de concesionarias comprar entre todas el porcentaje de participación que le correspondería en la nueva empresa pública.
   La sociedad de autopistas, que debe estar lista antes de fin de año y que se aprobará por Real Decreto, se constituirá así a partir del proyecto diseñado por Fomento.
   Según este proyecto, el Ministerio, a través de su sociedad Seittsa, controlará el 80% del capital de la empresa de autopistas. El 20% restante se lo repartirán las sociedades concesionarias actualmente titulares de las autopistas en problemas que se integrarán en la empresa.
   Este porcentaje de participación parte con un valor de 122 millones, dado que la sociedad se constituye valorada en 608 millones. La parte correspondiente al Estado equivale a la capitalización de las ayudas que hasta ahora ha dado al sector.
   El proyecto contempla también que, además del porcentaje del 20% en la nueva sociedad, Fomento abonará a las concesionarias 350 millones de euros por los importes que les adeuda por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas y las modificaciones que sufrieron sus proyectos de obra.
   En paralelo, el Departamento de Ana Pastor ya tiene cerrado un acuerdo con los bancos acreedores de las autopistas, que suman una deuda de unos 3.500 millones de euros. Este acuerdo con la banca es el que exige que la nueva empresa de autopistas esté lista antes de fin de año.
   Las autopistas que se integrarán en la sociedad son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas. Sus sociedades concesionarias están en su mayoría participadas por las grandes constructoras (ACS, Sacyr, Ferrovial OHL y Abertis), además de por Globalvía (grupo de concesiones de FCC y Bankia) y alguna entidad financiera.
   Todas estas vías, las de más reciente construcción y que supusieron una inversión de unos 5.600 millones de euros, se han visto afectadas por los sobrecostes que afrontaron con la expropiación de los terrenos sobre los que se construyeron y el desplome de los tráficos por la crisis.
   El proyecto de Fomento se ha diseñado a un horizonte de cuarenta años. Parte de la previsión de que el tráfico conjunto de la decena de autopistas siga cayendo hasta 2015 y empiece a crecer entre un 2% y un 2,5% en ejercicios sucesivos.

viernes, 22 de noviembre de 2013

Medio Ambiente desliga el Memorandum del Tajo-Segura del plan de cuenca del Tajo, que se aprobará en diciembre

MADRID.- La directora general del Agua, Liane Ardiles, ha señalado que el Memorandum del Tajo "no tiene nada que ver" con el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, que sigue su camino de tramitación y que se analizará en el Consejo Nacional del Agua que se convocará para el próximo mes de diciembre.

   Al término de la presentación de la revista iAgua, Ardiles ha explicado que el Memorandum pretende regular y dar seguridad jurídica al trasvase Tajo-Segura, algo que, a su juicio era "esencial", por lo que ha añadido que el Gobierno y el Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente están "muy satisfechos" por el acuerdo alcanzado por cinco comunidades autónomas.
   Además, ha destacado que el acuerdo entre todas estas comunidades autónomas (C-LM, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid y Extremadura) pone de manifiesto la capacidad de llegar a acuerdos en el mundo del agua, algo que "siempre se ha valorado como muy difícil, pero que se demuestra que es posible con trabajo y esfuerzo.
   El Memorandum se ha trasladado en las enmiendas de la Ley de Evaluación Ambiental --que está a falta de culminar su proceso parlamentario en el Congreso el próximo jueves--.
   Asimismo, durante su intervención en la presentación de la revista trimestral que está centrada en el sector del agua, Ardiles ha recordado que la estrategia del Gobierno es "poner orden" y "cumplir los compromisos nacionales e internacionales" en materia de planificación hidrológica.
   En este sentido, ha añadido que el Gobierno aspira a hacer en tres años, dos planificaciones para las que la Directiva Marco del Agua daba un plazo de catorce años, y que espera que el expediente sancionador abierto por Europa a España sea "el mínimo posible".
   En todo caso, ha reconocido que aún hay mucho por hacer y, además, con poco dinero, y ha advertido que el problema real de la posible sanción es que significa que la calidad del agua en España no cumple con la calidad que fija la normativa de la Unión Europea.
   De hecho, ha apuntado que para cumplir con lo sancionable más inminentemente el Gobierno debe acometer en torno a 100 actuaciones e invertir 500 millones.
   En este contexto, ha dicho que el corto presupuesto obliga a buscar "nuevas vías de financiación" y colaboración con los usuarios, con operadores, empresas, entre otros.
   Por otro lado, ha lamentado que España no ha sabido transmitir a la Comisión Europea la importancia estratégica del agua para el desarrollo de los países y los requerimientos de los ciudadanos, por lo que ha reclamado financiación para incluir como un eje internacional estratégico la política del agua. De este modo, ha insistido en la importancia de que el agua sea una eje estructural de la política en España y en la Unión Europea, al igual que lo ha puesto de manifiesto la Organización de Naciones Unidas.
   Respecto al trabajo de la Marca España-Agua, ha dicho que el Ministerio lleva un año trabajando y que se han producido avances en la tarea de avanzar en la divulgación de "todo" lo que ha hecho España en materia de gestión y gobernanza no solo en España sino en otros países. En ese sentido, ha dicho que es un reto llegar más y mejor a la necesidad de ofertar no solo obras hidráulicas en el extranjero sino de exponer la gestión.
   La revista iAgua tendrá un carácter trimestral y está centrada en los aspectos del sector del agua en España y en América Latina. La publicación en papel surge después de la edición digital en el portal www.iagua.es y la presencia en las redes sociales.

sábado, 16 de noviembre de 2013

Enésimo llamamiento a la regeneración democrática / Fernando Urruticoechea Basozabal *

El profesor José Luis García Delgado efectúa en El País del día 13 de noviembre, en nombre del Círculo Cívico de Opinión, un nuevo llamamiento por un compromiso de regeneración democrática, de los que ya hay infinitos en los últimos años.
Propuestas muy juiciosas, como en casi todos los casos. Esta vez con un programa de cuatro medidas urgentes: de tolerancia cero contra la corrupción, por una ética de estricta austeridad en el manejo de fondos públicos, revisión de la ley de partidos políticos, y finalmente, revisión de la ley electoral.
Pero claro, los que tiene que tomar tales medidas son las élites públicas que dice el autor del llamamiento. Y tales élites, que son los partidos políticos no parece que estén por la labor, digo yo.
Por más llamamientos que les hagamos y por más compromisos que firmen, no parecen dispuestos a perder la situación de privilegio de la que disfrutan.
Es más, incluso compañeros de García Delgado, como el profesor Santiago Muñoz Machado han declarado que "Los partidos políticos se han apoderado del aparato del Estado hasta la extenuación", en provecho propio, claro y obtenido el botín.
El profesor Alejandro Nieto afirma que existe un pacto de Estado de los partidos políticos, no contra la corrupción, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla. Necesitan de la corrupción para financiarse.
¿Alguien piensa que se van a hacer el harakiri como ha propuesto el profesor Muñoz Machado, mientras puedan seguir obteniendo su botín?
Sólo nos queda seguir el ejemplo de Jesús, quien, según nos cuentan los evangelistas, estaba también tan indignado con los mercaderes del Templo, que formó un látigo con varias cuerdas y a golpes hizo salir el ganado del Templo de Jerusalén y tiró las mesas de los cambistas, haciendo caer las monedas por el suelo.
Ahora también se trata de echar a los mercaderes de los templos de nuestra democracia.
Que nos nos tiemble el pulso.
(*) Interventor de Administración Local

La influencia del euro y de la desunión política en la crisis / Ángel Tomás Martín *

La economía pública, en un mercado globalizado, tiene una influencia directa en la economía real: el conjunto de empresas y servicios de cada uno de los componentes de la Europa Comunitaria. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los socios que la componen están solo parcialmente unidos. Acatar una sola moneda sin someterse al mismo tiempo a una unión política, financiera y fiscal, ha sido un error que hemos pagado muy caro y de difícil solución que, además, se alargará en el tiempo puesto que costará sufrimiento y sacrificios readaptar las estructuras individuales a las comunes obligatorias.

Que se mantenga la fortaleza del Euro, basada en un colectivo de economías dispares y en muchos casos contrapuestas, frente al Dólar, respaldado por un solo país, está provocando problemas graves a las economías más débiles de la Eurozona. La sobrevaloración perjudica de manera directa al comercio exterior e interior, al encarecer los costos productivos y ello explica la desindustrialización que en el último quinquenio ha supuesto para España. Por otro lado a EEUU le interesa un mercado de la importancia de Europa, y para ello necesita un dólar fuerte frente a una moneda más débil y fluctuante como la nuestra; de ahí la urgencia de no quedar indefensos ante las decisiones de la Reserva Federal.

Esta relación entre el Euro y el Dólar fuerza a la devaluación interna de los países periféricos mediante políticas restrictivas y el incremento de la presión fiscal, con el fin de reducir precios para volver a ser competitivos, pero puede causar un efecto de dificilísima reparación y de un alto costo social: desempleo, recesión, escasa financiación y endeudamiento desproporcionado. Este es el estado de la cuestión. Ningún país europeo ha logrado superar de forma estable el crecimiento del 2,5% sobre el PIB necesario para crear empleo y riqueza.

La presión inflacionista desigual, la obligada devaluación interna (la monetaria es inviable por razones obvias), mediante medidas duras y lesivas pero imprescindibles a que nos obliga una disciplina común, la falta de control presupuestario durante un largo periodo de crecimiento desproporcionado que se suponía interminable (basado en casi un solo sector como ha sido el de la construcción), y la repercusión de un mundo financiero especulativo global de dificilísimo control, han sido las principales causas de la crisis que aún padecemos y de la que costará años volver a la normalidad. No es realista proclamar que hemos tocado fondo y el crecimiento está a la vuelta de la esquina. Hemos de ser pragmáticos y entender que el endeudamiento colectivo exige de nuevos sectores de riqueza donde invertir y crear puestos de trabajo, y sobre todo del tiempo necesario para reducir nuestro endeudamiento. Imprescindible que todos lo comprendamos, que nos dejemos de discusiones ideológicas, que no perdamos el tiempo como hemos hecho hasta ahora y afrontemos la situación mediante unión, esfuerzo, trabajo, sacrificio e inversión.

No es un criterio individual o personal, coinciden en ello los mejores economistas actuales europeos y americanos, y en situaciones semejantes lo expresaba Krugman en la década de los noventa "soy escéptico a que un proyecto con grandes carencias se consolide y no pueda derivar en graves consecuencias aún más difíciles de superar”.

Países de nuestro entorno como Suecia o Reino Unido toman sus propias decisiones y se defienden de la influencia nefasta que produce una economía con moneda única, pero sin cohesión legal unitaria e incapaz de conseguir una posición estable del Mercado Único en el que están integrados.

En nuestro país, como en aquellos otros que necesitan imponer la austeridad para volver al crecimiento, la adopción de medidas dolorosas domésticas con una tasa elevada de desempleo, se torna en lentitud para conseguir la estabilidad, evitando el ajuste del empleo del sector público, aún pendiente, y el deterioro del bienestar general.

Este fenómeno puede obligar a algún país de la Unión a negarse a continuar imponiendo recortes por encima de los ya efectuados, desoyendo las órdenes comunitarias y retrasando su aplicación. Los resultados desastrosos que ocasionaría son imprevisibles.

(*) Economista y empresario