'Pacma' pide una Ley ‘Cero’ que acabe con los toros y los circos con animales

MADRID.- El Partido Animalista Pacma ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados las 220.000 firmas recogidas en apoyo de su Ley Cero de bienestar animal, que sigue siendo "asignatura pendiente" del Congreso un año después de haberla presentado en la Cámara Baja.

El documento, articulado en su integridad por el Partido Animalista, supone una “ley muy completa” que habla en “todos los términos en los que se maltrata y perjudica a los animales en nuestro país”, ha indicado su portavoz, Laura Duarte.

Duarte ha destacado como puntos “más perjudiciales” para los animales y que la sociedad “más demanda” la prohibición de la tauromaquia, la caza, los circos con animales o el sacrificio en perreras.

La petición llevada por Pacma al Congreso en mayo de 2017 instaba a los grupos con representación parlamentaria a que se comprometieran y sacaran adelante esta ley “imprescindible”, aunque hasta ahora, según Duarte, “ninguno” se ha mostrado dispuesto a llevarla a trámite.

No obstante, la portavoz de Pacma ha reconocido ciertos “signos de aparente interés” en el nuevo Gobierno, ya que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “ha dado a entender” su preocupación sobre la situación de los animales “a nivel general, no solamente en circos, granjas o perreras”.

Duarte confía en que esta voluntad se materialice, ya que, “a pesar de que el arco parlamentario está igual repartido y las cosas no son fáciles”, es posible llegar a acuerdos con el resto de grupos.

En mayo de 2017, Pacma lanzó una campaña de recogida de firmas a través de la web leycero.es que en sólo dos horas, según sus promotores, recabó 5.000 apoyos, y publicó en su página web un calendario de acciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga.

'Hefame' supera en 2017 los 1.300 millones de euros en ventas, un 5% más que en 2016

MURCIA.- Grupo Hefame acaba de presentar durante las Juntas Preparatorias sus resultados del pasado ejercicio. Los últimos datos analizados del cierre y balance final de 2017, que se han presentado ante la Asamblea, sitúan la cuota de mercado de Hefame en un 10,97%, entrando ya por méritos propios dentro del ranking de los tres principales players del sector de la distribución en España. Grupo Hefame ha superado los 1.300 millones de facturación y un crecimiento en el pasado ejercicio superior al 5%.

Los directivos de la cooperativa farmacéutica, Carlos Coves, presidente y Javier López, director de Grupo Hefame, han presentado conjuntamente las principales conclusiones de la estrategia implementada en los últimos tres años de gestión y la línea de trabajo para el nuevo plan estratégico hasta el 2020. 

Las Juntas Preparatorias han tenido lugar, durante el mes de junio, en las ciudades de Málaga/Granada, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Madrid y han finalizado con la Asamblea General de delegados del Grupo, elegidos con anterioridad en las diferentes Juntas para representar a la totalidad de los socios de la cooperativa. En éstas, el Consejo Rector y la dirección de la compañía han dado cuenta detallada de la gestión a sus socios y han presentado las cuentas anuales del Grupo para someterlas a debate y aprobación.

“2017 ha sido un año para la consolidación y hemos batido todos nuestros récords en facturación y cuota de mercado”, ha puntualizado Coves.

 “Estamos muy satisfechos con los hitos obtenidos y esperamos seguir impulsando un gran número de servicios tecnológicamente avanzados, que ya nos diferencian de la competencia, para que nuestro socio pueda competir en este mercado con el objetivo claro de dar más información, más apoyo al paciente, compras más atractivas y dirigidas a través de las Redes Sociales. ¿Y, qué mejor asesoramiento podemos tener en temas de salud que la del propio farmacéutico, y, además, teniendo más de 20.000 puntos de atención en nuestro país?”. 

Por su parte, Javier López ponía de relieve la importancia de los objetivos logrados en la estrategia que finalizaba en el 2017, que se centraban en una estrategia sostenible para mantener la solidez financiera, cohesión interna y un mejor servicio a los socios, y ahora Grupo Hefame se embarca en un nuevo plan estratégico hasta 2020.

“Grupo Hefame ha protagonizado en este pasado ejercicio un crecimiento del 5%, ganando así cuota de mercado. Tras mejorar la política comercial de nuestros socios, el ebitda generado alcanzó la cifra de 9.8 millones de euros, incrementándose un 18% respecto a 2016”, comentaba Javier López.

En 2017, Grupo Hefame ha acortado distancias entre almacenes y establecimientos abriendo un nuevo almacén en Tortosa (Tarragona) y próximamente el abrirá un nuevo almacén, a la vanguardia tecnológica, en Valencia para expandir y mejorar el servicio a nuestros socios”. 

De 2015 a 2017 ha abierto nuevas rutas mejoradas gracias a la apertura de almacenes en Albacete, Tortosa, Granada y Melilla y la modernización realizada en la sede central de Murcia. 

“Estamos mejorando de manera sustancial las  rutas y nuestra principal preocupación sigue y seguirá siendo siempre que los medicamentos lleguen a su hora a las farmacias”, apuntaló López durante sus intervenciones” 

Para ello, en el pasado ejercicio, Hefame continuó con el plan de inversiones en activos fijos, precisamente en proyectos basados en la robotización y modernización de las plataformas logísticas de los diferentes almacenes que tiene la distribuidora española, así como en el desarrollo del software que soporta la actividad.

El presidente Coves, por su parte, recalcaba que, “vamos a seguir siendo punta de lanza para nuestro socio y seguir mejorando su relación/comunicación con el paciente y entregar un servicio digitalizado a la farmacia”. 

A día de hoy, puntualizaba, “Grupo Hefame está ayudando a cientos de farmacias, y a más de 900 farmacias en todo el territorio, que no disponen de los medios necesarios, a dotarse de la tecnología adecuada con F+Online (www.fmasonline.com)”. 

El proyecto más importante en el que se ha embarcado Grupo Hefame estos últimos años ha sido la Farmacia F+, desde donde los farmacéuticos pueden ya vender, facturar y controlar su comunicación con sus pacientes.

Los 'sin papeles' tendrán sanidad tras pasar 90 días en España

MADRID.- Los inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles siempre que lleven empadronados en España un mínimo de 90 días o, en su defecto, que acrediten su situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales.

Así lo recoge el borrador que ha presentado hoy la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles'.
Montón, que ha presidido hoy su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el único punto del orden del día del acceso universal a la sanidad pública, ha asegurado que en 2012 no existía ninguna razón que justificara la exclusión sanitaria que se plasmó en el real decreto.
Residir un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social son las "garantías" que establecerá el real decreto para que no haya "agujeros negros", de tal forma que no haya "ningún abuso" y que ningún ciudadano que lo necesite se quede desatendido.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha admitido que desde entonces las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero esto ha ocurrido de una manera "no armónica y desigual", por lo que ha considerado que ahora es el momento de "dar un paso adelante y construir de manera unitaria".
La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo "en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española", vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.
Esta reforma retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' (unos 840.000), de forma que se les excluyó de la atención primaria -excepto a menores y a embarazadas- y se limitó su asistencia a los servicios de urgencias.
En este sentido, Montón ha recordado que distintos organismos internacionales han constatado que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es "menos gravosa" que la que se realiza a través de los servicios de urgencias y ha rechazado, como argumenta el PP, que la universalidad suponga un sobrecoste a las CCAA porque todas ellas están proporcionando ya esa atención.
La ministra de Sanidad confía en poder implementar esta medida "lo más rápidamente posible" y ha dicho que quedaría derogado automáticamente lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las CCAA.
Se trata, según Montón, de sustituir "todo el articulado que habla de exclusión sanitaria por otro que hable de universalidad".
Montón ha dicho que de esta reunión han salido con unas "ideas básicas" para llevar adelante la norma y ha explicado que propondrá la creación de una Comisión Mixta para hacer seguimiento de su implementación tal y como hizo en la comunidad valenciana en su época de consejera.
Montón ha recordado que como consejera llevaba tres años pidiendo, junto con la mayoría de las CCAA, la eliminación de la exclusión sanitaria y ha considerado una "proeza" que en tres semanas como ministra se haya celebrado un Consejo Interterritorial con este tema como único punto del orden del día.

Italia bloquea la cumbre europea sobre inmigración y pone a Merkel contra las cuerdas

BRUSELAS.- El Gobierno italiano bloqueó este jueves la adopción de conclusiones de los temas abordados en la primera sesión de trabajo de la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) hasta ver si es posible llegar a un acuerdo sobre política inmigratoria que satisfaga sus demandas. Un bloqueo que supone un duro revés a la canciller alemana, Angela Merkel, que llegó a la Cumbre con el desafío de los conservadores bávaros, que exigen un giro derechista a su política migratoria.

Fuentes europeas indicaron que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defendió en la reunión que debe aplicarse el principio de que “nada está acordado hasta que todo está acordado” y que Roma se reserva el derecho de evaluar su posición sobre todas las partes del documento final hasta que se conozcan las decisiones en inmigración.

Minutos después, el Consejo Europeo confirmó en un comunicado que “un Estado miembro reservó su posición sobre las conclusiones completas”, por lo que “no se ha acordado ninguna conclusión” hasta el momento.

Esto obligó a posponer hasta este viernes, tras la segunda jornada de cumbre, la rueda de prensa del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, prevista inicialmente para este jueves.

En la primera sesión de trabajo, que comenzó a las 13.00 GMT, los Veintiocho abordaron los avances en las políticas de seguridad y defensa, la situación del comercio global tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 y las sanciones a Rusia por el derribo del avión MH17. 

Fuentes europeas indicaron que había acuerdo entre el resto de Estados para aprobar las conclusiones sobre estos puntos y que, a la vista del bloqueo italiano, los líderes debatieron durante más de 30 minutos el procedimiento a seguir en ese caso y concluyeron que sin unanimidad no podían aprobarse.

El debate sobre inmigración ha comenzado ya durante la cena de trabajo de los líderes y continuará tras la misma para acordar cambios en la gestión migratoria europea. El objetivo es dar respuesta a una crisis que, admiten, es política y no de refugiados (las llegadas a la UE por el Mediterráneo se han reducido en un 96 % desde la crisis de 2015).

Conte, que preside un gobierno integrado por los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, ya había advertido a su llegada a la cumbre de que Italia no descartaba vetar el acuerdo si no obtenía garantías de una mayor solidaridad de sus socios. 

“Italia no necesita declaraciones verbales, sino hechos concretos. Esta es la ocasión adecuada (…) En lo que a mí respecta, estoy dispuesto a sacar todas las consecuencias debidas”, dijo.

El nuevo Ejecutivo de coalición italiano, que abandera una retórica anti-inmigración, está decidido a bloquear un acuerdo si no se recogen los puntos esenciales de su propuesta migratoria.

Para Italia, uno de los principales puntos de llegada a Europa de migrantes irregulares, el acuerdo solo será posible si recoge la creación de centros para inmigrantes en países de origen y tránsito, reconoce que los desembarcos en Italia lo son en Europa y la responsabilidad debe ser compartida en la UE, apoya cambiar el sistema de Dublín que obliga a pedir asilo en el país de llegada y se prioriza la financiación para el Norte de África.

Un bloqueo que pone contra las cuerdas a Merkel

En el otro lado de la mesa, la canciller alemana, Angela Merkel, partidaria de la acogida, necesita un acuerdo europeo para contentar a su ministro del Interior, Horst Seehofer, y evitar el colapso del Gobierno en un momento de auge del partido ultraderechista AfD.

Desde hace semanas la atención política en Alemania está centrada en la exigencia de Seehofer de implantar su llamado “plan maestro” para contener la llegada de refugiados e inmigración ilegal. 

Se sabe que consta de 63 puntos, que el ministro no ha presentado por falta de consenso con la canciller y cuyo punto más conflictivo es el propósito de impedir la entrada a Alemania de refugiados rechazados y registrados anteriormente en otro país europeo. Para conseguirlo, está dispuesto a cerrar las fronteras, lo que Merkel rechaza mientras insiste en la necesidad de buscar una política migratoria común en la UE.

Merkel ha defendido que, a falta de acuerdos europeos, podrían sellarse pactos bilaterales con los países implicados para abordar el problema, una opción que apoya España. Roma, sin embargo, pide primero un acuerdo a Veintiocho.

En este contexto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó este jueves el refuerzo de las fronteras exteriores y las plataformas en países terceros como una medida necesaria para evitar otras propuestas “realmente duras”. 

“La alternativa a esto sería un avance caótico hacia el cierre de las fronteras, también dentro de la UE, así como conflictos crecientes entre Estados miembros de la UE”, advirtió.

Según se recoge en el último borrador de conclusiones, los líderes respaldarán desarrollar “plataformas regionales de desembarco” fuera de la UE en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En estas plataformas se determinaría, antes de su partida hacia Europa, si se trata de inmigrantes económicos o de refugiados que sí tienen derecho a protección.

La subida fiscal del diésel pone en alerta a más de 200.000 autónomos

MADRID.- La subida fiscal del gasóleo sería una buena noticia para la lucha contra el cambio climático, pero mala para los millones de usuarios de los vehículos que usan ese carburante. Sobre todo, para aquellos que los necesitan para trabajar, pero no tienen acceso a las bonificaciones fiscales, razona Expansión. 

Es el caso de algo más de 200.000 autónomos que trabajan gracias a sus coches o furgonetas de tracción diésel, según las estimaciones de la Federación Nacional de Autónomos (ATA) para este diario. Entre ellos, hay nada menos que 40.000 taxistas, 20.000 repartidores, 25.000 agentes comerciales y miles de conductores de ambulancias, agentes de seguros, floristerías, trabajadores de la construcción, empresas de movimientos de tierras y un largo etcétera.

La idea que maneja el Gobierno es que se equipare gradualmente el impuesto especial del gasoil al de la gasolina. El primero es de 30,7 céntimos por litro; el segundo, de 40,25. Es decir, la carga impositiva aplicada al diésel subiría hasta 9,55 céntimos, un 31%. El precio medio del gasóleo era, ayer, de 1,233. Este tipo de carburante está marcando su récord desde 2014. Con la reforma del Ejecutivo, pasaría a ser de 1,328 euros, 0,2 céntimos por encima del precio que marcaba ayer la gasolina sin plomo 95. De esta forma, llenar un depósito de 60 litros de gasóleo pasaría de costar 74 euros a 79,7, o sea 5,7 euros más.

Los bonificados, en principio, seguirían siendo los agricultores y los camioneros, pero no se puede descartar que en el futuro se articulase un alivio a otros profesionales.

Hay que recordar que, según los últimos datos de la DGT, en España hay 17,9 millones de vehículos con tracción diésel frente a 13,6 millones de vehículos que usan gasolina. En España, hay 541.751 furgonetas y camiones que consumen gasolina y 4.342.980 que usan gasóleo. Nada menos que siete veces más. Dicho de otra forma, por cada vehículo profesional de gasolina, hay ocho con gasoil.

La precariedad frustra a los jóvenes: ya solo tres de cada diez se emancipan

ZARAGOZA.- La crisis y la precariedad del empleo están frustrando la carrera vital de los jóvenes españoles: siete de cada diez de entre 18 y 30 años siguen viviendo con sus padres mientras apenas tres se emancipan, según reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia y que recoge Público.

La falta de posibilidades de emancipación se ha intensificado en los últimos años con un avance de cuatro puntos en términos generales que ha reducido por debajo del 19% la tasa de jóvenes de 20 a 24 años que se emancipan y ha elevado por encima de la mitad el grupo de los de entre 25 y 30 que continúan viviendo con sus padres, una edad a la que hace unas décadas era habitual que las parejas hubieran formado su propia familia. 

Según indica una respuesta anterior a Heredia, entre 2012 y 2016 la cifra de jóvenes emancipados ya se había reducido en 930.000, al pasar de 4,14 millones a 3,21, una caída del 22%.

Las trabas económicas para el desarrollo de un proyecto vital están teniendo consecuencias demográficas, entre las que destacan sus efectos en la natalidad: la edad a la que se tiene el primer hijo se ha retrasado más de un año y medio en una década (de los 29 años y tres meses a casi 30 años y once meses) y se acerca a los 30 años y medio en el caso de las españolas, mientras, en ese mismo periodo, la tasa de natalidad se desplomaba casi un 25%, al pasar de 11,27 nacidos por cada mil habitantes a 8,37, con un registro de solo 7,5 entre los autóctonos.

“Los elementos clave en este fenómeno son, sobre todo, la falta de empleo y la mala calidad del empleo que existe”, explica el economista y politólogo Saúl Pérez, que señala esa situación como uno de los obstáculos que impiden que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y emanciparse.

La caída de los salarios y la ocupación entre los jóvenes

Los datos oficiales revelan cómo tras la crisis se ha reducido a la mitad el empleo juvenil en España, con una caída de ocupados de 16 a 30 años de casi 2,5 millones (de 4,9 a 2,5) y un aumento de casi 300.000 parados (de 728.000 a 1,06 millones). 

Y también ponen sobre la mesa cómo esa reducción del empleo ha ido acompañada de un notable desplome de los salarios en esas franjas de edad, con mermas de más de 1.500 euros anuales entre los de 25 a 29 años (de 17.434 a 15.876) y superiores a los 2.800 entre los de menor edad (de 9.960 a 7.128), lo que deja la horquilla salarial entre 1.134 y 509 euros brutos mensuales (en 14 pagas).

Así, no resulta para nada extraño que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) concluya que el riesgo de pobreza afecte a un 37,6% de los jóvenes de 16 a 29 años. “Decenas de miles de jóvenes han tenido que irse al extranjero a buscar una oportunidad que no encontraron en nuestro país”, señala el diputado.

“Se dice que no se debe destinar más del 30% del salario al pago de la vivienda, pero con los salarios actuales y los precios de alquiler a muchos jóvenes les resulta prácticamente imposible acceder a una casa”, indica Pérez, que recuerda cómo, paralelamente, “desde la crisis los bancos han restringido la concesión de las hipotecas porque los salarios no alcanzan para pagarlas, especialmente en el caso de los jóvenes”.

“El Gobierno de Rajoy ha machacado a la juventud, les hizo optar únicamente entre dos opciones: la cartilla del INEM o el pasaporte”, asegura Heredia, que destaca cómo “miles de jóvenes han tenido que volver a casa de sus padres” ante el panorama de las “altas tasas de paro juvenil, empleo muy precario y salarios miserables”.

700 euros por un piso de 40 metros

En el caso del alquiler, portales especializados como Idealista cifran el aumento de los precios en el último año en un 18,3%, con un promedio de 10,6 euros por metro cuadrado que sitúa en 424 la renta de un piso de 40 metros y en 636 la de uno de 60, mientras otros como Fotocasa estiman el alza en el 12,4% en los últimos quince meses.

Los precios del alquiler alcanzan niveles inasumibles para la mayoría de los jóvenes en Madrid y Barcelona, donde las medias alcanzan, respectivamente, los 15,9 y los 17,6 euros por metro cuadrado; es decir, 636 y 704 euros por un piso de 40 metros.

“Los jóvenes son uno de los principales perfiles de demandantes de alquiler, pero se enfrentan a un boom de los precios” que los hace inalcanzables, anota Pérez.

Fotocasa, por su parte, pone en entredicho la ortodoxia económica de esos aumentos de precios, en los que tiene una influencia fundamental el sector de los pisos vacacionales. 

“La demanda de alquiler cae un 36% en un año debido a que hay menos jóvenes (de 18 a 34 años) activos en el mercado que en 2017”, señala el portal inmobiliario, que añade que “si en 2017 había un 14% de personas mayores de 18 años que habían alquilado o intentado alquilar una vivienda, en 2018 ese porcentaje es del 9%”.

La imposibilidad de alquilar una casa

Esa tendencia resulta especialmente acusada en el caso de los menores de 24 años: el porcentaje de los que han conseguido alquilar vivienda este 2018 ha caído un 58%, mientras el descenso alcanza el 25% entre los que tienen de 25 a 34, según ese mismo portal.

Solo un 5% de los primeros y un 12% de los segundos logró una casa de arriendo, mientras la participación de los jóvenes en el mercado del alquiler caía un 39%, al pasar del 28% al 17% en un año.

Este aumento de los precios corre, paradójicamente, en paralelo a un incremento de la oferta como consecuencia de la salida al mercado de las casas adquiridas como inversión por particulares en los últimos años y de la movilización de miles de inmuebles por bancos y fondos de inversión. Y pone sobre la mesa la desidiosa política de vivienda del Gobierno central y la mayoría de los autonómicos en las últimas décadas, que han situado el parque social de alquiler del país a la cola de la UE.

Las primarias del PP pueden terminar en un absoluto ridículo / José Oneto *

El cierre oficial de la lista de los militantes del Partido Popular que participarán en la elección del líder que substituirá a Mariano Rajoy al frente del partido, ha supuesto un verdadero fiasco sobre la tan cacareada fortaleza del partido que acaba de ser desplazado del poder, sino que el desarrollo de las primarias populares puede terminar en el más preocupante de los ridículos. 

Aunque quien ha ideado las normas de actuación y funcionamiento de esas primarias, el vicesecretario de organización Fernando Rodríguez Maíllo, insista en que los militantes que participarán en ese proceso insólito en el PP, en uno de los peores momentos de su reciente historia, no llegarán ni siquiera al ocho por ciento de la militancia, una cifra que a quien, en este momento maneja el aparato, le parece lo más natural del mundo.

Que un partido que según ha confesado recientemente a Carlos Alsina en Onda Cero, la secretaria general Dolores de Cospedal, tiene 780.000 afiliados (se ignora si han dado de baja a los muertos y a los que han anunciado su marcha por descontento político o porque se han pasado a Ciudadanos) y no tenga ni 70.000 militantes dispuestos a votar en las primarias del jueves  5 de Julio, significa que el PP tiene la militancia menos participativa de cualquier partido político europeo o, por el contrario, nunca ha tenido esos 780.000 afiliados (869.000, según las últimas cifras oficiales) el partido con más afiliados de España, según han venido repitiendo de forma machacona sus dirigentes.

Una cifra realmente insólita que algún medio ha recordado que es algo más alta, no mucho, que los 61.986 militantes que se presentaron en la listas de las elecciones municipales. O sea una cifra de militantes que podría englobar a los que tienen algún cargo de cualquier tipo en las distintas Administraciones y a sus familiares. Esos pocos más de 66.000 militantes que votarán al fututo Presidente del partido contrastan con el 80% de los militantes del PSOE que en otras primarias históricas eligieron a Pedro Sánchez, secretario general del partido. Pablo Iglesias fue votado por 55.275 inscritos, el 34,5% del censo, en febrero de 2017.

Cómo estará la situación interna, que el único que ha dado la voz de alarma de algo que resulta escandaloso, ha sido Pablo Casado con un argumento demoledor: “Si no hemos sido capaces de ilusionar y movilizar a nuestros afiliados ¿cómo vamos a ilusionar al país?”. 

Otro candidato, el ya famoso Joserra, también ha sido el único que ha propuesto cambios en las reglas de funcionamiento para no terminar haciendo el ridículo. Su preocupación es tal que incluso se ha atrevido a preguntarle en un pasillo del Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  qué es lo que hay que hacer en unas primarias y se ha quedado sorprendido cuando le ha oído decir al Presidente del Gobierno que “ir contra el aparato del partido”.

El resto calla como si no fuera con ellos. Margallo, uno de los candidatos más creíbles, en señal de protesta por lo que no deja de ser un gran ridículo político, en el que él  no debería participar, debería, eso sí,  en señal de protesta, retirarse. Las dos restantes candidatas, bautizadas en algún periódico europeo como “las dos generalas”,  han tenido  reacciones esperadas: las reglas son las reglas y no se pueden cambiar a mitad del partido. Las dos piensan que pueden controlar el aparato y también a los compromisarios en una segunda vuelta.

Más ladina, Sáenz de Santamaría, la vicetodo, que nunca se ha interesado por el partido ni ha querido saber lo que pasaba porque siempre se resistió a ser militante, y siempre ha querido ir de “independiente”, aunque estaba en el Comité Ejecutivo, ha encontrado a quienes deberían pronunciarse como miembros del “Aparato” del partido: Cospedal y Pablo Casado. Ella, Santamaría, no se pronuncia. Ella es una mujer de poder, de Gobierno (es lo único que le interesa), y no de partido.

Y ella participa en estas primarias, no como candidata a la Presidencia del Partido, sino en función de que la presidenta del Partido es también la candidata a la Presidencia del Gobierno y cree que ese puesto es suyo, como si lo hubiese heredado. Pero puede haber muchas sorpresas, porque cada vez se sabe más del obscuro y misterioso papel que desempeñó: bolso puesto en el escaño del Presidente del Gobierno, refugiado en ese momento, en un restaurante de la calle de Alcalá, al lado del Congreso con sus más leales, entre los que no estaba la vicetodo.

(*) Periodista y economista

https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/06/27/las-primarias-del-pp-pueden-terminar-en-un-absoluto-ridiculo/

El informe del Tribunal de Cuentas revela que el PP no llega a 140.000 militantes

MADRID.- El Partido Popular (PP) cuenta con menos de 140.000 militantes al corriente de pago si atendemos al balance económico que el partido facilita al Tribunal de Cuentas. El PP dice tener 869.535 afiliados. Pero según reconoce en su propia página web, los ingresos por "afiliados, adheridos y simpatizantes" son 5.011.042 euros. Si la cuota afiliación es de 36 euros al año, el total de militantes sería 139.194 personas, un 84% menos de los que el PP asegura tener, revela hoy www.vozpopuli.com.

Los 64.523 afiliados inscritos para votar en las primarias del próximo 5 de julio han supuesto un golpe a la credibilidad de este proceso de primarias inédito en la historia del PP. Son apenas un 7,42% del censo, y poco más del doble de los cargos electos del partido. Un cálculo que supuestamente beneficia más a María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, con poder orgánico en las comunidades, que a Pablo Casado. Si el PP hubiera depurado el censo en función de los ingresos reconocidos ante el Tribunal de Cuentas, el porcentaje de inscritos sería el 53,64% del total.

La escasa participación prevista ha llevado a algunos candidatos a solicitar que se amplíe el plazo de registro. Es el caso de Casado, que ha sugerido esa posibilidad en un acto de campaña en Logroño. El aspirante José Ramón García Hernández ha ido más lejos. García Hernández ha exigido eliminar la barrera de la inscripción para que todos los afiliados puedan votar. 

"El PP está bordeando el ridículo", dijo. Los dos candidatos más votados el 5 de julio se enfrentarán por el liderazgo del partido en el congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio. El ganador será elegido por los compromisarios. Todo indica que el PP no cambiará las reglas del juego a mitad del partido.

Isabel Benjumea es la directora de la red Floridablanca, un think tank vinvulado al PP. Este grupo presentó una propuesta de nueve medidas para regenerar el PP en febrero del 2016. El último punto de la lista era precisamente la actualización del censo de militantes. "En el modelo de la dirección del Partido Popular ningún militante sabe cuántos afiliados hay en el partido, ni cuántos están al corriente de cuota (y, por tanto, tienen derecho a votar)”, decían entonces.

El tiempo ha acabado dando la razón a Floridablanca, que recibió críticas internas cuando quiso llevar esta propuesta al congreso que volvió a ganar Mariano Rajoy en febrero del 2017. "Cabe preguntarse, ¿qué renovación puede salir de un Congreso sin un censo de militantes cuya autenticidad esté verificada?", dice Benjumea en conversación con Vozpópuli.

Según Benjumea, el problema es que el PP no tiene un Comité de Garantías que supervise el censo y compruebe la identidad de las personas que se han inscrito. "Los datos que hemos conocido son un recuento. El afiliado manda a su sede una solicitud, que se envía a la dirección provincial y de ahí a la nacional", dice. 

"No hay una agente externo que controle los datos facilitados por los distritos. No es un sistema garantista, porque la identidad de los militantes no está verificada". 

El número tan sumamente elevado de afiliados del que siempre ha hecho gala el PP se explica por varias razones. "Históricamente ser afiliado del PP no implicaba ningún derecho. Tú decías que tenías 9.000 y nadie decía nada, porque ese militante en realidad no tenía derecho a nada", explica Benjumea. 

"Los diferentes distritos inflaban el censo para ganar poder. Y los líderes regionales utilizaban esta cifra como una manera de sumar compromisarios, y por lo tanto peso, en los congresos del partido". 

El PP repartía sus compromisarios en función de territorios, pero también había un cuota asignada por número de militantes.

En opinión de Benjumea, el PP conoce perfectamente que la cifra no es real. Por eso, dice, Floridablanca pidió actualizarla. "Nadie se quería poner delante del espejo, porque es un proceso muy duro", asegura. 

"El PSOE lo hizo en su momento. Cuando abres un proceso (primarias) de estas características en el que los afiliados van a ejercer el derecho de sufragio no queda más remedio que hacerlo. Y por eso es importante tener una comisión de garantías", añade.

La organización de Benjumea elaboró un estudio propio utilizando datos que facilita Hacienda sobre el número de personas que declara pagar una cuota de afiliación a un partido político para desgravar. 

Según este cálculo, el PP no llegaba ni a los 100.000 militantes. El dato de Hacienda es sesgado, porque no es obligatorio declarar tu militancia política al fisco. Y de hecho mucha gente no lo hace. Sólo 95.000 españoles declaran en el IRPF que pertenecen a un partido, según los últimos datos disponibles.

La OCDE pide que se reduzcan las ayudas al sector agrícola

PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha presentado su informe anual sobre políticas públicas en materia de agricultura, en el que destacó que la mayor parte del apoyo a productores "se dio a través de medidas que perturbaron el comercio", una tendencia que pidió revertir.

"Casi dos tercios del apoyo a los productores en los países que hemos estudiado distorsionan de manera particularmente fuerte las decisiones comerciales", constató el informe presentado hoy en Bruselas, en el que aseguró que la dependencia de estas medidas "incluso ha ido en aumento".

El informe ‘Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas en 2018’ estudia la situación del sector agrícola en los 35 países que forman parte de la OCDE, así como en otras diez economías emergentes: Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.

Los países de la OCDE destinaron una media de 285.000 millones de euros al año al sector agrícola en el periodo 2015-2017, de los que 205.000 millones (el 72%) fueron entregados como apoyo a los agricultores.

El apoyo público a los agricultores fue equivalente al 18% de sus ingresos, un descenso frente al casi 30% que representó en el periodo 1995-1997.

Por su parte, las diez economías emergentes estudiadas por la OCDE destinaron una media de 266.000 millones de euros al año a sus sectores agrícolas, 233.000 de los cuales (el 84%) estuvieron dirigidos a los agricultores.

Sin embargo, mientras que en la OCDE el apoyo público a los agricultores con respecto a sus ingresos había disminuido sustancialmente en las últimas décadas, en estas economías emergentes la tendencia fue justo la contraria: pasó del 2,9% en el periodo 1995-1997 al 13,5% en el periodo 2015-2017.

Más ayudas en los países emergentes

El informe destacó que, mientras que en la OCDE están abandonando las políticas públicas de apoyo al sector agrícola que "distorsionan el mercado", en las economías emergentes estudiadas estas medidas han crecido hasta representar el 80% del total.

La OCDE también analizó de forma individualizada los casos de los 51 países objeto de estudio, aunque en la Unión Europea (UE) no entró a valorar la situación de los Estados miembros, sino las políticas públicas en el ámbito comunitario.

En este sentido, el informe destacó que alrededor del 50% del apoyo público a los agricultores está condicionado por cláusulas medioambientales obligatorias, mientras que un 8% adicional se puede obtener de cumplir una serie de estándares superiores a los exigidos por ley.

Entre los principales cambios de 2017, la OCDE destacó la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) y el fin de las cuotas impuestas a la producción de azúcar.

El informe recordó que siguen aplicándose "medidas excepcionales" en los sectores lácteo y porcino, así como con respecto a la producción de frutas y verduras.

La OCDE celebró que la UE "haya mejorado la composición de las ayudas en las últimas tres décadas" e hizo especial hincapié en el incremento de los pagos no relacionados directamente con la producción, lo que "ofrece a los agricultores la posibilidad de tomar decisiones sin depender de la acción gubernamental".

En el caso de Latinoamérica, el informe destacó las ayudas dirigidas a productores jóvenes (de entre 18 y 35 años) en Chile o las medidas colombianas de compensación de producción a los productores de algodón y de reestructuración de deuda a los agricultores.

La OCDE recogió también el caso de Brasil y la mejora de su sistema de Inspección Veterinaria, la regularización del proceso de registro de productos químicos en Costa Rica y la creación en Chile del Comité Técnico sobre el Cambio Climático en el marco del ministerio de Agricultura.

El Foro de la Economía del Agua advierte que el modelo económico debe adecuarse a la escasez estructural

MURCIA.- El Foro de la Economía del Agua presentó este miércoles en Murcia ante el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, el Libro Blanco de la Economía del Agua, editado por McGraw-Hill Education, que analiza los desafíos de la gestión del recurso del agua tanto a escala global como doméstica. 

En España, el gran reto es gestionar la escasez estructural de agua en un entorno de necesaria adaptación al cambio climático, que agudiza y hace más imprevisibles eventos como el riesgo de sequías e inundaciones. 

Por eso, el Foro de la Economía del Agua advierte de la necesidad de vincular los modelos de desarrollo económico y social con la insuficiencia crónica de agua, especialmente en una región como Murcia, donde a pesar de las recientes lluvias el nivel de agua embalsada apenas supera el 20% de su capacidad, mientras que en la cuenca del Segura la situación también es complicada, con un nivel de poco más del 30% (20 puntos por debajo de los promedios de los últimos cinco y diez años).

«La falta de agua es un factor limitante, pero no debe abordarse como un conflicto secular, sino como una oportunidad y un estímulo para el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación y el avance hacia un nuevo contrato social sobre el agua», explica el director académico del Foro de la Economía del Agua, Gonzalo Delacámara. 

«En Murcia se dan las condiciones para que la región se convierta en un modelo exportable de economía circular, aspecto en el que ya lidera, y de cómo gestionar el agua en una zona árida», señala el experto.

Para atender las necesidades de agua presentes y futuras, es crítico optimizar el agua disponible y diversificar las fuentes de abastecimiento, movilizando algunas que están infrautilizadas, no por dificultades tecnológicas sino por la falta de incentivos adecuados, como ocurre con el agua procedente de las plantas desaladoras o la reutilización de agua regenerada. 

Este desafío es extensible a toda España, donde un 20% de su territorio ya está desertificado y hasta tres cuartas partes en riesgo de desertificación.

Para abordar esta situación, el Foro de la Economía del Agua considera que se requiere importantes consensos sociales entre todos los actores clave: sociedad civil, sector público y sector privado. 

En este sentido, Delacámara considera que es saludable la decisión del nuevo Gobierno de integrar en un mismo ministerio Energía y Medio Ambiente. 

Para avanzar en el consenso necesario, entre gobernados y gobernantes, entre usuarios, el Foro considera que es imprescindible que se incluya la realidad del ciclo urbano del agua: aunque el consumo urbano solo represente el 14% de la demanda de agua, es en las ciudades donde se concentra la mayoría de la población en una tendencia que se va a incrementar en los próximos años.

Por eso, garantizar la seguridad hídrica de las ciudades es esencial en la gestión del agua a medio y largo plazo algo que debería estar por encima de intereses partidistas y territoriales, dada la magnitud del desafío. 

La seguridad hídrica se concibe como el resultado de garantizar que la disponibilidad de recursos renovables, en cantidad y calidad, permite atender las demandas presentes y futuras. Sin embargo, esto exige no solo reflexionar sobre la disponibilidad sino sobre la evolución sostenible de la demanda.

La gestión del agua es una gestión de conflictos de uso y sus crisis son crisis de gobernanza. Con el espíritu de crear un espacio independiente de debate donde abordar estos desafíos nació en 2016 el Foro de la Economía del Agua, bajo el auspicio de la Universidad de Alcalá y con la colaboración actualmente de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Granada y la editorial McGraw-Hill. 

Este esfuerzo ha cristalizado en el Libro Blanco de la Economía del Agua, que contiene, entre otras muchas, aportaciones de altos representantes de Naciones Unidas, la OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones. 

La obra ha sido coordinada por Gonzalo Delacámara (en la imagen), el secretario del Comité Académico del Foro de la Economía del Agua, Francisco Lombardo, y el director del Foro de la Economía del Agua, José Carlos Díez.

Ábalos asegura que el cambio de Gobierno no afectará a los contratos del AVE

MADRID.- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que la voluntad del Ejecutivo es que, con carácter general, el cambio de Gobierno no afecte a los compromisos de inversión ni a los contratos en lo que respecta al AVE.

    "No pensamos paralizar nada ni demorar nada, los consejos se están haciendo en las fechas previstas. Este lunes hubo un consejo de Adif y aprobó una serie proyectos, los mismos que tenía previsto antes del cambio de Gobierno", ha dicho Ábalos en respuesta a una pregunta del portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Miguel Barrachina.

    Además, ha avanzado, el próximo vieres el Consejo de Ministros aprobará otros tres tramos de AVE por 190 millones de euros, entre ellos uno correspondiente al Corredor Mediterráneo.

    Respecto a la auditoría sobre plazos y obras de AVE que encargará Fomento, Ábalos ha dicho que se hará porque lo importante es no generar falsas expectativas y porque cuando se habla de plazos lo que debe contar es la puesta en servicio y no el final de la obra.

    "A veces se habla de final de obra como si al mismo tiempo uno se subiera en el tren", ha lamentado el ministro, que ha apuntado que en 2015 el gobierno del PP anunció que pondría en servicio 1.000 nuevos kilómetros de AVE -Murcia, Burgos, Granada, Plasencia, Badajoz y variante de Pajares- de los que ninguno está hoy en servicio.

El presidente Sánchez equiparará la fiscalidad del diésel y la gasolina para recaudar 2.100 millones más

MADRID.- El Gobierno de Pedro Sánchez quiere dar un impulso definitivo a la fiscalidad medioambiental, para que la mayor recaudación se traduzca en más gasto contra el cambio climático, y por tanto en un mayor compromiso con la transición ecológica de la economía. 

Una de las primeras medidas que intentará aprobar el Ejecutivo será la equiparación de la fiscalidad del combustible diésel y de la gasolina, según avanzan fuentes socialistas a Expansión.

Actualmente el impuesto especial de la gasolina es de 40,25 céntimos por litro, y el del gasóleo, de 30,7 céntimos. El Ejecutivo calcula que la equiparación de ambos impuestos supondría una recaudación adicional de 2.140 millones de euros si se hiciese de golpe, pero quiere hacerlo "de forma escalonada", según fuentes cercanas a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.

"El primer año se recaudarían 600 millones de euros", y así sucesivamente. Es decir, la igualación se lograría "en menos de cuatro años", aseguran las fuentes, que revelan que ya se ha creado un equipo de trabajo en el ministerio y que el Gobierno ya ha decidido dar el paso.

El nuevo gobernador del Banco de España se compromete con la transparencia

MADRID.- En  la toma de posesión de Pablo Hernández de Cos como nuevo gobernador del Banco de España se han dado cita algunas de las principales personalidades del sector financiero y político español. 

En el primer discurso oficial, Hernández De Cos ha estado flanqueado por su predecesor Luís Linde y de la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. 

En un discurso breve (sólo 6 páginas), pero con claros mensajes sobre lo que quiere conseguir en sus seis años que va a permanecer en el cargo, se ha dedicado a perfilar las que pretende que sean las líneas de su mandato: reforzar la posición negociadora del Banco de España en Frankfurt como reto internacional y a nivel interno recuperar la confianza perdida en la institución apostando por la transparencia y reforzando la alerta temprana de los riesgos económicos.  

Eso sí, ha reivindicado "la independencia" del Banco de España, algo que no siempre ha sido así.

Al acto  han acudido numerosos representantes del mundo de la economía y las finanzas, como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, el presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, el de CaixaBank, Jordi Gual, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, o el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán.

También el director general de la CECA, José María Méndez, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, el exgobernaodor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el exsubgobernador y expresidente de la AEB, Miguel Martín,  el vicepresidente ejecutivo de Santander España, Juan Manuel Cendoya, o el consejero independiente del Banco de España, Manuel Pizarro.

Concluye hoy el plazo para domiciliar la devolución de la renta

MADRID.- El plazo para domiciliar el resultado a ingresar de la declaración de la Renta 2017 concluye hoy, miércoles, mientras que el viernes es la fecha límite para solicitar citas previas por cualquier vía para la confección de la declaración. La Campaña de la Renta 2017 finaliza el próximo lunes 2 de julio.

El pasado 4 de abril arrancó la campaña para la presentación de las declaraciones por Internet y por teléfono y para solicitar cita previa para el nuevo plan 'Le Llamamos', por el que la Agencia Tributaria (AEAT) llama a los contribuyentes para confeccionar su declaración, así como para realizarlas a través de la nueva 'app', una de las principales novedades de la campaña.

Asimismo, desde el pasado 8 de abril los contribuyentes pueden solicitar de forma previa el servicio de atención presencial de la AEAT para la confección y presentación de la declaración en las oficinas, que comenzó el 10 de abril, sumándose a la presentación telemática y por teléfono que se podía realizar desde el pasado 4 de abril.

Las principales novedades de la campaña son la nueva aplicación móvil de la Agencia Tributaria, que se puede descargar desde el pasado 15 de marzo en las plataformas de Apple y Android; y la solicitud de la cita previa para el Plan 'Le llamamos', por el que la AEAT llama a los contribuyentes previa solicitud y les confecciona y presenta la declaración por teléfono.

Hasta la semana pasada Hacienda había devuelto un importe superior a los 6.000 millones de euros, el 63% de lo previsto para la campaña, y se habían presentado más de 16,9 millones de declaraciones, el 85% de lo estimado, según informan fuentes de la Agencia Tributaria.

La AEAT prevé que en la Campaña de la Renta 2017 se registren 19,94 millones de declaraciones, lo que supone un aumento del 1,1%, de los que 16,65 millones serán individuales (+2%) y 3,29 millones conjuntas (-3,4%).

De ese total, 13,77 millones darán derecho a devolución, un 2% menos, por un importe de 9.468 millones de euros, un 5,3% menos, mientras que 5,24 millones saldrán con resultado a ingresar, un 8% más, por importe de 9.621 millones, un 4,9% más.

Asimismo, estima unas 925.000 declaraciones negativas y otras, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al año anterior. Con estas cifras, la AEAT calcula que se registrará un resultado neto positivo de 153 millones de euros, frente al negativo de 823 millones de euros del año pasado.

El organismo realizará unos 136.000 avisos a contribuyentes que ha detectado con pisos en alquiler ofertados en Internet y algo menos de 300.000 avisos por los bonos de fidelización del Santander, así como a quienes hayan regularizado cláusulas suelo.

Peperos al borde de un ataque franquista de nervios / Máximo Pradera *

Mi padre, Javier Pradera, que al frente de Alianza Editorial, tuvo que negociar infinidad de contratos de edición, tenía una máxima que me repetía siempre: Si quieres tener éxito en una negociación, deja siempre que el último euro se lo lleve la otra parte.

 

Su talante moderado y pactista le llevaba a tomarme el pelo cuando me veía metido en pleitos o amenazando con ellos. Siento decirte, hijo mío, que lo tuyo es un trastorno mental llamado querulancia.

 

Al igual que Abraham Lincoln, Pradera estaba convencido de que no hay nada más estresante y angustioso (pleitos tengas y los ganes, dicen los gitanos) que un litigio.

Quienes vuelvan a ver hoy el programa de RTVE Tengo una pregunta para mí dedicado a la Memoria Histórica, en el que Basilio Baltasar entrevista a varios intelectuales (Pradera entre ellos) sobre la polémica ley de Zapatero, se convencerán de que mi padre siempre vio la Transición como una suerte de arreglo extrajudicial. 

Le encantaban las películas americanas de juicios y el modo en que fiscales y abogados estadounidenses luchan siempre hasta el último minuto por ahorrarle tiempo y dinero al contribuyente, cerrando un acuerdo privado entre las partes. Tengo más que constatado que en España tiramos más bien hacia el polo opuesto. Somos capaces de ponerle una demanda a nuestro casero solo porque se niega a cambiarnos la junta de goma de un radiador.

De Shlomo Ben Ami (un híbrido  de político e intelectual por el que sentía gran admiración) Pradera tomó la frase La paz y la justicia son incompatibles.

 

En el sentido de que si de verdad quieres llegar a un acuerdo con la otra parte (en Madrid o en Jerusalén), no puedes emperrarte en que prevalezca un estricto cumplimiento de la justicia: debes permitir, como hacía Pradera en Alianza Editorial con los siempre voraces agentes literarios, que el último euro (por más que  sepas que en puridad te corresponde) se lo lleve la otra parte.

La Transición (decía mi padre) fue una negociación parecida. Los famosos cautivos y desarmados del Ejército Rojo que no fueron exterminados por el sanguinario dictador y se pudrieron en la cárcel durante largos años, así como los exiliados de la República (unos 500.000, según los historiadores más solventes), llegaron a la conclusión, en 1978, de que les compensaba la paz, aunque tuvieran que hacer grandes cesiones.

Lejos de valorar el esfuerzo notabilísimo que llevaron a cabo los perdedores de la Guerra Civil por no llegar a la Ruptura, la derecha española aún se ríe de ellos, con frases a lo Pablo Casado Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién o a lo Rafa Hernando Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo.

 

El deseo de paz era tan grande en aquellos años, que los rojos renunciaron a buscar los restos de sus familiares y aceptaron convivir con engendros como el Valle de los Caídos o la placa de homenaje a la Legión Cóndor que Ruiz–Gallardón se negó a retirar del cementerio de la Almudena cuando fue alcalde de Madrid.

Pero de la misma manera que en derecho existe algo llamado novación modificativa del contrato, el pacto de la Transición puede y debe ser renovado. Y debe serlo por las mismas razones por las que se cerró el del 78: porque no es posible la paz si se exige un estricto cumplimiento de la justicia. 

Es cierto que en su día se acordó lo que se acordó, pero la derecha (entre la cual hay buenos abogados) debe entender que ningún contrato es para siempre, y que hoy la mayoría de la población española está a favor de esa novación modificativa del acuerdo que fue la Transición. 

Eso afecta tanto a la necesidad imperiosa de cambiar la Constitución (algo a lo que el PP se resiste como gato panza arriba, al grito de Pacta sunt servanda; Santa Rita, lo que se da no se quita, para los que aborrezcan los latinajos) como a admitir sin refunfuñar que el Estado debe ayudar a que los represaliados del franquismo recuperen los restos mortales de sus deudos.

Y atañe también, como no, al Valle de los Caídos. Hay que sacar los restos de Franco y José Antonio de esos lúgubres sepulcros donde reposan desde hace demasiado tiempo y entregarlos a sus familias, como se ha hecho ya con Mola y Sanjurjo –dos de los cerebros del Glorioso Alzamiento– en Pamplona. 

Hay que desmontar también esa ominosa y prepotente cruz de 130 metros, porque es el símbolo de la Cruzada, la sanguinaria operación ilícita de rescate espiritual de la patria en la que se embarcó Franco al grito de Salvaré a España del marxismo aunque tenga que fusilar a la otra media.

 

Y como dice el profesor Julián Casanova, hay que retirar de una vez por todas la Guerra Civil del debate político e introducirlo en los libros de texto.

Para que los españoles (que desconocen en su mayoría lo que de verdad ocurrió en la Guerra Civil) se puedan carcajear cada vez que un político tortillero e ignorante dice bobadas como las de Rafa Hernando: La República trajo un millón de muertos. Ni fueron un millón (500.000, a lo sumo), ni los trajo la República.

La República trajo, en esencia, la abolición de los privilegios de los ricos y los poderosos. Y los muertos los trajeron aquellos que, como Franco, Yagüe y Mola, exterminaron a media España (150.000 muertos solo en la retaguardia) con tal de conservarlos.

(*) Columnista

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13952/peperos-al-borde-de-un-ataque-franquista-de-nervios/

Las tasaciones de viviendas para hipotecas suben un 8,4% hasta marzo

MADRID.- El número de tasaciones de viviendas con fines hipotecarios se incrementó un 8,44% en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2017, según la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

El total de las tasaciones efectuadas entre enero y marzo por las 24 sociedades que constituyen la AEV fue de 284.429 valoraciones completas efectuadas, lo que supone un descenso del 5%.

La patronal explica esta caída, la primera en cuatro años, por el número de valoraciones ligadas a requerimientos contables de las entidades financieras, que estima cercano al 17%, debido a la "venta masiva" de carteras de activos inmobiliarios "que se está produciendo" en los últimos meses.

Las entidades financieras, según AEV, están sacando estos inmuebles de los balances bancarios y eliminan así la obligatoriedad de seguir tasándolos periódicamente.

AEV destaca en una nota que, por primera vez desde el inicio de la recuperación, ha descendido el número de tasaciones con fines hipotecarios de edificios en proyecto durante el primer trimestre.

En concreto, cifra este descenso en casi 700 unidades con respecto al primer trimestre del año pasado, hasta cerca del millar de proyectos.

La secretaria general de AEV, Paloma Arnaiz, advierte de un "cierto cambio de composición" de la actividad de las tasadoras, que a su juicio pasarán "paulatinamente a destinar la mayor parte" de sus recursos a la tasación con finalidades hipotecarias.

Lo explica por la venta de carteras que están llevando a cabo las entidades financieras y añade, como novedad para la labor de las tasadoras, el asesoramiento a fondos de inversión y otros nuevos actores en el sector.

Las cotizaciones no cubren la esperanza de vida de los jubilados: se 'agotan' tras 12 años de pensión

MADRID.- Las cotizaciones sociales que un trabajador acumula durante toda su vida laboral se agotan en unos 12 años, esto es, que una vez transcurrido ese periodo de tiempo la Seguridad Social ya habría abonado a los jubilados lo equivalente a los derechos que generaron con sus aportaciones al sistema, según los cálculos de El Mundo. 

Sin embargo, la esperanza de vida supera de manera holgada esa cifra, tanto que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), los españoles viven una media de 83 años. 

Y si se acude a la misma fuente, se observa que, en el momento de poner fin a su vida laboral, los jubilados presentan hoy una esperanza de vida de unos 21 años superior, lo que indica que vivirán hasta los 86. Por lo tanto, y aunque la Seguridad Social es un sistema de reparto en el que los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados actuales, resulta evidente que el desfase existente entre el periodo que acumulan las aportaciones y el que se prolonga la prestación supone otro punto de presión para el diezmado sistema.
«La Seguridad Social española es muy justa. De hecho, es injusta por exceso, porque a los 12 años de haberte jubilado te ha devuelto todas tus cotizaciones», explica José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y presidente del Foro de Expertos Independientes del Instituto BBVA de Pensiones. 

Por ello, entre otros motivos, Herce es un defensor de la necesidad de elevar la edad de jubilación de manera notable y de acometer una profunda reforma en el sistema de la Seguridad Social.
Por su parte, Eduardo Bandrés, director de economía pública de Funcas eleva el periodo en el que se agotan las cotizaciones. En su opinión puede llegar hasta los 15 años en función del régimen, pero aun así ese tiempo sigue siendo inferior tanto a la esperanza de vida actual como a la que presentan los nuevos pensionistas.  

Este aumento de vida y desajuste respecto a lo cotizado se suma, además, a que las prestaciones son cada vez más altas y numerosas. De hecho, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publicó ayer que en el actual mes de junio, y por primera vez en la historia, la nómina mensual de las pensiones superó los 9.000 millones de euros. 

De esta manera, la nómina mensual de las pensiones prosigue con el marcado ascenso que viene experimentando en los últimos años. De hecho, si se hace una comparativa con la situación de hace 10 años, se observa que en 2008 la factura era de 6.138 millones de euros, lo que supone que en la última década se ha disparado un 46%.

Este espectacular incremento viene dado, como ya se ha señalado, por el mayor importe de las pensiones y por el aumento de las mismas. «La pensión media de jubilación asciende a 1.083 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado», explicaba el informe mensual publicado por Trabajo. 

De nuevo, si se hace una comparación con lo que ocurría antes del inicio de la crisis, el resultado es que se ha producido un incremento de más de 250 euros al mes de media. Asimismo, «la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 937,19 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,8%» y unos 220 euros más que en 2008.
Y en cuanto al número total de prestaciones, los datos de la secretaría de Estado de Seguridad Social evidencian que el sistema «supera los 9,6 millones de pensiones contributivas, un 1,13% más respecto al año pasado». 

«Más de la mitad», añade Trabajo, «5.919.154 concretamente, son por jubilación», que son precisamente las que presentan una mayor cuantía media. «2.359.486 corresponden a viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 a favor de familiares», añade.
En este complejo contexto, el propio Gobierno reconoce que la Seguridad Social se encuentra en una situación de déficit casi crónico, tal y como apuntó la semana pasada la ministra de Industria, Reyes Maroto, en Santander. Para atajarlo, Valerio ya ha afirmado que el Ejecutivo se plantea buscar nuevas vías de ingresos a través de impuestos e impulsar una mayores cotizaciones a través de incrementos salariales.

Informe del Tribunal de Cuentas europeo sobre el AVE: pocos pasajeros y sobrecostes

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado este martes un informe sobre la red ferroviaria de alta velocidad europea en el que denuncia la falta de pasajeros en algunas de las líneas españolas y sobrecostes en las obras, así como que los trenes circulan en algunos casos a una velocidad muy inferior a la prevista.

Los auditores europeos han visitado España, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Austria para analizar el gasto en más de 5.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, lo que representa alrededor del 50% del total del bloque comunitario. Su principal conclusión es que, aunque "la longitud de las redes nacionales de ferrocarril de alta velocidad está en crecimiento, no se alcanzará el objetivo de triplicar la longitud de las líneas hasta los 30.000 kilómetros en 2030".

En concreto, el documento analiza diez líneas de alta velocidad (entre las que se encuentran el Eje Atlántico gallego y las líneas Madrid-León, Madrid-Barcelona-frontera francesa y Madrid-Galicia) y cuatro interconexiones transfronterizas (entre ellas, Madrid-Lisboa, Figueras-Perpiñán y la 'Y vasca').

El documento resalta que España es el Estado miembro que ha recibido más fondos europeos para invertir en redes ferroviarias de alta velocidad, con 11.200 millones de euros desde el año 2000 hasta 2017. Esto representa el 47% de los 23.700 millones de euros que la UE ha desembolsado a todos los países en el mismo periodo de tiempo.

A nivel general, los auditores europeos han detectado que los análisis coste-beneficio "no se usaron adecuadamente" y que "la decisión de construir líneas de alta velocidad se basa habitualmente en consideraciones políticas". 

 "En España la mayoría de los informes tienen ratios coste-beneficio muy bajos y algunos no eran viables desde una perspectiva socioeconómica", señala el informe.

Además, dos líneas españolas de alta velocidad (el Eje Atlántico y Madrid-León) registraron un número de pasajeros bastante inferior al umbral de nueve millones (o seis en su primer año de funcionamiento) que establece la UE para que sean viables. Si se tiene en cuenta el nivel de "pasajeros potenciales" en cada área, el informe denuncia que las inversiones tampoco serán viables en las líneas Figueras-Perpiñán y en la 'Y vasca'.

Sobrecostes y menor velocidad

En relación a los sobrecostes, la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa es la que más se ha desviado entre las españolas con respecto a su presupuesto original (un 38,5%, hasta los 12.109 millones de euros), seguida de Madrid-León (un 33,3%) y el Eje Altántico (un 26,3%). El informe no aporta datos sobre la línea Madrid-Galicia.

No obstante, el mayor sobrecoste entre las líneas auditadas corresponde a la conexión Stuttgart-Múnich, cuyo presupuesto original era de 1.800 millones y se ha disparado un 622% hasta los 13.273 millones. Las obras de esta vía, además, siguen en marcha.

Con respecto a la velocidad real de los trenes, la línea Madrid-Galicia circula a una velocidad alcanza sólo el 29% con respecto a la prevista (110 kilómetros por hora, frente a los 350 kilómetros por hora esperados). 

Esto ocurre también en las conexiones Madrid-León (39%), Eje Atlántico (50%), Madrid-Barcelona (54%) y Figueras-Perpiñán (36%).

El informe también recoge los años que tardaron en completarse las obras de cada una de las líneas, que asciende a 16 años en el caso de la conexión Madrid-Barcelona-frontera francesa y alcanza los 25 años si se cuenta desde que comenzó a planificarse. 

A su vez, la línea Madrid-Galicia tardaría 18 años en construirse si se cumple el plazo de terminarla en 2019, mientras que se tardó 14 años en finalizar las obras del Eje Atlántico y de la conexión Madrid-León.

Los jóvenes españoles siguen emigrando: son el doble de los que vuelven

MADRID.- Los jóvenes españoles siguen yéndose de España. El saldo migratorio entre los jóvenes (20-40 años) nacidos en España desvela que en el año 2017 se fueron 23.000 personas mientras ‘solo’ 10.000 jóvenes de esa franja de edad volvieron, según www.elboletin.com. 

Una cifra similar a todos aquellos jóvenes que tienen nacionalidad española y que participaron en movimientos migratorios: la emigración afectó a 44.000 de ellos y la inmigración a 25.000.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca los datos sobre las migraciones durante el pasado año. Entre otras, el saldo migratorio positivo. En 2017, la inmigración supuso la llegada de 532.482 personas a España. La emigración, por su parte, registró la partida de 367.878 personas. Un saldo migratorio positivo de 164.604 personas.

Uno de los registros más destacables del informe presentado por el INE es que siguen yéndose más españoles de los que vuelven. Entre nacidos en España y personas con nacionalidad española, se fueron 87.685 personas y volvieron 78.058.

El grupo de edad más afectado por esos movimientos migratorios fue el que comprende entre los 20 y los 40 años de edad. El principal punto de destino, Reino Unido, por lo que el Brexit no parece un inconveniente a la hora de buscar trabajo en el extranjero.

Además de Reino Unido, Francia, Estados Unidos de América, Alemania y Ecuador, fueron los principales lugares donde emigraron los españoles durante el 2017.

“Cabe destacar que en casos como los de Ecuador, Colombia o Bolivia se trata, fundamentalmente, de población no nacida en España o de niños menores de 16 años, lo que parece indicar una migración de retorno de ciudadanos extranjeros que han adquirido la nacionalidad española junto con sus hijos nacidos en España”, asegura el INE.

La emigración de jóvenes españoles (nacidos en España y/o quienes tienen la nacionalidad) ha aumentado paulatinamente en los últimos 4 años. La cifra más alta se produjo en 2015, cuando emigraron cerca de 42.000 jóvenes. Ese mismo año, el retorno de personas dentro de esa franja de edad (nacidos en España y/o con nacionalidad española) no superó los 17.500.

Correos convoca 2.300 plazas de personal fijo en toda España

MADRID.- Correos ha abierto hoy formalmente una convocatoria para proveer 2.295 plazas de personal laboral fijo en toda España, en puestos de reparto urbano y servicios rurales motorizados y no motorizados, agentes de clasificación y atención al cliente. El plazo de inscripción ha quedado abierto desde hoy y hasta el próximo 4 de julio, a través de la página web de Correos.

Las modalidades de contratación serán, con carácter general, a tiempo completo, a excepción de los puestos de agente de clasificación y atención al cliente, que serán a tiempo parcial, preferentemente con jornada de cuatro a cinco horas.
Para el reparto urbano y servicios rurales motorizados, Correos ha convocado 1.170 plazas y para este mismo servicio pero no motorizado, el número de plazas convocadas es de 266.
Las plazas disponibles para agentes de clasificación a tiempo completo alcanzan las 256, y 109 plazas irán a destinadas a este mismo puesto pero a tiempo parcial.
Para la atención al cliente a tiempo completo, Correos ha convocado 294 plazas, en tanto que a tiempo parcial habrá 200 puestos para cubrir.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera la convocatoria anunciada por Correos como "positiva aunque insuficiente" y añade en una nota que llega con un retraso de dos años.
CSIF ha denunciado que la convocatoria de otras 1.869 plazas para esta empresa estatal, aprobada en diciembre de 2017, aún no se ha iniciado seis meses después.

El PP estima que en sus primarias sólo votarán "en torno al 7 u 8%" de los afiliados censados

MADRID.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, estima que "en torno al siete u ocho por ciento" de los 860.000 afiliados "en el censo" de la formación votarán en la primera vuelta para elegir al candidato que habrá de suceder a Mariano Rajoy en la presidencia.

"En los últimos congresos autonómicos creo que votó en torno al siete o el ocho por ciento. Creo que la cifra puede andar por ahí", ha señalado en una entrevista en TVE en la que ha afirmado que "no va a haber una gran diferencia entre el congreso autonómico y el congreso nacional en términos de participación".
Aunque Martínez-Maillo ha reconocido que no tiene las cifras concretas porque "se están incorporando algunas provincias" y aún "tiene que analizarlo el comité", sí ha apuntado que "son 860.000 en el censo" del PP. Por eso, si como ha afirmado, la participación "va a ser muy parecida" a la de los congresos autonómicos, serían entre 60.000 y 69.000 los militantes 'populares' que votarían candidatura.
El coordinador 'popular' ha atribuido esta baja estimación a que los afiliados del partido "no están acostumbrados al proceso que se abre en la formación para elegir presidente" y ha reconocido que la cifra de participación "puede resultar llamativa".
En todo caso, considera que "habría que preguntar al resto por qué no quieren participar".
La cifra de afiliados que ha facilitado tampoco está cerrada y aún se encuentra en revisión. Según ha explicado, en el PP estaban trabajando para adaptar el censo a la realidad teniendo en cuenta "la baja, el alta y las modificaciones vía online", un proceso que "se interrumpió" con la moción de censura y el cambio de Gobierno. Este lunes, la hasta ahora secretaria General del Partido, María Dolores de Cospedal, cifró la militancia en algo más de 780.000 personas.
Con todo, Martínez-Maillo ha recordado que el proceso tendrá una primera vuelta el 5 de julio en la que votarán estos afiliados y una segunda donde sólo pueden participar los compromisarios.
"No sé si los compromisarios notables son muchos, son los que tienen la última palabra. Hemos establecido este sistema reforzado en el que los afiliados en la primera votación eligen a un compromisario y un precandidato", ha comentado.Por otra parte, el diputado 'popular' ha celebrado "la diversidad" de las seis candidaturas a presidir el PP y considera que es "una auténtica lección" que, mientras en otros partidos se necesitan casi 9.000 avales para presentar candidatura, en el PP bastan 100 apoyos para concurrir.
"No creo que sea malo tener más de una candidatura y que podamos llegar a un acuerdo, no existe ningún riesgo de ningún tipo de fractura. A la mayor parte de las candidaturas le separan matices, ni siquiera cuestiones de fondo, y a veces son más personales que otra cosa", ha subrayado Maillo en relación a los programas de los distintos candidatos.
Respecto a la petición del candidato José Manuel García-Margallo de crear debates entre los distintos postulantes para discutir sobre los programas, Maillo ha explicado que esa idea "se descartó por las dificultades de ser una campaña muy corta" y que ya existe "un libro de patrimonio ideológico del partido".
Respecto a la apuesta de la precandidata María Dolores de Cospedal de unificar en una lista conjunta a los dos candidatos que resulten de la primera votación, Maillo ha añadido que "incluso esa unificación de listas se puede hacer ya, hasta el último día de la primera votación", aunque, "dependerá de los candidatos".

Macartismo universitario / Ramón Cotarelo *

En los años cincuenta del siglo XIX, Karl Marx, exiliado en Londres desde 1849, solicitó la nacionalidad británica, que le fue denegada. Se conserva el informe que el policía que lo atendió elevó a sus superiores dando pie a la negativa porque, decía el probo funcionario, "el hombre no ha sido leal a su Rey y su País". 

No ser leal a un rey y una patria permite sin duda pensar por inferencia que tampoco se será a otro rey y otro país. No estoy muy seguro de si cabe vincular la nacionalidad de un país a la lealtad o falta de lealtad del solicitante a otro rey pero estoy dispuesto a admitir que, si se trata de conseguir la ciudadanía de un lugar, esta petición tiene algunos (pocos) visos de verosimilitud.

En donde no los tiene es en la actividad de la Academia, de la Universidad que, como su nombre indica, está por encima de estas obediencias terrenas. Salvo que se esté hablando de España y la Universidad española en donde a veces se aplican criterios políticos y partidistas para tomar decisiones que debieran obedecer a fines exclusivamente académicos; en donde los profesores actúan como comisarios políticos del régimen y purgan a los adversarios de este, no por razón de sus méritos de estudio, sino de su doctrina política.

Obviamente, no se trata de que esta tradición de inquisidores respete el principio de libertad de cátedra que es propia del Occidente civilizado, cuando las Universidades acogían generosas a estudiosos perseguidos en otros lugares por sus opiniones, como sucedió, por ejemplo con Campanella en la Sorbona y muchos otros. Ya se sabe que el liberalismo jamás germinó en el solar español, ni siquiera en sus universidades.

Pero, cuando menos, estaría bien que disimularan. Hace una fechas, mi departamento de la UNED acordó negarme la condición de "colaborador honorífico", imprescindible para renovar la de profesor emérito. Los promotores trataban de hacerme daño. Su argumento, el único que se expuso por boca de un profesor a tiempo parcial y plumilla de "El País" a tiempo completo (y al que, en el ínterín, han echado de su cargo en el diario), Torreblanca, fue que, en mi condición de funcionario público estoy obligado a mostrar la lealtad y el respeto a las instituciones españolas que a él le parezca bien y no puedo manifestar determinados puntos de vista que se le antojan condenables.

Sin embargo, nadie, al parecer, (yo, lógicamente, no estaba presente) levantó la voz para decirle al Macarthy de turno que, aunque eso fuera cierto, que no lo es, no corresponde a un departamento universitario tomar decisión alguna restrictiva de derechos de su profesorado por razones políticas y no académicas. Para eso están los jueces, a los que el departamento ha suplantado. 

El fondo de la cuestión, claro, es mi posición favorable a un República Catalana independiente que profeso con el mismo derecho con el que otros profesan que Catalunya debe ser una región de España o, incluso menos que eso: el derecho de la libertad de pensamiento y expresión que no se puede reservar a los amigos y negar a los adversarios  so pena de quedar como lo que se es, un franquista.

No tiene mayor importancia. El impulsor se limitó a sacarse una espina personal por una controversia que habíamos tenido en las redes y de la que, por supuesto, no informó a los otros miembros, aunque varios de ellos, sin duda, la conocían. Otro departamento, Sociología I, actuando con criterios de rendimiento profesional y no macartistas al servicio de la derecha (y de la derecha ciudadana), decidió acogerme.

Queda claro que, si en la Universidad española hay profesionales competentes que se atienen a los principios académicos, también sigue habiendo los inquisidores de siempre, sin mérito ni categoría, que solo tratan de hacer daño. Sin conseguirlo, porque ignoran la gran enseñanza de Sócrates de que vale más sufrir la injusticia que infligirla. 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Carlos Egea Krauel imputado por administración desleal en Caja Murcia por parte del Juzgado de Instrucción nº 7

MADRID.- La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, reabrir la causa por un delito de administración desleal contra el ex presidente ejecutivo de Caja Murcia y Banco Mare Nostrum (BMN), Carlos Egea Krauel, ahora consejero ejecutivo de Bankia, que está imputado en el procedimiento, según adelanta hoy Vozpópuli.

"Se dirige la presente causa contra Carlos Egea Krauel en su condición de investigado por presunto delito de administración desleal", especifica el auto de 18 de junio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que apunta que el procedimiento podría ser dirigido contra otros posibles "partícipes" en el delito.

Este delito, que el juez considera que presuntamente fue cometido en la gestión de la entidad Caja Murcia, posteriormente BMN, "debe ser imputado inicialmente al investigado Carlos Egea Krauel", reitera el auto.

La Audiencia de Murcia ha reabierto así una causa archivada tras una denuncia de Jesús Plaza Piñeyro, un exempleado despedido de Caja Murcia contra Egea. Le acusa de distintas irregularidades durante su etapa en Caja Murcia y BMN. El juez no vio inicialmente indicios de delito y la archivó, pero el tribunal superior ha considerado que debe investigarse, aunque sin citar de momento a Egea y sí al denunciante.

Consultado por este medio, Egea se mostró ayer "convencido de que su actuación y la de Caja Murcia fue totalmente correcta y reclamó que la causa se instruya a la mayor velocidad posible para que así se demuestre”.

El instructor, que ha citado a declarar como testigo al denunciante de los hechos, también pretende interrogar al responsable legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el organismo público que inyectó 1.645 millones de euros al banco resultante de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra.

El Frob, perjudicado

El juez también ofrece al Frob la posibilidad de ejercer acciones legales contra Egea, como perjudicado. Reclama a este organismo que le informe acerca de las gestiones realizadas tras ser informado de la denuncia.

"Requiérase para que informe [...] de la realidad de los hechos denunciados, identidad de las personas que hubieran tomado decisiones para aquellas actuaciones y sobre cualquiera otras circunstancias que permitan valorar si las actuaciones denunciadas han supuesto un importante beneficio para algunas personas en perjuicio de la entidad Caja Murcia, ahora BMN", especifica en este sentido el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. 

El Frob investigó toda la gestión de la entidad liderada por Egea -como la del resto de grupos que recibieron ayudas públicas- hace ya años sin encontrar irregularidades del expresidente.

Asimismo, el instructor se dirige al Servicio de Inspección del Banco de España para que les informe si ha llevado a cabo alguna investigación en base a los hechos denunciados: "Debiendo remitir informe de lo resuelto en su caso", indica la resolución del juez José Fernández Ayuso.

La causa contra el consejero ejecutivo de Bankia, una de las personas más conocidas en la Región de Murcia por su largo periplo en la presidencia ejecutiva de Caja Murcia, fue inicialmente archivada por el juez de primera instancia murciano.

Audiencia de Murcia

Pero la Audiencia Provincial de Murcia, con el magistrado Francisco Navarro Campillo como ponente, reabrió la causa, tras interponer el abogado José Luis Mazón un recurso, con un auto en el que especificaba: "Los hechos denunciados por la apelante ciertamente pudieran constituir indiciariamente un presunto delito de administración desleal, por lo que no comparte la Sala la inicial decisión instructora de archivo provisional de la causa".

El recurso del abogado Mazón, que ha asesorado al denunciante, empleado de Caja Murcia durante 32 años, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, explica los hechos presuntamente atribuidos al expresidente de Caja Murcia: "La concesión de prebendas, premios y préstamos personales y anticipos de nómina a empleados (fondos de reptiles) por su adhesión inquebrantable a los designios del 'caudillo' de la entidad, Carlos Egea, y preboste regional que conoce altos jueces, fiscales, delegados y directores generales".

Y los empleados presuntamente beneficiados, según el recurso del letrado Mazón, consiguieron mejorar sus indemnizaciones "camuflándolas" como operaciones "legítimas que paga el erario público que desembolsó 915 millones en el rescate".

Ventas perjudiciales

Además, el denunciante acusa a Egea de despatrimonializar Caja Murcia al vender sus oficinas más representativas en condiciones "escandalosas": "Se vendían a precios perjudiciales para la entidad, se conceden préstamos a los nuevos adquirentes, y pagando acto seguido a los prestatarios unos alquileres muy por encima del tipo de interés de los préstamos". Estos son los conocidos como 'sale and lease back' (venta y posterior alquiler) al que casi todos los bancos recurrieron al comienzo de la crisis.

El denunciante ve la operación así: "La Caja pierde patrimonio y los afortunados compradores ganan no sólo la propiedad, sino que reciben por los conceptos de alquiler un rendimiento equivalente al 8%. Absolutamente impensable para cualquier inversor y absolutamente ruinoso para la Caja".

La denuncia también apunta otras presuntas irregularidades, como por ejemplo la indemnización de 150.000 euros de la que se benefició el ex subdirector general y secretario general de Caja Murcia Federico Ros Pérez tras ser despedido; los préstamos personales y anticipos de nómina que se conceden al ex director de Recursos Humanos Jerónimo García Abellán, que acaban primero en el Departamento de Impagados y después a a la situación de "Fallido Definitivo", con un saldo pendiente de 52.303,93 euros, en fecha 30 de marzo de 2012.

Otras presuntas irregularidades cometidas por Carlos Egea son, según la denuncia, condonaciones "a dedo por favores realizados a ex jefes de zona que también salían por la puerta grande". Como es el caso, siempre según la denuncia, del directivo Joaquín Martínez Asensio, cuyo préstamo de 27.514 euros se resuelve con un movimiento de “condonación contencioso”.

Presidente de Caja Granada

El despido pactado del ex director de la Oficina Principal de Murcia y jefe del Departamento de Clientes Institucionales, Juan Miguel Sánchez Caballero, también está bajo sospecha, ya que el denunciante asegura que también recibió un trato de favor por recibir "una jugosa cantidad", que cifra en más de 250.000 euros, y ser beneficiario de la condonación de dos préstamos de 54.847 euros y 41.523 euros.

Manuel Alonso Martínez, del Departamento de Marketing también solicitó un anticipo de nómina de 20.000 euros, que también pasó a ser considerado por Caja Murcia como "fallido definitivo".

Por su parte, el ex director general de Caja Granada Manuel López Robles recibió con el concepto de "abonos varios", completa el denunciante, más de 469.000 euros para compensar su despido, que la denuncia especifica que fue "voluntario".

La denuncia también alude a otras presuntas irregularidades cometidas desde Caja Murcia: "esta Caja era práctica habitual la condonación de deudas completas o parciales, [...] las cancelaciones de operaciones 'por que sí', y de las que tengo ejemplos que se remontan al año 1988: desde presidentes de Comunidades Autónomas hasta Cofradías de Semana Santa, pasando por Federaciones de Fútbol, o particulares amigos del amo del cortijo".

Bankia no ve razones para apartar a Egea

La imputación de Carlos Egea no afectará a su cargo como consejero ejecutivo de Bankia. El banquero murciano entró en el órgano de gobierno de la entidad nacionalizada a comienzos de año, como representante de la fusionada BMN.

Desde Bankia explican que, entonces, Egea pasó el test de idoneidad que afrontan todos los consejeros de la banca, sin ninguna pega. Incluso, añaden, se examinó la denuncia que ha dado fruto a la imputación.

"Esta denuncia ya se conocía cuando se analizó la idoneidad de Carlos Egea como consejero y superó todos los procedimientos. No obstante, la Comisión de Nombramientos volvería a examinarlo en caso de que procediera”, señalan desde Bankia.

Egea es uno de los cuatro consejeros ejecutivos de Bankia, junto al presidente, José Ignacio Goirigolzarri; el consejero delegado, José Sevilla; y el director general de Personas, Medios y Tecnología, Antonio Ortega.

Trayectoria

El banquero murciano, de 71 años, comenzó su trayectoria en Caja Murcia en 1976. Siete años después fue nombrado director general y, en 2008, presidente. 

En 2010 lideró la fusión de Caja Murcia con otras tres entidades: Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès, con la inyección de las primeras ayudas públicas. Penedès fue la caja que más problemas aportó al grupo resultante, BMN. 

Durante los años siguientes, y tras una nueva inyección pública en 2012, Egea dirigió BMN para mantenerla en solitario e incluso sacarla a bolsa. Fue imposible, y el Frob decidió que lo mejor para el Estado era unir la entidad a Bankia, hasta ahora.

En todos estos años, y a pesar de la revisión exahustiva del Frob con informes forensic, Egea no se ha visto envuelto en ningún caso de presuntas irregularidades. Al contrario, destapó la causa de las prejubilaciones irregulares en Penedès, por la que hubo condena en la Audiencia Nacional.