MADRID.- Las empresas concesionarias de autopistas de
peaje podrán solicitar préstamos participativos al Ministerio de Fomento
para compensar una parte de la falta de ingresos que sufren como
consecuencia de la caída del tráfico a raíz de la crisis económica.
Así consta en una de las enmiendas presentadas por el PP al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013,
incorporada ya a la norma, y con la que se refuerza las garantías a las
concesionarias para "facilitar la negociación" con estas
empresas, "atendiendo a las especiales circunstancias por las que están
atravesando y garantizando que cualquier actuación que pueda realizarse
quede sometida a las disponibilidades presupuestarias".
La enmienda modifica la Ley del Servicio
Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal
para que parte de las cantidades reclamadas por las compañías a través
de la cuenta de compensación se pueda cubrir con un préstamo
participativo concedido por el Ministerio de Fomento y que las
concesionarias podrán solicitar durante los primeros meses de cada
ejercicio.
Las condiciones de este préstamo serán las que se designen de
forma general en los Presupuestos Generales del Estado, y se permite
reequilibrar la concesión para que las empresas puedan devolver el
importe del préstamo y sus intereses.
"Las cantidades consignadas en la cuenta de compensación y las
entregadas en los préstamos participativos, así como los intereses
devengados, se consideran pagos a cuenta a descontar del importe que, en
concepto de responsabilidad patrimonial, pudiera serle exigido a la
Administración con ocasión de la resolución del contrato concesional",
añade la enmienda.
Además, el PP ha incluido, también vía enmienda, tres nuevas
autopistas --la de Alicante-Cartagena, la de Santiago-Orense y la de
León-Astorga-- al listado de vías que, desde 2011, pueden tener una
cuenta de compensación, donde se consigna anualmente la diferencia entre
los ingresos reales por los peajes y el 80% de las estimaciones de
ingresos que se hicieron en el plan económico financiero de la oferta de
licitación.
También se ha ampliado en cuatro años (hasta 2018) el tiempo en
que funcionarán estas compensaciones, que se limitan al 49% del importe
resultante de "sumar los ingresos anuales de peaje de la concesión y la cantidad a consignar".
Por otra parte, se reconoce la posibilidad de que las
concesionarias sean declaradas en concursos de acreedores, en cuyo caso
los saldos de la cuenta de compensación y los intereses devengados
serían exigibles "en todo caso" por la Administración, que recuperaría así parte de los recursos cedidos a las empresas.
Además, se autoriza al Gobierno para que, "si las circunstancias económicas de las sociedades así lo aconsejan",
pueda excluirlas de todas estas medidas (préstamos participativos,
compensaciones, etc.); si bien el saldo de las cuentas de compensación
devengará intereses a partir de 2014, excepto para las gestoras de las
tres nuevas vías incorporadas a la medida, que deberán esperar a 2016.