ALBACETE.- Un total de 27 oficiales y cinco suboficiales
del Ejército del Aire --entre ellos un teniente de la Maestranza Aérea
con sede en la base aérea de Los Llanos -- están acusados de
estafar al Ministerio de Defensa con facturas falsas de mudanzas, una
trama liderada por un teniente que gestionaba la entrega de documentos
manipulados para cobrar las indemnizaciones por cambio de residencia. El
presunto cabecilla ideó el fraude e invitó desde 2008 a otros
compañeros, que han acabado imputados como él en la causa que instruye
un juzgado militar.
En concreto, se han encontrado indicios contra un comandante, ocho
capitanes, 17 tenientes, cinco sargentos y un ahora exteniente, a los
que se atribuyen presuntos delitos contra la hacienda militar y de
deslealtad, penados con hasta diez y seis años de prisión,
respectivamente, según el Código Penal Militar. También hay un civil,
hermano del cabecilla, implicado.
El fraude se servía de las indemnizaciones que paga el Ministerio
por cambios de residencia forzosos, en los que abona mudanzas y dietas.
El principal acusado presuntamente ideó una trama en la que cumplía
todos los trámites sin contratar a ninguna empresa: presentaba
presupuestos falsos de tres empresas y después adjuntaba una factura
falsa por las mudanzas, que nunca se hacían. Sin hacer ningún pago, el
militar que se trasladaba cobraba la indemnización, de la que el
cabecilla se embolsaba en torno al 25%.
Según el atestado policial remitido al juez los primeros indicios surgieron de "forma casual",
cuando un encargado de revisar los documentos aportados para solicitar
las indemnizaciones detectó un error en una factura, por el que convocó a
una de las empresas de mudanzas perjudicadas pensando que se trataba de
un simple fallo tipográfico.
Los responsables de esta empresa descubrieron así que se había
estado suplantado su identidad en varias facturas. Esta empresa presentó
una denuncia en julio de 2012, representada por la abogada María Luz
Jiménez Sánchez, que inició una investigación. También envió una carta
al Ministerio para informarle de la "utilización fraudulenta de sus
facturas y presupuestos" desde el año 2008.
Antes de que se presentara la denuncia, y al conocer que el
supuesto fraude había sido destapado, el presunto cabecilla contactó con
los propietarios de esta empresa y se citó con ellos en un centro
comercial de Madrid. Allí, según ha explicado la abogada, les pidió que
no iniciaran "ningún tipo de acción penal" y les "chantajeó",
ofreciéndole dinero y "unas vacaciones pagadas en Gran Canaria por un
mes en residenciales exclusivos para militares".
En su declaración ante la Guardia Civil, la denunciante explicó
que incluso se les ofreció implicarse en la trama, realizando facturas
sin hacer las mudanzas, por lo que podían tener "un beneficio de
alrededor de 50.000 euros al año".
Los propietarios de la empresa rechazaron la propuesta y
presentaron una denuncia ante un juzgado civil, que remitió la
investigación al Juzgado Togado Militar nº 11 de Madrid, que ha
imputado a 31 militares. En un reciente auto, este juzgado ha dispuesto
su inhibición a los Juzgados Togados Centrales, ya que uno de los
implicados es un comandante, que es aforado y por ello no ha sido
imputado aún.
Tras la denuncia, al comprobar la ilicitud de las facturas,
agentes de la Guardia Civil registraron el domicilio y el lugar de
trabajo del principal imputado, en la base aérea de Son San Joan, de
Palma de Mallorca. Fue detenido y puesto en libertad ese mismo día, el
pasado 11 de diciembre.
Según consta en el atestado, encontraron "diferentes indicios
incriminatorios de la confección de facturas y presupuestos falseados,
así como quiénes son sus autores materiales y quiénes las utilizaban de
manera fraudulenta". También aparecieron correos electrónicos que
implicaban directamente a un capitán en la elaboración de facturas
falsas.
Días después, la Guardia Civil también registró el domicilio y
lugar de trabajo de este capitán, en la base aérea de Zaragoza, a quien
se tomó declaración en calidad de detenido antes de su puesta en
libertad. El teniente le había avisado por teléfono, por lo que el
capitán, según reconoció, pudo borrar archivos.
En los documentos encontrados, se constata que ambos eran
presuntamente los encargados de elaborar todos los documentos falsos por
los que se acreditaban unas mudanzas que nunca se llevaron a cabo y de
la que se beneficiaron al menos una treintena de oficiales.
Estos "ilícitos clientes" pagaban por estas gestiones a los
creadores de la farsa un porcentaje de "alrededor del 25% del valor de
lo presupuestado", según consta en el atestado. La mayoría de los pagos
se hicieron en metálico, según han admitido a la Guardia Civil, aunque
algunos se ingresaron en una cuenta a nombre del hermano del teniente.
Además de la empresa denunciante representada por María Luz
Jiménez Sánchez, la trama realizó facturas falsas de otras cuatro
empresas reales que, también "de forma totalmente involuntaria y
desconocida", aparecen en los documentos presentados para solicitar
indemnizaciones. También utilizaron "empresas ficticias" para sus fines,
como una supuesta compañía que bautizaron 'Mudanzas Pérez'.
En total, la Guardia Civil considera acreditado que el dinero
obtenido "de las arcas del Ministerio de Defensa de forma engañosa y
fraudulenta" por parte de estos militares asciende a 92.234 euros,
aunque no descarta que puedan aparecer "más defraudadores". De hecho, la
abogada apunta que "con toda probabilidad" van a "aparecer nuevas
empresas de mudanzas" y el importe defraudado podría superar "con
creces" la cifra acreditada en la actualidad.
En sus declaraciones ante la Guardia Civil, los militares
presuntamente implicados reconocieron haber recurrido al teniente para
solicitar indemnizaciones por traslado, después de que éste les
ofreciera sus gestiones tras enterarse de sus cambios de residencia o
por recomendaciones de terceros. Entre ellos, hay once con destino en
Palma de Mallorca, además del cabecilla, cinco en Torrejón de Ardoz y
cinco en Cuatro Vientos.
Además, ante la Guardia Civil, el capitán que realizaba las
facturas con el teniente admitió haber recibido un correo electrónico en
el que el teniente le felicitaba por ser "un gato operativo" y añadía:
"A ver si cuando empecemos a subir el estrecho con golosinas somos tan
operativos jeje".
El capitán explicó que el teniente le comentó que "pensaba hacer
negocios con una avioneta civil" porque "quería traer cosas de
Marruecos" que no le comentó "exactamente" qué era, aunque podía
referirse a "drogas" cuando hablaba de "golosinas".
El teniente es el único de los imputados del que constan
antecedentes. En concreto, fue detenido por la Guardia Civil en julio de
2009 por los supuestos delitos de detención ilegal y amenazas con arma
de fuego y por la Policía Nacional en enero de 2010 por un supuesto
delito de malos tratos. Además, tiene una infracción al reglamento de
circulación por alcoholemia en diciembre de 2012.
En un comunicado hecho público la semana pasada, el Ejército del
Aire informó de esta procedimiento que, según decía, se había destapado
tras "una investigación interna" en la que se habían detectado
"presuntas actividades irregulares en la tramitación y liquidación de
las indemnizaciones por traslado de residencia" y que había finalizado
con 3 detenidos y 31 imputados. Según indicó, se ha solicitado la
suspensión de funciones para los militares imputados, mientras se
resuelven los expedientes.
