Cuando
un líder empresarial o una actividad sectorial es dirigida y controlada
de forma unipersonal, en el primer caso, o por un pequeño grupo que
gestiona controlando el poder absoluto en beneficio propio o con fines
concretos, nos encontramos ante una oligarquía. Podemos definirla
también como la unión de determinados poderosos que presentándose como
protectores de los más débiles y alardeando de demócratas, solo
persiguen el dominio político, económico y la dependencia de sus
arbitrarias actuaciones.
La oligarquía, es casi tan vieja como el
mundo y la encontramos desde la antigua Esparta, Atenas, Cartago
(gobernada por mercaderes, armadores y grandes propietarios), la Venecia
del Dux, y más recientemente la nobleza agraria Polaca. Modernamente,
como no podía ser menos, se sigue practicando en numerosos países de los
distintos continentes, como ocurre también en Europa y en cada uno de
sus socios comunitarios.
El caso más simple y más frecuente de
todos conocido, es la empresa. Un empresario que al alcanzar el
liderazgo se rodea solamente de aquellos que le facilitan la
colaboración a los objetivos y misiones exclusivamente personales,
cuando prescinde o desoye cualquier sugerencia que suponga un cambio
necesario que lleve a compartir decisiones opuestas o diferentes a sus
ambiciones, estamos ante un oligarca. No admitir las continuas reformas
necesarias a que obligan los agentes externos, obsesionarse con los
intereses que impone y defiende, rechazando cuanto le aporten
constructivamente, conduce irremediablemente al fracaso, al
endeudamiento insoportable y al perjuicio de cuantos componen el
escuerzo individual y colectivo, olvidando que él no es la empresa, la
empresa la conforman todos.
Ciñámonos a España, estudiemos,
aunque sea someramente, el proceso, actuaciones y resultados que han
provocado la "actual situación extremadamente compleja" que afecta a la
política, a la economía, a las finanzas, al empleo y a nuestras
relaciones y prestigio internacionales.
Cualquier administración,
sea cualquiera su objetivo, en la que el gasto duplique los ingresos,
está condenada al fracaso y a su desaparición. Los responsables de la
gestión que carezcan de las dotes necesarias para ejercerla, deben ser
sustituidos a la mayor urgencia, ya que mantenerse en el poder solo
origina pobreza, endeudamiento creciente, perjuicio a terceros y
responsabilidad, incluso penal en muchos casos. En un Estado los
resultados pueden llegar a ser catastróficos, puesto que la
incompetencia, la ausencia de dotes de mando, el descontrol y el
despilfarro, se justifican recurriendo a la falsedad y a la mentira para
encubrir una situación económico-financiera y presupuestaria que
deviene en una crisis de muy largo recorrido, y que obliga a la adopción
de medidas urgentes de profundo calado, siempre lamentables y dolorosas
que obligan a un endeudamiento vinculante para futuras generaciones.
Por
mucho esfuerzo que se emplee en enmascarar la realidad de nuestra
coyuntura la verdad se impone, y no admitirla aumenta la gravedad y nos
convierte en irresponsables. Solo conseguiremos el crecimiento
progresivo del endeudamiento colectivo y el alargamiento en el tiempo de
la crisis; puesto que recibir fondos continuamente, sin crear fuentes
de riqueza junto a un control del gasto improductivo
conduce
inevitablemente al desastre. Es imprescindible e inaplazable un cambio
en nuestro sistema político y económico que transforme y democratice la
pseudooligarquia política de nuestra administración central, de las
administraciones autonómicas, que han superado los dos tercios del gasto
total (más del 40% del PIB), de los más de 8.000 ayuntamientos, la
mitad innecesarios, que gastan sin tasa ni control, de las diputaciones y
de las más de 3.000 empresas y entes públicos incontrolados y en su
mayoría de muy difícil justificación.
No es de recibo que para
hacer frente a los continuos vencimientos del principal y altos
intereses de la deuda soberana, nos veamos obligados a una también
continua subida de los impuestos, en muchos casos injustos y superiores a
la media de los de nuestros socios europeos, que suponen una dificultad
para nuestra competitividad. España tiene capacidad creativa y
empresarial suficiente, solo hacen falta, junto a las reformas
políticas, las reformas económicas que hagan posible a los emprendedores
y empresas consolidadas desarrollar su crecimiento y potenciar el
consumo.
En todas las escalas de la administración pública, pero
especialmente en las autonomías y ayuntamientos, se permite un gobierno
donde se ha asentado el nepotismo, el independentismo incontrolado y una
administración económica propia de la incapacidad y la insensatez.
Veamos algunos casos que justifican las anteriores afirmaciones:
proliferación
de televisiones siempre deficitarias, de aeropuertos que no cubren el
umbral de sostenimiento por ausencia de viajeros, de obras y estructuras
faraónicas inexplicables y carentes de rentabilidad, de plantillas
innecesarias y costosísimas (más de dos millones de ocupados por
designación), de parques de automóviles sorprendentes etc.etc.. Posible
todo esto por la ausencia de intervención y control presupuestario ante
la pasividad del Banco de España, del Tribunal de Cuentas del Estado y
del Cuerpo de interventores, entre otros, debido a que en la práctica ha
dejado de existir la separación de poderes y la independencia absoluta
del Poder Judicial. Una gran responsabilidad de los partidos políticos
mayoritarios en las últimas legislaturas, ha sido la permisibilidad en
la oposición de las prácticas inaceptables mencionadas.
Se impone
sin demora alguna un nuevo modelo de Estado que permita la
participación ciudadana, que elimine todo género de oligarquía, que
controle y sancione las desviaciones presupuestarias, que estimule el
crecimiento, la innovación y la creatividad, que no permita el plagio,
que implante la libertad de mercado y que estimule y colabore a la
internacionalización, sin olvidar que las liquidaciones presupuestarias y
los balances sean públicos, veraces y reflejen la posición real.
(*) Economista y empresario
