Multan con más de un millón a tres productores de vino de C-LM

MADRID.-   La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de un millón de euros a tres asociaciones de productores de vino de las denominaciones de origen de Valdepeñas y Castilla-La Mancha por determinar y poner límite al precio que los bodegueros asociados deben pagar por la uva. 

   Se trata de dos asociaciones de la Denominación de Origen Valdepeñas (Asevivaldepeñas y AMBV) y una de la de La Mancha (Asevicaman) directamente relacionada con la primera, puesto que comparten entre sí secretario general.

   Según ha informado este lunes el organismo dependiente de Economía, estas actuaciones se realizaron en el momento del inicio de la campaña, en el mes de septiembre, momento en que se recolecta la mayor parte de la uva.

   En concreto, el consejo de la CNC ha explicado que se trata de comportamientos llevados a cabo por las asociaciones, conjuntamente y de forma paralela entre ellas, trasmitiendo a sus asociados los precios y mandando mensajes sobre los mismo y, en algunos casos, sobre la reducción con el fin de que cada bodeguero no decida por su cuenta el precio a pagar, armonizando por tanto la política comercial de compra de la uva.

   Competencia ha destacado que estas infracciones de la normativa de competencia perjudican a todos los consumidores, pero también de forma directa a los productores agrícolas.

   En este sentido, la legislación de competencia es igualmente aplicable a las conductas anticompetitivas llevadas a cabo por los agricultores y a las que se realizan en otros eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, protegiendo siempre a los operadores económicos que compiten lealmente en el mercado.

   En abril del pasado año, la dirección de investigación de la CNC abrió un expediente sancionador contra el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas por una posible conducta anticompetitiva, que habría consistido en la fijación del precio de la uva en el marco de la Denominación de Origen Valdepeñas.

   Las conductas analizadas tenían su origen en un escrito remitido por la Comisión Regional de la Competencia de Castilla-La Mancha, que informaba de una posible infracción de la normativa de competencia.

   En el marco de la instrucción de dicho expediente la dirección de investigación de la CNC realizó inspecciones el 2 de marzo de 2011, procediendo a ampliar la incoación, en vista de la información recabada, contra Asevivaldepeñas, AMBV y Asevicaman, todo ello en relación con el precio de compra a los productores de uva para la elaboración de vino de las Denominaciones de Origen Valdepeñas y La Mancha en las campañas 2009-2010 y 2010-2011.

   Por ello, el consejo de la CNC ha impuesto una sanción de 746.871 euros a Asevivaldepeñas; de 270.443 euros a Asevicaman, y de 13.370 euros a AMBV.

   Finalmente, ha declarado que no ha resultado acreditada la responsabilidad de la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas (Intervaldepeñas).

El PP detrae casi 28 millones de implantes, fármacos, recetas y material

TOLEDO.- El Grupo Parlamentario Popular ha detraído casi 28 millones de euros de distintas partidas recogidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2013 relativas a implantes, productos farmacológicos, recetas y material, entre otras, a fin de evitar los recortes salariales que iban a afectar a personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) contemplados en ese mismo texto.

   Además de estos 28 millones, los 'populares' detraen casi 30 millones de otras partidas salariales del personal de Sanidad para así alcanzar un total de 57 millones con los que se dará cumplimiento al acuerdo alcanzado entre el colectivo de médicos de la región y el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz.

   Así figura en dos de las 12 enmiendas presentadas por el PP al Proyecto de Ley con las que se incrementa en 3.5000.000 euros el complemento de productividad Tipo I, en 7.874.210 euros el complemento de atención continuada del personal sanitario facultativo, en 6.835.660 euros el complemento de atención continuada para el personal sanitario no facultativo, en 1.195.880 euros el complemento de atención continuada de personal no sanitario y en 37.742.640 euros el complemento de carrera.

   En concreto, el PP reduce la partida de productos farmacéuticos en 964.190 euros, la de productos farmacéuticos de la red hospitalaria en 2.533.819 euros, la de implantes baja en 5.400.000 euros, la de material del laboratorio baja en 1.639.010 euros, la de material de radiología baja en 4.280 euros y la de material de medicina nuclear disminuye en 96.300 euros.

   La partida denominada 'otro material sanitario' baja en 6.936.930 euros, la de conciertos con instituciones de atención especializada con entidades privadas baja en 1.803.700 euros, la del club de diálisis disminuye en 904.830 euros, la de terapia insuficiencia respiratoria a domicilio por oxigenoterapia baja en 1.141.470 euros, y la de recetas médicas disminuye en 6.492.000 euros.

   Asimismo, se detrae dinero de los sueldos del Grupo A1 y Grupo A (excepto personal de cupo) a los que se les quitan 3.772.150 euros; y de los sueldos del Grupo A1 y Grupo A de personal de cupo de donde se quitan 35.600 euros.

   El PP también retira 3.739.350 euros de los sueldos del Grupo A2 y Grupo B (excepto personal de cupo), 20.060 euros de los sueldos del Grupo A2 y Grupo B de personal de cupo, 495.830 euros de los sueldos del Grupo C1 y Grupo C, 1.962.880 euros de los sueldos del Grupo C2 y Grupo D, 680.560 euros de los sueldos del personal de agrupaciones profesionales y del Grupo E, y 2.190.150 euros del dinero destinado a antigüedad.

   Igualmente, se detrae dinero de la partida del complemento de destino, que disminuye en 4.778.210 euros; del complemento específico de personal no sanitario se quitan 637.430 euros; del complemento específico de personal facultativo se quitan 2.251.180 euros; y del complemento específico de personal sanitario no facultativo se detraen 1.395.800 euros.

   Además, la partida del complemento específico por turnicidad de personal sanitario no facultativo disminuye en 169.730 euros, la partida del complemento específico por turnicidad de personal no sanitario disminuirá en 35.160 euros, la partida de complementos transitorios absorbibles bajará en 12.110 euros y las retribuciones complementarias de cupo disminuirán su presupuesto en 16.150 euros.

   También disminuirá el dinero presupuestado para el complemento por Incapacidad Temporal en 39.300 euros, el dinero de los sueldos del Grupo A1 y Grupo A para sustituciones en 136.180 euros, el de los sueldos del Grupo A1 y Grupo A del personal estatutario eventual en 51.770 euros, el de los sueldos del Grupo A2 y Grupo B para sustituciones en 2.633.250 euros, la partida de sueldos del Grupo A2 y Grupo B para personal estatutario eventual en 155.480 euros, los sueldos del grupo C1 y Grupo C para sustituciones en 34.310 euros y los sueldos del grupo C1 y Grupo C de personal estatutario eventual en 18.080 euros.

   Asimismo, el PP disminuye la partida destinada a los sueldos del Grupo C2 y Grupo D para sustituciones en 130.580 euros, la de sueldos del Grupo C2 y Grupo D de personal estatutario eventual en 63.680 euros, los sueldos del personal de agrupaciones profesionales y del Grupo E para sustituciones en 37.670 euros, la de sueldos del personal de agrupaciones profesionales y del Grupo E para personal estatutario eventual en 14.110 euros, las retribuciones complementarias para sustituciones en 2.565 euros y las retribuciones complementarias de personal estatutario eventual en 422.670 euros.

   Finalmente, el PP disminuye la partida de retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual en 18.280 euros, la de retribuciones básicas y otras remuneraciones en 604.090 euros, y la de personal contratado de investigación en 18.730 euros.

   De otro lado, el PP ha presentado una enmienda por la que autoriza al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) al pago de gastos farmacéuticos y material sanitario por un importe máximo de hasta 14 millones de euros --frente a los 10 millones de euros actuales--, sin necesidad de que ese gasto sea autorizado por el Consejo de Gobierno.

   Otra de las enmiendas actualiza en un 1,02 por ciento a partir del 1 de enero de 2013 las tasas de la comunidad autónoma que no aparecen recogidas en la Ley de Tasas y Precios Públicos de la región. En concreto, las que aparecen recogidas en la Ley Reguladora del ciclo integral del agua de la región y sus modificaciones, en la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha y sus modificaciones y en la Ley de Regulación de Tasas en materia de Industria, Energía y Minas.

   El Partido Popular ha presentado otras dos enmiendas relativas al tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos y la devolución del gasóleo de uso profesional y a los actos jurídicos documentados --ambos impuestos transferidos del Estado-- para ajustar su textualidad a la nueva denominación y características, sin que en ninguno de los dos casos haya, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del PP, Francisco Cañizares, "incremento ni descenso" de partidas.

   De otro lado, y como ya hiciera el PP en el Presupuesto de 2012, ha incluido otra enmienda que recoge que en el próximo ejercicio el sueldo del personal empleado público de la Administración de la Junta no sea inferior en 2013 a 1.192 euros mensuales.

   En otra de sus enmiendas, a la autorización del Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para adecuar las retribuciones del personal al servicio de la Administración a las que establezca la Administración del Estado, el PP añade las que sean "necesarias para garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado a la Junta y a cada organismo autónomo" en el caso de que exista una "desviación en la ejecución prevista".

   El texto recoge que el consejero de Hacienda informe mensualmente al Consejo de Gobierno sobre el desarrollo de la ejecución presupuestaria.

   De otro lado, el portavoz del Grupo Popular ha dado cuenta de dos de las enmiendas presentadas por el PP a su propia Proposición de Ley de reforma del Reglamento de las Cortes, que modifican el artículo 11 y 12, a fin de que la Mesa de las Cortes decida los acuerdos sobre la Seguridad Social de los diputados.

   En cuanto al Proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el PP ha presentado una enmienda "aclaratoria" donde se recoge la "autonomía" presupuestaria de las Cortes, ya que en el texto original "aparecía como un órgano más del Gobierno", ha explicado Cañizares.

La UCLM convoca 2.381 becas de movilidad internacional

TOLEDO.-   Los estudiantes interesados en obtener una beca Erasmus, Leonardo y otros programas de movilidad internacional pueden solicitar alguna de las 2.381 plazas convocadas por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para el curso 2013-14 hasta el próximo 21 de diciembre.

   En nota de prensa la universidad ha explicado que para optar a alguna de estas ayudas, entre otros requisitos, es preciso acreditar el nivel B1 de inglés, cuyas pruebas se celebran estos días en todos los campus.

   A partir de segundo curso de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o ingeniería técnica se puede solicitar una beca de estudios Erasmus para realizar una estancia temporal en universidades y otros centros de educación superior en alguno de los 30 países europeos que ofrecen plazas.

   Además de estar matriculado en la UCLM en el próximo curso académico, es preciso tener una nota media en el expediente igual o superior a 5, ser nacional de alguno de los países acogidos al convenio y acreditar como mínimo el nivel B1 de inglés.

   La beca Erasmus, compatible con otras ayudas o préstamos, está dotada el próximo curso con 111 euros mensuales procedentes del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), a los que debe sumarse la cuantía complementaria que otorga el Ministerio de Educación español.

   En los últimos años, esta suma comprendía unos 150 euros mensuales hasta un máximo de ocho meses y 150 euros adicionales para cada alumno beneficiario de una beca general durante el curso inmediatamente anterior.

   Además de 2.023 becas de estudios, la UCLM ofrece para el próximo curso académico 127 becas de prácticas en empresas europeas dentro del programa Erasmus. Los requisitos son prácticamente los mismos que para las becas de estudios, si bien en esta modalidad el estudiante puede elegir entre acogerse a las plazas concertadas o buscar por su cuenta la empresa u organización de destino.

   La cuantía de las becas incluye 300 euros mensuales aportados por el OAPEE y 300 adicionales concedidos por el Ministerio de Educación en las mismas condiciones que en las becas de estudios.

   Para que la UCLM reconozca la carga docente de las prácticas en el extranjero, la estancia, de entre tres y seis meses de duración, deberá realizarse obligatoriamente entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de septiembre de 2014.

   También ofrece prácticas el programa Leonardo Da Vinci, que incluye para el  próximo curso académico 53 becas en empresas y organizaciones de 17 países. Estas plazas, para las que la empresa evalúa directamente los conocimientos de idiomas del solicitante, cuentan con una dotación económica de entre 2.423 y 5.180 euros según el país de destino, además de 300 euros para la realización de un curso de idiomas en el destino y un seguro de responsabilidad civil.

   Las becas Leonardo, dirigidas a quienes hayan concluido estudios en la UCLM durante los dos últimos cursos anteriores a la fecha de solicitud, no precisan experiencia laboral previa y tienen una duración de 26 semanas, que deberán disfrutarse entre la fecha de la resolución de la convocatoria y el 15 de mayo de 2014.

   Al margen de los programas europeos Erasmus y Leonardo, la UCLM convoca además 178 becas de estudios en universidades de países extracomunitarios, entre los que se encuentran Estados Unidos, México, Canadá o Brasil, entre otros.

   Los interesados, que deben elegir su destino teniendo en cuenta la afinidad de estudios con los cursados en su escuela o facultad, deben haber superado el primer curso de la titulación y contar con una media superior a cinco en su expediente, además de acreditar el nivel B1 de inglés.

   Las becas incluyen matrícula gratuita en la Universidad de destino y, si la solicitud va dirigida a un país latinoamericano, el solicitante puede optar a alguno de los premios al mejor expediente que tradicionalmente otorga Banco Santander.

   El intercambio internacional no Erasmus incluye cuatro becas para lectores de español en las universidades Muskingum, North Dakota y Arcadia (Estados Unidos) y Manipal (India), con distintas remuneraciones según el país de destino.

La democracia, en peligro / Josep Ramoneda

Los movimientos sociales han conseguido que el drama de los desahucios por impago de hipotecas entrara en la agenda pública. El Gobierno ha querido hacer demostración de sensibilidad social y lo ha hecho de la manera más miserable: con un decreto que ni toca nada esencial ni resuelve problema alguno, simplemente los aplaza. Algunos pocos ciudadanos afectados se salvarán del desahucio durante dos años, pero cuando termine este periodo no solo tendrán el mismo problema, sino que lo verán sensiblemente agravado, porque los intereses seguirán corriendo a favor del banco. 

El Gobierno no ha querido cambiar una legislación injusta porque está muy decantada hacia los intereses del acreedor. Y no quiere saber nada de algo tan de sentido común como la dación en pago. Los bancos no querían ningún cambio esencial. Y este Gobierno —como el anterior— se distingue por un temor reverencial a los dioses financieros. Sin embargo, en este país la morosidad familiar es muy baja. Hasta el punto de que se podrían evitar todos los desahucios de primera residencia sin riesgo para el sistema.

Esta misma semana, Europa ha concretado el plan de rescate de las cajas, en unas condiciones muy duras en términos de pérdida de empleo y de reducción de actividad. Se completará así un proceso de transferencia de dinero público al sistema financiero sin que los culpables de este desastre hayan dado la cara. Algunos se han ido de rositas con millonarias indemnizaciones. El comisario Almunia dijo que no es cosa de dar nombres de los responsables de este desaguisado. ¿Por qué, si entre todos estamos pagando sus desmanes? 

Vivimos en plena cultura de la irresponsabilidad: los Gobiernos autónomos justifican sus políticas de austeridad argumentando que España y Europa les obligan. El Gobierno español dice que no hace sino lo que Europa le exige. Miguel Blesa, que gobernó Caja Madrid hasta 2010, niega cualquier responsabilidad porque las cosas que ocurrieron eran imprevisibles y todos hicieron igual.

Esta cultura de la irresponsabilidad es el caldo de cultivo de la desconfianza, del cinismo y de la corrupción. La desconfianza y el cinismo tienen efectos demoledores de descomposición social. La corrupción amenaza al propio sistema democrático. “La cuestión del siglo XX fue: totalitarismo o democracia. La cuestión de hoy es: democracia o corrupción”, escribe André Glucksmann. Todo sistema de poder tiene su régimen de verdad. 

El gobierno de nuestras democracias se legitima cada vez más por un tipo de verdad tecnocrática que, construido sobre la triada crecimiento, competitividad, consumo, “se caracteriza por una concepción de la economía como actividad completamente separada de la vida social, que debe escapar al control de la política” (Tzvetan Todorov). La política queda reducida a la ejecución de las exigencias del dinero, y el valor de cambio se convierte en el único criterio de toma de decisiones tanto en el ámbito de lo público como en el de las opciones morales privadas. Un cultivo ideal para que crezca la corrupción.

Y sin embargo es inevitable plantearse una pregunta: ¿la corrupción se ha extendido por el sistema más que nunca o el nuevo régimen de verdad que opera en nuestras sociedades es más descarado, la hace más visible? Antes el discurso que acompañaba la política ocultaba la corrupción y ahora no alcanza a esconderla, ¿por qué ha aumentado o por qué ha triunfado el cinismo? Probablemente se combinan las dos cosas: la ausencia de proyectos políticos más allá del horizonte económico reduce las motivaciones de los que se dedican a la cosa pública y desmoviliza a los ciudadanos. 

De ahí la sensación de mediocridad creciente de los gobernantes. Pero, al mismo tiempo, un régimen de verdad basado estrictamente en el dinero hace más visible la cruda realidad del sistema de intereses. Michel Foucault lo llamaba el principio de Rosa Luxemburgo: la incompatibilidad entre “la evidencia adquirida de lo que pasa realmente, evidencia adquirida por todos, y el ejercicio de la gobernabilidad por unos pocos”. Luxemburgo había dicho: “Si todo el mundo supiera, el régimen capitalista no duraría 24 horas”. Todo el mundo sabe. Y el capitalismo no se ve amenazado. 

Quizá la explicación esté en lo que Michel Foucault llama el principio de Solzhenitsyn o del terror: “La gobernabilidad en estado desnudo, en estado cínico, en estado obsceno. En el terror, es la verdad, y no la mentira, lo que inmoviliza”. Lo vemos en el miedo ante la crisis que paraliza a la sociedad. La democracia es incompatible con este sistema de gobernabilidad. El capitalismo no está en peligro; la democracia, sí.

Contra los poderes salvajes / Patricio Hernández *

Qué legitimidad tiene un Gobierno salido de unas elecciones democráticas para cambiar el programa que ha sometido a la consideración de los ciudadanos y sustituirlo por otro radicalmente diferente? ¿Pueden los Gobiernos y los partidos que los sostienen sentirse desvinculados de cualquier compromiso con la ciudadanía, como si dispusiesen de una piratesca patente de corso política que les permitiría hacer cualquier cosa?

El Gobierno de Rajoy lleva poco más de un año dirigiendo el país y en este tiempo ha enterrado sus promesas electorales y, so pretexto de que los datos de la realidad no eran los que suponía, ha desarrollado una acción de gobierno que está suponiendo la aplicación de un desconocido programa contrarreformista de drásticos recortes destinado „nada menos„ que a cambiar por completo la constitución material de nuestro estado social y el marco de derechos y libertades de los españoles.

Amparado en la capacidad legal que le otorga la mayoría parlamentaria, el Gobierno rechaza cualquier obligación de devolver la palabra a los ciudadanos sobre sus profundos ajustes y recortes. Esta misma semana ha tumbado en el Congreso (con la esclarecedora ayuda de UPyD, ojo con estos) la propuesta de someter esta política a referéndum presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG. El argumentario compartido para este rechazo coincide en llamar ´ocurrencia´ a esta idea y acusarla de «ignorar los fundamentos de una democracia representativa», invocando incluso el «aprecio de las dictaduras por los referéndums».

Basta sin embargo con mirar hacia las democracias más consolidadas para ver como se usa sin complejos el referéndum cuando se tiene voluntad de contar con la opinión de los ciudadanos. Es más bien el resultado reciente de algunos de ellos (el ´no´ francés y holandés a la Constitución Europea, la negativa del primer referéndum irlandés sobre este mismo asunto, el rechazo de Islandia a pagar la crisis bancaria o las decisivas derrotas de Berlusconi) el que ha llevado a la actual dirigencia conservadora europea a mostrarse alérgica a estas consultas, e incluso a impedirlas con toda clase de presiones y juego sucio, como hicieron con la propuesta de Papandreu de consultar las medidas de rescate para Grecia, que acabó por costarle el cargo.

Pero para entender cabalmente este rechazo hay que situarlo en el contexto europeo de un reduccionismo democrático que pretende, como vemos, no sólo reducir la democracia a las elecciones, sino desvincular incluso a los electos de compromiso alguno con los elegidos. Las élites políticas extractivas que dirigen los partidos mayoritarios dan muestras así de una concepción patrimonialista de la democracia, la misma que subyace en esa honda expresión de malestar y rechazo que está suponiendo la imparable desafección ciudadana respecto a las derivas degeneradoras de nuestro modelo político. 

El respetado filósofo del derecho italiano Luigi Ferrajoli habla de «la patente insuficiencia de la noción formal de democracia, la hoy prevalente en la cultura política al uso, que la reduce al ejercicio del voto para la formación de la voluntad popular». Observa también que este vaciamiento de la democracia política constituye una auténtica voladura del estado constitucional, un auténtico proceso ´deconstituyente´ que revela «dinámicas antisistema insertas en el interior de las instituciones mismas».

¿En qué están quedando, deberíamos preguntarnos, los derechos constitucionales al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la justicia gratuita, a la salud, al acceso a la cultura, etc.? De ahí que Ferrajoli hable de esta forma neoabsolutista de ejercer el poder como de ´poderes salvajes´.

Ya sabemos que esta rebaja de los estándares democráticos, que esta democracia de baja calidad en que vivimos en España, un país „no se olvide„ de débiles tradiciones democráticas, es paralela y está en relación con la vasta operación emprendida desde 2010 de desmontaje de nuestro tímido estado social, que pretende acabar de forma acelerada con el mayor logro de los 35 años de democracia, modificando profundamente el modelo económico y social, suprimiendo derechos, recortando prestaciones y extendiendo las privatizaciones, como demanda el hegemónico recetario neoliberal imperante en las instituciones europeas y en el „no ya salvaje sino directamente antropófago„ poder financiero.

De ahí esa brutal descalificación de cualquier demanda de participación y consulta a los ciudadanos, incluso la denigración y represión de los que disienten, de los que no consienten la jibarización autoritaria de la democracia puesta en marcha, de los que resisten los cantos de sirena que nos llaman incesantemente a la pasividad, a la indefensión voluntaria, a la aceptación como inevitable de este proceso de desposesión social.

En España la democracia se ha identificado históricamente con el Estado del Bienestar, lo que explica que para desmontar éste haya que restringir aquélla, alentando desde el poder la pérdida de sentido cívico de amplios sectores de la ciudadanía, requisito necesario para fragilizar o suprimir las que creíamos sólidas conquistas sociales.

Pero ya vemos que la resistencia crece por todas partes, que la contestación a este estado de cosas es más robusta cada vez, y que la movilización popular empieza a dar sus frutos. A reforzar esta corriente viene la propuesta de campaña para exigir la convocatoria de un referéndum sobre los recortes que devuelva a la gente la capacidad de decidir sobre una política impuesta, es decir, sin sanción lectoral alguna, que está deteriorando la vida democrática, empobreciendo a la mayoría de la sociedad, abriendo la brecha de la desigualdad y poniendo en situación límite a muchas familias en España.

Esta campaña, impulsada desde el espacio de concertación sindical y social que hemos llamado Cumbre Social, no quiere sustituir a ninguna otra forma legítima de lucha contra la austeridad autoritaria, desde las manifestaciones y huelgas a las distintas formas de desobediencia civil, sino añadir un nuevo instrumento para la concienciación de los ciudadanos sobre lo que está en juego y para reforzar la presión dirigida a impedir que se consume la doctrinaria distopía neoliberal de los actuales poderes salvajes.

(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

Paradores planea cerrar siete establecimientos, el de Albacete entre ellos

MADRID.- La dirección de Paradores planea cerrar siete establecimientos de la red y cierres temporales en 27 de los 94 paradores que conforman la red, medidas que se sumarían al ERE presentado por la cadena para la extinción de 644 trabajadores, casi el 14% de la plantilla, según informaron fuentes sindicales. Entre ellos estaría el de Albacete.
 

Este lunes quedó constituida la mesa de negociación del ERE, cuyos despidos se repartirán por todo el conjunto de paradores, según indicaron las mismas fuentes, que precisaron que una vez presentado oficialmente, se abrirá un periodo de consultas, que durará un mes.

Los siete paradores para los que la hotelera plantea el cierre total son el de Albacete, el de Manzanares (Ciudad Real), Ayamonte (Huelva), Ferrol (A Coruña), Puerto Lumbreras (Murcia), Teruel y Verín (Ourense).

Los sindicatos han mostrado su "más absoluto rechazo al plan", que afectará a unos 1.500 trabajadores de los 4.600 que tiene en plantilla (400 en servicios centrales), incluidas las salidas, y han pedido "la dimisión del Comité de dirección de la cadena hotelera".

Fuentes sindicales de UGT calificaron de "desproporcionado" y de "inasumible" el plan que la compañía ha puesto sobre la mesa, ya que "perjudicaría la continuidad de la compañía más allá de la extinción de los 644 empleos".

Según UGT, el plan contempla el cambio de su condición de fijos a fijos discontinuos para 856 trabajadores de la plantilla, la supresión del departamento de reservas y del de informática.

En un comunicado CC.OO., aseguró que el cierre por temporada de estos establecimientos afectaría a los contratos de 948 trabajadores, a los que se debe sumar el cierre de nueve servicios de restauración (restaurantes y cocinas).

Paradores convocó este lunes a los representantes del Comité Intercentros de la cadena hotelera, integrado por UGT y CC.OO., a una primera reunión para abrir la negociación del plan de reestructuración planteado por la compañía e iniciar el periodo de consultas, ante las quejas de los representantes sindicales ante la convocatoria del pasado jueves por un defecto de forma.

El Comité Intercentros se ha opuesto a las propuestas de la dirección de la empresa, "por desproporcionadas", ya que temen que escondan "una futura privatización de la red", y mantiene la huelga convocada para el jueves y viernes de esta semana, los dos primeros días del puente de la Constitución.

Los sindicatos, que prevén difícil "un acuerdo", ya avanzaron que a estas protestas podrían seguirles más paros, ante el temor del "desmantelamiento total de la red". Ambas partes se reunirán de nuevo el próximo día 11 de diciembre. Los sindicatos reiterarán a la compañía un plan de futuro y garantía del empleo que incluya "sacrificios compartidos".

Al respecto, fuentes de la cadena pública aseguraron que será, en todo caso, "en la mesa de negociación donde se decida cuáles y cuántos establecimientos podrían llegar a cerrarse", tras reconocer que existen varios establecimientos de la red que acumulan "enormes pérdidas económicas". No obstante, incidieron en que lo que se ha presentado es la extinción de casi el 14% de la plantilla.

Según los sindicatos, entre los establecimientos afectados por los cierres de temporada se encontrarían los establecimientos ubicados en Cataluña: Aiguablava (Girona), Artíes (Lleida), Seo d'Urgell (Lleida), Cardona (Barcelona), Vic-Sau (Barcelona) y Vielha (Lleida).

En Galicia, la cadena contempla cierres parciales en los establecimientos de Vilalba (Lugo), Monforte de Lemos (Lugo), Santo Estevo (Ourense) y Tui (Pontevedra).

En Andalucía, donde se ubican 16 paradores, con una plantilla de 176 trabajadores, serán reconvertidos los paradores de Cazorla (Jaén) y el de Arcos de la Frontera (Cádiz). Según CC.OO., el ERE contempla 118 despidos en Andalucía y 50 modificaciones laborales, tanto de reducciones de jornada como del cambio de contratos fijos en fijos discontinuos.

En Castilla y León, los afectados por cierres parciales son: Benavente (Zamora), Puebla de Sanabria (Zamora), Cervera (Palencia), Gredos (Ávila), Tordesillas (Valladolid) y Villafranca del Bierzo (León).

En Castilla-La Mancha, la compañía plantea cierres parciales en Almagro (Ciudad Real) y Oropesa (Toledo), mientras que en Cantabria serán dos establecimientos los afectados por esta medida Fuente De y Limpias. También se contemplan cierres temporales en Alcañiz (Teruel) y Bielsa (Huesca); en Guadalupe (Cáceres) y en el de Santo Domingo (La Rioja).

Montoro dice que en el FLA de 2013 se enfatizará aún más la financiación a proveedores

MÁLAGA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reiterado este lunes que para 2013 habrá Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiar con control por parte de la Administración General del Estado como se está haciendo ahora, y ha asegurado que "todavía enfatizaremos más en el nuevo fondo del año que viene la financiación de proveedores", de forma que este capítulo en las administraciones territoriales "será absolutamente prioritario".

   Montoro, que ha participado en el foro 'Hacienda, administraciones y salida de la crisis', ha señalado que aún es "prematuro" hacer un balance del FLA de este año, ya que el plazo para que se incorpore alguna de las comunidades autónomas de las ocho que no han entrado todavía acaba este lunes, aunque ha apuntado que no espera que entre "ninguna más".

   Además, ha apuntado que "tenemos holgura en el fondo de liquidez actual para que esa financiación se proyecte y continúe el año próximo y atendamos a los servicio que más perentoriamente necesitan los ciudadanos en esta comunidades autónomas".

   En el turno de preguntas, el ministro ha destacado que desde el Gobierno se está "apoyando financieramente a Andalucía", indicando que las últimas cifras de noviembre relativas a FLA son "muy expresivas y en Andalucía --ha continuado-- en la última semana estamos pagando a proveedores 176 millones de euros aplicando este fondo". No obstante, ha indicado que también se está apoyando "a Cataluña, a la Comunidad Valenciana y a otras muchas de menor tamaño, a quien realmente le corresponde y lo requiere".

   Ha incido en que si no se "va más rápido" es porque "a veces, las comunidades autónomas no nos presentan sus facturas", destacando que el "compromiso del Gobierno es liquidar esas facturas".

 "Un país serio no es un país que ignora esas facturas. Tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad financiara de hacerlo", ha resaltado.

   Respecto al déficit de las comunidades autónomas, ha asegurado que esta semana se publicará la contabilidad nacional de estas comunidades, relativa al tercer trimestre del año, que ya está elaborada, y dentro de poco se podrá publicar mensualmente la situación "y verán que están encauzadas y los datos traducidos en términos de contabilidad nacional son favorables y positivos".

   Aunque ha insistido en que hay que "cumplir el objetivo de déficit" con el cuarto trimestre de este año, para "poder crear esa confianza", ha dicho que las comunidades autónomas "no son las responsables de esta crisis. Esto es una simplificación". Así, ha recordado que la deuda total de éstas es de 170.000 millones de euros, mientras que "la cifra del 90 por ciento de deuda externa que nos ahoga y asfixia es 900.000 millones de euros".

   No obstante, ha insistido en que de esta crisis "nada más que se sale haciendo los deberes" y ha destacado que actualmente "el estado de las autonomías es más fiable que nunca en la historia lo ha sido", apuntando que existe "una capacidad operativa que es la que tenemos que identificar y reconocer en este momento".