MADRID.- Policía y Guardia Civil
acaban de levantar la veda. El hecho de que ambos cuerpos hayan logrado
la equiparación salarial
con respecto a los Mossos de Cataluña ha animado a otros muchos
funcionarios a reclamar lo mismo. Es decir, igualar por arriba los
sueldos que perciben los diferentes empleados públicos a nivel
autonómico, según publica www.libremercado.com.
Tras el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada, policías y guardias civiles cobrarán un 25% más en tres años,
unos 560 y 720 euros extra al mes, respectivamente, con un coste
estimado para las arcas públicas próximo a los 1.100 millones de euros.
Pero este colectivo no es el único que registra diferencias de salario
en función de la autonomía o la administración para la que trabaje. De
hecho, estas divergencias son la regla y no la excepción.
En
el caso de los médicos, por ejemplo, las diferencias de retribución en
términos netos oscilan entre los 1.033 y los 1.871 euros al mes,
en función del puesto y la comunidad en la que trabajen. Según el
secretario general de la Confederación Estatal Sindicato Médicos (CESM),
Francisco Miralles, la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil
constituye "un agravio comparativo clarísimo entre los funcionarios del
Estado" y, por ello, reclama lo mismo para su colectivo.
En una entrevista con Redacción Médica, Miralles
asegura que el Consejo Interterritorial y el Ministerio de Salud son
los responsables de que no haya "17 Españas" en cuanto al salario de los
médicos. "Hay una diferencia brutal pese a que todos los médicos de
España hacen el mismo trabajo con las mismas condiciones, la misma
preparación, los mismos requisitos y los mismos méritos, por lo que debemos ganar de forma similar", aclara.
El Sindicato de Enfermería
(SATSE), por su parte, demanda que "se incrementen los salarios de los
profesionales de Enfermería y Fisioterapia en todas las comunidades
autónomas". En concreto, piden que "las enfermeras y enfermeros y
fisioterapeutas empiecen a recuperar ya la pérdida de poder adquisitivo
que sufren desde 2012", y que cifran en más de un 30%.
Denuncian "discriminación y agravio"
El
cuerpo docente se suma, igualmente, a la equiparación de salarios,
además de solicitar la recuperación del sueldo perdido desde 2010 como
consecuencia de los recortes, que calculan en una caída del 20% de su
poder adquisitivo. Desde el sindicato ANPE recuerdan que las diferencias a nivel autonómico pueden rondar hasta los 500 euros al mes o incluso algo más.
Asimismo,
ANPE recuerda que los docentes son un un cuerpo estatal, si bien la
competencia ha sido transferida a las CCAA, por lo que solicitan la
creación de una Ley del Profesorado con el fin de
establecer un marco legal para avanzar hacia la homogenización de
condiciones, incluidas las salariales, a nivel nacional.
Por otro lado,
inciden en que los profesores son funcionarios de nivel A,
por lo que se les exige ser diplomados o licenciados, mientras que
policías y guardias civiles son nivel C o D, de modo que la equiparación
pactada genera un agravio comparativo entre los diferentes cuerpos.
Los funcionarios de Prisiones también
se han sumado a esta demanda generalizada. El sindicato CSIF ha
registrado en el Ministerio del Interior una petición de convocatoria
urgente de la Mesa delegada de Instituciones Penitenciaras para que este
colectivo también participe de esta equiparación salarial respecto al
personal dependiente de la Generalidad de Cataluña.
Además, recuerdan que los funcionarios de Prisiones dependen del
Ministerio del Interior y, por tanto, deben beneficiarse de las mejoras
en las condiciones económicas que se están negociando con Policía y
Guardia Civil, ya que, de lo contrario, el Gobierno "incurrirá en una discriminación
hacia un colectivo de más de 23.000 personas".
En caso de que no se
atiendan sus demandas, CSIF prepara movilizaciones a nivel nacional en
abril.
Este
fenómeno no es nuevo. CSIF ya lanzó una campaña el pasado año para
reivindicar la equiparación salarial del personal a cargo de la
Administración General del Estado
con los empleados públicos de las CCAA debido a que, de media, cobran
un 25% menos. "Luchar por esta equiparación supone acabar con una de las
mayores discriminaciones dentro de la Función pública en España.
A lo
largo de los años, se ha generado este agravio comparativo y el personal
de la AGE (Ministerios, Organismos, Entes, Entidades Gestoras e
Instituciones Penitenciarias) tiene hoy unas retribuciones un 25 por
ciento inferiores respecto a la media de las diferentes comunidades
autónomas y corporaciones locales", según denuncia el sindicato. El
número de efectivos de la AGE ronda actualmente las 230.000 personas.
Los militares también exigen al Gobierno unas retribuciones "justas y dignas"que
se sitúen al nivel del resto de cuerpos de seguridad del Estado después
del acuerdo alcanzado con Policía y Guardia Civil. El llamamiento lo
hizo la pasada semana la asociación profesional de suboficiales de las
Fuerzas Armadas (ASFASPRO),que denuncia que forman parte de la única
profesión a la que se exige dar su vida por España,pero a cambio están
"en el furgón de cola" de las retribuciones a empleados públicos.
Con
los sueldos actuales, esta entidad denuncia que un teniente de las
Fuerzas Armadas y un teniente de la Guardia Civil tienen más de 4.500
euros anuales de diferencia,
pese a que ambos salen de la misma Academia de Zaragoza. En el caso de
un cabo primero permanente, la diferencia puede superar los 5.400 euros
anuales con sus homólogos de Policía y Guardia Civil.
Por
último, algunos cuerpos ya han pasado de las reclamaciones a la acción.
Es el caso de los funcionarios de Justicia en Galicia,
que llevan casi un mes en huelga para reclamar subidas salariales con
el fin de aproximarse a las retribuciones que se perciben en otras CCAA.
