Las plantillas de las Fuerzas Armadas caen por debajo del mínimo legal de 2007

MADRID.- España gastará en 2014 un tercio menos en Defensa que cuando empezó la crisis. Los recortes en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 son menores (un 3%) comparados con los dos ejercicios precedentes, pero en el caso del Ministerio de Defensa llueve sobre mojado y se acumulan a los drásticos ajustes que empezaron en 2009. El número total de militares de tropa y marinería queda por debajo del mínimo de los 80.000 establecido en la ley de la carrera militar de 2007 que fue pactada entre el Gobierno socialista y el PP en la oposición.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado fija para el próximo año un tope de 79.000 militares de tropa y marinería, mil menos que en este ejercicio, con lo que las Fuerzas Armadas volverán a las cifras de personal de 2008, cuando Defensa empezó a superar el bache de reclutamiento experimentado desde el final del servicio militar obligatorio.

En 2005 las Fuerzas Armadas se habían quedado en los 70.000 soldados y marineros, con los que no podían cubrir los mínimos operativos de muchas unidades y barcos. La ley de la carrera militar fijó en 2007 el objetivo de contar con 150.000 profesionales entre generales, jefes, oficiales, suboficiales y tropa (entre 80.000 y 90.000 soldados y marineros).

La nueva ley que ofrecía una carrera a los jóvenes, las subidas salariales, más el principio de la crisis solucionaron el problema y en 2010 las Fuerzas Armadas llegaron a contar con 86.000 efectivos de tropa. Los recortes presupuestarios a partir de ese mismo ejercicio culminan para el próximo año con la cifra de personal eventual (soldados y marineros) más baja de los últimos seis años y aumenta la desproporción con el número de mandos, que ahora está en los 44.000 (casi 16.000 oficiales y 28.000 suboficiales).

Lo que arregló la ley de la carrera militar en dos años se lo ha llevado la crisis vía recortes presupuestarios en menos de tres ejercicios. En la última convocatoria realizada por el Defensa este verano para cubrir 1.500 plazas de soldados y marineros, se presentaron 14.000 aspirantes.

Los recortes en Defensa se limitan este año a un 3,2 por ciento sobre el ejercicio en curso, pero al ser el quinto presupuesto que disminuye, el departamento que dirige Pedro Morenés figura entre los más castigados por los ajustes. De los 8.491 millones con que contó Carme Chacón en 2008 se ha pasado a los 5.745 para 2014.

El Ministerio de Defensa, uno de los que contaban tradicionalmente con un capítulo más abultado de inversiones, se constriñe aún más al mero sostenimiento del personal: un 77 por ciento del presupuesto está dirigido a pagar las nóminas. Las inversiones vuelven a bajar, esta vez sólo un 8,7 por ciento, hasta quedarse en los 443 millones de euros; aunque lo hace bastante menos que el pasado año, cuando descendieron un 30 por ciento.

Siguen bajo mínimos los pagos dirigidos a los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas después de la reprogramación de compras y contratos: 4,9 millones para el caza Eurofighter, 1,1 millones para el avión de transporte militar A400M y 730.000 euros para el helicóptero de combate Tigre.

A mitad de este ejercicio, el Gobierno tuvo que habilitar un crédito extraordinario de 877 millones de euros para pagar las deudas acumuladas con la industria de Defensa en los últimos años. En 2010 y 2011 el Ejecutivo anterior no había abonado factura alguna, según recoge 'El Confidencial'.

Torres-Dulce: 'La Justicia, en evidencia cuando no da respuestas solventes a la corrupción'

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha hecho mención al problema de la corrupción como una de las cuestiones "que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad" durante su discurso en el Acto de Apertura de los Tribunales, en presencia del Rey, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y de las cúpulas de las carreras judicial y fiscal. Ha advertido que la Justicia queda en evidencia cuando no es capaz de dar respuesta "solvente y tempestiva" a este problema.

Se ha referido seguidamente a la crisis económica "severa y prolongada", que pone a prueba el entramado institucional.

   "Si grave resulta la depauperación de amplios estratos sociales, el incremento del paro, la dificultad para hacer frente al endeudamiento público y privado, y otros tantos fenómenos sintomáticos de la recesión que no acucia, no menos grave resultaría que el inevitable sentimiento de desánimo derivase en desafección de la cosa pública", ha manifestado.

    No obstante, y pese a la "sombría realidad", el fiscal general asegura que existe una ciudadanía consciente de que "es fuente de toda legitimidad política" y ello pese al "sentimiento de decepción que puede suscitar la conducta poco ejemplar de algunos de sus representantes".

   El fiscal general se ha referido a la corrupción en la Administración pero también a la corrupción privada y ha citado las causas surgidas en relación con las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras, casos que que calificó de complejos, "por lo que no admiten un tratamiento común".

   A su juicio, hay que discernir entre aquellos casos en que la ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión, mediante el empleo de artificios contables encaminados a camuflar la deficiente solvencia de la entidad, de aquellos otros en los que la ilicitud se concentró en la comercialización de títulos "mediante su colocacion entre grupos de clientes manifiestamente inidóneos" como discapacitados o personas "imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio".

   Torres-Dulce ha incluido en su discurso las cifras más destacadas de la Memoria de la Fiscalía del pasado año, como la del aumento en un 120,79 por ciento de los fraudes cometidos por autoridad o funcionario público y el incremento en un 23,85 por ciento de las calificaciones por delito de prevaricación administrativa; así como el descenso de las causas por malversación de caudales públicos en un 31,23 por ciento y por tráfico de influencias en un 22,37 por ciento.

Sentencias por corrupción

Las sentencias por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un 151% en los últimos tres años, según revela la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012.

   En el último trienio la incoación de causas por este tipo de delitos creció en un 17 por ciento con una clara preponderancia de la prevaricación administrativa, que supuso un 23 por ciento del total de delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año pasado.

   En todo caso, los máximos históricos de corrupción en la presentación de escritos del Ministerio Fiscal se registraron en 2011, año en el que se presentaron un total de 235 acusaciones. El delito más repetido fue el de malversación de caudales públicos que durante ese año representó un 40 por ciento del total seguido del de prevaricación administrativa, que alcanzó un 26 por ciento.

   Tras apuntar que la corrupción está vinculada a la etapa de la denominada "burbuja inmobiliaria", en la que "la sociedad en general y las administraciones públicas en particular disponían de una gran cantidad de recursos económicos", la Fiscalía advierte en su Memoria de los riesgos que puede afrontar la sociedad española si no se lleva a cabo "una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción".

   "Se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber", apunta la Memoria.

    En este sentido, el Ministerio Público advierte de que en un importante sector de la ciudadana ha calado "la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto, y que existe ideología en la respuesta judicial".

 "Desmontar este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de Justicia", señala.

   A su juicio, los delitos de corrupción constituyen "una de las formas más graves de delincuencia" porque "provocan el desvío de fondos públicos a fines privados" y suponen, además, "un ataque a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho.

   Según el Ministerio Público, el "incremento cuantitativo y cualitativo" que la corrupción ha experimentado en los últimos años contribuye a crear "un estado de opinión" y afecta al propio funcionamiento de la Administración de Justicia, "poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento".

   Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía propone reforzar la oficina fiscal, dotándola de "auténticas unidades de investigación criminal", potenciar las unidades de Policía Judicial y dotar de apoyo tecnológico a las investigaciones telemáticas.

Más de 500 ayuntamientos españoles, al borde de la bancarrota

MADRID.- Más de medio millar de ayuntamientos se asoman al avismo de la bancarrota, son los que han pedido el recate al Gobierno. Para sobrevivir se reinventan y tiran de cretatividad, y solicitan que a las arcas municipales se les exima de asumir competencias que no les corresponden. Al otro lado de la balanza, casi 3.500 ayuntamientos con beneficios.

Con 2.023.000 euros de deuda y sólo 250 habitantes, Aguilar de Segarra, en Barcelona, es, para sorpresa de sus vecinos, el segundo Ayuntamiento más endeudado de España. Pero según su consistorio, no necesitan ningún rescate. "El lunes pasado pagamos todas las facturas que habían entrado al ayuntamiento hasta ese día", señala el teniente alcalde, Pere Aliaguilla.

Porque a pesar de la crisis, este pueblo vio la luz con este huerto solar que deja en las arcas municpales entre 500.000 y 600.000 euros anuales.

El derroche ha llevado a 536 municipios a acogerse al plan urgente de rescate del Gobierno y a tirar de inventiva para cuadrar las cuentas.

A eso suma una bajada de un 80% en la factura de la luz con farolas de bajo consumo, y más de 1200 euros llevan ya ahorrados este año en la recogida de basura con el compostaje casero.

Los alcaldes creen que si las subvenciones fueran más flexibles tendrían menos problemas. Un cambio en la ley de financiación local daría un respiro a los 536 ayuntamientos al borde de la bancarrota.