MADRID.- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) insta a la defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano a interponer un recurso de inconstitucionalidad de aquí a tres meses contra el artículo 94 del texto refundido de la Ley de Aguas, porque reconoce a las comunidades la potestad de asumir competencias sobre las comisarías de aguas cuando así lo recogen sus respectivos estatutos de autonomía.
Así lo ha acordado por unanimidad la última junta general de FENACORE que fundamenta el recurso en que el Ejecutivo no ha acreditado la "extraordinaria y urgente necesidad" del Real Decreto por el que se ceden las competencias en materia de policía de dominio público hidráulico a Andalucía, Aragón y Cataluña, lo que, en su opinión, evidencia que se ha tratado de incorporar al ordenamiento acortando los plazos habituales del proceso ordinario de aprobación.
Para los regantes, el proceso de reforma acumula "una serie de irregularidades" que justifican que se declare nula la disposición final primera de esta ley. Entre estas "irregularidades" destaca que la modificación no ha sido llevada a consulta al Consejo Asesor de Medio Ambiente ni al Consejo Nacional del Agua, un organismo que debía haber emitido un informe preceptivo al respecto, tal y como marca la propia Ley de Aguas en el artículo 20.
Además, la federación aduce que la reforma vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos porque no se ha contado ni con los usuarios, ni con el resto de administraciones afectadas por la medida, como en el caso de Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Al mismo tiempo, añaden que vulnera también el artículo 8 del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información y participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.
Asimismo, denuncia que la reforma rompe los principios de unidad de cuenca y de unidad de gestión que establece la legislación de aguas e incumple la Directiva Marco de Aguas, que establece que la gestión y planificación del agua debe hacerse por cuencas hidrográficas y con participación de los interesados.
A este respecto, en la carta que han dirigido a la defensora le recuerdan que el dominio público hidráulico no es susceptible de transferencia ni delegación, tal y como se recoge en la Constitución, donde se establece que el Estado tiene "competencia exclusiva" sobre el control, inspección y vigilancia de las concesiones y explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas. Sobre este criterio, en la misiva añaden que este criterio está avalado por sendas sentencias del Tribunal Constitucional que devolvían al Estado Central las competencias que Andalucía y Castilla y León se habían arrogado sobre el Guadalquivir y Duero, respectivamente.
En todo caso, los regantes consideran que al margen de su inconstitucionalidad, la reforma es, sobre todo, "perjudicial para los usuarios porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos", por lo que advierten de que esta reforma generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos, sobre todo, en épocas de sequía.
Finalmente, extiende su petición de interponer recursos de inconstitucionalidad a los parlamentos autonómicos, y a un centenera de diputados y senadores.
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