El DOCM publica las leyes de supresión del Defensor del Pueblo y el CES

TOLEDO.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este viernes las leyes de supresión del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha (CES). Sendas normas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el DOCM tal y como acordaron los parlamentarios 'populares' y socialistas.

   El pasado 3 de noviembre el pleno de las Cortes aprobó las leyes de supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha y del CES con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, cumpliendo así una de las promesas electorales de la presidenta regional y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

   Con la ley de supresión del Defensor del Pueblo quedan suprimidos los puestos de trabajo adscritos a la Oficina del Defensor del Pueblo y sus bienes se mantendrán adscritos a las Cortes regionales en tanto se determina la afectación y adscripción definitiva de los mismos conforme a la normativa aplicable en materia de patrimonio.

   Asimismo la ley establece que con el objeto de garantizar los derechos de los ciudadanos y previa conformidad de los mismos, se remitirán al Defensor del Pueblo estatal las quejas que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la presente ley. A tal fin, la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha se hará cargo de los asuntos en trámite adoptando las decisiones que convengan.

   La ley establece que los funcionarios de carrera que en el momento de entrada en vigor de la presente ley estuvieran prestando sus servicios en el CES serán adscritos a la Administración regional en las condiciones establecidas en la normativa que a cada uno de ellos les resulte de aplicación. El resto del personal cesará el día de entrada en vigor de la Ley.

   Los bienes del organismo suprimido, y los adscritos para el cumplimiento de sus fines, se incorporarán al patrimonio de la Comunidad Autónoma, produciéndose la afectación y adscripción de los mismos conforme a la normativa aplicable en materia de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.