TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha está
estudiando con el Ejecutivo central que la iniciativa privada se haga
cargo de la ejecución y explotación de las depuradoras de la Comunidad
Autónoma, cuya situación actual "no es sostenible".
La consejera de Fomento,
Marta García de la Calzada, ha comentado que lo que se estudia con el
Ministerio de Medio Ambiente es "agrupar" los sistemas de depuración y
que sean gestionados desde el ámbito privado, para completar la
depuración "sin hundir a la Administración regional". El modelo podría
anunciarse "a final de año".
El hecho de que sean inversores privados --y no la
Administración regional-- los que realicen la inversión a través de
concesiones y otro tipo de colaboración permitiría que el sistema sea
"sostenible" y que se pueda "culminar" la construcción de las
depuradoras que debe tener la Comunidad Autónoma.
Actualmente, con unas 176 depuradoras en funcionamiento y 137
en construcción pero "paradas" debido a la falta de recursos financieros
para acometer las obras, la región tiene un sistema de depuración
"insuficiente e ineficiente" que incluso ha propiciado que la Comisión
Europea haya abierto un procedimiento informativo debido a la falta de
depuración de aguas residuales en varios municipios de Castilla-La
Mancha.
La Administración española presentará este plan a la Comisión
Europea a fin de conseguir que no se sancione a la Comunidad Autónoma
por este motivo y demostrar así que la región va a contar con un sistema
de depuración eficaz y sostenible.
El Ministerio "está tan interesado" como Castilla-La Mancha en
resolver este nuevo sistema que permitirá, según la titular de Fomento,
"dar tranquilidad a los ayuntamientos y tranquilidad financiera a esta
Administración para que no continúe un sistema que es insostenible", y
que se pretende "sea ampliable a todo el Estado".
De otro lado, y en relación al trasvase Tajo-Segura, Marta
García ha reconocido que el Ejecutivo autonómico no recurrió la última
derivación aprobada en enero por la Comisión de Explotación del Trasvase
--la primera del Gobierno de Mariano Rajoy-- al considerar que ese
acuerdo respetaba "escrupulosamente" las normas de explotación del
trasvase y no había por tanto "razón jurídica para impugnarlo en los
tribunales".
El Gobierno de María Dolores de Cospedal sí recurrió, en
cambio, el último trasvase aprobado por el Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero al considerar que las reglas de explotación, en ese
caso, no se cumplían con los acuerdos adoptados.
Dicho esto, ha advertido de que este Gobierno no va a
"utilizar la justicia y los recursos jurisdiccionales simplemente con
efectos partidistas" como "sí hizo el Gobierno socialista" anterior, que
llegó a interponer --desde el año 2007-- un total de 11 recursos
jurisdiccionales contra acuerdos de trasvase "perdiéndolos todos y
siendo condenados en costas por mala fe o temeridad".
En concreto, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de
Justicia han desestimado nueve de esos once recursos --en dos todavía no
se ha dictado sentencia--, lo que ha supuesto que la Junta tenga que
afrontar un pago por costas de 13.862 euros, ha añadido la consejera.
"Nosotros no vamos a utilizar los recursos jurisdiccionales
con esa finalidad propagandística, pero tampoco vamos a dejar de
defender los intereses de Castilla-La Mancha cuándo y cómo nos
corresponda", ha subrayado.
En relación a los planes de cuenca, que debían haber estado
finalizados en 2009, Marta García de la Calzada ha señalado que el
actual Ejecutivo central "se ha puesto a trabajar decididamente en
ellos", ya que hasta ahora había unos "un poco más avanzados" en su
tramitación, como el del Guadiana, el Guadalquivir y el Duero, y otros
como el del Júcar y el Segura "en un estado muy, muy inicial".
No obstante, García ha comentado que el Gobierno
castellano-manchego ha presentado un total de 92 alegaciones al borrador
del plan del cuenca del Guadiana, relacionadas en su mayoría con
aguas residuales, necesidades de abastecimiento y necesidades de agua
para regadío, y está a la espera de que la Confederación Hidrográfica
del Guadiana las "estudie".
"Nosotros hemos cogido el toro de la planificación", ha
remarcado, convencida de que el Gobierno central ha tomado los planes de
demarcación de cuenca "como elemento fundamental del puzzle o del
sistema que luego alumbrará el Plan Hidrológico Nacional".
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