MADRID.- Las comunidades autónomas podrán suprimir o
privatizar en parte o en su totalidad la gestión de las televisiones
autonómicas a partir de este viernes, con la entrada en vigor de la
reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual publicada hoy en
el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La reforma, que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo
en 2010, fue enviada a las Cortes por el Consejo de Ministros a finales
de abril y ha sido tramitada por el trámite de urgencia. Durante la
misma, los grupos de la oposición se han quejado de que la reforma
supone una invasión en las competencias autonómicas, mientras que el PP
ha negado este extremo y ha defendido la necesidad de la medida para
reducir la deuda de las autonomías.
La nueva ley permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué
hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este
servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una
empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener
déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".
Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y
Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma
del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el
Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus
televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen 'de
facto' algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas
privadas.
Durante su paso por el Senado, todos los grupos llegaron a un
acuerdo para incorporar al texto de la reforma una enmienda, a propuesta
del PSOE, para reincorporar al texto de la ley una mención expresa a la
prohibición de emitir en abierto pornografía y violencia gratuita que
se había retirado en el Congreso.
La enmienda vuelve a cambiar el artículo 7.2 de la Ley
Audiovisual, que ya modificó el Congreso, y establece que "está
prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar
seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en
particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de
pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita".
La prohibición expresa a la pornografía y la violencia
gratuita se quitó del texto, en virtud de una enmienda del PP, acordada
con el resto de grupos salvo ERC, para reforzar el control parental de
los contenidos televisivos. En este sentido, aunque se eliminó la
referencia expresa se mantuvo una prohibición genérica de emitir
"contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo
físico, mental o moral de los menores".
No obstante, tanto la Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia) como la
Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) entendieron que la
modificación podía implicar sanciones para España por parte de las
autoridades europeas y permitir que se interpretara que la pornografía y
la violencia gratuita estaba permitida en la televisión.
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas
de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que
supusieron un coste neto --con la compensación de los ingresos
publicitarios-- para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento
más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la
Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para la Unión de
Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).
Por su parte, el secretario general de la Federación de
Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Enrique Laucirica,
ha afirmado que las televisiones autonómicas suponen, de promedio,
exclusivamente el 0,5 por ciento de los presupuestos de las comunidades
autónomas.
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