A raíz del plante de varias Comunidades Autónomas a Montoro ayer en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, Palinuro subió una entrada
hablando de las típicas taifas españolas, prueba del carácter indómito
de la raza en pequeñas porciones. Respira algo de fatalismo y
resignación. ¿Para qué vamos a repetirnos? Aquí está, se titula Las nuevas taifas y en ella se habla también de nacionalismo. Quizá quepa ahora una consideración más amplia.
Cuando uno de los problemas principales de la angustiosa situación
española es la desconfianza en los mercados acerca de que el gobierno
pueda encarrilar las Comunidades Autónomas en sus objetivos de déficit,
obviamente lo peor que puede hacerse es alimentar dicha desconfianza con
encontronazos como el de ayer. Cataluña no compareció; Andalucía
abandonó la mesa; Asturias y Canarias votaron en contra de los planes de
Montoro. Teniendo en cuenta que estos afectan muy relativamente al País
Vasco y a Navarra, resulta que el gobierno, de hecho, no gobierna en
algunas de las partes más importantes del país, excluida la Comunidad de
Madrid.
Ese enfrentamiento es un error para los intereses colectivos y
seguramente se verá hoy en la prima de riesgo. Demuestra, además, que no
parece haber clara idea en España acerca de qué sean los "intereses
colectivos". Es fácil echar las culpas a las CCAA y en buena parte será
justo hacerlo. La última decisión de la Generalitat es casi una
provocación al gobierno central... en las espaldas de los sectores más
desfavorecidos de la población. Los otros contestatarios pueden tener
intenciones más o menos fundadas pero lo cierto es que no acatan la
voluntad del gobierno central. A su vez este tiene la mayor parte de
responsabilidad puesto que es quien planea los cambios, las medidas, las
restricciones, los sacrificios, era de esperar de él que los
consensuara en la medida de lo posible en lugar de pretender imponerlos
por las bravas. Pero es lo que el gobierno hace, fiado en su mayoría
absoluta. Lo hace continuamente. Se lo hace a algunos dirigentes
sociales, como los sindicatos o a los otros partidos políticos, con los
que no negocia nada, o las instituciones como el Parlamento, que puentea
sistemáticamente. Se le nota demasiado su animadversión a la
descentralización política y no la respeta. ¿No es Aguirre la primera
abanderada de una aspiración a revisar el modelo autonómico? En la neolengua conservadora revisar quiere decir reducir o eliminar.
Es decir: no son solamente los pertinaces e inquietos nacionalismos
llamados periféricos los que cuestionan la planta territorial de España y
no nos dejan vivir en paz con su reiterada petición de independencia.
También lo hace el nacionalismo español que pretende retrotraer el
modelo a una planta centralista. Así que reinos taifas, pero todos; el
gobierno central, también, pues actúa como uno de ellos, reuniendo a sus
mesnadas para obligar a las taifas infieles a pagar tributo y
sometimiento.
La situación es muy enrevesada y, de no tratarse de un asunto tan grave,
un poquito ridícula. Apenas es creíble que el gobierno central no pueda
actuar coordinadamente con sus regiones (naciones, nacionalidades, etc)
pero no hay duda de que esa impotencia tiene un precio muy alto en la
cotización exterior de España, de la que el Reino depende más que Arabia
del petróleo. Cualquiera exclamaría que la situación es absurda porque
los españoles tiramos piedras contra nuestro tejado. Muy bien, parece
que es una fijación nacional: antes de ponernos a hacer algo nos
aseguramos de que no estamos de acuerdo en nada.
Resulta desmoralizador recordar que hasta aquí hemos llegado por no
haber sabido dotarnos de unas instituciones adecuadas para canalizar los
conflictos que se dan en toda sociedad compleja y plural. El ejemplo
clásico, ya se sabe, y muy oportuno, es el Senado. La conciencia general
lo reputa inútil y la propia cámara así se considera a sí misma. Pero
¿por qué es inútil? Porque no supimos hacerlo bien. El Senado es una
segunda cámara legislativa que reproduce el Congreso pero supeditada a
él. Es decir, nada. Al ser el Congreso la cámara importante, los
partidos nacionalistas tratan de estar en ella, avisadamente, y
abandonan el Senado a su suerte, con lo cual se distorsiona la política
del Congreso y se anula de hecho el Senado. Si este fuera en realidad
una cámara representativa o delegada de las Comunidades Autónomas, en
lugar de ser una representación de las provincias, y si tuviera
competencias exclusivas en determinadas materias de interés de las CCAA
que prevalecieran sobre las del Congreso, el Senado sería una cámara
políticamente eficaz. En ella se dirimirían los asuntos de las CCAA como
tales. De ese modo entes como ese CPFF no tendrían razón de ser o
serían comisiones del Senado ya que las decisiones importantes para las
CCAA se tomarían en este. Y mucho manos admisibles serían esas
negociaciones bilaterales que muchos prefieren, en determinadas
circunstancias, para someter a chantaje al Estado o a la Comunidad
Autónoma, según quién necesite a quién.
En fin, todo esto son bienintencionadas especulaciones. El llamado
Estado autonómico seguirá siendo un ámbito de conflicto interno en
España; no de coordinación y mucho menos de colaboración. La culpa, en
el fondo, es de todos.
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED, Madrid
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