MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha aclarado que el
Ejecutivo no tiene "ninguna intención" de flexibilizar el objetivo de
déficit de las comunidades autónomas para el año que viene, una
reclamación de varias autonomías pero defendida especialmente por el
consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell.
En la rueda
de prensa ofrecida para hacer balance del año, Rajoy ha sido preguntado
por esta exigencia de que el déficit autonómico no tenga que reducirse
el año que viene al 0,7 por ciento, del 1,5 de 2012, especialmente si
Bruselas relaja el objetivo del Estado.
El presidente ha
explicado que "buena parte" de los problemas que hoy arrastra el país
tienen su origen en el gasto de las administraciones públicas por encima
de sus ingresos, hasta 90.000 millones de euros en 2011. Mantener esta
tendencia "lleva inevitablemente a cobrar, no puede llevar a otro
sitio", ha dicho.
Además de defender el cumplimiento del
déficit como principio político, como uno de los "grandes instrumentos"
de política económica, Mariano Rajoy ha subrayado el hecho de que ese
dinero que no se tiene, pero se gasta, "hay que pedirlo".
"Y la
situación en la que están los mercados aconseja ser prudente y no pedir
demasiado", ha respondido.
El presidente del Gobierno ha explicado también, preguntado al
respecto, que confía en "no tener que llegar" a la intervención de
ninguna autonomía, por incumplir los planes de ajuste aprobados que
deben conducir al objetivo de déficit. Ha aclarado sin embargo que las
previsiones de la ley de estabilidad presupuestaria, que abre la puerta a
esa intervención, se aplicarán tanto al Estado como los gobiernos
autonómicos.
Dicho todo esto, Rajoy ha reconocido el "gran
esfuerzo" de todas las administraciones para embridar el déficit y los
beneficios que tiene, porque además de pagar deudas, se comparte un
objetivo común de tener "cuentas públicas sostenibles". En esta línea
irá el nuevo Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2013, que volverá a
refinanciar deuda extranjera de las autonomías y les ayudará a pagar a
sus proveedores.
El presidente ha calificado en este punto como
un "objetivo capital" que las administraciones paguen sus facturas. El
plan de pago a proveedores de 2012, dedicado específicamente a ello,
sirvió para abonar 27.000 millones a impagados.
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