TOLEDO.- Los diputados de Castilla-La Mancha afectados
por la supresión de sus sueldos desde el 1 de enero de este año han
pasado estos primeros días de 2013 adaptándose a su nueva situación
económica e intentando compatibilizar su vida privada, su nueva vida
laboral y su dedicación política.
Algunos parlamentarios, que al final de este primer mes del año
han dejado de cobrar en la mayoría de los casos cerca de una tercera
parte del dinero que recibieron en el mes de diciembre del Parlamento
regional, han explicado los detalles y complejidades de
su nuevo estado coincidiendo con el inicio del periodo de sesiones en
las Cortes.
La medida promovida por el Gobierno regional no afecta ni a los
miembros de la Mesa de las Cortes, ni a los diputados que son miembros
del equipo de Gobierno ni a los portavoces de los grupos parlamentarios.
De esta manera, por parte del Grupo Parlamentario Popular, quedan
excluidos Vicente Tirado, Cesárea Arnedo e Inmaculada López como
miembros de la Mesa; el portavoz, Francisco Cañizares, así como los
miembros del Gobierno, María Dolores de Cospedal, Carmen Casero, Leandro
Esteban, Marcial Marín y María Luisa Soriano.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, quedan excluidos de
la supresión de sueldo los diputados Jesús Fernández Vaquero, como
vicepresidente segundo de la Mesa; Blanca Fernández, secretaria segunda
de la Mesa, y el portavoz, José Luis Martínez Guijarro. De esta manera,
la medida afecta a 16 de los 25 parlamentarios del PP y a 21 de los 24
parlamentarios socialistas.
Los parlamentarios pasaron de cobrar en diciembre un sueldo de
entre 2.200 y 3.500 euros a percibir una retribución fija de entre 800 y
1.000 euros en enero, cifra a la que en febrero sumarán 450 euros más
si asisten a los tres plenos previstos --incluido el del pasado jueves,
día 7-- y 150 euros por cada una de las comisiones en las que
participen.
Algunos de los miembros del Grupo Parlamentario Popular, como la
diputada María José Agudo, que se ha incorporado a mediados de enero
como técnico de Empleo en la Consejería de Empleo, ha reconocido que
desde ahora habrá que hacer "un sobreesfuerzo" para compatibilizar la
vida política con el trabajo y la vida familiar, lo que podría llegar a
suponer incluso "quitar días de vacaciones" para poder acudir a actos
públicos.
David Atienza, por su lado, concejal del PP en Alovera
(Guadalajara), no ve problemas a la hora de compatibilizar sus
responsabilidades ya que la Junta de Gobierno Local "está bien
organizada" y le permitirá atender todas sus responsabilidades. Atienza,
que no está liberado, trabajaba en una agencia de publicidad que cerró y
ahora está pensando volver a la actividad empresarial en el sector.
A su trabajo como abogado ha vuelto en enero el diputado 'popular'
José Luis Teruel, que todavía "está aterrizando" y que ve que el único
problema de su nueva situación es el de "cuadrar la agenda" entre sus
responsabilidades.
Beatriz Jiménez, por su lado, ha decidido no incorporarse a su
plaza de maestra "para no fastidiar" a la persona que la ocupa ahora, y
esperará a que comience el próximo curso escolar para solicitarla de
nuevo, así que, por el momento, se dedica en exclusiva a las Cortes,
situación que ve "bien".
Caso distinto es el del diputado del PP Juan Francisco Sánchez
Espinosa, único parlamentario --a excepción de los miembros de la Mesa y
los portavoces-- que no ha visto modificada su situación, ya que no
cobraba de las Cortes en diciembre sino de su profesión. Como médico, el
problema que se le planteaba antes y ahora es el de tener que recuperar
los días que dedica a su actividad parlamentaria.
El alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, que cobraba solo de las
Cortes, se incorporó el 8 de enero a su antiguo trabajo como profesor
en un centro concertado, aunque cobrará "un sueldo normalillo" de unos
mil euros. Latre ha buscado en todo momento acomodarse al centro pero
"buscar un sistema" que le permita "compatibilizar todo".
"Pocos" problemas de compatibilidad tiene Santiago Moreno, maestro
jubilado, que ahora se pasa "el día con el coche" de un lado a otro
manteniendo distintas reuniones y encuentros que requiere su actividad
política. Moreno solicitó en diciembre el cobro de su pensión por
jubilación, concedida en noviembre de 2011 por unos 1.800 euros, que
ahora sumará a las retribuciones de las Cortes.
Otro maestro que sí ha vuelto en enero a la escuela ha sido el
diputado José Molina, que ve "complicado", especialmente a partir de
este mes de febrero, compatibilizar su responsabilidad parlamentaria con
la profesional. "No estoy ni aquí ni allí. Cobras de dos sitios y al
final no se está en ninguno", ha lamentado, considerando su caso "un
despilfarro".
Adecuándose a su "nueva situación" está la parlamentaria del PSOE
Milagros Tolón, que daba clases en la Escuela de Adultos de Toledo, pero
ha visto cómo su plaza se suprimió y ahora está "viendo qué hacer",
aunque confiada en encontrar algo en la empresa privada.
María Yolanda Lozano es funcionaria que ha solicitado su
incorporación al Ministerio de Educación, y aunque no ha empezado a
trabajar ve difícil compatibilizar la vida laboral y la familiar, ya que
además de su puesto como empleada pública es concejal del Ayuntamiento
de Cuenca y diputada provincial --aunque por estos dos últimos cargos no
cobra--.
Sin problemas aunque "ya se verá" según transcurra el trabajo
parlamentario está la socialista Rosa Melchor, que desde el 8 de enero
ha vuelto a su trabajo como funcionaria en la Diputación de Ciudad Real.
Caso similar es el del abogado José Luis González, que no tiene
despacho y en principio se dedicará solo al Parlamento.
El único alcalde de la bancada socialista, Francisco López, primer
edil de Campillo de Altobuey, no ve dificutlades, y ni ha cobrado ni
piensa cobrar como alcalde porque se dedica a la agricultura y la
ganadería en una explotación familiar, algo que "ve compatible".
Quien tampoco tiene problemas ante esta nueva situación es Antonio
Salinas, que ha vuelto a su puesto de funcionario en la Delegación de
Agricultura de Ciudad Real. Por su parte, María del Carmen Rodrigo,
funcionaria interina que ha vuelto a solicitar su puesto en el
Ayuntamiento de Cuenca y está a la espera de que la llamen, cree que "lo
peor" va a ser compatibilizar el tiempo que se dedica a la familia con
las reuniones con distintas asociaciones.
El parlamentario y politólogo Fernando Mora, que se ha
reincorporado a su puesto en la Ejecutiva Federal del PSOE, y ve
"dificultades" en su nueva situación, especialmente "porque cuando
termina la jornada laboral empieza la política".
También "complicada" ve la situación la diputada del PSOE y
taewkondista Sonia Reyes, que compatibilizará su labor parlamentaria con
su trabajo en un gimnasio familiar y dando clases particulares. Reyes
ha destacado las "dificultades" que supone empezar su trabajo "a mitad
de curso" cuando ya los alumnos están "colocados", y las que tendrá que
asumir "para no anular horas" cuando empiece la actividad en las Cortes.
Caso curioso es el de Matilde Valentín, funcionaria desde 1979 en
el Ayuntamiento de Balazote del que es alcalde su marido, lo
cual, aunque no presenta "incompatibilidades", ha hecho que la
parlamentaria del PSOE, además de solicitar un mes sin sueldo "por ética
y estética", haya pedido una comisión de servicio en la misma categoría
en la Administración General del Estado o la Junta para "evitar que se
ponga en duda" su profesionalidad.
José Manuel Caballero, que ahora solo cobra de las Cortes, va a
proponer que en la próxima Ejecutiva Provincial del PSOE en Ciudad Real
--donde es presidente provincial-- se estudie la situación de los
parlamentarios sin actividad, que en esta provincia son él y Josefa
Ruiz, actualmente de baja por enfermedad.
