MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha
solicitado a la actual dirección de Caja Castilla La Mancha (CCM) que le
remita las actas de la reuniones de la Comisión Ejecutiva en la que se
aprobaron una veintena de préstamos y operaciones crediticias
presuntamente irregulares que, según un informe pericial del Banco de
España, pudieron causar en la entidad un agujero de 267 millones de
euros.
Así consta en un auto dictado este miércoles por el titular del
Juzgado Central de Instrucción nº 5, que reactiva de esta forma la
causa judicial que abrió en diciembre de 2010 contra el expresidente de
Caja Castilla La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el
exdirector general de la entidad, Ildefonso Ortega, por los delitos
de administración desleal, estafa y falsedad contable.
El magistrado, que ha dictado esta diligencia a petición de la
Fiscalía Anticorrupción, solicita información sobre los créditos que la
entidad concedió en 2007 y 2008 a las sociedades Luis
Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera),
T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro
Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar
Proyectos.
Todas ellas, según el informe elaborado por los peritos
inspectores de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España Eugenio
Alejandre y José Luis Margareto, podrían ser "contrarias a la normativa
bancaria y mercantil", por lo que su aprobación podría haber causado un
"perjuicio" a la entidad financiera.
Los créditos de mayor importe que investiga el juez son los que
concedió el 26 de julio de 2007 a la sociedad Zent Inversiones, por
valor de 60 millones de euros, y los que se aprobaron el 4 y el 20 de
diciembre de ese año, respectivamente, al empresario Antonio Fernández
Barco y el Grupo de Negocios Urbaja, por sendos importes de 50 millones
de euros.
El informe pericial del Banco de España remitió en noviembre
pasado al juez instructor un informe en el que se detallaban una
veintena de operaciones irregulares realizadas antes de la intervención,
que causaron un perjuicio a la entidad de 267 millones de euros. No
obstante, los dos exdirectivos imputados no se enriquecieron
personalmente durante su gestión, según un informe de la Fiscalía que
fue presentado al juez en noviembre de 2011.
Ruz, que comenzó a investigar estos hechos tras admitir a trámite
una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en
representación del PP, considera que el rescate evidenció "de forma
palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados
para la economía nacional y la seguridad mercantil", así como la
existencia de suficientes indicios de un presunto delito defraudatorio
contra una "generalidad de personas" afectadas por el "perjuicio
patrimonial", como son "los depositantes y los acreedores" de la caja de
ahorros.
El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una
reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la
primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros.
Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España
por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.
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