TOLEDO.- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
va a interponer una demanda por vulneración del derecho al honor de la
presidenta regional, María Dolores de Cospedal, contra la organización
ecologista Greenpeace "por vincular, en el documento titulado 'Amnistía a
la destrucción', aspectos de su intimidad personal con una supuesta red
de intereses que habría influido en la redacción de la reforma de ley
de costas, impulsada por el Ministerio de Agricultura".
Tal implicación y participación de la presidenta de Castilla-La
Mancha en la supuesta red "son absolutamente falsas, entre otras cosas
porque resulta obvio que la presidenta de una Comunidad Autónoma que
carece de costa no puede tener interés alguno en el desarrollo normativo
de una ley que se refiere al litoral español", ha informado la Junta en
nota de prensa.
Asimismo, el Gobierno regional señala que pretender que existen
otro tipo de intereses personales de la propia presidenta o de su
entorno en la modificación de dicha norma "vulnera de manera intolerable
la dignidad y la ética de cualquier gobernante público".
Los servicios jurídicos de la Junta van a interponer esta demanda
contra Greenpeace porque además de la "falsedad" de las supuestas
conexiones de Cospedal con la modificación de dicha normativa, "éstas
han sido recogidas por diferentes medios de comunicación", añade.
"Esa difusión ha aumentado los perjuicios contra su persona",
indica el Gobierno regional, que añade que, por esta razón, la
presidenta regional ha ejercido su derecho de rectificación en dichos
medios.
En esta petición de rectificación a los medios, Cospedal les ha
advertido de que si perseveran en la publicación de esas informaciones
que atentan contra su honor también serán objeto de la interposición de
la pertinente demanda.
Asimismo, la Junta "niega tajantemente" que se haya utilizado
dinero o medios públicos para el ejercicio del derecho de rectificación
del entorno familiar de Cospedal.
"Intentar degradar la imagen de una representante de los
ciudadanos, atacando a su familia o difundiendo informaciones falsas
sobre su participación en presuntas redes clientelares y de influencias
resulta intolerable. Por este motivo, la presidenta de la Junta ha
decidido recurrir al amparo de los tribunales de justicia", ha
concluido.
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