ALBACETE.- El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha (TSJCM) ha anulado el Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) que presentó la Empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La
Mancha (Geacam) y que afectaba a 75 trabajadores de Asistencias
Técnicas y de Estructuras de Incendio, que tendrán que ser readmitidos.
Así se contempla en la sentencia, que resuelve la demanda por despido colectivo que tanto CCOO
como UGT presentaron el pasado mes de agosto y en la que el alto
tribunal determina que en el proceso negociador de ese ERE intervino una
representación por "completo extraña" al ámbito de trabajadores
afectados por las medidas regulativas.
El texto asegura que la interlocución social en el seno del
proceso negociador se asumió exclusivamente por el Comité Intercentros,
tal y como está previsto en el III Convenio Colectivo para el personal
del empresas adjudicatarias de los servicios contra incendios
forestales.
De los 13 miembros de dicho Comité Intercentros, dos correspondían
a representantes elegidos por el persona de Estructura y 11 a los
elegidos por el personal de extinción.
Aunque el tribunal admite que el Comité Intercentros tiene
facultades para intervenir en el proceso porque tiene representatividad
para ello, puntualiza que al integrarse en un único órgano de
presentación legal de los trabajadores queda condicionada su capacidad
de expresión y, aun más, "cegada o anulada" su capacidad de decisión.
Y es que considera que queda "absorbida o confundida en la
decisión mayoritaria de un órgano que representa en realidad a un grupo
distinto de trabajadores, que no solo puede tener intereses distintos,
sino contradictorios, con los que quedan en minoría".
Por ello el TSJCM dictamina que el proceso negociador no se ha
producido con las condiciones de "efectividad, participación y
transparencia exigidas" y que por ello no puede amparar el conjunto del
proceso y la decisión finalmente adoptada por la empresa.
Los 75 trabajadores afectados han ido acogiéndose progresivamente a
las medidas previstas y, a la fecha del juicio, 53 habían optado por
bajas indemnizadas y 20 por el mecanismo de recolocación, habiendo sido
recolocados 12 y estando pendientes de ello ocho, según reza en la
sentencia
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