TOLEDO.- Un total de 232 entidades locales, 15 de ellas
de Castilla-La Mancha, se han sumado al Fondo Social de Vivienda, a 28
de marzo de 2012, según ha informado la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). Entre los quince
ayuntamientos castellano-manchegos que han suscrito esta iniciativa se
encuentran los de Ciudad Real, Toledo, San Clemente (Cuenca) y Carranque
(Toledo).
Cataluña, con 57 ayuntamientos, Comunidad Valenciana con 39,
Madrid, con 29 y Andalucía con 19, son las autonomías que cuentan con un
mayor número de municipios adheridos hasta la fecha.
La FEMP suscribió el pasado 17 de enero con varios Ministerios, el
Banco de España, entidades financieras y la plataforma del Tercer
Sector, para facilitar el acceso a viviendas a las personas afectadas
por desahucios.
Los servicios sociales de Ayuntamientos y Diputaciones adheridos
son los encargados de emitir, a petición de la entidad de crédito, un
informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la
vivienda, con el objetivo de priorizar la adjudicación de viviendas
entre los demandantes.
En total, la población representada por todas las Entidades
Locales apuntadas al Fondo se acerca a los 16 millones de habitantes.
Según los datos de que dispone la FEMP, ya hay otra treintena de
municipios que han anunciado su incorporación a esta iniciativa, a la
espera de que lo aprueben los plenos de sus respectivos Ayuntamientos.
El fondo cuenta con un total de 5.891 viviendas destinadas al
alquiler, aportadas por 33 entidades financieras y repartidas en unos
900 municipios de toda España. A estos alojamientos pueden acceder
personas desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de
2008 y que se encuentren en situación de especial de vulnerabilidad
social.
El mayor número municipios adheridos hasta la fecha están ubicados
en Cataluña (57), la Comunidad Valenciana (39), Madrid (29) y Andalucía
(19). Entre ellas figuran capitales de provincia como Granada, Málaga,
Huesca, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Burgos, León,
Salamanca, Soria, Valladolid, Ciudad Real, Toledo, Barcelona, Tarragona,
Alicante, La Coruña, Palma de Mallorca y Madrid.
También figuran grandes municipios como El Ejido, Gijón,
Hospitalet, Santa Coloma, Reus, Alcoy, Benidorm, Elche, Santiago de
Compostela, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Irún o
Molina de Segura, entre otros; además de las Diputaciones Provinciales
de Soria y Ourense.
No todas las Entidades Locales apuntadas corresponden a municipios
de gran tamaño poblacional, también los hay medianos o pequeños, como
Bornos (Cádiz), Vélez Málaga, Jaca (Huesca), Velilla de Ebro (Zaragoza),
Tacoronte (Tenerife), Villanueva de Duero (Valladolid), Benavente
(Zamora), San Clemente (Cuenca), Carranque (Toledo), Salt (Girona),
Masquefa (Barcelona), Sant Mateu (Castellón), Silla (Valencia), Curtis ( La Coruña), Uruñuela (La Rioja), Loeches (Madrid), Barañain (Navarra) o
Archena (Murcia), entre otros muchos.
Las Entidades Locales tienen que aprobar su adhesión en el Pleno
de la Corporación o de la Junta de Gobierno Local, que se formaliza con
la suscripción por el Alcalde/Presidente del protocolo que figura en el
Anexo del Convenio. Dicho protocolo se envía a la FEMP, que se encarga
de trasladarlo a la Comisión encargada de la coordinación y seguimiento
de las actuaciones contempladas en el acuerdo.
Precisamente, mañana jueves se reúne dicha Comisión para evaluar
los avances que se han producido desde que se firmara el Convenio.
La Federación destaca que los servicios sociales municipales de los
Ayuntamientos o Diputaciones "adquieren un especial protagonismo en el
proceso de adjudicación de las viviendas puesto que son los responsables
de valorar la situación y el riesgo social de los solicitantes".
El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha destacado este
hecho, por tratarse de la misión "más social" del procedimiento
previsto. Asimismo, anima a los municipios a seguir adhiriéndose a este
Convenio para, de esta forma, participar de manera activa y contribuir a
paliar el drama que sufren muchas familias desalojadas de sus
viviendas.
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