También han constatado que ha crecido exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. Mientras que en el análisis que realizaron en base a los casos que tuvieron lugar entre 2019 y 2020 el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los dos años, en el estudio actual, que se centra en los años 2021-2022, solo el 23,5% lo ha hecho en ese mismo intervalo.
Hay víctimas que continúan teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta tres veces en policía, fiscalía y juzgado. Según Save The Children, «solo en el 24,9% de los casos consta que se ha utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones».
Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes.
«Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así», señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children.
Este informe arroja más datos: en el 68,6% de los casos de abuso sexual estudiados hay una sola víctima, aunque en algunos llega a haber hasta siete. Además, en el 8% de los casos analizados se menciona que la víctima tiene algún tipo de discapacidad, aunque no se especifica más.
Sin embargo, en 28,9% de los casos no consta nada al respecto y en el 67,3% se confirma que se trata de víctimas sin discapacidad.
Como se ha mencionado anteriormente, de las sentencias estudiadas se desprende que en relación a la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales se mantiene la misma tendencia, alrededor de los 11 años.
«En el periodo 2021-2022 un 50,6% de los abusos se produjeron entre los 10 y los 14 años, mientras que entre 2019-2020 veíamos que el 44,7% de casos comenzaban entre los 13-16 años», apuntan desde la ONG.
Eso sí, existen notables diferencias de género en cuanto a los menores agredidos, según el informe: entre los 5-9 años de edad y desde los 15 años, las niñas representan más del 80% de los casos de abuso sexual infantil.
En cuanto al perfil de los abusadores, en ocho de cada diez casos el agresor es un conocido o conocida, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas. Entre los espacios más comunes del grupo de personas conocidas sigue destacando el entorno familiar, aunque esta cifra desciende, incrementándose otros agresores del entorno conocido que no son familia.
Este perfil de entorno conocido puede incluir amigos o conocidos de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, la pareja de la propia víctima, etc. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre y el padre.
Además, en casi siete de cada diez casos (67,2%) se trata de agresores o agresoras sin antecedentes, aunque se evidencia un incremento en el número de personas agresoras con antecedentes del 8,6% con respecto al periodo 2019-2020. Desde Save The Children destacan de igual modo que solo en el 4% de los casos los antecedentes eran por delitos contra la libertad sexual
Otro de los temas más preocupantes es el proceso judicial al que son sometidos los menores y las medidas cautelares contra los supuestos agresores.
Así, en el informe de esta ONG dicen que «a pesar de que en cerca de la mitad de las sentencias no hay ningún tipo de información sobre estas medidas, comprobamos que en el 12,8% de ellos no se ha aplicado casi ninguna, y la más utilizada cuando se aplica (en un 24,1% de los casos) es la prisión provisional sola o en conjunto con otras medidas.
En el periodo anterior, la más aplicada era la orden de alejamiento».
También subrayan que en el 88,3% de los casos hay condena. «De las 56 absoluciones analizadas, 38 fueron por falta de pruebas. En el 39,3% de los casos la pena principal impuesta es prisión de 2 a 5 años y las penas de prisión de más de cinco años representan el 36,6%, mientras que las de menos de 2 años, el 13,2%».
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