La crisis de los interinos dinamita los primeros presupuestos de Sánchez

MADRID.- Los primeros presupuestos con los que trabajará Pedro Sánchez están amenazados por la nueva crisis de los interinos, que podría afectar a más de 300.000 trabajadores en toda España. Las oposiciones masivas que se harán públicas la próxima semana dejarán en la calle a un enorme número de trabajadores interinos que no podrán aprobarlas, según concluye www.economiadigital.es

Muchos de los interinos cuentan con más de tres años en sus puestos de trabajo, lo que excede el máximo fijado por ley. Ahora, un tribunal de Madrid ha dado la razón a un trabajador interino que reclamaba a la Comunidad de Madrid una indemnización por despido.

El juzgado de lo social de Madrid número 33 elevó el caso al Tribunal de Justicia Europeo, que ha determinado que no todos los interinos tienen derecho a ser equiparados a un puesto fijo, pero dejó en manos de los jueces españoles determinar si los interinos deben ser indemnizados si se quedan sin trabajo porque otro aspirante ganó una plaza por una oferta de empleo público.

Y el tribunal madrileño ha dado la razón al trabajador en cuanto a su indemnización. Considera que, después de haber desempeñado un puesto de trabajo durante más de tres años (el máximo legal para este tipo de plazas) tiene derecho a una indemnización, que, en este caso, ha sido fijada en algo más de 10.000 euros.

Indemnizaciones sin presupuestos

La sentencia sienta un precedente de máxima importancia (o gravedad) para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tribunales comienzan a cuestionar el acuerdo al que llegó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos, que pactaron que los trabajadores interinos que pierdan sus puestos porque no pueden aprobar las oposiciones, no tienen derecho a ningún tipo de indemnización. 

Por tanto, el ejecutivo anterior no tiene previsto en los presupuestos la indemnización para unos 350.000 trabajadores afectados que podrían quedar en el paro en breve.

El nuevo ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, ha explicado a Economía Digital que su intención es pagar a todos los trabajadores que ganen en los tribunales la indemnización que Montoro y los sindicatos no le habían reconocido. El ministerio asegura que el Estado cumplirá con todas las obligaciones exigidas por sentencias adversas, aunque en este caso pueden resultar mil millonarias.

“Nos parece una irresponsabilidad que el gobierno anterior no haya incluido partidas presupuestarias para estos casos, pero también nos parece que han tenido muy poca sensibilidad con trabajadores con más de 50 años que si no logran aprobar las oposiciones, quedarán en el paro con muy pocas posibilidades de reinserción”, explica Miguel Ángel Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas, agrupación que criticó el pacto entre Montoro y los sindicatos.

El gobierno de Mariano Rajoy evitó la convocatoria de ofertas públicas de empleo durante los años de crisis por las restricciones presupuestarias. Este año, se esperan las mayores oposiciones de los últimos años tanto en los ayuntamientos y comunidades autónomas como en el gobierno central.

Hacienda se prepara para una batalla legal con miles de interinos que temen por su plaza

MADRID.- El Ministerio de Hacienda se prepara para una batalla legal a cuenta del proceso de estabilización de 350.000 plazas interinas y temporales en el conjunto de la Administración. Estos trabajadores se enfrentarán en los próximos cinco años a un proceso de oposiciones para poder consolidar su plaza y puede que en ese tránsito la acaben perdiendo tras años en el puesto, según www.elindependiente.com.

El sentir generalizado es que esa experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en el proceso de selección en lugar de tener que pelear por el puesto como uno más, junto a candidatos que optan por primera vez al puesto.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT trataron de negociar unas condiciones de acceso a las plazas favorables para aquellos que ya estuvieran ocupandolas como interinos y temporales. Incluso, en el caso de la Educación, se llegó a hablar de hacer excepciones para aquellos trabajadores interinos de más de 55 años. Sin embargo, aseguran que se toparon con varias sentencias judiciales que les cerraron las puertas y dieron por perdida esta posibilidad.

Ahora, miles de interinos se están organizando y están acudiendo a despachos de abogados para recurrir los términos en los que se va a realizar esta transición. Algunos de ellos argumentan que el Estatuto Básico del Empleado público recoge que “sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Insisten, por tanto, en que poder se puede.

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se mostraba resignada el pasado martes, tras comparecer en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ante la oleada de recursos que se avecina, más aún que el acuerdo alcanzado en marzo de 2017 con los sindicatos empieza a moverse y ya se han convocado oposiciones para 129.000 plazas de las alrededor de 350.000 previstas, sumando las alrededor de 250.000 acordada en marzo de 2017 y la ampliación del ámbito de estabilización recogido en el acuerdo de empleo trianual para los funcionarios.

También lo insinuaba poco antes en respuesta a la oposición. Admitía que “la plataforma de interinos que se ha constituido tanto en Valencia, en toda la franja de Levante, como en Andalucía, está cobrando fuerza”. 

“Hay ya miles de personas que se están poniendo en manos de despachos de abogados y que entienden que por los años que llevan trabajando en la Administración pública tienen que tener un proceso diferente, un proceso que no respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, añadía.

Collado se refería a la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), una organización igualmente denostada por CCOO y UGT, que lleva alrededor de un año sumando apoyos para revocar el acuerdo entre los sindicatos y la Administración por considerarlo, de facto, un ERE en el sector público en tanto que no garantiza el puesto a sus actuales ‘dueños’.

El último paso que ha dado esta organización es la presentación el pasado 9 de abril de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para revocar los acuerdos entre sindicatos y Gobierno, aunque esta iniciativa está pendiente de aprobación parlamentaria para abrir en ese momento el plazo de 9 meses para recabar las 500.00 firmas preceptivas. ANIL ha llevado estas reivindicaciones también hasta el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, aún sin contar con una repercusión firme.

“Nuestra posición ahí, con franqueza, es que los interinos tienen una gran oportunidad”, señaló el pasado martes Collado, para añadir a renglón seguido que “en la Función Pública se ingresa como se ingresa”.

“A nosotros nos duelen las situaciones personales que podamos provocar, pero ¿qué hacíamos? No había otra solución, no se puede trabajar en un país con 350 000 interinos y temporales de otras vinculaciones. No debemos parar este proceso y no deberíamos judicializarlo. Yo creo que la gran mayoría de estos interinos que ven peligrar su puesto de trabajo, con un poco de esfuerzo y tirando de su experiencia, conseguirán sacar una plaza fija y adquirir la condición de funcionarios de carrera”, añadió.

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.

Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).

En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.

En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).

Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).

Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.

Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.

Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

La FEMP pide a las CCAA que apliquen los criterios de ahorro para los ayuntamientos

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha reclamado este martes que las Comunidades Autónomas asuman el "mismo grado de compromiso" que establecerá la reforma local para los Ayuntamientos y que, de este modo, las administraciones autonómicas se apliquen los mismo criterios de eficiencia y ahorro que fijará la nueva norma para las entidades locales.

   "En este documento hay compromisos muy fuertes. Entendemos que este camino no puede abordarse en solitario", ha manifestado durante una rueda de prensa en la sede del FEMP, en la que ha matizado que las CCAA debería "actuar con la misma contundencia y responsabilidad" que los Ayuntamientos y aplicar en sus administraciones algunas de las medidas que establecerá la reforma de la ley de bases de régimen local.

   En este sentido, De la Serna ha señalado que al igual que harán los Ayuntamientos cuando termine el trámite de la ley y entre en vigor, las Comunidades deberían establecer límites en el número de cargos eventuales, de diputados con dedicación exclusiva y en las retribuciones salariales de los dirigentes y trabajadores de la administración, así como mejorar la eficiencia de los servicios que presten y de las empresas públicas encargadas de proporcionarlos.

   Por otra parte, De la Serna ha alabado que el informe aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros confirma que se trata de la "reforma más profunda de la Administración Local desde el inicio de la Democracia" y que el avance que se ha conseguido desde el documento presentado en junio es "muy significativo". 

"Tenemos que hacer una valoración muy positiva de lo fundamental de la ley", ha señalado.

La Junta dejó de pagar 5 millones al Ayuntamiento de Albacete en 2012

ALBACETE.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Martínez, ha denunciado que el Gobierno regional dejó sin pagar, con cargo al ejercicio presupuestario de 2012, más de 5,2 millones de euros al Ayuntamiento de Albacete.

   Según ha informado en nota de prensa el partido, Martínez ha precisado que de los 5.618.863 euros consignados en las cuentas municipales del pasado año con cargo a la Junta de Comunidades la Administración autonómica "sólo" abonó 360.193 euros, es decir, "sólo" respondió con el 6,41% de la cuantía total.

   "Si ya es preocupante que el Gobierno de María Dolores Cospedal incumpla reiteradamente con su obligaciones con el Ayuntamiento de la capital con mayor población de Castilla-La Mancha, aún es más grave que nuestra alcaldesa siga esquivando su responsabilidad de dirigirse a la presidenta de la Comunidad Autónoma y de su Partido para exigirle que cumpla con sus obligaciones con la ciudad de Albacete", ha condenado.

    Martínez ha detallado que de esos 5,6 millones de euros que el Ayuntamiento tenía consignados en su Presupuestos de 2012 con cargo a la Junta de Comunidades, 1,5 se correspondían con la partida del Fondo Regional de Cooperación, de la que no se ingresó ni un solo euro; como tampoco se ingresó cantidad alguna de los 2,9 millones previstos para el Plan Concertado de Servicios Sociales.

   El Gobierno regional no ha abonado el programa de Educación de Adultos de la pedanía del Salobral, que tenía consignados algo más de 7.000 euros; ni llegó partida alguna de los más de 480.000 previstos para Comedores Escolares; o de los 50.000 contemplados para Consumo y los casi 200.000 euros del Programa para combatir la drogodependencia.

   Según el edil socialista, la Junta sí ingresó 3.135 euros de los casi 500.000 que tenía que haber abonado para la Escuela Taller municipal y que, prácticamente, la única partida municipal que financió la Junta fue la del Centro Municipal de la Mujer y la Casa de Acogida, que recibió 328.000 euros en 2012, una cantidad "notablemente inferior" a la presupuestada en ejercicios anteriores.

Las administraciones públicas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".

   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.

   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".

    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.

   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.

   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.

   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.

   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".

   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.

   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.

   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.

C-LM pagará a proveedores que ofrezcan compras centralizadas a las administraciones públicas

TOLEDO.- Castilla-La Mancha se ha adherido al sistema de garantía de pago a proveedores que participen en compras centralizadas, que permitirá a partir del 2013 el cobro a las empresas suministradoras en el plazo legal establecido, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quien ha llevado al Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Ana Mato, las dos primeras licitaciones para las compras centralizadas de medicamentos y productos sanitarios.

   "Entre los objetivos de la licitación centralizada está la obtención de mejores precios en la adquisición de productos", admite Sanidad, que establece que no haya un proveedor único para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

   El acuerdo, que también garantiza la estabilidad de los contratos hasta tres años, "persigue mantener la calidad y unificar los criterios técnicos que deben cumplir los productos en las comunidades autónomas adheridas, voluntariamente, al proceso, así como dotar de mayor transparencia a los contratos derivados del Acuerdo Marco".

   En la licitación centralizada sólo se realiza una selección de proveedores y el objetivo es que, si hay licitadores suficientes por lote, se seleccionen al menos cuatro proveedores. Después, será cada Servicio de Salud el que, en sus contratos derivados fije el o los proveedores para su Comunidad Autónoma

   En concreto, se han adherido a estas licitaciones 15 Servicios de Salud: el INGESA y los de las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, la Rioja y la Comunidad Valenciana. Asimismo, participan el Ministerio de Defensa y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.

   La primera compra centralizada incluye dos tipos de medicamentos, las epoetinas y los anti TNF, y tres productos sanitarios: guantes quirúrgicos, tiras reactivas de glucosa y material de incontinencia. Esta afecta a 14 Comunidades Autónomas, el INGESA (dependiente de Sanidad y responsable de la gestión sanitaria en Ceuta y Melilla) y los Ministerios de Defensa y del Interior.

   En este primer acuerdo se reportará un ahorro estimado de 80 millones de euros, que sumados a los acuerdos ya aprobados este año para la compra de vacunas de la gripe y vacunas del calendario infantil, el ahorro inicial es superior a los 117 millones de euros.

   En concreto, se han aprobado la licitaciones de los medicamentos por un valor superior a los 500 millones de euros, y la de productos sanitarios por un valor cercano a los 100 millones.

   La duración de los acuerdos será de dos años prorrogable por un año más, y Sanidad recuerda que la articulación de esta agrupación de adquisiciones se efectúa mediante la adopción de un Acuerdo Marco centralizado de selección de precio y suministradores.

   Las licitaciones aprobadas este viernes suponen el cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que contempla el fomento de actuaciones conjuntas de los servicios de salud en las adquisiciones que sean susceptibles de un mecanismo de compra conjunta y centralizada.

   Sanidad informa que la epoetinas está indicadas para la anemia asociada a la insuficiencia renal y para la anemia en pacientes en quimioterapia; mientras que los anticuerpos monoclonales anti TNF son medicamentos inmunosupresores indicados para las enfermedades autoinmunes y para cuadros inflamatorios crónicos, como la artritis reumatoide y las enfermedades inflamatorias intestinales.

Según Cospedal, la Junta ha pagado "hace unos días" 30 millones a los Ayuntamientos

TOLEDO.- La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que el Gobierno que preside ha pagado "hace unos días" un total de 30 millones de euros pertenecientes a la deuda que la Junta de Comunidades tiene con los ayuntamientos de la región.

   En una entrevista en la cadena SER, Cospedal ha señalado que este pago se ha llevado a cabo "sin discriminar a ningún color político", y ha añadido que la deuda con los consistorio de la Comunidad Autónoma se va pagando "poco a poco".

   Cospedal ha aclarado que su Gobierno está pagando lo que ha conveniado con los ayuntamientos desde que el PP llegó al Gobierno y ha garantizado que el Ejecutivo irá pagando. "No se nos puede pedir que paguemos todo de golpe cuando la situación que recibimos era de mucha deuda pendiente", ha afirmado.

   Sobre la situación económica de la Comunidad Autónoma, Cospedal ha manifestado que el Gobierno que preside ha sentado las bases para recuperar el crecimiento económico, que ha esperado que "poco a poco" vaya viniendo en 2013.

   En este sentido, ha asegurado que cree que el paro "tiene un tope" y espera que se vaya rebajando. "Cuando uno viene de un gasto desbocado y tiene que hacer un frenazo por necesidad, hace que la situación sea muy dramática en unos primeros momentos y luego se vaya recuperando poco a poco", ha agregado.

   Así, ha insistido en que la creación de empleo es "el objetivo número uno" de su Gobierno y se ha mostrado convencida de que en esta legislatura se va a llevar a cabo, "pero no se puede hacer desde el principio cuando uno se ha encontrado con una cosa muy distinta a lo que nos habían dicho", ha añadido.

   En cuanto a los objetivo del déficit para Castilla-La Mancha durante este año, Cospedal ha afirmado que con los datos con los que dispone el Ejecutivo castellano-manchego a día de hoy se puede afirmar que sí que se cumplirá con el 1,5 por ciento del PIB.

   "El esfuerzo de rebajar el déficit en seis puntos ha sido titánico, pero con los datos que tenemos hoy, a menos que pase una circunstancia muy grave, lo lógico es que Castilla-La Mancha cumpla", ha argumentado.

   Preguntada por si al cumplir con este objetivo se relajarán los recortes, la presidenta regional ha afirmado que su Gobierno ha   hecho "todo lo que tenía que hacer" para "enderezar la situación".

   La jefa del Ejecutivo autonómico ha señalado que "todos los ajustes que había que hacer en Castilla-La Mancha ya se han hecho", al tiempo que ha esperado que el año que viene "no haya que hacer nada más".

   Finalmente, Cospedal --que ha dicho que pasará las navidades con su familia en Albacete-- ha manifestado que en la carta que ha escrito a los Reyes Magos pedirá para Castilla-La Mancha "que nos traiga en 2013 un año mejor que el pasado y que podamos ver la senda del crecimiento y la recuperación de empleo".

41 alcaldes socialistas de Albacete reclaman 16 millones a la Junta de Comunidades

TOLEDO.- Un total de 41 alcaldes socialistas de la provincia de Albacete han reclamado mediante escritos en la Consejería de Administraciones Públicas la deuda de más de 16 millones de euros que mantiene el Gobierno regional con estos consistorios y mancomunidades de la provincia.

   El secretario general del PSOE en Albacete, Manuel González, ha indicado en declaraciones a los medios que a cuarenta de estos ayuntamientos sólo se les ha pagado entre el 2 y el 5 por ciento.

   Sólo al Ayuntamiento de Villatolla se le ha abonado "gran parte" de la cantidad que se le adeuda, aunque era una de las cuantías más pequeñas que se debía a los consistorios, según han informado fuentes socialistas.  

   González ha pedido a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, que "dé los datos con luz y taquígrafos" del dinero que se les debe a los consistorios socialistas y que "no discrimine a estos pueblos albaceteños por estar gobernados por el PSOE".

   En este sentido, ha negado que a estos consistorios ya se les haya pagado el 35 por ciento de su deuda como señaló el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, y ha añadido que sólo pagándoles el 1 por ciento o el 2 por ciento "les está haciendo un flaco favor a sus ciudadanos".

   "Detrás de los alcaldes hay ciudadanos que tienen necesidades básicas, hay niños, colegios y mayores que necesitan el pago de esa deuda", ha afirmado el secretario general del PSOE en Albacete.

   Por su parte, la alcaldesa de Casas Ibañez, Carmen Navalón, ha precisado que la Junta le debe casi dos millones de euros, y que lo "más sangrante es que en dos años no ha pagado nada de la Residencia de Mayores, cantidad que corresponde a dos convenios valorados en más de 800.000 euros".

   De su lado, la alcaldesa de Barrax, Josefina Navarrete, ha indicado que la Junta les ha pagado el 4 por ciento a este pueblo con 2.000 habitantes, aunque aún le adeuda 600.000 euros. "Los pueblos se encuentran en una situación insostenible y asfixiante pues se ven abocados a dejar de prestar los servicios básicos a sus ciudadanos", ha afirmado.

   Asimismo, la alcaldesa de Carcelen, Lola Gómez, ha manifestado que la deuda con su pueblo es de 200.000 euros, cantidad que se les debe a proveedores del pueblo que regentan tiendas pequeñas y a otros establecimientos. También ha indicado que esta deuda también está afectando a las viviendas tuteladas del municipio.

La reforma local obligará a las CCAA a financiar al 100% los servicios a ayuntamientos

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha anunciado este martes que la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno reforzará los convenios de colaboración entre comunidades autónomas y ayuntamientos para la prestación de determinados servicios por parte de las entidades locales, de modo que se garantice el cien por cien de la financiación y su continuidad en el tiempo.

   Según ha explicado De la Serna en rueda de prensa en Moncloa tras reunirse durante casi dos horas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actualmente "muchos de los servicios" que prestan las entidades locales "se hacen con convenios de colaboración que no tienen estabilidad en el tiempo y cuya financiación no está asegurada".

   "Eso hace que en momentos en que se reduce la aportación de las comunidades autónomas el propio servicio queda en entredicho y las entidades locales se ven abocadas a su sustitución, a su modificación o a su desaparición", ha denunciado.

   Así, ha confirmado que la nueva ley contemplará que "cuando una entidad local vaya a desarrollar un servicio por encomienda de la comunidad autónoma, el ayuntamiento tenga asegurado el cien por cien de la financiación y lo haga de una manera estable en el tiempo para planificar los recursos adecuadamente y con una cierta garantía".

   "No es una ley de haciendas locales pero consigue avanzar en este campo de una manera decidida", ha reconocido, para añadir que "contiene algunos artículos que mejoran mucho la relación institucional entre las diferentes Administraciones Públicas".

   En este sentido, ha manifestado que le parece "muy positivo" que "por primera vez el Gobierno central introduzca una cláusula de salvaguarde" lo que hacen los ayuntamientos actualmente "sin ningún tipo de cobertura jurídica".

 "Va más allá, garantizando la prestación en el tiempo", ha valorado, para añadir que desde la FEMP plantean que la nueva ley establezca un plazo determinado de años durante los que deba garantizarse la prestación del servicio.

   "Creemos que el hecho de que esa partida figure en los Presupuestos de la comunidad autónoma no es garantía suficiente, por eso aquí también pedimos un poco más: que se establezcan mecanismos dentro de la Ley que garanticen que ese dinero va a llegar", ha señalado, para añadir que "quizás una de las vías podría ser la retención de los ingresos a las Comunidades Autónomas si no cumplen".

   Asimismo, De la Serna ha destacado el hecho de que la reforma de la Administración Local pretenda clarificar competencias municipales para evitar duplicidades ya que es algo que desde las entidades locales llevan "toda la vida" reclamando, sobre todo en lo que se refiere a las "competencias impropias" que asumen los ayuntamientos cuando son responsabilidad de otras administraciones y que, tal y como ha denunciado De la Serna, suponen un coste de 10.000 millones de euros.

   "Lo más importante es lo que tiene que ver con la distribución de competencia. El saldo cualitativo que podemos alcanzar es aquel asociado a la clarificación de competencias para evitar duplicidades. Pensamos que esa clarificación de competencias mejoraría el funcionamiento de las administraciones públicas, y el ratio de eficiencia. Nos referimos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales", ha detallado.

   Por otra parte, ha señalado que todavía queda por definir qué entidad supramunicipal será la que se encargue de prestar aquellos servicios que los ayuntamientos no vean rentable y eficiente o no estén en condiciones de prestar.

   En este sentido, ha reconocido que la asunción de dichas competencias por parte de las diputaciones provinciales es una posibilidad planteada en algunos documentos de trabajo "parciales" de cara a elaborar el anteproyecto de la ley, pero no es definitivo. "Lo que demuestra es que se está trabajando intensamente en la reforma. No debemos pronunciarnos sobre documentos parciales", ha manifestado.

CCOO insta a empresas a dejar desiertos concursos públicos a la baja como protesta

TOLEDO.- El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ha instado a los empresarios a dejar desiertos los concursos públicos de la Junta y de los ayuntamientos de la región a la baja, en protesta porque los pliegos de condiciones "están reduciendo drásticamente la cuantía económica de los mismos y en esas condiciones es imposible garantizar la correcta prestación de servicios".

   En nota de prensa, el sindicato ha denunciado que tanto la Junta como los ayuntamientos están reduciendo al menos un 20 por ciento la dotación de estos concursos, lo que "hace imposible mantener el empleo, las jornadas y los salarios de los trabajadores de las empresas adjudicatarias".

   "Aunque las empresas saben que los servicios son inviables con esa dotación económica, se siguen presentando a los concursos y además lo hacen con ofertas a la baja, ya que los pliegos de condiciones puntúan casi exclusivamente la propuesta económica, que se valora en un 90 por ciento", asegura el sindicato.

   Para ejemplificar esta situación, la organización sindical ha indicado que el SESCAM "impone y las empresas aceptan recortes económicos del 20 por ciento en los pliegos vigentes, recortes que las empresas intentan trasladar e imponer a los trabajadores por la vía de recortes salariales".

   En esta circunstancia, además, "las empresas eliminan pluses negociados y consolidados durante años, incrementan la jornada de trabajo, eliminan la sustitución de las bajas por enfermedad o vacaciones o cambian los contratos de fijos a fijos discontinuos".

Interventores de C-LM piden a la Junta cubrir las vacantes

TOLEDO.-   El Consejo Autonómico de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha, en su I Asamblea General, ha resuelto exigir a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia que "cumpla su compromiso de proceder a la convocatoria de pruebas selectivas de habilitados estatales para cubrir la gran cantidad de vacantes de estas categorías existentes en el territorio regional".

   Los interventores han pedido además "una inminente legislación para actualizar los estándares presupuestarios que dan lugar a la clasificación de las distintas subescalas y categorías de FHE y la exención de los puestos de Secretaría-Intervención", han informado en nota de prensa.

   En su Asamblea han acordado además pedir la regulación de las formas de provisión temporal de los puestos de trabajo reservados, estableciendo claramente en qué supuestos proceden y la prioridad entre los mismos, así como del procedimiento a seguir, considerando además la prelación entre las diferentes subescalas y categorías".

   Entre las reclamaciones de los interventores, se encuentran además que toda decisión autonómica sea sometida a negociación con el Consejo Autonómico de Interventores, que se incentiven las agrupaciones de municipios y que se cree el Registro de Habilitados Estatales.

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.

   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.

   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".

   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.

   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.

   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  

   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.

   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.

   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.

   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.

   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.

   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.

   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).

Los empleados públicos ganan un 30% más que la media

MADRID.-   El sueldo medio anual de los trabajadores con contratos temporales fue un 32% inferior al de los contratados de manera indefinida durante el año 2010, mientras que el sueldo anual del sector público superó en un 30,8% el salario medio, según la 'Encuesta Anual de Estructural Salarial' del Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes a 2010.

   En concreto, el salario medio bruto medio alcanzó los 22.790,20 euros en 2010, frente a los 29.811,67 euros del sector público. El sector privado, por su parte, presentó un salario medio de 21.231 euros, un 6,8% inferior al promedio anual.

   Por su parte, el salario anual de los directores y gerentes superó ampliamente los 50.000 euros en 2010, sobrepasando así en un 148,8% el salario medio de aquel año.

   También se situaron por encima del salario medio los técnicos y profesiones científico intelectuales (un 45,6% por encima) y los técnicos y profesionales de apoyo (un 22,5% superior), mientras que el resto de ocupaciones presentaron salarios inferiores a la media, siendo los más bajos los de los trabajadores en ocupaciones elementales.

   Aunque el salario medio anual se aproximó a los 23.000 euros en 2010, el INE precisa que el salario más frecuente en 2010 fue de 16.489,9 euros anuales, con una diferencia entre ambos de más de 6.000 euros. El organismo estadístico explica esta diferencia en el hecho de que aunque pocos trabajadores cobraban salarios muy altos en 2010, "influyeron notablemente en el salario medio".

   Las diferencias salariales entre hombres y mujeres apenas han variado respecto a la anterior encuesta. En general, la ganancia media anual de los hombres fue de 25.479,74 euros al año, mientras que la de las mujeres supuso el 77,5% de esta cuantía, con 19.735,22 euros.

   El INE ha destacado que el número de mujeres que ganaron menos de 14.000 euros al año fue mayor que el de varones. A partir de esta cifra, las mujeres de cada nivel salarial son siempre inferiores en número al de los hombres con el mismo sueldo.

   Los datos de Estadística reflejan que la actividad económica que presentó el mayor salario medio en 2010 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 48.803,35 euros por trabajador de media al año, un 114,1% más que la media anual. A continuación, se situaron las actividades financieras y de seguros, con 41.638,7 euros, un 82,7% más que el promedio nacional.

   Por el contrario, los salarios medios anuales más bajos correspondieron a la hostelería, con 14.629,55 euros; y las actividades administrativas y servicios auxiliares, con 15.682,32 euros, cantidades inferiores en un 35,8% y un 31,1% al promedio.

   Por comunidades autónomas, los salarios más elevados correspondieron a País Vasco (26.593,7 euros), Madrid (25.988,95 euros) y Cataluña (24.449,19 euros), frente a las remuneraciones más bajas, que se localizaron en Canarias (19.315,56 euros), Extremadura (19.480,55 euros) y Galicia (20.241,99 euros).

   Por edades, el organismo estadístico ha resaltado que en 2010 hubo una relación positiva entre la edad de los trabajadores y el nivel salarial, de forma que los de mayor edad, los más antiguos y los más experimentados percibieron los salarios más elevados.

   El salario medio anual en 2010 para los trabajadores de 20 a 24 años fue de 13.349,15 euros, frente a los 28.234,60 euros de los trabajadores de 55 a 59 años.

ATA denunciará a las administraciones que se retrasen en pago a proveedores

MADRID.- La Federación de Autónomos (ATA) ha anunciado que denunciará a las administraciones públicas que se retrasen más de 30 días en los pagos a proveedores a partir del próximo 20 de marzo, día en que entra en vigor la directiva europea de morosidad, que obliga a los entes públicos a pagar sus facturas en ese periodo de tiempo.

   Durante la presentación del 'Barómetro sobre la situación de los autónomos y expectativas 2012', realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo, el presidente de la federación, Lorenzo Amor, ha afirmado que la asociación denunciará los posibles impagos, "pues si un autónomo se retrasa 24 horas con el pago de las cotizaciones sociales, le recargan un 20%, y si los demás se retrasan, no pasa nada".

   Según Amor, hay una "diferente vara de medir" para los trabajadores por cuenta propia y el resto de empresas y corporaciones, "y eso es algo inasumible".

   El barómetro revela que cinco de cada diez autónomos (55,3%) tarda más de seis meses en cobrar sus facturas. De entre ellos, el 24,1% tiene que esperar más de 361 días, "es decir, más de un año". Solo uno de cada diez trabajadores por cuenta propia espera un plazo de entre 60 y 90 días para poder cobrar.

   A pesar de que para el presidente de ATA el Plan de Pago a Proveedores que entró en vigor el pasado mes de junio "es una de las medidas más importantes que se han tomado desde el inicio de la crisis", la morosidad sigue creciendo. En concreto, el colectivo cifra en más de 5.000 millones de euros la cantidad que ya se le adeuda.

   "No entiendo por qué una Administración tarda de media 160 días en pagar sus facturas y que a un autónomo se le penalice por retrasarse un solo día", ha insistido Amor, quien ha destacado que País Vasco, Navarra, La Rioja y Galicia cumplen la ley de morosidad, "y si estas comunidades pueden, el resto también".

   "Ya está bien de cargar sobre los ciudadanos los problemas de gestión de otros", ha clamado el presidente de ATA, quien ha asegurado que la federación va a ejercer su derecho a denunciar, "tal y como le ha animado el comisario europeo de Industria y Emprendedores, Antonio Tajani".

   Casi nueve de cada diez de los encuestados (89,7%) por el Observatorio del Trabajo Autónomo no ve posible contratar nuevos trabajadores en lo que queda de año. El motivo principal para casi la mitad (45,6%) reside en la caída de la actividad.

   Además, el 87,3% de los emprendedores tiene la sensación de que el paro seguirá aumentando en 2012, frente a un 5,4% que cree que las cifras de desempleo se empezarán a reducir este año.

   El presidente de ATA ha resaltado que el pesimismo ha crecido entre los autónomos desde el último barómetro del mes de mayo, "ya que la situación sigue siendo bastante compleja". De hecho, tres de cada cuatro trabajadores (77,6%) manifiesta que la actividad económica de su negocio es negativa y un 65,9% cree que la situación irá a peor.

   En cuanto a la financiación, "otro de los principales problemas del colectivo", el 61,4% reconoce necesitar financiación para su negocio, mientras que el 30,9% no ve necesario apoyo financiero. Sin embargo, de los autónomos que admite necesitar esa ayuda de los bancos, el 65,5% no se ha dirigido a las entidades financieras para solicitar liquidez.

   De los que sí lo han hecho (33,8%), a casi la mitad (46,4%) le han denegado la financiación, al 23,5% sí se la han concedido, pero por un importe inferior al solicitado, y únicamente el 27,6% "la ha obtenido sin cortapisas".

   "A pesar de todo y conscientes de la difícil situación por la que atraviesa la economía, la mayoría (60,2%) del colectivo ha decidido no repercutir el aumento del IVA en sus productos y servicios", ha aseverado el presidente de ATA, quien ha especificado que el 42,6% ha asegurado que no lo hará nunca, mientras que el 17,6% lo hará a partir del 1 de enero de 2013.

   Para siete de cada diez autónomos (71,5%), las subidas del IVA y del IRPF "no son las medidas más indicadas para salir de la recesión". No obstante, la reforma laboral está vista "con muy buenos ojos" por el colectivo, ya que el 78,6% la apoya.

   Asimismo, la reducción de las cotizaciones a las nuevas altas de familiares colaboradores es la segunda medida mejor valorada, con un 68% de aceptación entre el colectivo.

   Sin embargo, Lorenzo Amor ha advertido de que "seguir apretando la llave de la economía, que son los autónomos, asfixiará más a este país". El presidente de la federación ha subrayado que el colectivo no pide que le regalen nada, "sino que no le pongan trabas a la hora de generar empleo".

El Gobierno crea una autoridad fiscal para supervisar los presupuestos de todas las administraciones

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo va a crear una autoridad fiscal independiente para controlar el gasto de todas las administraciones públicas españolas.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, la vicepresidenta ha explicado que la intención del Gobierno es que esta institución "sea capaz de anticipar las desviaciones en los presupuestos de las administraciones".

   Además, la autoridad fiscal se encargará de controlar el gasto de los organismos públicos. Según ha señalado Santamaría, los PGE para el próximo año abordan "dos elementos fundamentales de actuación política y económica: el control del déficit público y la puesta en marcha de reformas que sean capaces de crear empleo y riqueza en España".

El Gobierno fija como retribución máxima para los alcaldes el sueldo de un ministro: 68.981 euros

MADRID.- El Gobierno ha fijado que la retribución máxima de los alcaldes sea la de un ministro, 68.981 euros, con la obligación además de que el coste de los salarios de los ediles no supere el 0,6 por ciento del presupuesto municipal.

   Serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales, según las características de cada localidad, pero el Gobierno ha acordado este viernes que ese tope salarial, lo que supone un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona.

   El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de la Ley de Gobierno Local, en la que trabaja desde hace meses, y ha aprovechado para anunciar otras medidas paralelas. Además de recortar salarios, se reducirá un 31 por ciento el número de concejales a través de la reforma de la Ley Electoral, cambiando el tope de concejales que se puede elegir por tramos de población, aunque hoy no se han dado más detalles

   El resultado que busca el Ejecutivo es que se elijan en las próximas elecciones municipales 21.338 ediles menos, hasta quedarse en 47.240. Además, los ayuntamientos no podrán tener más de 35 concejales, cuando por ejemplo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se sientan 57 y en el de Barcelona, 41. Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales: el personal eventual no podrá superar el número de concejales.

   La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local persigue actualizar la estructura municipal del país, pero también busca ahorros. Según los cálculos del Gobierno, puede alcanzar los 3.500 millones. La fórmula es eliminar 3.725 entidades locales menores al ayuntamiento, como las pedanías y las parroquias, y potenciar el papel de las diputaciones.

   En la ley se fijará un nuevo catálogo de competencias, aunque no varía demasiado del actual, según la información que se ha ido conociendo, salvo que no podrán prestar servicios de educación ni sanidad, de competencia autonómica. La gran diferencia es que los ayuntamientos no podrán ejercer más que esas competencias ya que para el resto no cuentan con financiación expresa.

   Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos, sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para "lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala" y se potencia el papel de las diputaciones, cabildos, consejos insulares o comarcas.

   Asumirán la gestión de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten con eficiencia y podrían ahorrar unos 2.248,2 millones. La supresión además de las mancomunidades que tampoco sean consideradas eficientes, sumará otro ahorro de 700 millones. El Ejecutivo argumenta que el 71,3 por ciento de estas entidades "no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales".

   Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.

   También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran "foco de endeudamiento" al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.

   Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.

   Junto a todo lo anterior, la reforma de la ley persigue redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años. Se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.

   Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.

El Gobierno plantea a las CC.AA. homogeneizar los sueldos de los funcionarios

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha planteado a las comunidades autónomas la conveniencia de homogeneizar los sueldos de los funcionarios en todas las regiones, con el fin de que las retribuciones sean similares en toda España, según han indicado fuentes gubernamentales.

    Montoro, que lanzó esta propuesta en el Consejo de Política y Fiscal celebrado ayer jueves, se produce en un momento en el que su Departamento ha aprobado un paquete de ajuste que afecta específicamente a los empleados públicos, con medidas como la suspensión de la paga extra de Navidad, la reducción de los liberados sindicales o la disminución de los días de libre disposición, los llamados 'moscosos', que pasarían de seis a tres.
    El Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas quiere unificar las retribuciones que perciben los funcionarios en función de su categoría y poner orden en la disparidad de criterios que existen por ejemplo con los complementos del sueldo, que varían de una comunidad a otra.  De hecho, esas variaciones también existen con los 'moscosos', ya que en algunas ocasiones las autonomías añaden los suyos propios.
    Esta propuesta para unificar los sueldos de los funcionarios va en línea con la que ya ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy de fijar los sueldos de los alcaldes de toda España de acuerdo con unos baremos que estarán recogidos en  los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que atenderán a aspectos como la población o el tamaño del municipio.

Bruselas obligará a España a aumentar la frecuencia de las ITV

BRUSELAS.- España se verá obligada a aumentar la frecuencia de las ITV a coches y motocicletas que tengan más de seis años, que deberán someterse a controles anuales, según una propuesta legislativa presentada este viernes por la Comisión Europea. En la actualidad, la normativa española sólo introduce los controles anuales a los coches a partir del noveno año, mientras que las motos viejas pasan la ITV cada dos años.

   El objetivo de esta iniciativa, que debe ser respaldada por los Veintisiete y la Eurocámara, es salvar más de 1.200 vidas al año y evitar más de 36.000 accidentes relacionados con fallos técnicos de los vehículos.

   Los fallos técnicos causan el 6% del total de accidentes de coche, lo que representan 2.000 víctimas mortales al año en la UE. Esta proporción se eleva al 8% en el caso de los accidentes de moto, según los datos de Bruselas.

   La propuesta aumenta la frecuencia mínima de los controles técnicos para los coches, que deberán pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda dos años más tarde y una vez al año a partir del sexto año. La normativa europea actual contempla inspecciones cada dos años a partir del sexto año.

   En el caso de España, la normativa vigente obliga a los coches a pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda a los seis años, la tercera a los ocho años y anualmente desde el noveno año. La legislación europea forzará a adelantar las inspecciones anuales al sexto año.

   La propuesta de Bruselas fija por primera vez a nivel de la UE controles para motocicletas, que no existen en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Holanda, Portugal y Rumanía. En España, las motos ya están obligadas a pasar la ITV, pero la norma europea obligará a que los controles sean anuales a partir del sexto año, en lugar de cada dos años como sucede en la actualidad.

   "No creo que esté sirviendo a ningún lobby", ha dicho el comisario de Transportes, Siim Kallas, al ser preguntado por las críticas que le acusan de favorecer indebidamente al negocio de las ITV. Kallas ha insistido en que las estadísticas demuestran que a partir del sexto año los vehículos tienen más fallos técnicos.

   "Si conducimos un coche que no está en buenas condiciones para circular, nos convertimos en un peligro para nosotros mismos y para quienes nos acompañan", ha insistido Kallas. "Es más, somos un peligro para todos los demás usuarios de la carretera que nos rodean", ha señalado.

   La norma aumenta además la frecuencia de las inspecciones técnicas para los automóviles y furgonetas con un kilometraje excepcionalmente alto, 160.000 kilómetros en cuatro años. Estos vehículos deberán pasar la ITV anualmente a partir del cuarto año.

   Finalmente, Bruselas fija estándares comunes de calidad para las inspecciones técnicas y obliga a controlar los componentes de seguridad electrónicos. La normativa actual, que data de 1977, no obliga a controlar gran número de fallos técnicos que tienen graves implicaciones para la seguridad, como por ejemplo el ABS o el control electrónico de seguridad.

   Los Estados miembros tendrán libertad para imponer requisitos de control más estrictos que los que marca la UE.

UPyD pedirá saber la distribución de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- UPyD quiere que el Gobierno explique sus planes de reforma de la administración local y cómo piensa redistribuir las competencias entre los ayuntamientos, las diputaciones, las Comunidades Autónomas y el Estado para evitar duplicidades.

   La iniciativa ha sido llevada al Congreso de los Diputados por la portavoz del grupo de UPyD, Rosa Díez, que quiere una respuesta por escrito a varias preguntas después de conocerse esta semana el informe preparado por Administraciones Públicas como base para la negociación con el PSOE de esta reforma.

   En texto se propone una lista de competencias municipales que mantiene básicamente las actuales, pero eliminando las relativas a educación y sanidad. "Es necesario que el Gobierno exploque cuál es el plan de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y la nueva distribución de competencias", asegura la diputada.

   En sus preguntas, UPyD quiere que el Ejecutivo aclare si quiere eliminar esas competencias en educación y sanidad, qué otras competencias cree que deben ser revisadas "y en su caso reorganizadas con los diferentes entes territoriales de España", y qué otras medidas pretende promover al reformar la citada Ley de Bases.