El Gobierno central envió requerimientos a 660 ayuntamientos españoles por incumplir sus planes de ajuste

MADRID.- Un total de 660 ayuntamientos españoles recibieron requerimientos del Gobierno central por incumplir sus planes de ajuste durante el ejercicio 2016, el último liquidado a falta del cierre. El dato sitúa Murcia, Andalucía, Madrid y Canarias, como las autonomías que cuentan con una mayor porcentaje de municipios incumplidores.

Los planes de ajuste deben presentarlos las entidades locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez dentro del sistema de financiación autonómica, y deben ser consecuentes con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Estos datos se han conocido a raíz de una respuesta escrita del Ejecutivo nacional al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. A lo largo del país, hay 660 ayuntamientos que recibieron requerimientos del Gobierno por incumplir sus planes de ajuste en el ejercicio 2016. 

La mayoría de administraciones locales pertenecen a Andalucía (201), Comunidad Valenciana (88) y Cataluña (82). Ante estos datos, el socialista Heredia reprocha al Gobierno que «utilice medidas coercitivas, enviando requerimientos a los ayuntamientos, en lugar de buscar soluciones financieras que puedan paliar la situación de los entes locales».

El menor número de ayuntamientos incumplidores son, en general, los de autonomías uniprovinciales como La Rioja, con 3; o Asturias con 5. Solo las provincias de Burgos y Palencia tienen cifras más reducidas, de solo uno en cada caso. 

Para Heredia, las entidades locales tienen que pagar unos «intereses desorbitados» si se acogen al programa del Gobierno para el pago a proveedores, lo que les supone «un serio problema».

En este sentido, el diputado considera que la gestión que realiza el Ejecutivo es «nefasta» porque se resiste a considerar a los ayuntamientos «como adultos» para que puedan invertir el superávit en generar empleo, a través de inversiones que «son mayores de edad» para decidir.

Los nuevos ajustes fiscales en España, datos clave

MADRID.- El Gobierno español anunció este viernes la aprobación de una serie de medidas de ajuste presupuestario para lograr los objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea, que supondrán pasar de un déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014.

Dentro de esta senda de consolidación fiscal, el déficit de España no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, desgranó, junto con los ministros de Hacienda y de Economía, las medidas de reducción de gasto e incremento de los ingresos públicos con los que pretende cumplir estas metas.

A continuación, las medidas anunciadas:

SUBIDA DEL IVA Y OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

A partir de septiembre

Impuesto sobre el Valor añadido (IVA):

- Tipo general: del 18 por ciento al 21 por ciento.

- Tipo reducido: del 8 por ciento al 10 por ciento.

- Tipo superreducido: mantiene el 4 por ciento para los productos de primera necesidad.

- Algunos productos y servicios pasarán de IVA reducido a normal, incrementando su cuota hasta el 21 por ciento. El Gobierno no ha especificado todavía cuáles.

- Subida del impuesto sobre el tabaco, fijando un tipo mínimo de 119,1 euros por cada 1.000 unidades, para el tabaco de liar su impuesto mínimo se fija en 0 euros por kilo.

VIVIENDA

- Se reduce un 30 por ciento la ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes que pasa a ser de 147 euros al mes frente a los 210 euros actuales.

- Se elimina la subvención para préstamos de vivienda protegida para nuevos beneficiarios.

- Eliminación de la deducción por vivienda habitual para nuevos compradores a partir de 2013.

- Se eleva del 4 por ciento al 10 por ciento el IVA para la compra de nuevas viviendas.

- Las obras de renovación y reparación de vivienda que tributaban al 8 por 100 desde abril de 2010, tributarán hasta final de 2013 al nuevo tipo reducido del 10 por 100.

- Reforma de la tributación medioambiental impulsando el principio de que quien contamina paga.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

-Se limita durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros.

-Se incrementan los pagos fraccionados. El importe mínimo se eleva del 8 por 100 al 12 por 100. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.

-Se amplía la limitación de la deducción por gastos financieros, haciéndola extensiva a todas las empresas en general.

- Se fija un nuevo gravamen del 10 por 100 sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

EMPLEO PÚBLICO

- Suspensión del abono de la segunda paga extraordinaria en 2012, que se paga en Navidad, en empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local. Según fuentes sindicales, la paga de Navidad supone entre un 3,5 por ciento y un 7 por ciento del salario anual de los empleados públicos.

- Para los empleados públicos, esta suspensión será compensada a partir de 2015 con una aportación en forma de fondo de pensiones.

- Reducción del número de días de libre disposición de los empleados públicos de seis a tres.

- Se facilitará su movilidad.

- Se ajustará el número de liberados sindicales.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

- Racionalización y sostenibilidad de la administración local, delimitando competencias, para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios sin la financiación necesaria, con un ahorro total de 3.500 millones de euros.

- Mayor control de las cuentas públicas de ámbito local.

- Homogeneización y publicación de las retribuciones de los alcaldes y concejales.

- Se reduce un 31,1 por ciento el número de concejales.

- Eliminación de empresas y fundaciones públicas.

- Se pondrá en marcha un instrumento financiero para dotar de liquidez a las CCAA por importe de 18.000 millones de euros. Aquellas que soliciten el instrumento, que es voluntario, estarán sujetas a condiciones y control adicional del Estado. Las que no paguen podrán ser intervenidas.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

- El periodo máximo de cobro de la prestación por desempleo seguirá siendo 24 meses, pero a partir del sexto mes, los nuevos receptores verán reducida su prestación por desempleo del 60 al 50 por ciento de la base reguladora para incentivar la búsqueda de trabajo.

- Supresión de gran número de bonificaciones a la contratación, exceptuando las destinadas a emprendedores e integración de discapacitados.

- Reducción de las cotizaciones sociales mínimas en un punto en 2013 y otro punto en 2014.

- Incremento de la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación.

- El Gobierno propondrá al Pacto de Toledo un proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada.

- Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por ciento al 21 por ciento.

OTRAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN GASTOS

- Nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros.

- En los presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20 por ciento a las subvenciones destinadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

- Se racionalizará el gasto del sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.

LIBERALIZACIÓN TRANSPORTES

- Se llevará a cabo un proceso de liberalización y en su caso de privatización en el servicio asociado al transporte ferroviario, terrestre, portuario y aeroportuario.

REFORMA EN MATERIA ENERGÉTICA

- Se realizará una reforma del sistema energético español con la idea de solucionar el problema del déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros.

- La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados.

- Para ello, se impondrá un nuevo sistema de fiscalidad energética.

Rajoy sube el IVA, recorta el paro y quita una paga a los funcionarios

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles una serie medidas de ingresos y gastos con los que se asegura una reducción del déficit público de 65.000 millones en los próximos dos años y medio.

Rajoy ha acudido al Congreso a dar cuenta de los resultados de la cumbre europea de hace dos semanas, aunque ha aprovechado la ocasión para anunciar los ajustes más duros desde su llegada al poder hace apenas seis meses.

En concreto, el jefe del Ejecutivo ha anunciado medidas que afectan a los empleados públicos, a los más de cinco millones de parados y a todos los contribuyentes en general, que tendrán que soportar mayores impuestos sobre el consumo.

Así, el Gobierno subirá la tasa general de IVA tres puntos, hasta el 21%, y dos puntos la tasa reducida (del 8% al 10%), aunque mantendrá la superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, en el 4%. Fuentes del Gobierno no precisaron cuánto se espera recaudar con esta medida, pero recordaron que cada punto de subida en la tasa general supone algo más de 1.000 millones de euros.

El Gobierno se había resistido hasta ahora a tocar este impuesto para no agravar aún más la recesión, pero las recomendaciones de Bruselas, "obligaciones" como él mismo las llamado durante el debate, no le han dejado muchas opciones. El Gobierno aprobará la subida este viernes, pero no se cree que entre en vigor de forma inmediata, por los ajustes técnicos que conlleva, informaron fuentes del Ejecutivo.

De hecho, éste será uno de los primeros cambios en entrar en vigor, ya que se aprobará este mismo viernes en un paquete fiscal que también incluirá la supresión de la desgravación por vivienda en 2013 y una reforma de la tributación medioambiental impulsando en el sistema impositivo el principio de "quien contamina paga".

Los cambios incluirán también una subida de la imposición del tabaco dentro de la imposición indirecta y modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.

Pero no solo habrá cambios fiscales, Rajoy ha decidido también recortar los gastos y acatar las recomendaciones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá del 60% al 50% de la base reguladora a los nuevos preceptores a partir del sexto mes.

Actualmente, durante los primeros seis meses, la prestación por desempleo equivale al 70% de la base reguladora, es decir, al 70% del último salario percibido, mientras que a partir del sexto mes se cobra el 60%.

Ésta es una medida muy controvertida que previsiblemente no gustará a los sindicatos, que siempre han pedido al Gobierno que no toque las prestaciones por desempleo en un momento en el que el paro supera los 5 millones de personas.

En materia laboral, el Gobierno ha decidido ir más allá y exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores.

Además, llevará al Pacto de Toledo un nuevo proyecto de ley sobre el sistema de pensiones para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar la jubilación anticipada. Esta reforma podría acelerar la entrada en vigor del aumento de la edad de jubilación a los 67 años, algo que también demandaba la UE.

Asimismo, el Gobierno ha decido recortar una vez más el sueldo de los funcionarios y empleados públicos, aunque en esta ocasión a través de la supresión de la segunda paga extra, la reducción de los 'moscosos' y el ajuste de el número de liberados sindicales. Solo la supresión de la paga extraordinaria permitirá ahorrar 4.000 millones.

Rajoy ha pedido un esfuerzo a diputados y senadores para que se sumen a esta medida, pero ha dejado claro que la suspensión de la segunda paga extraordinaria solo será compensada a partir de 2015 en el caso de los funcionarios y empleados públicos.

Aunque Rajoy no lo ha mencionado en el discurso, fuentes del Gobierno indicaron que además de reducirse los 'moscosos', se eliminarán los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del empleado público, los conocidos como 'canosos'. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.

Para ajustar el tamaño de la Administración, el presidente también ha decidido reducir en un 30% el número de concejales, homogeneizar y publicar las retribuciones de los cargos municipales y mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, además de la reforma de la Administración local para recaudar unos 3.500 millones.

Con el objetivo de reducir el gasto a corto plazo, el presidente ha anunciado un ajuste de 600 millones de euros en el gasto ministerial de este ejercicio y ha avanzado que en los Presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20% en las subvenciones a los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

Con todas estas medidas, el Ejecutivo se asegura un ahorro de 65.000 millones en dos años y medio y avanza en el cumplimiento de las exigencias de Bruselas. Según el Rajoy, son medidas que no le gustan, pero que representan lo único que se puede hacer para salir de esta postración y que servirán sin duda para reducir el déficit.

A su parecer, se trata de un paquete de medidas "equilibrado", que combina ajustes de gasto con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones del Consejo Europeo y que se acompañará de reformas estructurales para mejorar la capacidad de crecimiento del país, como la energética o el refuerzo de la unidad de mercado.

Las CCAA deberán aplicar los ajustes en sanidad y educación

MADRID.- Los Gobiernos autonómicos que necesiten ayuda del Estado para financiar su deuda financiera deberán demostrar que han aplicado antes los recortes en educación y sanidad y las reformas de todos los servicios públicos que se aprueben.

   Estos son los parámetros con los que trabaja la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que dirige Antonio Beteta. El Gobierno tiene preparado un instrumento para ayudar a las CCAA a afrontar los vencimientos de su deuda, que esperará a aprobar a que se calmen los mercados tras las próximas citas europeas.

   Este año, las autonomías han contado con una línea de crédito del ICO para este fin, dotada con 10.000 millones, ampliables a 15.000. En adelante, para contar de nuevo con el respaldo del Estado en sus emisiones de deuda, las autonomías deberán demostrar previamente que han utilizado al máximo las posibilidades de ajuste presupuestario aprobadas, como en sanidad y educación, ajustes sobre los que algunas autonomías han mostrado reticencias. Será condición imprescindible, según Administraciones Públicas.

   Fuentes de Hacienda han asegurado que el Gobierno ha decidido esperar a que se calmen las presiones de los mercados sobre España antes de aprobar este mecanismo o instrumento de ayuda financiera.

   Estas fuentes han explicado que la fórmula está preparada, pero que se ha considerado prudente esperar al resultado de próximas citas que el Gobierno considera importantes para el futuro de la economía española, sobre todo el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de este mes.

   El Ejecutivo confía en una respuesta clara de las instituciones europeas en defensa del euro y del proyecto comunitario, que lance un mensaje de confianza y calme la situación de los mercados. A partir de ese momento, el Gobierno barajará la aprobación de esta herramienta, que las mismas fuentes han asegurado que está ya ultimada.

   Fue el ministro Cristóbal Montoro quien aseguró en rueda de prensa el día 1 de junio que el Gobierno trabajaba en este mecanismo, ante la reclamación de diversas comunidades autónomas de que se aprueben lo que se han llamado 'hispanobonos'.

   Montoro explicó entonces que esta fórmula llevará aparejada la exigencia de nuevas medidas para las Comunidades Autónomas, con lo que éstas "no se van a ahorrar nada".

 "Que cada palo aguante su vela", remachó. Asimismo, recalcó que se trata de un instrumento de financiación "extraordinaria" para las regiones que puedan necesitarla, y que, por tanto, tendrá un carácter "temporal", mientras duren las dificultades.

El Gobierno se reunirá con las CCAA el 17 para analizar sus planes de ajuste

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se reunirá finalmente el próximo 17 de mayo con los consejeros de economía de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), para analizar sus planes de ajuste económico y financiero, en un encuentro en el que incluso se podría decidir la intervención de alguna de ellas.

   Así lo ha confirmado el propio Montoro en la sesión de control al Gobierno en el Senado, a pesar de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó el pasado viernes que la reunión tendría lugar probablemente el miércoles 16 de mayo.

   Las partes están trabajando finalmente con la fecha del 17 de mayo, ya que de hacerse un día antes la sesión preparatoria que habitualmente se celebra en la víspera del CPFF tendría que producirse el 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro en Madrid.

   La reunión del CPFF del 17 de mayo será clave ya que, como avanzó la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, hace unas semanas, cualquier comunidad autónoma puede verse sometida a una intervención "inmediata" si se dan las condiciones necesarias para que esto ocurra.

   La secretaria de Estado explicó que será este próximo Consejo de Política Fiscal el órgano que analizará los planes de reequilibrio de las comunidades y que podrá activar los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad.

   Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mostrado su esperanza en no tener que intervenir a ninguna comunidad autónoma, pero ha advertido tajantemente que "si hay alguna que lo necesita, será intervenida".

   En este sentido, ha explicado que las CC.AA. "son España" y ha recordado que el Gobierno les está ayudando facilitando anticipos a cuenta; duplicando el plazo para devolver dinero de los ejercicios en que recibieron de más; poniendo en marcha un plan de proveedores para que paguen todas las deudas y estableciendo la línea de crédito del ICO para que cuando vayan a refinanciar vencimientos de deuda, y nadie les refinancie, lo haga este organismo.

   Tras la adopción de estas medidas, el presidente considera que las  CC.AA. "tienen que cumplir" como tiene que cumplir "todo el mundo".

 "Es obligado".

   Todas las comunidades autónomas han cumplido hasta ahora con su obligación de entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus planes de ajuste y lo han hecho en tiempo y hora, antes de las 00:00 del pasado 30 de abril.

   Ahora habrá que ver si estos planes son suficientes para situarlas en la senda de cumplimiento de los objetivos o si, por el contrario, el Gobierno pone en marcha el engranaje previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en última instancia contempla la posibilidad de intervenciones ya en el mes de septiembre.

   Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguraron que los gobiernos autonómicos al completo han pedido al Gobierno ayuda para confeccionar estos planes y han descartado que haya que poner en marcha estos mecanismos de intervención forzosa.

   De ello se desprendería que Hacienda espera dar el visto bueno a todos los planes. De hecho, el Gobierno cree que entre los 10.000 millones de ahorro que se recogen en estos planes y los 10.000 millones adicionales por los recortes en sanidad y educación, las comunidades autónomas tienen capacidad financiera para cumplir con esos objetivos de déficit.