TOLEDO.- La renta mínima garantizada en Castilla-La Mancha
superará, por ley, los 600 euros mensuales. Así lo recoge el borrador
del anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas,
que establece este derecho subjetivo que en su primer año de aplicación
prevé llegar al 90 por ciento de nivel de cobertura de los hogares de la
región con menores a su cargo y que tengan ingresos bajos.
Un nuevo derecho que "no permite comparativa", subraya en un artículo
de opinión la consejera propuesta por Podemos para la Coordinación del
Plan de Garantías Ciudadanas de la Junta, Inmaculada Herranz, puesto que se trata de un sistema de protección social "sin precedentes" en
Castilla-La Mancha. Es, en su opinión, "un nuevo paso adelante" hacia
el objetivo de alcanzar el cien por cien de protección, ya que
"garantizar la igualdad social es garantizar la libertad individual".
Además de este derecho de nuevo cuño, Herranz destaca la
incorporación a este anteproyecto de Ley de las principales prestaciones
del Plan a través de un conjunto de garantías complementarias. Un
borrador que surge de "un proceso riguroso" de implementación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, su evaluación y el "análisis científico" de las necesidades de la población, subraya la consejera.
Pero no todas las prestaciones contempladas en el Plan son nuevas, al
existir previamente algunas de ellas. Esto, dice Herranz, "puede
provocar que la comparativa directa con los años anteriores a la puesta
en marcha del Plan se haga más compleja".
No obstante, y hecha esta
salvedad, la consejera apunta como "novedad radical" que "frente a la anterior descoordinación y dispersión de políticas públicas en materia social", por primera vez se ha procedido "a una integración y reordenación de medidas y prestaciones".
Una reordenación que, según la consejera, "ha podido trasladar
confusión en los análisis de ciertos medios de comunicación" y es por
ello que la consejera de Podemos pretende ofrecer su versión de los
hechos, refiriéndose aparentemente a una información publicada este
domingo, en la que se indicaba que las medidas del Plan
de Garantías Ciudadanas solo están llegado al 6,5 por ciento de los 130.500 hogares con bajos ingresos que hay en Castilla-La Mancha.
Según explica Herranz, este Plan nacía con el objetivo de "mejorar la
respuesta a las necesidades de una población duramente golpeada por la
crisis económica". Para ello planteaba integrar medidas que
anteriormente estaban dispersas y de las cuales se carecía de un
histórico de evaluaciones sobre su impacto y efectividad.
Así, "a ocho meses de nuestra entrada en el Gobierno" ‑precisa la
consejera de Podemos en el artículo de opinión remitido desde el
gabinete de Comunicación del Ejecutivo regional‑ "se ha conseguido
implementar el Plan con importantes mejoras de cobertura, se ha
elaborado el primer informe de seguimiento del 2017, disponemos de un
diagnóstico en profundidad de las necesidades de los ciudadanos y las
ciudadanas de la región y se ha elaborado el borrador de anteproyecto de
Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La
Mancha ajustándolo a dicho diagnóstico".
Y apunta, "rara vez en las políticas sociales de nuestra tierra se ha hecho tanto, y tan novedoso, en tan poco tiempo".
De este modo, y una vez recalcado el papel que ha jugado su entrada
en el Ejecutivo regional que preside Emiliano García‑Page para esta
reordenación de prestaciones ya existentes, la consejera da cuenta de
las principales mejoras del Plan.
Entre ellas destaca así el "significativo aumento presupuestario en el 2018,
que supone un incremento del 31,6 por ciento respecto a algunas de las
medidas existentes en el 2016, y del 20 por ciento respeto al 2017", y
"la integración de las medidas de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes para una mayor cobertura a los hogares con escasos ingresos.
Por otra parte, señala también la mejora del Plan de Pobreza
Energética, al establecer que se podrán percibir dos prestaciones al año
"en lugar de la única que se había previsto en 2016".
Asimismo, y apelando al "compromiso político" de los miembros de la formación morada presentes en el Gobierno,
Herranz destaca que el 20 de marzo se hacía público el primer informe
de seguimiento de las medidas del Plan Integral de Garantías, "por
primera vez en Castilla-La Mancha" ‑cabe recordar en este punto que el
Plan en sí, fue aprobado por el Consejo de Gobierno a finales de octubre
de 2017‑.
Un informe en el que se analiza la implementación y el impacto del
Plan Integral, entre cuyos principales resultados globales Herranz
destaca "la nueva concesión de 137.062 prestaciones en el 2017",
de las cuales se han beneficiado un total de 100.000 perceptores.
Respecto a 2016 se producía así "un incremento en el volumen de
prestaciones del 23,4 por ciento".
Sin embargo, precisa la consejera, diseñar políticas sociales que se
adapten a las situaciones reales de la población "requiere un
diagnóstico en profundidad" que determine el conjunto de necesidades y
la dimensión de las mismas.
Para ello, añade, de nuevo "por primera vez"
en la región, la Universidad de Castilla-La Mancha ha elaborado un
estudio representativo "en todas las provincias y capitales" de la
región con el objetivo de fijar la población de alta vulnerabilidad a la
que deberá dirigirse esta nueva ley que tendrá como objetivo "proveer a
la ciudadanía de los recursos necesarios para tener una vida digna".
Un diagnóstico del que se desprende que del total de hogares de la región, el 16,7 por ciento vive con bajos ingresos,
mientras que en el conjunto de los hogares con menores "esta situación
afecta al 14,7 por ciento", apostilla. A un 90 por ciento de ellos se
prevé que pueda llegarse durante el primer año de aplicación de la renta
garantizada.
