MADRID.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de
inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y
festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el borrador del Plan Director 2018-2020.
Para
llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de
Trabajo contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, según el borrador del Plan.
También continuarán los refuerzos temporales de la inspección tanto en Baleares como en Canarias
para incrementar las actuaciones de inspección durante la temporada
alta de turismo con el objetivo asegurar que la mano de obra empleada se
ajuste a las condiciones establecidas por la norma vigente.
Respecto a los 'falsos autónomos',
el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, tanto
desde el punto de vista de la planificación de actuaciones como en lo
que respecta al número de visitas de inspección. Además, desarrollará
campañas de inspección focalizadas a los sectores más afectados por este
fenómeno.
El
Gobierno pretende poner en marcha en el mes de agosto, en el marco del
Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, un plan de lucha
contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en
la contratación a tiempo parcial.
El diseño y ejecución de estos dos planes tiene "muy en cuenta" planes
similares que han tenido buenos resultados, como el realizado por el
Gobierno de las Islas Baleares.
No obstante, estas no
serán las dos únicas iniciativas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez
llevará a cabo para erradicar el empleo irregular y el fraude a la
Seguridad Social, puesto que dentro de este Plan Director se incluyen
medidas tanto inmediatas como a medio plazo.
El
objetivo del Gobierno, según el borrador del Plan, es estar más
presente en los centros de trabajo y utilizar las medidas sancionadoras y
correctivas legalmente previstas para disuadir estos comportamientos en
las empresas.
Revisión del cuadro de infracciones y sanciones
Además, el Plan pretende que las reformas de la legislación laboral
sustantiva que deriven del diálogo político y del diálogo social estén
acompañadas también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones de orden social, particularmente de las sanciones.
Esta revisión se hará con carácter general, pero con particular
intensidad y agilidad en determinados ámbitos.
Según el borrador, es
"necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal
abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio".
Así,
se apuesta por un modelo que establezca un equilibrio adecuado entre el
efecto disuasorio de la sanción y el efecto de la actuación inspectora y
porque se siga fomentando la conversión de los contratos temporales en
indefinidos.
En
general, el Gobierno cree que debe ponerse fin a la situación actual en
la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción
y solo dan lugar, en la mayoría de los casos, a la conversión de
contratos temporales en indefinidos, porque ello "puede conducir a
prácticas fraudulentas en determinadas empresas en materia de
contratación temporal y desincentivar la realización de contratos
indefinidos iniciales para cubrir necesidades permanentes de las
empresas".
Diez grandes medidas contra el fraude
El Plan Director se
articula entorno a 10 grandes medidas operativas que velan por luchar
contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos
temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los
excesos de jornadas y las horas no pagadas o por corregir los
incumplimientos en materia salarial y los derivados de la
externalización de actividades.
También apuesta por frenar la discriminación de género,
sobre todo la retributiva,
y el acoso, por impulsar acciones contra la vulneración de los derechos
fundamentales de las personas trabajadoras, por reforzar la lucha
contra la economía irregular o por afrontar las nuevas modalidades de
prestación del trabajo en el ámbito digital.
El
plan también recoge medidas para regularizar la situación de los
trabajadores que se encuentren bajo la figura del "falso becario", para
reforzar las actuaciones para
reducir la siniestralidad laboral y para garantizar los derechos sindicales para luchar contra la explotación laboral.
Para
hacer todo esto posible, el Ejecutivo reforzará los medios humanos y
materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así,
considera que es evidente reforzar las plantillas mediante la
realización de ofertas de empleo público para este año y los dos
próximos (2019-2020) que superen "notablemente" las realizadas hasta
ahora que "apenas han servido para cubrir la tasa de reposición".
Por
ello, el Ejecutivo incluirá un número de plazas de Inspectores y
Subinspectores que se situará por encima del 100% de la tasa de
reposición con el objetivo de permitir un incremento "neto y sostenido"
de efectivos.
Asimismo, pondrá en marcha el Organismo Estatal de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, constituirá el Consejo Rector del Organismo
Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en septiembre de
este año y el Consejo General "inmediatamente después".
El
Gobierno pretende realizar un seguimiento y evaluación del plan a través
de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión
Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Además, se realizará un seguimiento
del plan en enero de 2019, con particular atención a los resultados de
los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y la utilización
irregular de la contratación a tiempo parcial; en julio de 2019 y en
enero de 2020.
Planes de choque
El Gobierno pretende aprobar "de manera inmediata" tanto el plan de choque contra el fraude en la contratación temporal
y a tiempo parcial en colaboración con las comunidades autónomas para
actuar contra el fraude implantado tanto en estas dos contrataciones.
El
objetivo en general de estos dos planes es el de afrontar y regularizar
el fraude en estas dos materias y el de generar un efecto disuasorio
en aquellos que promueven estos tipos de fraude que producen
precarización y posibles situaciones de "explotación laboral".
Además,
supondrán un reforzamiento sustancial de las actuaciones inspectoras
entre los meses de agosto y diciembre de este año.
