BRUSELAS.- La Rioja, Castilla-La Mancha y Extemadura han creado este miércoles un frente común en Bruselas
con el resto de las regiones europeas productoras de vino de 15 países
de la UE que representan cerca del 98% de la producción europea para
mostrar su rechazo a la liberalización del sector vitícola y exigir a la
Comisión Europea que mantenga los derechos de plantación
actuales para garantizar la viabilidad del sector en el futuro en el
actual contexto de crisis económica.
La Comisión Europea ha insistido hasta ahora en que no dará
marcha atrás en la supresión de los derechos de plantación de viñedos
prevista para el 1 de enero de 2016, pero ha abierto la puerta a
"flexibilizar" la liberalización del sector que permita a las
organizaciones profesionales decidir sobre la gestión de la viña.
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha defendido el peso "muy importante"
del sector para su comunidad y que "los derechos de plantación de
plantación en el modelo actual han servido para buscar el equilibrio
entre la oferta y la demanda para hacer sostenible precisamente ese
sector y para dar garantía de crecimiento a todas esas regiones" y ha
insistido en el valor del sector no sólo económico, sino también en
términos de asentamiento de la población, cultural, turístico y
medioambiental.
El presidente riojano ha insistido en que el fin de los derechos de plantación supondrían la "destrucción de la economía de las regiones" productoras y ha confiado en que éstos finalmente no se supriman tras admitir "un cambio sustancial"
en la postura del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, en los
últimos meses, que ha pasado del no rotundo a mantener dichos derechos a
"una flexibilización" para mantenerlos "en las denominaciones de origen".
Aunque ha defendido que "el vino es un producto de calidad", Sanz ha dejado claro no obstante que La Rioja reclama mantener el sistema "exactamente" como hasta ahora y no sólo para las denominaciones de origen. "Hay que plantear o todo o nada. Términos intermedios no solucionan absolutamente nada", ha insistido el riojano.
"Si lo mantienen las denominaciones de origen, hay pueblos en La Rioja
que no son de una denominación de origen y podrían plantar viñedo y
provocar un exceso de oferta y una confusión para todos los ciudadanos",
ha justificado.
El consejero de Agricultura de Extremadura, José Antonio Echavarri, también ha confiado en que la Comisión "sí vaya a dar marcha atrás cuando hay 15 Estados miembros" que representan casi el 98% de la producción vitícola en la UE --entre los que figuran España, Francia, Italia y Hungría-- "a favor de continuar los derechos del viñedo" y además cuentan con el apoyo del Parlamento Europeo y el propio sector. "Confío plenamente en que así sea, en que no se liberalice y sigan los derechos", ha asegurado.
Al igual que el presidente riojano, Echavarri ha rechazado "soluciones intermedidas" para mantener los derechos de plantación para las denominaciones de origen porque el sistema actual "ha funcionado muy bien" porque ha permitido "un equilibrio entre la oferta y la demanda" y "la calidad del vino" y sería por tanto "perjudicial" cambiarlo. "Todas las soluciones intermedias tampoco van a dar ninguna solución definitiva", ha recalcado, insistiendo en que si se liberaliza el sector, los productores europeos no podrán "ser competitivos" frente a países como Chile o China, con precios más baratos.
El consejero extremeño ha dejado claro que el fin de los derechos de plantación tendrá un impacto "muy perjudicial"
para la comunidad, donde el sector tiene un impacto económico y social
"importantísimo", dado que cuenta con unas 85.000 hectáreas de viñedo y
una producción anual de 578.000 toneladas anuales, que le convierten en
el segundo mayor productor de España, además de generar "mucha mano de obra".
"Es uno de los sectores que han aguantado más en estos momentos de
crisis. Se está generando todavía empleo, sobre todo en las
exportaciones" que han crecido un 50% respecto al año anterior, ha
argumentado.
"Confiamos plenamente en que este encuentro sirva para hacer ver a la Comisión Europea que se equivocó en su propuesta y que es de sabio rectificar", ha recalcado. "No hay ninguna razón para mantener la propuesta de la Comisión", ha insistido.
La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Maria Luisa
Soriano Martín, también ha confiado en que la Comisión acepte que
"definitivamente no se liberalicen los derechos de plantación del viñedo
porque puede ser muy perjudicial, sobre todo en momentos de crisis
económica" tras admitir "un cierto movimiento para cambiar el planteamiento" inicial.
Soriano Martín ha criticado que tanto el Gobierno socialista de
José Luis Rodríguez Zapatero como el de José María Barrera en Castilla
La Mancha aceptaran en 2008 el fin de los derechos de plantación a la
luz de las consecuencias "muy graves" para el sector,
especialmente para Castilla La Mancha, el primer productor a nivel
europeo, y ha agradecido el apoyo del Gobierno actual de Mariano Rajoy y
del Ministerio de Agricultura para mantener los derechos de plantación.
"Nosotros entendemos que la liberalización puede provocar la
deslocalización del vino, de las bodegas y de las cooperativas, puede
representar una pérdida importante para el paisaje de Castilla La
Mancha, tampoco son muchos los cultivos alternativos, puede haber
sobreproducción y puede haber también la caída del precio de la uva" y
puede "generar un incremento del paro", ha advertido.
"Por eso venimos aquí a decir que no queremos la liberalización de los derechos de plantación del viñedo" que no "supone un coste económico", ha recalcado.
Resolución
Más de 50 regiones europeas de 15 países productores de vino de la
UE, que representan cerca del 98% de la producción europea han suscrito
este miércoles una declaración conjunta en el marco de la Asamblea de
las Regiones Vitícolas Europeas (AREV) en la que piden mantener el
régimen de derechos de plantación en vigor desde 1970 en la UE porque "no incide en absoluto sobre el presupuesto comunitario" y por el contrario su fin tendrá "consecuencias nefastas"
sobre la economía de las regiones productoras, los empleos periféricos,
la ordenación del espacio rural, el turismo, el medioambiente, de
sobreproducción, descenso de los precios, disminución de la calidad,
pérdida de notoriedad, desaparición de las explotaciones familiares,
deslocalización del viñedo hacia las llanuras, concentración e
industrialización del sector.
Por ello, han reclamado que la Comisión Europea "mantenga la regulación del potencial de producción para todas las categoría de vino" y "escuche la reivindicación sostenida por la casi totalidad de los territorios productores"
de vino y presente en este sentido "rápidamente" una nueva propuesta
legislativa" para superar los temores del sector sobre su futuro.
Asimismo, instan a los jefes de Estado y de Gobierno de los países productores europeos a proseguir "sus
esfuerzos y convenzan, antes de finales de 2012, a los algunos Estados
miembros necesarios para reunir una mayoría calificada" y piden que los ministros de Agricultura de la UE a registrar "formalmente" sus reivindicaciones.
