ALBACETE.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, Vicente Rouco, considera "un acierto" que el Gobierno regional
no asumiera las transferencias de Justicia, pues los ajustes hubieran
sido mayores por la necesidad de reducir el déficit de forma "tan
acusada" que tiene la región.
Rouco
sostiene que aunque los ajustes y la reducción de gastos también afecta a
las inversiones y a los medios materiales y humanos que dependen del
Ministerio de Justicia, la merma no es tan acusada como en otras
administraciones y los medios disponibles se mantienen en un equilibro
"moderadamente razonable en estos tiempos tan malos".
"En
Castilla-La Mancha, al estar la organización judicial en manos del
Ministerio de Justicia ha permitido que la reducción presupuestaria
-viendo lo que ocurre en otras administraciones y, singularmente, en la
Junta de Comunidades, por la necesidad de una reducción tan acusada del
déficit- sea mucho menor", explica.
Los ajustes se traducen, entre
otras medidas, en que este año no habrá nuevas plazas judiciales y
tampoco convocatoria de oposiciones para ingresar en las carreras
judicial y fiscal, ha explicado Rouco, que espera que la medida sea
"transitoria", porque una de las necesidades fundamentales para dar
calidad es mejorar la plantilla judicial, de fiscales y de personal
técnico de la Justicia.
Sobre el porcentaje de reducción del
presupuesto que el Ministerio ha fijado para este año en Castilla-La
Mancha, Rouco conoce la rebaja del 10 % en personal de refuerzo, es
decir, de interinos, aunque desconoce los datos de otras partidas.
Respecto
a inversiones en infraestructuras, el presidente del TSJ teme que
"vayan a sufrir una paralización durante más tiempo" y que afectaría a
obras como las del Palacio de Justicia de Guadalajara y Albacete, aunque
respecto a este último hay una partida presupuestaria este año que
"permitirá iniciar los trabajos", ha indicado.
Sobre la propuesta
del Ministerio de aplicar nuevas tasas judiciales y aumento de la
cuantía de las ya existentes, Rouco, que prefiere dar una opinión como
jurista y no desde el cargo institucional que ocupa, es partidario de
que el coste de la Justicia no se reduzca solo a los honorarios de
abogados y procuradores y aquellos que tengan "cierta capacidad
económica" contribuyan a su coste.
También se disuadiría
-sostiene- de plantear "una litigiosidad alegre y desmesurada y a veces
también injustificada, porque, los tribunales estamos hartos de ver
recursos infundados muchas veces que inundan nuestros órganos
judiciales".
