Las Autonomías prevén quedarse este año con otros 2.600 millones de las herencias

MADRID.- Los gobiernos autonómicos prevén quedarse este año con más de 2.600 millones de euros de las herencias que reciban los españoles. Es la cifra de conjunto que sale de computar las previsiones de ingresos fiscales recogidas en los presupuestos autonómicos de este 2018 y recopiladas por Abc. A la cabeza se sitúa Cataluña, que aspira a desbancar a Andalucía como la región que más recauda por Sucesiones. 

En cifra neta, el año pasado la Generalitat catalana propinó a las herencias un mordisco fiscal de 458,71 millones de euros. Y este 2018 prevé dar una vuelta de tuerca más y elevar la recaudación por Sucesiones hasta los 483 millones de euros. Andalucía, que en 2017 lideró el «ráking» con 470 millones, este 2018 prevé recaudar algo menos de 400 millones de euros -tras las rebajas tributarias aprobadas finalmente en Andalucía para este impuesto-.
Pese al creciente rechazo social que genera este gravamen, y las movilizaciones ciudadanas que se han emprendido para exigir su supresión, durante el último año el agregado autonómico no solo no redujo la recaudación de Sucesiones sino que la aumentó. Varias regiones han optado por ir reduciemdp la presión fiscal, por aumentar las bonificaciones y exenciones tributarias sobre las herencias. Pero otras mantienen su carga impositiva, en algunos casos después de haberla incrementado en los últimos años.
El resultado de conjunto es que, en 2017, la recaudación global fue un 1% superior a la de 2016. Ascendió a 2.725,5 millones de euros. Y esto sin contar el País Vasco, cuyos tributos son gestionados por las diputaciones forales y el dato no consta en el informe de ejecución presupuestaria autonómica del Ministerio de Hacienda.

Rajoy promete abordar "de inmediato" la reforma de la financiación autonómica

MADRID.- El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido hoy ante la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a convocar "de inmediato" una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica. Rajoy ha pedido a Díaz que facilite el consenso entre el Ejecutivo y el PSOE para hallar un acuerdo a través de la "vía del consenso".


  Rajoy se ha reunido durante algo más de una hora y cuarto en el Palacio de la Moncloa con Díaz y, al término del encuentro, ha hecho público un comentario en su cuenta de Twitter en el que, junto a una foto de la reunión, ha insistido en la necesidad de consensuar el nuevo modelo de financiación.

"Tratamos asuntos prioritarios para Andalucía: inversiones y el sistema de financiación, un modelo -señala- que siempre he defendido reformar por la vía del consenso".

La presidenta andaluza ha expresado su satisfacción por ese compromiso de Rajoy con el que confía que se desbloquee la situación y ha asegurado que su Gobierno acudirá a la reunión con voluntad de acuerdo y entendimiento. "Si se quiere, será posible, pero hay que querer hacerlo. De momento, hay un paso importante", ha señalado en referencia a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Esa reunión ha subrayado que marca el inicio del diálogo, pero ha insistido en que ahora debe haber "voluntad de entendimiento y dinero".

El jefe del Ejecutivo, según Díaz, le ha trasladado una fecha orientativa para esa reunión del CPFF, pero ha remitido a Rajoy y al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que sean ellos los que informen al respecto porque cree que sería una falta de respeto que lo comunicara ella. 

Además, ha explicado que Montoro deberá hacer una ronda con los gobiernos autonómicos para exponer el modelo de financiación que proponen. 

Un modelo que, según la presidenta andaluza, Rajoy no le ha trasladado en la reunión de hoy, aunque ella sí le ha expuesto el avalado por la gran mayoría de grupos del Parlamento de su comunidad. 

Tampoco el jefe del Gobierno ha ligado en algún momento de la reunión el nuevo modelo de financiación con la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. 

Díaz ha informado también de que Rajoy se ha comprometido a que en los próximos días el ministro de Fomento y el consejero andaluz de este área se reúnan para intentar alcanzar algún acuerdo en materia de inversiones en Andalucía para trasladarlo después al proyecto de ley de presupuestos.

Montoro destapa que diez autonomías gastan más de lo que permite la ley

MADRID.- El Ministerio de Hacienda elevó el viernes al Gobierno, según los preceptos de la Ley de Estabilidad, un informe en el que detalla, por Administraciones, el grado de cumplimiento del déficit, la deuda y la regla de gasto. 

El citado informe, al que tuvo acceso elEconomista, no incluye novedades respecto a los dos primeros parámetros, conocidos ya. Pero sí detalla que una decena de comunidades autónomas decidió saltarse por su cuenta y riesgo las normas y elevó sus desembolsos por encima del 2,1 por ciento que, como límite, había fijado con anterioridad el Ejecutivo. 

El asunto adquiere mayor gravedad en el caso de tres regiones: Navarra y Castilla y León, que casi triplicaron esa tasa; y la Comunidad de Madrid, que gastó un 4,8 por ciento más.

La regla de gasto es, dentro de las normas de estabilidad fiscal, la más desconocida. Fija el límite por el cual las Administraciones pueden elevar sus desembolsos, y lo hace teniendo en cuenta el crecimiento del PIB a medio plazo. 

De ahí que el Gobierno determinase que el ejercicio pasado, con un avance del 3,1 por ciento pero a la baja en lo sucesivo, el margen era del 2,1 por ciento. Era el más generoso de los últimos ejercicios. Sin embargo, y a tenor de los resultados, no ha sido suficiente.

Al margen de los casos de Navarra, Castilla y León y Madrid, incumplieron también el citado 2,1 por ciento Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha, en manos socialistas; La Rioja y Murcia, gobernadas por el Partido Popular; Cataluña, donde hasta octubre llevaba la batuta la extinta Junts pel Sí; y País Vasco, bajo el mandato del PNV. Se de-muestra así que la disciplina fiscal no entiende de ideologías, al menos en nuestro país.

Porque, entre las pocas que sí se ciñeron a los límites impuestos por el Gobierno, están Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares, del PSOE; Galicia, del PP; Canarias, bajo el mando de Coalición Canaria; y Cantabria, del PRC de Miguel Ángel Revilla. 

En esta lista llaman la atención varios resultados. Extremadura, flagrante incumplidora del déficit, fue la única región que rebajó su gasto en 2017, demostrando que, al menos, está haciendo un esfuerzo por reconducir sus cuentas públicas. 

Algo similar a lo que ha hecho Baleares en los últimos años, que de incumplir los objetivos de estabilidad ha pasado a engrosar la lista de Administraciones más disciplinadas. Mención que merece también Galicia, donde el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo ha hecho de la estabilidad fiscal una de sus cartas de presentación.

El ministro ya cumple

En conjunto, las autonomías elevaron su gasto un 2,9 por ciento frente al 2,1 por ciento legal, al desembolsar 4.003 millones de euros más que en el ejercicio 2016. También infringieron su límite de deuda por más de 7.000 millones de euros. Una situación que contrasta con la de la Administración Central, que incumplió las reglas de los años 2012 a 2015 pero que, por segunda vez consecutiva, se ciñó a los objetivos, tanto de gasto como de pasivo -que no de déficit-.

En un ejercicio marcado por la tardía aprobación de los Presupuestos del Estado, el ministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro rebajó los desembolsos un 3,8 por ciento, lo que supone 3.800 millones de euros menos que el año anterior.

Las Corporaciones Locales, las más saneadas y cumplidoras con la Ley de Estabilidad desde que esta normativa se aprobara, tampoco sorprendieron y lograron cumplir con holgura. En superávit presupuestario, sus desembolsos aumentaron un 0,6 por ciento, tres veces menos de lo que les permitían las normas, y ello pese a las polémicas que el propio ministro Montoro ha tenido con ayuntamientos como el de Madrid.

El perfil académico de los presidentes autonómicos

MADRID.- La polémica sobre el máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha puesto en el punto de mira los logros académicos de los políticos. Los mandatarios autonómicos son en su mayor parte abogados y con poca formación complementaria posterior, al menos según consta en sus currículos.

Una formación complementaria, como la de los máster, que no era necesaria para ser licenciado en la época en la que cursaron estudios la mayoría de los actuales presidentes regionales.

Sea o no por la edad, son pocos los homólogos de Cifuentes que exhiben algún máster en las biografías oficiales que constan en las respectivas páginas web de los gobiernos autonómicos.

Tiene uno, por ejemplo, su compañero de partido en Murcia, Fernando López Miras, que aún no ha cumplido los 35 años, licenciado en Derecho y que ostenta un título de MBA de ENAE, la escuela de negocios adscrita a la Universidad murciana.

Cifuentes ha sido la más aplicada a la hora de completar sus estudios, a tenor de lo que figura en la web del Gobierno madrileño, ya que además del controvertido máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos, tiene en su haber un máster en Administración Pública y Dirección de Empresas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

En general, en el mundo de la política priman los licenciados en Derecho y el plano autonómico no se escapa a esa generalización.

Son abogados la propia Cifuentes y el ya citado López Miras, así como los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y la de Andalucía, Susana Díaz, esta última también diplomada en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo.

Es decir, el 40% de los 16 mandatarios actuales es experto en leyes.

Visto por el lado de los partidos, cuatro de las cinco comunidades gobernadas por el PP tienen al frente a abogados y sólo La Rioja se sale de esa tónica.

Si se analizan los méritos curriculares desde el tradicional punto de vista de ciencias o letras, estas últimas arrasan por mayoría, con diez de los dieciséis presidentes autonómicos.

Además de abogados, los estudios más cursados son los de Ciencias Económicas y Empresariales, Periodismo y Magisterio.

Los expertos en Economía son los de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (también es diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco) y Canarias, Fernando Clavijo, mientras que el valenciano Ximo Puig y la navarra Uxue Barkos son periodistas, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, son maestros.

Revilla es el más veterano de los presidentes regionales, junto a su vecino de la cornisa cantábrica, el asturiano Javier Fernández, que es ingeniero de Minas y diplomado en Calidad Ambiental.

El aragonés Javier Lambán es el único licenciado en Historia Contemporánea y Doctor en Historia por su tesis doctoral "La reforma agraria en Aragón en la II República", calificada con la máxima nota posible: apto "Cum laude", y su compañera de filas balear, Francina Armengol, es la única farmacéutica y además tiene un posgrado en Dermofarmacia y estudios de Derecho.

Guillermo Fernández Vara, de Extremadura, el único que es médico forense, obtuvo el grado mediante tesina de licenciatura en 1989, con calificación de sobresaliente.

En todo caso, aunque muchos hayan ejercido su profesión también llevan muchos años en el mundo de la política, por lo que han dejado atrás los estudios, al menos de momento.

Los agentes medioambientales se sienten abandonados y quieren depender ahora de la Consejería de Hacienda

TOLEDO.- Los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han pedido dejar de depender de la Consejería de Agricultura de la Junta, que dirige el consejero Francisco Martínez Arroyo, ante el "abandono" que aseguran sufrir por parte de este departamento en cuanto a sus reivindicaciones de más medios materiales y humanos y más "seguridad" personal ante el creciente número de agresiones.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en Toledo el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM) de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Martín, que ha precisado que este cuerpo, que "ostenta la condición de agente de la autoridad y de policía medioambiental", ha pedido pasar a depender de la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular es el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina.

Martín ha explicado que este cambio de dependencia funcional y orgánica se produce después de que solicitaran ser incluidos en la Viceconsejería de Medio Ambiente o ser integrados en una Dirección General propia dentro de la Consejería de Agricultura, a la que han acusado de "desoír" todos sus planteamientos. 

En este punto ha atribuido "falta de voluntad política" tanto al actual Gobierno regional como al anterior para cumplir con las demandas de este cuerpo, entre las que figura una mayor dotación de medios humanos, ya que Castilla-La Mancha es la comunidad con menos agentes por unidad de superficie, al contar con solo 494 efectivos para 8 millones de hectáreas, ha recalcado el responsable de APAM.

Y ha recordado el acuerdo social al que se llegó hace tiempo para llegar hasta los 700 efectivos que se consideran necesarios para cubrir esta superficie y que, en la práctica, no se ha cumplido. 

A la falta de medios humanos, hay que sumar la falta de medios materiales para desempeñar sus funciones, según Martín, quien ha afirmado que, en estos momentos, se encuentran "a merced de los delincuentes medioambientales" ante la subida exponencial de agresiones, concretamente 30 en los últimos cinco años.

En este punto ha reclamado más medios de defensa personal, como chalecos antibalas y armas cortas, así como cursos de formación, por ejemplo de judo verbal, para hacer frente a las amenazas y agresiones, teniendo en cuenta que los agentes medioambientales son el cuerpo que "se enfrenta a un mayor número de personas armadas", al identificar a veces en un solo día a cien cazadores. 

Unido a la falta de las medidas para garantizar su integridad física, Martín ha criticado la falta de seguridad jurídica ya que, en algunos juicios, se encuentran "totalmente desamparados por la administración", al no contar nisiquiera con un letrado que les defienda.

A estas reivindicaciones, APAM suma la discriminación que sufren en cuanto al propio trabajo que tienen encomendado como cuerpo y no pueden desarrollar, al no ser incluidos en los planes de inspección de Calidad Ambiental, que velan por que no se produzcan desastres como los incendios de Chiloeches o Seseña o los vertidos al Tajo. 

"Queremos trabajar para acabar con la inseguridad medioambiental en Castilla-La Mancha", ha afirmado Martín, quien se ha mostrado convencido de que muchos delitos medioambientales que se producen actualmente no ser materializarían "si nos dejasen trabajar sobre el terreno, del que somos los mayores conocedores", ha aseverado.

Igualmente piden ser integrados en la Sala de Emergencias del Servicio de Urgencias 112, por lo que creen que su trabajo sería "más efectivo" dependiendo de la Dirección General de Protección Ciudadana, que es donde se coordinan los protocolos de emergencia, como sucede en otras comunidades como Madrid, Murcia o Cataluña. 

Por último, el presidente de APAM ha confiado en que la solicitud de esta asociación de pasar a depender de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se atienda "cuanto antes" y ha anunciado que no descartan volver a movilizarse, como ya hicieron en 2016. 

Castilla-La Mancha debe al Estado el 72% de su pasivo por déficit

MADRID.- Después de un sexenio financiándose a través de préstamos del Ministerio de Hacienda, los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los mercados. Andalucía y Baleares actúan de avanzadilla, y ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse. El objetivo que persiguen es el de "desligarse progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce el ministro Cristóbal Montoro a quienes se benefician del FLA y la Facilidad Financiera (FF), según avanza elEconomista.

Andalucía, con vencimientos de 4.556 millones este año, ha trasladado al Ejecutivo la intención de emitir en los mercados hasta 1.000 millones, ahora que "los deberes se han hecho" y se ha cumplido el déficit -lo dejó en el 0,22 por ciento en 2017 frente al límite del 0,6 por ciento al que estaba obligada-. El Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde a la operación.

Desde la Consejería de Hacienda andaluza se argumenta que el objetivo es el de ir abandonando los mecanismos de liquidez, porque si bien éstos "permitieron acceder a financiación cuando los mercados estaban cerrados", su uso impuso "límites a la autonomía financiera" de las regiones y "duras condiciones" en ocasiones "claramente recentralizadoras".

Baleares, por su parte, ha sido menos ambiciosa y ha pedido al Ejecutivo poder endeudarse por valor de 162 millones, cantidad que le correspondería recibir de la Facilidad Financiera en el cuarto trimestre de este año. 

Según la consejera del ramo, Catalina Cladera, el objetivo es el mismo que el andaluz: una "desvinculación gradual" de la tutela de Hacienda. El Gobierno de Francina Armengol reconoce que los mecanismos han permitido a la región ahorrarse intereses, pero también ha provocado que se acumulen amortizaciones y que no se pueda gestionar el calendario de vencimientos con más flexibilidad.

El gesto andaluz y balear llega en un momento clave, con el debate de la financiación autonómica encallado en un órgano secundario del Consejo de Política Fiscal y Financiera y pocas posibilidades de pacto a corto plazo entre los dos partidos que deben acordar el futuro marco, el PP y el PSOE.

La reestructuración, clave

El propio Montoro confirmaba hace solo unos días el interés de varias autonomías por desligarse del FLA y la Facilidad Financiera, aunque añadía que, para la clausura de los mecanismos, esas administraciones exigían una reestructuración de la deuda que mantienen con el Estado. Nada que oculten las peticionarias, por cierto. 

A día de hoy, sobre un pasivo total de más de 280.000 millones, las autonomías deben a la Administración Central 157.000 millones por los préstamos recibidos (que por otro lado ascienden a 261.000 millones.

Un asunto, el de la quita o reestructuración, que levanta una enorme polvareda en el seno de los partidos, sobre todo en el seno del PP. Porque esta formación gobierna en autonomías saneadas como Galicia y Madrid, que no están dispuestas a un perdón selectivo de deuda; y en otras como Murcia, que debe un 77 por ciento de su pasivo al Estado, incumple el déficit y presenta un riesgo de insostenibilidad "muy elevado", según la AIReF.

En el PSOE el debate está algo más soterrado, dado que, a excepción de Asturias, en mejor posición, el resto de autonomías en las que gobierna se beneficiarían de manera importante de un alivio pilotado por Montoro. 

Valencia, en manos de Ximo Puig, presenta el porcentaje de deuda sobre PIB más elevado de España (más del 41 por ciento) y debe un 78 por ciento de ese pasivo al Estado. Andalucía, a su vez, debe el 70; Castilla-La Mancha el 72; y Baleares el 68.

Montoro se muestra dispuesto a estudiar el fin de los mecanismos, y por eso sugiere que es favorable a una reestructuración a la griega, con perdón de intereses y alargamiento de plazos, incluso para regiones saneadas. 

Pero la realidad es otra: sin el concurso del PSOE, Hacienda no está dispuesta a dar ningún paso. Menos aún sabiendo que, con el FLA y la FF, puede mantener a raya los plazos autonómicos del pago a proveedores y el cumplimiento del déficit, políticas que han constituido la gran prioridad política del ministro.

Montoro avisa a las CC AA sobre la desaparición del FLA

MADRID.- Sobre la reestructuración de la deuda autonómica, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha detallado hoy que se está empezando a abordar y ha reiterado que no tiene sentido que el Estado se financie de aquí a futuro a través de la amortización del principal de la deuda o con intereses que vienen de la deuda contraída con el propio Estado.

Por ello, el Ejecutivo pretende eliminar "progresivamente" los mecanismos excepcionales de financiación, como el Plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y entonces reestructurar la deuda y negociar los plazos de vencimiento y los tipos de interés de esa deuda frente al Estado.
Preguntado sobre si el Gobierno espera aprobar la reforma de la financiación autonómica este año, Montoro ha respondido que "en eso se está trabajando", y ha puesto como ejemplo la "total coincidencia" de los partidos en la nueva Ley de Contratación del Sector Público, lo que supone una "expresión" de que "se puede y debe coincidir en leyes fundamentales", como financiación autonómica y local. "Aspiramos a que exista esa coincidencia, vamos a seguir trabajando estos días para buscarlo", ha añadido.
Asimismo, Montoro ha explicado que el Gobierno está promoviendo una habilitación legal para que, al igual que en 2017 los ayuntamientos pudieron utilizar a través de los Presupuestos parte de su superávit en inversión financieramente sostenible, puedan ahora llevarla adelante ante la falta de unas nuevas cuentas públicas.
Tras reunirse ayer con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la que los ayuntamientos pidieron poder usar el superávit de 5.000 millones de las administraciones locales, Montoro ha indicado que el objetivo es conseguir que el concepto de "inversión financieramente sostenible" sea "más amplia" del aplicado en ejercicios anteriores y pueda contemplar algunas compras de bienes relacionados con seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos fundamentales para calidad, bienestar ciudadanos y servicios sociales en determinados ámbitos.
"La intención del Gobierno es que las corporaciones locales utilicen la totalidad de la inversión financieramente sostenible que ponemos a su disposición", ya que la actual no ha sido plenamente utilizada, ha señalado.

Los empleados públicos de CLM quieren trabajar menos horas y ofrecen alternativas

TOLEDO.- El sindicato CSIF ha asegurado que tanto el Gobierno de España como el de Castilla-La Mancha "evitan el diálogo" sobre la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en los empleados públicos de la región y se ha quejado de que "este derecho de los empleados públicos está siendo utilizado con fines partidistas", según www.eldigitalcastillalamancha.es.

CSIF ha recordado en nota de prensa que la Administración central ejecutó en 2012 esta medida para contener el déficit y ha recurrido los posteriores intentos autonómicos de volver a instaurar la jornada de 35 horas semanales. 

Por este motivo, CSIF Castilla-La Mancha remitió una carta a María Dolores Cospedal, en calidad de presidenta del PP de la región y como miembro del Consejo de Ministros del Gobierno de España, para que "actúe en defensa de la Función Pública y devuelva un derecho sustraído que sigue vigente a pesar de las voces críticas surgidas incluso dentro de su propio partido, como la de la Junta de Castilla y León que preside Juan Vicente Herrera".

Asimismo, CSIF volvió a dirigirse al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, instándole a "abrir el diálogo con los sindicatos para recuperar la jornada de 35 horas tal y como ha sucedido en Extremadura y Andalucía".

En este sentido, el sindicato ha valorado que el Gobierno regional plantease esta medida, que finalmente fue derogada por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2016, pero ha lamentado que "los ejemplos de otras comunidades autónomas que han planteado medidas alternativas para ejercer 2,5 horas semanales y completar así la jornada de 37,5 horas no han sido tenidas en cuenta".

"CSIF ha ofrecido diálogo al PP y al PSOE para explicar las posibilidades que existen, para ofrecer puentes en la mejora de los servicios públicos, pero ninguno de los dos grupos políticos han tenido en cuenta las soluciones plasmadas por el sindicato", ha continuado.

Además, ha criticado que la presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regional, Ana Guarinos, ha respondido "sin hacer referencia a la responsabilidad que tiene el Gobierno central en esta medida, ya que la instauración de la jornada de 35 horas debe partir desde el Ejecutivo nacional para evitar diferencias entre las comunidades autónomas".

Del mismo modo, ha apuntado que que el PSOE "no ha contestado" al sindicato "aunque el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha manifestado públicamente que el Gobierno regional no aplicará subterfugios, en relación a Andalucía, y dirige su mirada hacia el Gobierno central sin llevar a cabo autocrítica y obviando las posibilidades existentes".

Así, CSIF ha reprochado que los empleados públicos sean utilizados "con fines partidistas" y que su defensa "dependa únicamente del grupo que se encuentre en la oposición".

Dolores de Cospedal: "A mi Bárcenas no me va a doblegar"

MADRID.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que no va "a ser doblegada" por el extesorero de su partido, Luis Bárcenas, al tiempo que ha asegurado que sólo pondría "la mano en el fuego" por su familia aunque "siempre" va a "defender la honorabilidad de Rajoy".

   En una entrevista al periódico 'Abc', Cospedal ha afirmado que interpuso una demanda contra Bárcenas "desde el momento en que se produjo la publicación de unos supuestos papeles" con la contabilidad del PP. A su juicio, cuando se producen ataques directos "hay que contestar", no solo para defenderse a una misma sino también "a toda la organización que es el PP".

   "Mi obligación como secretaria general es hacer lo que estoy haciendo, que es defender la honorabilidad de mi partido", ha apuntado la dirigente 'popular', que también ha defendido que "los tiempos difíciles no son tiempos de esconderse sino de dar la cara y luchar".

   Sobre Bárcenas, Cospedal ha indicado que fue un error depositar en él confianza y ha asegurado que es "evidente" que es "un mentiroso" ya que "en tres comparecencias ha dicho tres versiones distintas sobre el mismo tema".

 "Aún me espero cualquier barbaridad de él", ha dicho.

   En este sentido, ha señalado que se esperaba las declaraciones de Bárcenas ante el juez "visto el devenir de los acontecimientos" pero que se quedó "estupefacta" cuando se enteró de la existencia de las cuentas de Suiza y "como a medida que van pasando los días va aumentando esa cantidad".

   La dirigente 'popular' ha señalado que ha "pasado momentos duros" pero que se ha sentido "apoyada y respaldada por el partido" que, según ha explicado, le han dado las gracias por "dar la cara" y "salir a defender a todos".

   Del mismo modo, la secretaria general del PP ha denunciado que "algunos, PSOE e IU" han intentado crear "una alarma social desbordada" acerca de la comparecencia de Rajoy y denuncia que "esos que crean la alarma para unos no la crean para otros". Cospedal ha indicado que "es un acierto" que Rajoy comparezca en el Congreso de los Diputados porque "no hay nada que ocultar" en el partido.

   Sobre el líder de su partido ha indicado que no cree que "hoy en día" Rajoy "no diría" que pone la mano en el fuego por el extesorero. En cuanto a ella, ha apuntado que "pondría la mano en el fuego por su familia "exclusivamente". 

"A nadie se le pide que ponga la mano en el fuego por nadie, ni por el director de su empresa, ni por el de su periódico", ha señalado.

   Sobre si este caso podrá pasarle factura al PP en las próximas elecciones, ha declarado que "todo depende de como se resuelva" la trama Gürtel. "Yo espero que se resuelva pronto y que podamos ver una sentencia, después de cuatro años de instrucción", ha asegurado.

Cospedal: "Las regiones que se miran a sí mismas, condenadas a vivir a la defensiva"

TOLEDO.-   La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha manifestado durante el acto de conmemoración de su dos años al frente del Gobierno regional que "las regiones o los países que se miran a sí mismos son vulnerables a la demagogia y están condenadas a vivir a la defensiva".

   Así se ha pronunciado la también secretaria general del PP, en el acto en Toledo para celebrar su segundo aniversario al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde ha estado acompañada por más de mil personas entre miembros de su Ejecutivo, simpatizantes y afiliados al partido.

   Cospedal ha señalado que aquellas regiones o países que se quedan "atrapados" y "mirando hacia atrás, son muy vulnerables a la retórica demagógica de algunos que tienen pocos escrúpulos".

   "No podemos caer en el hastío o en la indiferencia, porque es la excusa fácil para no hacerlo difícil", ha aseverado la presidenta de Castilla-La Mancha en su discurso de clausura de este acto.

   Así, ha abogado por no quedarse atrás "en el túnel del tiempo", pues lo difícil pasa por "cambiar las estructuras políticas, sociales y económicas" del país y de la Comunidad Autónoma.

   "Vamos a colaborar con el resto de nuestros compatriotas para sacar el país adelante. En Castilla-La Mancha vamos a mirar al futuro y vamos a recuperar nuestra región, a pesar de que algunos se escuden en nacionalismos y en egoísmos para no hacer lo que tenemos que hacer. En Castilla-La Mancha nos sentimos orgullosos de ser españoles", ha afirmado Cospedal.

   Cospedal ha tenido palabras de elogio para sus compañeros de partido a nivel regional y nacional y también para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al tiempo que ha manifestado que "aunque haya críticas" el PP tiene que "seguir mirando y trabajando hacia adelante".

   La también secretaria general de los 'populares' ha abogado por realizar una política con "una buena gestión, con honradez y conductas ejemplares", porque a su juicio es una profesión que "no es un mal necesario sino un bien real" en la que las personas que la ejercen tienen que apostar por "la verdad" y ejercerla "con referentes éticos".

   Ha hecho una mención especial a aquellos que se dedican a la política y a sus familias, y ha agradecido a la suya el apoyo que le han mostrado. Además, se ha dirigido a aquellos que trabajan en este ámbito, para que sigan luchando a pesar de los "ataques injurias y difamaciones"; así como a sus familias, a las que ha animado para que los sigan apoyando en un oficio que realizan al servicio de los ciudadanos.

Cospedal defiende estrechar relaciones con el PC chino

SUZHOU.- La secretaria general del Partido Popular y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha apostado este lunes por estrechar las relaciones bilaterales con China, a pesar de que el PP y el Partido Comunista Chino "habitan espectros ideológicos distintos". 

Dicho esto, ha asegurado que España puede ser puente entre Iberoamérica y África y se ha mostrado convencida de que el "establecimiento de modernas relaciones económicas redundará en beneficio" de los dos países.

   Así se ha pronunciado Cospedal durante su intervención en el IV Foro de Alto Nivel de Partidos Políticos China-Europa que se celebra en la localidad de Suzhou, donde se ha guardado un minuto de silencio por las victimas del terremoto del pasado sábado en Sinchuan.

   La 'número dos' de los populares, que ha agradecido al Partido Comunista Chino la invitación, ha explicado que el PP es un partido que tiene un "fuerte fundamento ideológico de centro reformista", con sus concepciones de democracia cristiana y liberalismo, que hace que el "eje de su acción política" sea la defensa del individuo, la libertad y los derechos humanos.

   Aunque ha dicho que es "muy cierto" que el PP y el PC Chino "habitan espectros ideológicos distintos", ha señalado que eso no puede ser óbice para "tender la mano" y "hallar puntos de encuentro" en un mundo que, a su juicio, demanda a los políticos sabe "cruzar a la otra orilla".

   La secretaria general del PP ha afirmado que hay "muchas demandas económicas chinas" que encontrarán respuesta en España y ha subrayado la buena valoración que los españoles tienen de los ciudadanos chinos que residen en nuestro país por su "laboriosidad, su larga implantación y su capacidad de emprendimiento". 

"Nos debemos preguntar qué le puede aportar España a China y qué le puede aportar China a España", ha enfatizado.

   En cuanto a lo que España ofrece a China, Cospedal ha detallado como grandes ventajas el especial vínculo con Iberoamérica y con el norte de África. Así, ha dicho que el idioma "conecta España con América" y está convirtiendo el castellano en una lengua preferente.

   Cospedal ha tendido la mano a futuras relaciones recíprocas, convencida de que "un diálogo sincero entre los partidos políticos", con "el respeto" a sus "profundas convicciones y valores", "redundará" en beneficio del mejor conocimiento de sus respectivas sociedades.

   Y ha concluido citando al ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha al asegurar que "se puede evolucionar desde el desconocimiento atravesando fronteras para la mejor comprensión del otro y de uno mismo".

   El PP participa hoy y mañana en el IV Foro de Alto Nivel de Partidos Políticos China-Europa, que se celebra en Suzhou, y mañana culminará su presencia en este encuentro internacional con la firma de un Memorándum de entendimiento, intercambio y cooperación entre María Dolores Cospedal y Wang Jiarui, vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y ministro del Departamento Internacional del Partido Comunista de China.

El informe de Greenpeace que desató la ira de Cospedal

MADRID.- Greenpeace recibió esta semana un emplazamiento del Juzgado de primera instancia número 7 de Toledo con una demanda por vulneración del derecho a honor. Quien ha decidido acudir al juzgado a defender su buen nombre no es otra que María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. ¿El motivo? El informe Amnistía a la destrucción, publicado el pasado mes de diciembre, en el que la organización no gubernamental repasa la supuestamente estrecha relación entre algunos dirigentes del PP y varias empresas con intereses urbanísticos interesadas en la reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno conservador, según publica http://www.infolibre.es

El informe sostiene que Ignacio López del Hierro, el marido de Cospedal, es consejero de Gecina y Bami Newco, dos empresas con intereses inmobiliarios controladas por los empresarios Joaquín Rivero y Bautista Soler, ambos empresarios muy conocidos y con importantes intereses en el ladrillo. El vínculo es tan intenso, sugiere el informe, que ambos formaron parte del “puñado de invitados” que asistieron en 2009 a la boda entre López del Hierro y Cospedal, entre los que también se encontraba, además del hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el actual ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

En esas fechas Cañete se sentaba también en el consejo de administración de Bami Newco, puesto en el que se mantuvo hasta su nombramiento como ministro, en diciembre de 2011. En la actualidad, siempre según el informe de Greenpeace, conserva una acción de esta empresa.
No son estos los únicos conflictos de intereses del ministro que observa Greenpeace. Entre otros cita sus participaciones en la petrolera Ducar SL y en Petrologis Canarias SL. La primera la presidió hasta su nombramiento. En ella también tienen presencia su esposa y su cuñado, Miguel Domecq, que es además quien le ha sustituido como presidente. El informe señala también a otros dos cuñados del ministro (José Ramón Bujanda, que presidió la Asociación Española de Fabricantes de Hormigón preparado, y Borja Domecq), así como a dos sobrinos con intereses en Bofado Inversiones SL, una empresa dedicada a la construcción.
Greenpeace sostiene que existen “posibles conflictos de intereses” con el proyecto de modificación de la ley de Costas impulsado por el ministro nada más llegar al Gobierno. La organización ecologista cree que el cambio normativo persigue hacer posibles determinados negocios gracias a la modificación de las zonas de protección y afirma que, entre sus beneficiarios, figuran notables políticos del PP, como el exministro Abel Matutes, el expresidente balear Gabriel Cañellas o el empresario afín al PP Juan Miguel Villar Mir.

Greenpeace considera que en el informe únicamente se indica la arbitrariedad e inseguridad jurídica que supone la nueva Ley de Costas, lo que favorece a sectores "muy concretos con intereses privados en el litoral". Con la reforma, según la ONG, se indultarán los edificios ilegales y la destrucción del litoral que se ha producido durante los años de la burbuja inmobiliaria.
Para Greenpeace, la reforma de la Ley de Costas supone uno de los mayores retrocesos en la protección ambiental de los últimos años e insiste en que el proyecto de ley busca privatizar la costa por parte de empresas y propietarios sobre terrenos públicos que pasan a manos privadas.

El abogado de Greenpeace José Manuel Marraco Espinós sostiene que con su informe la organización está defendiendo el derecho al medio ambiente que recoge el artículo 45 de la Constitución, en el marco de sus fines, ejercitando el derecho fundamental a la libertad de expresión que recoge el artículo 20 de la Carta Magna, informa Europa Press.
En la demanda, Cospedal pide que se condene a Greenpeace a rectificar la información de dicho informe y a resarcir los daños y perjuicios mediante el pago de una indemnización.

Cospedal se va a Castilla-La Mancha para huir del caso Bárcenas

MADRID.- María Dolores de Cospedal ha decidido centrarse en Castilla-La Mancha para tratar de alejarse de la polémica sobre la presunta contabilidad B del PP y la indemnización de Luis Bárcenas, que ha provocado que su gestión en el partido se haya puesto en entredicho. De esta manera, ha evitado dar la cara ante los medios en Madrid y se ha centrado en presidir, entre otras cosas, una entrega de premios a los mejores productos agroalimentarios manchegos.
La secretaria general del PP no quiere ni oír hablar de Luis Bárcenas, por lo menos, hasta el lunes que viene cuando protagonizará un desayuno en sociedad junto a Mariano Rajoy en Madrid. A la espera de ese día, Cospedal se ha propuesto como sea evitar las preguntas en torno al extesorero. De ahí que se escondiera y no concediera la tradicional rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido.
Una estrategia que se ha mantenido hasta ahora, ya que no se ha visto a la ‘número dos’ del PP en un acto público en la capital del Estado.
Frente a esta ‘alergia’ a dejarse ver por Madrid y Génova para evitar las preguntas, Cospedal ha aumentado su participación en la agenda del Gobierno de Castilla-La Mancha.Se la pudo ver presidiendo la entrega de los Premios Gran Selección a los mejores productos agroalimentarios de la región.
Un evento en el que, además de hacerse la ‘foto’ con los galardonados, la también secretaria general del PP no escatimó palabras para alabar la “excelente calidad” de los productos manchegos. “No todas las regiones de España y del mundo pueden presumir de tener una calidad destacada”, aseguró, según recogen algunos medios.

C-LM garantiza las prácticas de buen Gobierno

TOLEDO.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Método de Transparencia y Buen Gobierno de la Administración regional para garantizar el acceso a la información y establecer "con carácter obligatorio" las prácticas de buen Gobierno que deben cumplir los responsables políticos en Castilla-La Mancha.

   Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, mediante este acuerdo, el Ejecutivo castellano-manchego se intenta anticipar y adaptar al proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados en relación a la misma materia.

   "Lo que pretende el Gobierno con este acuerdo y con las medidas que en él se contienen es considerar la transparencia y el acceso a la información pública y la participación de los ciudadanos como santo y seña de la acción de Gobierno unidas a las buenas prácticas en la acción de este Ejecutivo", ha argumentado.

La Junta adeuda unos 50 millones a residencias privadas no religiosas

TOLEDO.- El Gobierno regional debe unos 50 millones al sector de las residencias privadas no religiosas, pues les adeuda seis mensualidades, según ha indicado el presidente de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam), Francisco Núñez.

   El presidente de Artecam, si bien ha indicado que están en conversaciones con la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y con la de Economía y Empleo, cuyos titulares expresan "buena voluntad" y la intención de ponerse al día en los pagos en este año, ha afirmado que todavía no hay nada comprometido.

   No obstante, el presidente de este colectivo, que aglutina a 150 centros, entre residencias y centros de día, y cerca de 7.500 camas, se muestra "escéptico" ante las "buenas intenciones" del Gobierno de ponerse al día en pagos.

   Dicho esto, el presidente de ARTECAM ha pedido a la presidenta regional, María Dolores Cospedal, un encuentro, pues ha indicado que desde accedió a la Presidencia han sido varias las veces que se han dirigido a ella por escrito para solicitarle un encuentro.

   Por ello se ha mostrado confiado en que al igual que la presidenta recibió este jueves a la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (ACESCAM), se reúna con ellos "a fin de sumar esfuerzos".

   Y es que la presidenta regional mantuvo un encuentro este jueves con la Directiva de ACESCAM, que engloba residencias de mayores pertenecientes a congregaciones religiosas, residencias diocesanas o fundaciones. En un comunicado el Gobierno regional confirmó haber abonado el 100 por cien del convenio.

   En otro orden de cosas, el presidente de ARTECAM ha asegurado que la situación de sector es "complicada" pues las residencias privadas tienen entre un 25 y un 30 por ciento de camas vacías.

   De igual modo ha asegurado que en los dos últimos años se han perdido más de 1.000 puestos de trabajo y que, aunque la asociación no tiene una estadística, hay familias que están sacando a sus ancianos de las residencias, aunque no les preguntan el motivo, ha dicho.

   Al problema de los pagos, Núñez ha indicado que se unen otros factores que están perjudicando la viabilidad de estos centros, hasta el punto de que "hoy en día, abrir una residencia no es un negocio, es una ruina".

   El presidente de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha asegura que el hecho de que la valoración de la dependencia esté "ralentizada" dificulta que los mayores puedan acceder a las plazas.

   Además, ha proseguido, a las residencias les perjudican los cuidadores no profesionales que perciben una ayuda por hacerse cargo de un familiar dependiente, una condición reconocida a cerca de 28.000 personas en la región, que en la actualidad se ha reducido y que desde el sector de las residencias privadas consideran como "competencia desleal", según Núñez.

   Por todo ello, el presidente de ARTECAM ha alertado de que todos estos condicionantes ponen en riesgo la viabilidad de muchos centros pequeños en la región.

Cospedal propone eliminar los privilegios de los expresidentes

TOLEDO.- La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este jueves que va a pedir al Grupo Parlamentario Popular que presente "otra vez" en las Cortes regionales la iniciativa legislativa que corresponda para eliminar los privilegios de los expresidentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

   Cospedal ha hecho este anuncio en el pleno de las Cortes autonómicas durante el punto en el que se debatía la toma en consideración de la solicitud al Gobierno central para la adopción de un Proyecto de Ley para la supresión del denominado 'complemento de alto cargo' en todas las administraciones públicas, a petición de los socialistas.

   "Voy a pedir al Grupo Parlamentario Popular que presente otra vez en estas Cortes la iniciativa parlamentaria o legislativa que corresponda para eliminar el único privilegio de exalto cargo que queda en la Junta de Comunidades, que es el tratamiento de expresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", ha dicho concretamente.

Las CCAA podrán retomar competencias como mantenimiento de colegios

MADRID.- El Gobierno estudia que las comunidades autónomas puedan disponer de un periodo transitorio de hasta cinco años para retomar competencias que han ido dejando en manos de los ayuntamientos, como la limpieza y mantenimiento de los centros de primaria, cuyo coste total oscila entre los 400 y los 500 millones de euros, así como las guarderías y los consultores médicos.

   Este es uno de los cambios que introducirá la nueva ley de gobierno local, que dejará sentado que cada competencia esté correctamente financiada y que si una administración cede la gestión de un servicio a otra, lo pague adecuada y puntualmente.

   Fuentes de la negociación han explicado que este será el caso entre otros asuntos de la limpieza y mantenimiento de los colegios de primaria, la gestión de las guarderías y la de los consultorios médicos, en los pueblos en los que no existe un centro de salud, que representan menos del 0,5 por ciento de los municipios españoles. Precisamente estos son tres de los asuntos competenciales  en materia de Educación y Sanidad que han estado retrasando la aprobación de la reforma de la administración local.

   Las mismas fuentes han explicado que el asunto no quedará cerrado con la reforma de la ley sino que se establecerá un periodo transitorio, que podría ser de tres, cuatro y hasta los cinco años, para clarificar quién y cómo se queda con estas responsabilidades.

   La previsión es que el Consejo de Ministros vea en su reunión de este viernes un nuevo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre esta reforma. El texto es fruto de meses de negociación con todas las administraciones territoriales y con la Federación Española de Municipios y Provincias, con las que el Gobierno ha trabajado desde que en julio del año pasado viera un primer informe sobre la reforma de la ley.

   El Ejecutivo ha negociado también con otras formaciones políticas, especialmente con el PSOE, que dio por imposible sin embargo el acuerdo hace ya semanas porque, entre otras críticas, interpreta que el Gobierno busca la privatización de servicios municipales.

   La norma servirá para fijar las competencias de los ayuntamientos y obligar a que aquellas que les cedan otras administraciones deban ir acompañadas de financiación. Además, se establecerán unos criterios de eficiencia y eficacia cuyo de obligado cumplimiento para las entidades locales, de forma que las menores de 20.000 habitantes deberán ceder sus competencias a las diputaciones cuando no aprueben el examen (aunque podrán recuperarlas si lo consiguen más adelante).

   Además, las mancomunidades y otros organismos intermedios ya existentes y que tampoco cumplan esos requisitos de eficiencia desaparecerán, y no se podrán crear otros nuevos.

   De esta forma, saldrán reforzadas las diputaciones provinciales, que el Gobierno quiere convertir en centrales de servicios y de compras al considerar que así se ahorrarán también costes. Los municipios mayores de esos 20.000 habitantes también les podrán ceder competencias si creen que así se mejora el servicio.

   La reforma que aborda el Gobierno supondrá la modificación de la ley de administración local, pero también de otros textos que regulan la vida municipal. Así, se quiere limitar el personal no funcionario de los municipios y acotar la retribución de alcaldes y concejales, que deberán oscilar entre 100.000 y 30.000 euros, según el tamaño de cada localidad, e incluir todos los conceptos salariales. Las cifras se fijarán anualmente en los Presupuestos del Estado.

   Por otro lado, se abordará una reforma de la ley electoral para reducir el tamaño de las corporaciones locales. Tras el Consejo de Ministros de este viernes se podría saber cuál es la opción del Gobierno, ya que las cifras han ido variando conforme avanzaban las semanas: El recorte era del 30 por ciento al principio pero, según las fuentes consultadas, ha ido bajando hasta quedarse en torno al 10 por ciento. La decisión final está en manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

    Aunque las negociaciones con el PSOE encallaron hace varias semanas, el Ejecutivo de Rajoy sigue tendiendo la mano con el fin de sacar adelante esta reforma con el máximo consenso posible. En esta línea, el propio ministro Cristóbal Montoro ha pedido a esta formación que se siente a negociar y ha dicho que el Gobierno tiene las "puertas abiertas" para hacerlo.

Las fincas rústicas que la Junta se plantea vender están "infrautilizadas"

TOLEDO.- La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha manifestado que las fincas rústicas que la Junta prevé poner a la venta son propiedades que "están abandonadas e infrautilizadas y no sirven para nada" y que la Junta "no tiene posibilidad de explotarlas".

   En una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, Soriano ha explicado que en la región "hay aproximadamente 3,3 millones de hectáreas forestales y la gran parte están en manos de particulares", ya que de ese total "sólo 170.000 hectáreas pertenecen a la Junta".

   En este sentido, ha asegurado que no entiende la "demagogia" de quienes critican la venta de estos espacios a particulares, ya que los propietarios de fincas rústicas de este tipo "hacen una extraordinaria labor conservando el medioambiente y dando trabajo en poblaciones rurales, haciendo un beneficio a la sociedad. Se les ataca como si el que comprara estas fincas fuera a saltarse la ley a la torera", ha condenado.

   Tras las críticas recibidas ante este tema, Soriano ha asegurado que los que se quejan "lo hacen buscando la oportunidad política para atacar al Gobierno regional", porque a su juicio "son conocedores de las leyes y saben que la ley obliga a respetar la naturaleza".

   "He visto artículos de decanos de colegios profesionales del sector quejándose sobre este asunto, y me sorprende, porque saben que hay una serie de leyes y no es que se vaya a arrasar", ha dicho.

   "Hay leyes a nivel nacional y regional que impiden hacer lo que a ti apetezca en los montes y hasta para podar una encina tienes que pedir autorización. No sé cómo pueden decir esas barbaridades, engañando a la población y creando una alarma injustificada sobre este asunto", ha finalizado Soriano.

Casi cuatro de cada diez españoles apuesta por acabar con las CCAA

MADRID.- Casi cuatro de cada diez españoles son partidarios de un Estado con un único Gobierno central y sin comunidades autónomas o mantenerlas pero restándoles autonomía, según se desprende del último Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   La encuesta se basa en 2.483 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los pasados 4 y 14 de enero, en pleno debate sobre el proceso de autodeterminación iniciado en Cataluña por CiU y ERC.

   Los resultados que arroja el sondeo correspondiente al mes de enero no difieren apenas del de diciembre. Así, al ser preguntados por el modelo de Estado que prefieren, la posición mayoritaria, elegida por el 32,1 por ciento de los encuestados, sigue siendo la de dejar las cosas como están, esto es, con un Estado con comunidades autónomas.

   Sin embargo, hasta un 24,2 por ciento prefiere acabar con las autonomías, un porcentaje muy similar al de hace un mes (24,6 por ciento), mientras que un 14,5 por ciento apuesta por mantener las comunidades pero que estás tengan menos autonomía, una posibilidad que aumenta algo más de dos puntos con respecto a diciembre (12,3 por ciento).

   En el otro lado de la balanza, un 11 por ciento de los ciudadanos defienden comunidades con mayor autonomía que en la actualidad, casi un punto más que en el barómetro de hace un mes, y un 9,2 por ciento apoya un modelo en el que las autonomías puedan decidir si quieren la independencia (en diciembre este cifra era de un 9,4 por ciento).

   Asimismo, el sondeo refleja que más de la mitad de los encuestados se sienten tan españoles como de su comunidad autónoma (54,5 por ciento). Además, un 14,7 por ciento declara sentirse únicamente español, un punto menos que en la última encuesta, y un 6,3 por ciento asegura sentirse únicamente de su comunidad autónoma, también ligeramente inferior al porcentaje reflejado en la encuesta de diciembre.

La Junta no podrá contratar a personal salvo "casos excepcionales"

TOLEDO.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este jueves una Orden de la Consejería de Hacienda sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta para 2013 que, entre otras cuestiones, establece que el Gobierno autonómico no podrá contratar a nuevo personal "salvo en casos excepcionales".

   La Orden tiene por objeto regular las normas y procedimientos necesarios para la ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta para 2013, "garantizando una adecuada disciplina presupuestaria, así como la racionalización del gasto, y contribuyendo de este modo a la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

   El documento señala que durante el año 2013 no se procederá a la contratación de nuevo personal laboral temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal, ni de funcionarios interinos en el ámbito del sector público regional, "salvo en casos excepcionales en los que, contando con la correspondiente dotación presupuestaria, se pretendan cubrir necesidades urgentes e inaplazables".

   Estos nuevos contratos se restringirán a los sectores, funciones y grupos profesionales que se consideren absolutamente prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

   Con carácter general, según indica la Orden, se considerará que no existen necesidades urgentes e inaplazables para la cobertura de puestos de trabajo por sustitución transitoria de sus titulares, en los supuestos de concesión de comisiones de servicios, licencias sin sueldo y de cualquier otro permiso o licencia que esté sometida para su autorización a las necesidades del servicio.

   Excepcionalmente, en casos debidamente justificados y previo informe de la dirección general competente en materia de presupuestos, podrá ser apreciada la existencia de necesidades urgentes e inaplazables para proceder a la cobertura de puestos de trabajo.

   Durante el ejercicio 2013, las entidades, empresas públicas y fundaciones pertenecientes al sector público regional así como los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Junta o por sus órganos o entidades vinculadas o dependientes no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo que las contrataciones respondan a convocatorias iniciadas en ejercicios anteriores o que resulten obligatorias en el marco de programas o planes plurianuales que estén en ejecución a la entrada en vigor de la mencionada ley.

   Sólo en casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se podrán llevar a cabo contrataciones temporales. En todo caso, la contratación de personal, en cualquier modalidad, requerirá el informe previo de la dirección general competente en materia de presupuestos.