Ya es oficial. La crisis de España no tiene precedentes. Con esa idea
se acaba este domingo la Asamblea anual del Fondo Monetario
Internacional. José Viñals, ex subgobernador del Banco de España y
actual director del Departamento de Asuntos Monetarios y Financieros del
Fondo, dijo el miércoles que la salida de capitales de los países de la
periferia de la eurozona hacia el centro es "muy extraordinaria en una
unión monetaria" ("quite extraordinary").
El país que encabeza esa salida de capitales es España.
Los inversores extranjeros han retirado dinero equivalente al 27% del
PIB de España entre junio de 2011 y junio de 2012. La mayor parte de esa
huída de capital se produjo entre enero y junio, y no hay signos de que
se haya parado.
En un país que tuviera su propia moneda, eso implicaría que la divisa se habría despeñado. Un ejemplo: en 1997 Indonesia tuvo salidas de capital algo inferiores a las que España está teniendo;
en 1998, iguales. En los seis primeros meses, la rupia indonesia pasó
de 2.436 unidades por dólar a 14.800. La inflación rozó el 80%. El PIB
cayó un 13,5%.
El sistema bancario quebró, el país vivió una revolución y una oleada
de violencia étnica contra la comunidad de origen chino. Fue rescatado
por el FMI con 43.000 millones de dólares (que hoy, descontada la
inflación serían casi 48.000 millones de euros). Eso, en relación al
tamaño de la economía de Indonesia, sería como si España recibiera
430.000 millones de euros, que muchos creen que es lo que en realidad
necesitamos (más 100.000 para los bancos).
Pero España no tiene moneda y no puede devaluar. En
el último año nuestra divisa, el euro, ha caído un 7%. Pero con la mayor
parte de los países europeos, que son nuestros socios, vale lo mismo.
La opción sería que los españoles perdiéramos un 30% de nuestro poder
adquisitivo. O sea, volver a la posguerra.
Nuestra situación es peor que la de Grecia, porque, aunque nuestro
sistema político es más eficaz (lo que tampoco es un piropo en sí
mismo), nuestros problemas son mayores. El ajuste no solo no ha reducido
el gasto público: lo ha aumentado drásticamente, del 3,6% del PIB al
4,5% en apenas seis meses. Es decir: excluido el pago de
intereses de la deuda, el agujero de nuestro Gobierno es ahora unos
10.000 millones de euros mayor en relación al inicio del año.
¿Cómo es posible? Porque los recortes del gasto y las subidas de
impuestos hacen que la actividad económica caiga más de lo previsto y
sepultan la recaudación fiscal.
Pero el déficit público es el síntoma, no la raíz del problema.
España, como ha dejado claro el FMI, no tiene un problema de gasto
público. Tiene un problema de sistema financiero. Nuestros bancos están
en quiebra. BBVA y Santander pueden seguir financiándose fuera, porque
su estructura legal permite a sus filiales operar de forma
independiente. Pero los demás, no. Y, después de la decisión de Standard
and Poor’s de bajarnos el rating, dos de las principales agencias de
calificación de riesgos nos han puesto al borde de la calificación de
bono-basura. Una de ellas, Moody’s, amenaza desde setiembre con darnos
nota de bono-basura.
El futuro
Si dos agencias nos declaran bono-basura, la situación sería
dramática. Por un lado, nadie compraría nuestra deuda pública. Pero
también afectaría a las empresas, porque las agencias de calificación de
riesgos siempre mantienen una correlación entre el rating de la deuda
pública y la privada.
El mercado europeo de bonos que no tienen el rango de inversión (que
es lo que es un bono-basura) ronda los 250.000 millones de euros. La
llegada de la deuda española lo inundaría. Solo si Telefónica e
Iberdrola se vieran abocadas a entrar en ese mercado, su volumen
crecería en 80.000 millones, según Financial Times.
Esas empresas, al contrario que los bancos, no tienen una estructura
societaria que les permita a sus filiales en el extranjero captar
capitales.
Los bonos-basura (aunque la traducción literal del término junk bond es más bien 'bono-trasto') presentan muchos problemas para los inversores.
Una gestora de fondos suele necesitar un mandato específico de sus
inversores para comprar esos activos. Y exigen una rentabilidad mucho
mayor por comprarla, del 10% o más.
Ése es el gran problema de España. El Fondo Monetario Internacional
—que, al contrario de lo que muchos piensan, está defendiéndonos desde
el inicio de esta crisis contra Alemania y otros presuntos aliados como
Finlandia y Holanda— ha sido muy claro.
Así pues, estamos en quiebra. Están en quiebra los
ayuntamientos, las comunidades autónomas, las familias y gran parte del
sistema financiero. Si se comparan las cifras de deuda del Fondo en
abril con las de ahora, se ve que esos pasivos apenas han sido
recortados. El único que no está en quiebra es el Gobierno central. Pero
él será quien acabe pagando la factura de los demás. Y eso también le
llevará a la quiebra.
(*) Corresponsal de 'El Mundo' en Washington
