MADRID.- El Gobierno fijará el salario de los
alcaldes en función de la población del municipio que gobiernan y estará
en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado. De acuerdo
con esta homologación salarial, ningún regidor cobrará más que un
secretario de Estado, cuya retribución en los actuales Presupuestos
Generales del Estado ronda los 68.000 euros, según han informado fuentes de la negociación. Esta retribución será para los
alcaldes de las grandes ciudades, el resto cobrará por debajo de ese
tope, modulado según el número de habitantes.
El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja
sustancial en la remuneración que reciben muchos regidores,
especialmente los de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ya que
Ana Botella y Xavier Trias superan los 100.000 euros anuales.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está
trabajando en unas tablas salariales en las que se homologarán los
sueldos municipales a los de los altos cargos de la Administración del
Estado y se tendrá en cuenta el número de habitantes de la corporación
local.
A la espera de concretar los tramos, los regidores de los grandes
municipios con más de un millón o millón y medio de habitantes --como
Madrid o Barcelona-- tendrán una retribución similar a la de un
secretario de Estado (68.365 euros).
En el segundo escalafón, aunque está por definir la horquilla de
población, cobrarán como un subsecretario de Estado (59.451 euros) y en
el tercero, el sueldo será como el de un director general (50.832
euros), un tramo en el que previsiblemente se situarán la mayoría de los
alcaldes de las capitales de provincia. Eso sí, habrá más tramos para
los regidores de municipios más pequeños, a los que se les pagará como a
un director general menos un determinado porcentaje en función de la
población del consistorio.
Las retribuciones de los concejales también se ajustarán a estos
baremos, de forma que si el alcalde de un municipio cobra como un
secretario de Estado sus concejales percibirán un sueldo un poco menor,
que se fijará restando un determinado porcentaje al sueldo del regidor.
El Ejecutivo también trabaja en una reducción del número de
concejales, que no será una disminución generalizada del 30 por ciento
como se dijo el pasado verano sino que se modulará en función de las
circunstancias del consistorio.
Las fuentes consultadas barajan que esa reducción pueda oscilar
entre el 20 y el 30 por ciento y para ello se tendrán en cuenta algunas
variables como la población del municipio o los presupuestos del mismo.
Paralelamente, el Gobierno quiere aprovechar estos cambios para
rebajar el número de ediles con dedicación exclusiva, de tal manera que
sólo cobrarían un suelo los liberados, mientras que el resto percibiría
dietas por asistencia a los Plenos.
Aparte de los sueldos municipales, uno de los principales asuntos
en los que está volcado el Gobierno es la clarificación de competencias,
ya que evitar duplicidades y solapamientos constituye la principal
fuente de ahorro de la reforma local.
Así, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local delimitará "en
positivo" cuáles son las competencias de los ayuntamientos, con el fin
de corregir las llamadas competencias impropias que asumen la mayoría de
los consistorios en este momento.
Junto a esas competencias exclusivas, los ayuntamientos podrán
ejercer otras contando con financiación suficiente y teniendo
previamente resuelta la financiación de las suyas propias. Además, las
comunidades autónomas podrán cederles alguna competencia siempre que
vaya acompaña de la financiación necesaria y de un convenio que fije el
número de años que la ejercerá, explican las fuentes consultadas.
El Ministerio de Hacienda, el PP y el PSOE está perfilando aún
cuáles serían esas competencias municipales, uno de los aspectos de la
reforma local en los que el Partido Popular espera que haya consenso,
según fuentes 'populares'.
En principio, el borrador que se presentó este verano --sobre el
que se está trabajando-- propone que los ayuntamientos dejen de tener
competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto
de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria
o el abastecimiento de agua.
La reforma local eliminará buena parte de las mancomunidades, que
deberán presentar sus cuentas en tiempo y forma, es decir, cumplir la
ley y reunir unos estándares de calidad para no desaparecer. El
secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha
explicado en diversas ocasiones que las diputaciones son la
"mancomunidad natural", según la Constitución, entidades que prestan
servicios agrupados a distintos ayuntamientos y reducen así los costes.
En España existen 1.432 mancomunidades y el 71,3 por ciento no
cumple su obligación de presentar cuentas anuales según el informe de
Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de reforma de
esta ley. El cálculo del departamento es que el ahorro por la supresión
de estas entidades puede ascender a 700 millones de euros.
Las fuentes consultadas consideran que el Consejo de Ministros
aprobará esta reforma de la Ley de gobierno local en la primera quincena
de enero, dejando estas semanas de Navidad para lograr el máximo
consenso con los socialistas.
Si la reforma de la Administración Local entra en vigor el próximo
verano, como calculan las fuentes consultadas, los consistorios
dispondrán de cierto respiro económico con el ahorro que implica la
clarificación de competencias.
El Ejecutivo no tiene previsto aprobar por el momento una reforma
de la Ley de Haciendas Locales, un tema que se pondrá encima de la mesa
cuando se revise la financiación autonómica, algo que empezará a abordar
a partir de 2013.
