El mundo rural español se moviliza de nuevo para proteger la agricultura y su economía

 

MADRID.- El mundo rural español se pone de nuevo en marcha de forma coordinada y con una agenda de largo recorrido y gran profundidad política y social. SOS Rural, que surgió en abril de este año gracias al apoyo de cientos de organizaciones a este movimiento ciudadano independiente, anunció en Madrid esta semana la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con una campaña masiva de recogida de firmas, cuyo objetivo central es “proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío”, ya que es un “sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral”.

Una ILP, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja.

SOS Rural informó también de que esta ILP irá acompañada de una acción a nivel europeo con sus aliados de países como Alemania, Holanda, Francia, Polonia o Rumanía. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, defendiendo la agricultura nacional y europea contra la competencia desleal de terceros países.

Para ello, se quiere “promover el uso de la política comercial de la UE para establecer aranceles y defender el producto agrícola español y europeo contra la competencia desleal de terceros países que no son parte de la Unión Europea, así como para dar preferencia a las cadenas de suministro locales”, como explicó José Andrés García Cuesta, director-gerente de ADESPOFA.

La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, explicó durante una jornada, organizada junto con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE), que “el maltrato al campo tiene una incidencia decisiva en los precios de los alimentos y en el bolsillo de los españoles”. 

Y tiene además otra incidencia económica de calado: desmantelada la industria, “si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país de sólo servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio”.

Corbalán incidió en esta línea: “La soberanía alimentaria es un factor estratégico para un país. Para naciones como Canadá, Estados Unidos, China o Rusia el sector primario es una cuestión de Estado”.

El también portavoz de SOS Rural Salvador Marqués explicó las líneas maestras que se incluirán en la ILP. Así, detalló que, además de impulsar una campaña masiva de recogida de firmas, el texto pedirá “la protección de la agricultura y la economía rural con un marco regulador integral que persiga el objetivo de la seguridad alimentaria y que gire en torno a varios ejes: uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos y protección de las tierras de regadío, que desempeñan un papel crucial en la producción de alimentos”.

Además, incluirá la petición de proteger “el sector primario en conjunto con un marco regulador integral para dotar al sector productivo y al resto de la industria agro alimentaria de herramientas para impulsar su actividad económica, basada en la producción de alimentos seguros, saludables, suficientes y asequibles”. 

También, la “protección del acceso a insumos ganaderos esenciales para la supervivencia de los animales de granja a un precio razonable, incluyendo piensos y fertilizantes”, así como la “protección de la actividad pesquera para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sector”.

Defendió Marqués que la ILP incluirá la petición de “acceso de las comunidades rurales a servicios como infraestructuras y transporte, financiación especializada, digitalización, emprendimiento y educación, áreas que forman los pilares para la sostenibilidad de la vida fuera de la ciudad”. 

También, la ancestral reivindicación del mundo rural de una “actualización de la política hídrica en España que favorezca el desarrollo socioeconómico y agro alimentario, que respete el riego y garantice los caudales. Y también la vigilancia sobre la contaminación de las aguas sobre la base de criterios técnicos e independientes, no ideológicos”.

España se enfrenta a su mayor reto agrario del siglo: convertir en regadío 1.901.529 hectáreas de olivar

 

MADRID.- En España, la mayor parte del olivar es de secano y eso significa que, cuando hay buenas cosechas, el precio de la aceituna se derrumba; pero cuando hay malas y ese mismo precio se dispara, casi no hay aceitunas que vender.

Todo ha ido bien porque, en fin, se trataba de utilizar terrenos poco aprovechables para otra cosa; y, aunque los márgenes fueran pequeños, la sucesión de las buenas y las malas cosechas iba equilibrando las cuentas de un sector clave, pero escuálido.

En un contexto en que todo parece indicar que durante los próximos años las campañas malas van a ser cada vez más frecuentes, es un enorme problema.

Sobre todo porque el olivo tiene memoria. “El olivo produce aceitunas en función de lo que ha crecido el año anterior. Si, pongamos, en 2023 no crece mucho porque no ha tenido agua, en 2024 no producirá mucho más porque no tiene crecimiento donde sostener esa producción, aunque tenga agua”, explicaba en DAP Diego Barranco, catedrático de la Universidad de Córdoba en el Departamento de Agronomía de la Escuela de Ingenieros Agrónomos.

Cuando las malas cosechas son pocas, la "memoria del olivo" es algo que usar a nuestro favor. Porque, aunque haya años malos, las peores cosechas se ven amortiguadas por el año previo. En un contexto de sequía recurrente, la memoria es la puntilla que le falta a un sector que va decreciendo poco a poco.

Y ese es justo el contexto en el que estamos. Si miramos el histórico de datos, veremos que “en Andalucía se han llegado a obtener buenas cosechas con 400 mm anuales”. Sin embargo, este año 2023 hay zonas de secano andaluzas “que no han recibido ni 200 mm”. Es, siendo claros, un auténtico desastre. Un desastre que está sacando, año tras año, hectáreas de olivar fuera de producción.

Pero un desastre evitable. Porque no todo el olivar es tan mal negocio... si puedes regarlo. En ese caso, las cosechas se 'desvinculan' de la cantidad de lluvia que caiga en el país y la "memoria" siempre juega a nuestro favor. Esto se hace evidente en años como este: el precio de la aceituna se ha disparado y, claro, los principales beneficiados son los olivares de regadío.

Esto es una noticia excepcional, claro. Bastaría con mejorar las instalaciones y  añadir riego para revolucionar la producción (y conseguir que el precio fuera más estable independientemente de la meteorología).

El problema es que no podemos hacerlo. “Lo difícil es disponer de agua porque ya la cuenca del Guadalquivir es deficitaria, así que no se dan nuevas concesiones”, explicaba Barranco. 

Esas concesiones sí las tienen "parcelas históricas de otros cultivos que siempre fueron regadío o los olivares que surgieron" directamente como "de regadío".

Cuando hablamos de esto con Robert Glennon, profesor de la Universidad de Arizona, lo deja claro: si queremos encontrar soluciones, hay que forzar una mejor gestión del agua y crear mecanismos sólidos que aborden de una vez temas como la tarificación del agua y su asignación eficiente.

Y los que seguimos de cerca cómo se gestiona el agua en España (y hemos visto como casi 200 pueblos se quedaban sin agua potable por una legislación que llevaba años aprobada, pero nadie se molestó en implementar) sabemos que esto es una quimera. Más aún cuando en nuestro país el 82,1% de los usos del agua los recoge ya el sector agrícola.

La crisis del aceite esconde otras muchas crisis. Una mala gestión de los recursos hídricos, una infinita sucesión de problemas laborales que se llevan arrastrando desde la Transición a la Democracia, un sector con márgenes pequeños, torpe y sin incentivos para evolucionar, un problema político que impide tomar medias estructurales... la crisis del precio del aceite esconde muchas cosas.

Y, conseguir que el sector siga vivo (si es eso lo que queremos como sociedad), va a ser uno de los mayores retos de las próximas décadas.

Un sector camino del desastre 

El aceite de marca (y, más aún, si se trata de virgen extra) no baja de los nueve euros. No obstante, esto es solo la anécdota. El problema está un paso más allá.

Una larguísima cuenta atrás. Y es que, por mucho que nos sorprenda, el precio del aceite no parece estar cerca de su pico. Y tiene cierta lógica. Hasta finales de septiembre o principios de octubre, cuando la Junta de Andalucía publica el aforo del aceite de oliva, no hay una estimación precisa de cómo será la temporada del año que viene.

En ese momento, con lo que quede del "enlace" (el excedente del año pasado) y las previsiones de la próxima campaña, la industria podrá hacer números y ver en qué situación nos encontramos. 

Mientras tanto, y aunque es cierto que hay toneladas de información y análisis sobre el sector, todo son movimientos a tiendas.

No obstante, la situación pinta mal. Muy mal, de hecho. Es cierto que un otoño lluvioso podría solucionarnos parcialmente el problema, pero hay muchas cosas que ese otoño no podría solucionar: que llevamos una campaña mala tras otra desde hace demasiado.

El año pasado, por aterrizar tan solo la campaña más cercana, recolectamos la mitad de lo que se recolecta en un año normal. Unas 660.000 toneladas Y como el año anterior ya había sido malo, las tensiones en el mercado de aceite no han cesado en ningún momento.

Sobre todo, porque no es solo una cuestión de la escasez de aceituna. Es también una cuestión del precio de los costos de producción (energía, riego, fertilizantes, mano de obra, gastos administrativos...). En el fondo, lo que está viviendo el campo olivarero español es una tormenta perfecta. Una pésima tormenta perfecta.

Del campo español, pero también del campo internacional. Tanto es así que, pese a que la producción turca se duplicó en la pasada campaña, no pudo compensar la caída española. Y, aunque nuestra mala cosecha fue una noticia fantástica para los productores turcos, los precios no se han podido contener.

Caída del consumo. No nos llevemos a engaño, la subida de precios se enfrente también a su contrapartida económica: la caída del consumo. Lo llevamos comentando recurrentemente durante los últimos años, el país está dejando de consumir aceite de oliva. 

Crisis tras crisis (y con la mediación de un profundo cambio cultural y gastronómico), amplias capas de la población se han bajado de la cultura del aceite y la inmensa mayoría no ha regresado a ella.

¿Qué puede significar otra nueva crisis para este proceso de desolivización de España? Pues esa es la gran pregunta. Sobre todo, porque estos años van a suponer un desastre económico para nuestra industria y la suma de la perdida de competitividad internacional y el empequeñecimiento del mercado nacional pueden ser la puntilla que le faltaba.

UPA denuncia un «plan orquestado» para acabar con el almendro de explotaciones familiares y apostar por cultivos intensivos de regadío

MADRID.- La organización agraria UPA ha denunciado que determinadas industrias, importadores y cooperativas están orquestando un plan para sustituir los almendros de secano de agricultura familiar por cultivos intensivos de regadío de grandes propietarios e importaciones masivas de California, según recoge https://agroinformacion.com.

El sector de la almendra vive un momento convulso. Con 370.000 toneladas el año pasado, España es el segundo productor mundial de este fruto seco cuya demanda está en auge, pero al mismo tiempo es el principal importador, con 100.000 toneladas que entraron en nuestro país la pasada campaña, principalmente de California.  

España es una potencia productiva y también transformadora, pues la industria del dulce y el turrón necesita grandes cantidades de fruto seco para elaborar sus productos.

Sin embargo, a pesar de ser un cultivo con una fuerte demanda, los agricultores de almendra en secano –cuya superficie supone el 80%, frente al 20% del regadío– están viviendo una situación rocambolesca: su escasa producción, que ronda un 30% de una campaña media, no logra percibir un precio justo, que al menos cubra sus costes de producción. 

El motivo, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, está claro: «los industriales, importadores y ciertas cooperativas están llevando a cabo un plan para sustituir producción de secano por otras intensivas de regadío».

En los últimos diez años, la superficie de cultivos intensivos de regadío ha crecido diez veces más que la de secano, un modelo productivo impulsado por grandes propietarios y fondos de inversión al calor de la supuesta rentabilidad de los frutos secos. Todo ello unido a las importaciones masivas desde EE.UU: “Hoy se está dando el caso de que la almendra de California les sale a los industriales más barata que la española”, lamentan desde UPA.

Según denuncia UPA, ciertos industriales españoles están importando almendra californiana con cáscara para procesarla en sus plantas en España. Después la envasan y la reexportan a otros países europeos como almendra española. Una práctica “totalmente ilegal”, recuerdan desde esta organización.

Los agricultores también sospechan de que determinados dulces navideños, muchos de ellos acogidos a Denominaciones de Origen, se estarían elaborando con almendra californiana, incrementando así el beneficio de las industrias pero reduciendo la calidad del producto y, sobre todo, incurriendo en un fraude de etiquetado al no reconocer el origen foráneo de la materia prima. 

UPA, que ha reunido a su Sectorial de Frutos Secos, ha pedido reunirse con el Ministerio de Agricultura para pedir un plan de protección y promoción de la almendra española, que incluya medidas como un fuerte control de las importaciones desde Estados Unidos –planteando incluso la imposición de aranceles–. 

También reclaman un plan de vigilancia del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, una marca de calidad que reconozca a las almendras españolas, reformas en el seguro agrario de frutos secos y una revisión en el funcionamiento de las lonjas, «para hacerlas más transparentes y rigurosas».

En Villarrobledo recogen el 50% de la cosecha de almendra por las heladas

VILLARROBLEDO.- La cosecha de almendro que tiene lugar en esta fecha en el término municipal de Villarrobledo registra datos que son muy negativos para los productores que recogerán tan solo el 50% del cultivo debido a las heladas.

El cultivo del almendro que ocupa una extensión de 4.537 hectáreas en Villarrobledo, sobre las 83.000 hectáreas que la Oficina Comarcal Agraria contabiliza en la provincia de Albacete, tiene en el término municipal 816 hectáreas de regadío y 3.700 hectáreas de secano.

Las variedades nuevas tardías en su floración y extra tardías se han visto afectadas con las heladas en un 50% a lo que los productores añaden el bajo precio que están pagando por el producto.

El campo español se une para protestar ante los ministros de la UE por los "continuos ataques" al sector

 

MADRID.- Los agricultores y ganaderos españoles no se resignan a su situación actual, marcada por los bajos precios, la subida de insumos, la competencia "desleal" de terceros países y las medidas medioambientales impuestas por Bruselas -"imposibles de cumplir", en su opinión- con el beneplácito del Gobierno de España. 

El sector se moviliza este martes en Córdoba en "unidad de acción", es decir, por encima de sensibilidades o tendencias ideológicas. Las tres grandes organizaciones agrarias -Asaja, UPA y COAG- y Cooperativas Agroalimentarias van de la mano y protestarán aprovechando la reunión de ministros de Agricultura de la UE con motivo de la Presidencia de turno española. Entre los presentes, el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski.

"Protestaremos por los continuos ataques que recibe el sector", denuncian fuentes del sector consultadas. El hartazgo no es nuevo y pretende recoger el testigo de la histórica manifestación que colapsó Madrid en marzo de 2022 debido a que "el diagnóstico desde entonces no es que siga siendo el mismo, es que es mucho peor" y las soluciones aportadas, "ninguna", lamentan.

Los problemas a los que se enfrentan las producciones agrarias españolas son múltiples. "Están tratando de cambiar las reglas de toda la vida, no sólo ya sin contar con los profesionales del campo, que son los que saben de esto, sino que ni tan siquiera nos dan tiempo para ello y, lo que es más grave, no nos ofrecen recursos para afrontarlo", esgrime Pedro Barato, presidente de Asaja. 

Las quejas miran a Bruselas, pero también al Gobierno de España, que ha apoyado, cuando no jaleado, los cambios introducidos y ya aprobados para el nuevo periodo de la PAC (las ayudas europeas), en vigor desde este mismo año.

Las exigencias medioambientales establecidas como requisitos indispensables para recibir los fondos -a través de estrategias como De la granja a la mesa o la Ley de Restauración de la Naturaleza- están en el punto de mira. 

"Es un cambio de modelo, de una forma de trabajar que hemos demostrado durante años que ha sido eficaz, que nos ha puesto en la vanguardia mundial, pero resulta que ahora nos dicen ya no vale lo que hacíamos de generación en generación, cambian las reglas del juego de un día para otro y nos la imponen desde grandes despachos burocráticos", apunta este dirigente agrario. 

"No estamos en contra de las medidas para potenciar la sostenibilidad porque somos los primeros interesados", añade Barato. "Además, nos hemos dedicado a cuidar desde siempre el campo, pero de una forma coherente y con unos plazos razonables y siempre que se asegure primero la rentabilidad". 

En caso contrario, barrunta, las explotaciones agrarias van a sufrir "un problema muy serio a corto plazo y se va a poner en riesgo el sistema alimentario porque van a provocar la caída de miles de productores".

En España, el sector se muestra convencido de que les ha perjudicado mucho en la anterior legislatura el peso que tenían ministerios como el de Transición Ecológica o el de Consumo, por encima del de Agricultura, que quedó en segundo plano y con un responsable, Luis Planas, con menos fuerza política y con poca influencia para frenar leyes que, consideran los agricultores, se diseñaban en contra de la España rural y agraria y desde el más absoluto de los "desconocimientos". 

"Esa adaptación verde requiere de mucho dinero. No es que no la queramos hacer, pero con tiempo, en un plazo más amplio, y con unas inversiones que no supongan que se lleven por delante a muchos de los agricultores y ganaderos por decisiones de burócratas sentados en sus despachos que no tienen ni idea del campo", sentencia Barato. 

Todos piden "una hoja de ruta realista" y medidas de apoyo mucho más ambiciosas para que los agricultores profesionales puedan acometer la transición "de manera justa, equilibrada y rentable".

Los cambios impuestos llegan además en un ciclo productivo marcado por el encarecimiento de los costes de producción (un 35% se ha elevado el precio de los insumos sólo desde el año pasado), por la sequía continuada (que lleva, por ejemplo, a que dos campañas seguidas como la del aceite sólo produzcan la mitad de lo habitual y se disparen los precios) o la creciente "competencia desleal" de terceros países, que no tienen "las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad a las que están obligados los países europeos o, simplemente, nos utilizan como moneda de cambio por conflictos comerciales de otros sectores que no tienen nada que ver con nosotros", se queja Miguel Padilla, secretario general de COAG. 

Sandías, melones o tomates procedentes de Marruecos o arroz y miel de países asiáticos son algunos de los ejemplos más significativos: "Consideramos fundamental intensificar los controles en frontera para garantizar la entrada de alimentos bajo las mismas exigencias fitosanitarias, laborales y de calidad", esgrime.

"Es un tema general, afecta a todos los sectores, no es que uno esté mejor que otros. Y se une la entrada en vigor de la aplicación de la PAC, impuesta desde Europa por encima de los gobiernos, que está produciendo además muchas incidencias que nuestros técnicos intentan resolver, pero está siendo muy complicado", reconoce Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. 

"Es una situación muy dura y además esas medidas que nos obligan están siendo muy difíciles de aplicar porque no se trata ya de dinero o de presupuestos, que hay el que hay, sino de un problema común para el sur de Europa y especialmente para España", apunta. 

En parecida línea se expresa Cristóbal Cano, secretario general de UPA en Andalucía: "Reclamamos un trato igualitario, que haya reciprocidad, lo que se llamamos cláusulas espejo, es decir, que los productos que lleguen a Europa tengan las mismas exigencias y los mismos controles de sostenibilidad que los nuestros".

Este análisis también conlleva un aviso de posible desabastecimiento del sistema alimentario. 

"Como se comprobó en la pandemia, se trata de un asunto de máxima prioridad", por lo que instan a "proteger de manera indispensable el tejido productivo de las explotaciones para que puedan cumplir los agricultores y ganaderos con su función básica de proporcionar alimentos sanos y seguros a la sociedad a precios razonables", dentro de un modelo "profesionalizado". Padilla pide reforzar "nuestra soberanía alimentaria que proteja al sector ante las presiones de lobbies que tienen otro tipo de intereses", denuncia.

Agricultores españoles: «La UE nos exige unas normas fitosanitarias que no demanda a Marruecos»

 

MADRID.- Los agricultores españoles llevan reclamando desde hace años que se establezcan las mismas medidas para los productos de dentro de la Unión Europea como para los que vienen de países terceros.

El trabajador del campo destaca que la Unión Europea exige a los agricultores comunitarios una serie de medidas fitosanitarias por la salud de los consumidores que, sin embargo, no demanda a países terceros. 

 «Estos se rigen por sus propias normas, por lo que si en esos países están autorizados esos productos, se pueden vender aquí». 

Por ello, atendiendo al caso reciente de las sandías, ven con buenos ojos traer producto extranjero si no hay suficiente producción en España. No obstante, recalca que los agricultores españoles se preocupan «por la salud de los consumidores», motivo por el que la UE «debería poner las mismas condiciones a los productos que vienen de fuera».

 

Igualmente, se muestran exhaustos y señalan que los trabajadores del campo están ya «cansados de pelear». «Llevamos muchos años exigiendo esas cosas y Europa lo que nos dice es que no pueden ser tan estrictos porque hay que ayudar a esos países, y es algo que nosotros no entendemos. Queremos tener peso en Bruselas para que a los españoles nos escuchen, y no que los cuatro o cinco lobbies de países del centro de Europa sean los que dominen la situación agraria», denuncian.

 

Andrés Góngora, de la ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), destaca que la alerta sanitaria de las sandías procedentes de Marruecos viene a certificar lo que llevan denunciando muchísimos años, que los productos que vienen de fuera «están producidos en condiciones diferentes con herramientas fitosanitarias diferentes», motivo por el cual se ha emitido esta alerta sanitaria.

 

Desde COAG se muestran indignados por este acontecimiento y exigen a España, a Francia y a la UE que se conozca el nombre del importador, no solo la retirada de la mercancía: «Tiene que instaurarse un régimen sancionador contundente para aplicar a este tipo de empresas que están inundando nuestros mercados con productos de muy mala calidad».

 

 Este lunes los medios de comunicación nos hacíamos eco de una alerta sanitaria que afectaba a un lote de sandías proveniente de Marruecos que contenía altos niveles de metomilo, un pesticida no autorizado en la Unión Europea (UE).

 

A pesar de que el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de Europa (RASFF) emitió la alerta el pasado día 14 de julio, la organización de consumidores Facua lo difundió esta semana, subrayando los efectos adversos en la salud que podría suponer la ingesta de las frutas contaminadas.

 

Este episodio ha reavivado una demanda sostenida de los agricultores españoles.

 

El metomilo es una sustancia que está erradicada desde hace mucho tiempo en la agricultura española. Se usa como pesticida y puede tener consecuencias graves en algunos casos. Los síntomas de intoxicación por esta sustancia son dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, sudoración excesiva, temblores, debilidad muscular y visión borrosa.

Marruecos sanciona a los responsables de exportar sandías con 'metomilo' a España

 

RABAT.- Marruecos ha tomado medidas contra los responsables de la exportación de sandías con exceso de restos de metomilo a la Unión Europea (UE) mediante la suspensión de sus licencias sanitarias y de exportación, informaron fuentes de la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria (ONSSA).

Las fuentes indicaron que los efectivos de ONSSA abrieron una investigación en cuanto recibieron una notificación del Sistema comunitario de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff) sobre la presencia de restos de un plaguicida, el metomilo, por encima de los niveles permitidos, en sandías procedentes del país magrebí y exportadas hacia España.

"Se ha podido identificar el campo en cuestión y hacer un rastreo del envío de las sandías exportadas, y se han realizado investigaciones para determinar el canal de comercialización del pesticida", explicaron las fuentes.

A raíz de las investigaciones se tomaron medidas mediante la suspensión de la licencia sanitaria a la unidad de embalaje de las sandías y la licencia de exportación del responsable de enviar este producto a la UE.

Las fuentes precisaron que se trata de una sola carga de sandías y "no todas las exportaciones destinadas a este mercado".

Al mismo tiempo, las fuentes de ONSSA subrayaron que desde principios de 2023, Marruecos solo ha registrado cinco notificaciones de la Rasff sobre frutas y verduras procedentes de Marruecos de un total de 497 alertas emitidas por este sistema sobre las verduras y frutas importadas en Europa desde todas las regiones.

La Comisión Europea (CE) ha alertado recientemente sobre la presencia de sandías procedentes de Marruecos con restos de metomilo, por encima de los niveles permitidos, tras recibir un aviso de España mediante el sistema Rasff.

La notificación se produjo el día 14, con actualización el día 20, mediante el sistema Rasff, por el cual España comunicó la alerta a la CE, quien a su vez remitió la información al resto de los países de la UE.

En España tenemos producción local de almendra pero consumimos la de California

 

MADRID.- Hace apenas cuatro meses, los productores españoles de almendras recibieron una noticia cargada de esperanza: España y China llegaban a un acuerdo para la exportación de este fruto seco al país asiático. Se prevé destinar unas 50.000 toneladas hasta 2025 y unas 90.000 toneladas de cara a 2032. 

De llegar a materializarse, estaría beneficiando a un cultivo que se extiende por todo el territorio nacional y que tiene especial relevancia en Andalucía (100.000 toneladas de media en las campañas 2020-2021 y 2021-2022); Aragón (60.000 toneladas), Castilla-La Mancha (50.000 toneladas), Comunidad Valenciana (37.000 toneladas), Murcia (28.000 toneladas) y Cataluña (20.000 toneladas).

Este pacto llega, precisamente, tras unos años difíciles en que el cambio climático ha impactado de lleno en las cosechas y la competencia con la almendra importada de Estados Unidos ha hecho mella en el rendimiento. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de este fruto seco con cáscara cayó en 2022 un 32,5% respecto a 2021, y cerca de un 50% respecto a 2020.

“California concentra el 80% de la producción mundial; España ocupa el segundo puesto junto a Australia. Aun así, somos deficitarios en producción y necesitamos importar. Esto ocurre porque somos la puerta de entrada a Europa de la almendra americana: esta llega en grano con piel y nosotros la procesamos para exportarla”, explica Asier Ugaldea, socio fundador de Isfa, una compañía que desarrolla proyectos agrarios.

El consumo de almendras no ha dejado de crecer en los últimos años: si en 2014-2015 se consumieron 975.171 toneladas a nivel mundial, en 2021-2022 la cifra rozó el millón y medio. Al tiempo que, paradójicamente, seguimos aumentando las importaciones: de 89.510 toneladas en 2015 a 125.541 toneladas en 2021. 

 Fuentes del sector ya han manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por este escenario, alegando que existe un “claro problema” en la balanza comercial si España, que es el primer país productor de Europa, sigue figurando entre los que más almendra americana importa.

Esta situación fue, precisamente, la que impulsó a Asier Ugaldea y a sus dos socios a cambiar de rumbo y emprender un nuevo proyecto a finales de 2018. Hasta ese momento, su actividad se había centrado en desarrollar proyectos de energía renovable; y querían trasladar sus conocimientos al sector agro: “España tiene un largo camino hasta llegar a satisfacer toda esa demanda con producción propia durante los próximos años, y eso es lo que queremos conseguir”, afirma el CEO.

Su actividad se centra en el alquiler de fincas de regadío en la Península Ibérica para la plantación de este fruto seco. “Buscamos invertir en las plantaciones, no en el suelo. Tenemos fincas en propiedad, pero el grueso son arrendamientos a plazos medios de 30 años, lo cual nos permite disponer tanto de la tierra como del agua”, explica. 

Utilizan un modelo de plantación SES (eficiente y sostenible) que tiene una particularidad respecto al tradicional: “Optimizamos los insumos necesarios por kilogramo de producto respecto a técnicas tradicionales, reduciendo la huella de CO2, también en comparación con la almendra de importación, y valorizando los residuos con el fin de impulsar la economía circular”.

Y es que, según relata, Estados Unidos se enfrenta a un problema con la sostenibilidad de sus plantaciones: “Demandan muchos recursos, particularmente agua, y a día de hoy tienen dificultades para mantener los niveles de producción que han tenido en los últimos años. La demanda global sigue creciendo, y es en el sur de Europa, y particularmente España, donde contamos con un clima favorable, estructuras de riego y seguridad jurídica para abastecer esa demanda en detrimento de California”.

Un 35% de ahorro de agua por hectárea

Según los datos de la propia compañía, este sistema supone un 35% de ahorro de agua por hectárea respecto los cultivos sustitutivos de cereal en regadío (maíz o arroz); un 20% de ahorro de agua por kilogramo de pepita de almendra producido respecto al cultivo intensivo; y un ahorro del 60% de productos fitosanitarios. 

Pero, ¿cómo lo consiguen? “Los marcos de plantación son de alta densidad tipo seto. Es decir, que no son árboles tridimensionales, sino que son en dos dimensiones, lo cual nos permite realizar una explotación mecanizada del cultivo y ser mucho más eficientes en el uso tanto del recurso hídrico como de los fertilizantes fitosanitarios”, aclara.

Su objetivo es desarrollar una cartera de fincas de 10.000 hectáreas de explotaciones de almendros intensivos bajo el sistema de cultivo SES (sistema eficiente y sostenible) en España y Portugal. Y ya llevan un largo camino recorrido: “Este año terminaremos de plantar las primeras 5.500 hectáreas. Aunque el camino no está siendo fácil. La inversión solamente en plantaciones es superior a los 200 millones de euros, con unos 60 millones adicionales para la parte industrial asociada”.

Y es que, el CEO explica que este tipo de cultivos sostenibles requieren de grandes inversiones iniciales porque “tenemos que transformar las fincas e instalar sistemas de riego por goteo y sensores para digitalizar las plantaciones. También colocamos más árboles por hectárea, que son de menor tamaño pero con un precio mucho más elevado: en torno a 2.200 euros por hectárea en comparación con los tradicionales intensivos, que rondan los 400 árboles por hectárea”. 

Para conseguirlo, “hemos recurrido a soluciones de financiación tradicionales y a otras más innovadoras como el Fondo Agro Smart, con un tiquet de deuda que nos ha permitido mantener este ritmo acelerado de plantaciones”.

Actualmente, cuentan con plantas repartidas por la cuenca del Ebro en Huesca; la cuenca del Tajo, especialmente en Extremadura y parte de Castilla la Mancha; la cuenca del Guadiana, sobre todo en Extremadura; la cuenca del Guadalquivir, en Córdoba y Portugal. También cuentan con un par de núcleos relevantes en la zona del embalse de la Alqueva en Portugal. 

“Hasta hoy, el sistema que estamos utilizando nos está generando un retorno más temprano de la inversión, con plantaciones más precoces. Nuestra apuesta por la sostenibilidad es firme y estamos seguros de que el día de mañana conseguiremos abastecer gran parte de la demanda local de almendras con nuestras propias producciones sin necesidad de exportar”.

La patata nueva se paga a 0,30 en origen y se vende entre 1,50 y 2 euros/kilo

VALLADOLID.- La Alianza UPA-COAG ha denunciado que la campaña de la patata en Castilla y León que comenzó hace pocos días esté actualmente a unos precios injustamente bajos, que no superan los 0,30 euros/kilo con una tendencia peligrosa a la baja, y que difícilmente compensan los altos costes de producción que en la presente campaña se han situado en torno a los 0,28 euros/kilo mientras que se está vendiendo entre 1,50 y 2 euros/kilo en los supermercados.

La organización considera un «atraco que el precio en origen sea tan bajo a día de hoy y que haya descendido poco a poco desde el inicio del arranque desde los 0,60/0,75 euros/kilo a los 0,30 euros/kilo actuales. 

Y mientras esto ocurre en origen, sin embargo el consumidor está pagando la patata nueva lavada en una horquilla de precios entre 1,50 y 2 euros/kilo sin traslado alguno de la bajada estrepitosa y generalizada de los precios en origen, lo que refleja el problema que vuelve a ponerse de manifiesto en relación a una insuficiente Ley de la Cadena Alimentaria que aún sigue sin dar solución al problema del enriquecimiento de determinados eslabones comerciales a costa del trabajo del productor».

Para la Alianza, «estamos ante unos precios irresponsablemente injustos los que perciben actualmente los productores en una campaña tan compleja como la de este año  y que además nuevamente vuelve a sufrir el dumping que provocan quienes traen patatas de otros continentes hundiendo el precio de la patata autóctona».

En este sentido, la Alianza UPA-COAG lamenta que por ejemplo se esté importando producto procedente de Egipto en plena campaña española del sur y centro de la península, a costa del duro golpe económico que está sufriendo el cultivo de nuestro país.

Respecto a la campaña en sí, en Castilla y León se ha arrancado aún poca cantidad y se ha empezado a cosechar en provincias como Ávila, Salamanca, la comarca de Toro, el sur de Valladolid y municipios como Geria o Laguna de Duero, también en Valladolid. 

Conviene resaltar que el productor castellano y leonés ha realizado esta campaña, una vez más, unas labores muy profesionales a pesar de la dura climatología por la sequía y las tormentas tan fuertes que cayeron en junio, y además asumiendo un alto coste de abonos, tratamientos y energía, entre otros.

por todo esto, la Alianza UPA-COAG hace un llamamiento a la responsabilidad de los compradores y almacenistas «para que no hundan más los precios en origen y sean responsables directos de la ruina de los agricultores en unas fechas claves como las actuales cuando se van a generalizar los arranques en la mayor parte de Castilla y León. 

De igual modo, apelamos al sentido común de los consumidores para que exijan producto de nuestra tierra y reclamen información detallada del origen de la patata que van a consumir».

El melón murciano afronta una de sus "peores campañas" porque se ha perdido gran parte de las cosechas

 

MURCIA.- El presidente de la Sectorial de Melón y Sandía de Proexport, José Cánovas, ha dicho que "es una de las peores campañas de melón y sandía que recuerdo en Murcia” debido a una temporada extremadamente complicada en la que se ha perdido gran parte de las cosechas en los campos de la Región debido a la adversa meteorología.

En una entrevista concedida al semanario hortofrutícola ValenciaFruits, Cánovas explica que “la campaña arrancó en Almería en un entorno con temperaturas más altas de lo habitual durante los meses de marzo y abril, lo cual tuvo como consecuencia directa que se adelantase y acelerase la producción. En mayo, cambió el tiempo y sufrimos el impacto de las numerosas tormentas que se desencadenaron de forma intermitente durante tres semanas seguidas, justo cuando la producción estaba a punto de recolectarse en la Región de Murcia y el este de Almería”.

“Hasta el momento, la temporada de melón y sandía en la Región de Murcia se está desarrollando muy mal debido a la adversa meteorología. Agricultores y empresas estamos sufriendo mucho por esta situación”, señala el presidente de la Sectorial de Melón y Sandía de Proexport.

El dirigente de la asociación confirma que “hay desabastecimiento en los mercados. Nuestros clientes están informados y estamos manteniendo una comunicación muy estrecha con ellos, haciendo todos los esfuerzos posibles para suministrar de la forma más racional las cantidades disponibles y esperando que la situación se normalice lo antes posible. Esperamos recuperar la normalidad hacia la última semana de julio, en la zona norte de la región”.

“Agricultores y empresas estamos soportando terribles pérdidas no esperadas, derivadas de un factor meteorológico contra el que nada podíamos hacer. Pedimos comprensión a todos nuestros clientes, con los que estamos trabajando estrechamente estas semanas”, concluye el presidente de la Sectorial de Melón y Sandía de Proexport, José Cánovas.

Mercados de la fruta: la campaña empezó con precios de ruina y ahora hay escasez de productos

 

HUELVA.- Estos días numerosos establecimientos, sobre todo de la gran distribución, están sufriendo escasez, incluso desabastecimiento, de dos productos emblemáticos de la dieta mediterránea en verano: el melón y la sandía. Este hecho, que preocupa a los consumidores, viene a conformar una situación “demencial”, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), pues dicha escasez de productos ha venido acompañada de precios bajos en origen para estos productos en distintos momentos de la campaña, que aunque en ciertos momentos se han recuperado no compensan las pérdidas.

UPA denuncia que, obviamente, no se está cumpliendo la lógica de oferta y demanda con estos productos. La razón, según esta organización de agricultores, «está en los comportamientos indeseados de intermediarios y de ciertas grandes cadenas de la distribución, que juegan con elementos como son las importaciones de países terceros, las previsiones de venta de los productos, las cotizaciones en origen y los precios de venta al público de los mismos».

La situación de escasez de productos, a pesar de la existencia de una nueva Ley de la Cadena Alimentaria que busca frenar estas situaciones, a juicio de UPA, «no es la de un mercado sano y estable, sino la de un sector cautivo, que no permite a los agricultores obtener una justa rentabilidad y que preocupa a los consumidores, pues sienten escasez de productos, en ciertos casos, y encarecimiento injustificado, en otros».

Según los análisis elaborados por UPA, los precios en origen del melón en Murcia y Andalucía se sitúan esta campaña entre un 30 y un 40% por debajo de los de la campaña anterior. Cotizaciones que además han ido descendiendo considerablemente desde el inicio de la campaña. En el caso de la sandía, el precio medio para 2022 fue de 0,60€/kg. en origen y en 2023 (hasta la semana 25) es de 0,49€/kg, lo que supone un 19% menos.

Este año la meteorología ha sido muy perjudicial para la sandía y el melón, las dos fruta-hortalizas por excelencia de la dieta mediterránea en verano. Ello ha provocado una reducción de la producción de estos productos en las zonas productoras: Murcia, Almería y Castilla-La Mancha. Aunque es pronto para disponer de datos consolidados, solo en Andalucía se ha plantado un 22% menos que la media de los últimos cinco años.

Desde la organización agraria UPA han denunciado que siguen detectando ofertas abusivas con la fruta, como es el caso de la fruta de hueso, donde hay folletos vigentes actualmente ofreciendo nectarina a precios que “rozan lo abusivo”.

«Esto demuestra que sigue siendo necesario perseguir los comportamientos irresponsables, que buscan jugar con los productos, abusando de los agricultores y jugando con los consumidores», lamentan.

“Merecemos unos mercados de la fruta estables y con reglas justas, con un fuerte control de las importaciones y con visión a largo plazo, que proteja a los agricultores españoles, pues son ellos quienes aseguran la disponibilidad de producto y la soberanía alimentaria de nuestro país”, han concluido desde UPA en declaraciones a https://agroinformacion.com

Los supermercados Lidl venden el 10,5% de la producción hortícola española

BERLÍN.- Los supermercados de Lidl incrementaron sus compras en España un 20% en 2017, hasta alcanzar los 4.650 millones de euros, con especial relevancia del sector hortofrutícola al que destinaron un 1.940 millones de euros (+35%), lo que supone el 10,5% de la producción total española.

En un comunicado, la compañía ha subrayado la relevancia de la venta de esos productos en el extranjero, que supusieron 1.668 millones de euros, un 13% de toda la exportación del sector.

En términos generales, Lidl compra en España más de lo que vende, con un volumen total de 3.900 millones de euros en compras.

Además, durante el pasado año, la cadena ha mejorado sus exportaciones un 30% hasta los 2.200 millones de euros, de manera que ha llevado los productos españoles a 30 países a través de su red internacional de 10.500 establecimientos.

Según el director general de compras de Lidl en España, Miguel Paradela, las razones de este crecimiento son "la excelente calidad de los productos españoles" que genera "cada vez una mayor demanda, especialmente a nivel internacional".

La OCDE pide que se reduzcan las ayudas al sector agrícola

PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha presentado su informe anual sobre políticas públicas en materia de agricultura, en el que destacó que la mayor parte del apoyo a productores "se dio a través de medidas que perturbaron el comercio", una tendencia que pidió revertir.

"Casi dos tercios del apoyo a los productores en los países que hemos estudiado distorsionan de manera particularmente fuerte las decisiones comerciales", constató el informe presentado hoy en Bruselas, en el que aseguró que la dependencia de estas medidas "incluso ha ido en aumento".

El informe ‘Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas en 2018’ estudia la situación del sector agrícola en los 35 países que forman parte de la OCDE, así como en otras diez economías emergentes: Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.

Los países de la OCDE destinaron una media de 285.000 millones de euros al año al sector agrícola en el periodo 2015-2017, de los que 205.000 millones (el 72%) fueron entregados como apoyo a los agricultores.

El apoyo público a los agricultores fue equivalente al 18% de sus ingresos, un descenso frente al casi 30% que representó en el periodo 1995-1997.

Por su parte, las diez economías emergentes estudiadas por la OCDE destinaron una media de 266.000 millones de euros al año a sus sectores agrícolas, 233.000 de los cuales (el 84%) estuvieron dirigidos a los agricultores.

Sin embargo, mientras que en la OCDE el apoyo público a los agricultores con respecto a sus ingresos había disminuido sustancialmente en las últimas décadas, en estas economías emergentes la tendencia fue justo la contraria: pasó del 2,9% en el periodo 1995-1997 al 13,5% en el periodo 2015-2017.

Más ayudas en los países emergentes

El informe destacó que, mientras que en la OCDE están abandonando las políticas públicas de apoyo al sector agrícola que "distorsionan el mercado", en las economías emergentes estudiadas estas medidas han crecido hasta representar el 80% del total.

La OCDE también analizó de forma individualizada los casos de los 51 países objeto de estudio, aunque en la Unión Europea (UE) no entró a valorar la situación de los Estados miembros, sino las políticas públicas en el ámbito comunitario.

En este sentido, el informe destacó que alrededor del 50% del apoyo público a los agricultores está condicionado por cláusulas medioambientales obligatorias, mientras que un 8% adicional se puede obtener de cumplir una serie de estándares superiores a los exigidos por ley.

Entre los principales cambios de 2017, la OCDE destacó la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) y el fin de las cuotas impuestas a la producción de azúcar.

El informe recordó que siguen aplicándose "medidas excepcionales" en los sectores lácteo y porcino, así como con respecto a la producción de frutas y verduras.

La OCDE celebró que la UE "haya mejorado la composición de las ayudas en las últimas tres décadas" e hizo especial hincapié en el incremento de los pagos no relacionados directamente con la producción, lo que "ofrece a los agricultores la posibilidad de tomar decisiones sin depender de la acción gubernamental".

En el caso de Latinoamérica, el informe destacó las ayudas dirigidas a productores jóvenes (de entre 18 y 35 años) en Chile o las medidas colombianas de compensación de producción a los productores de algodón y de reestructuración de deuda a los agricultores.

La OCDE recogió también el caso de Brasil y la mejora de su sistema de Inspección Veterinaria, la regularización del proceso de registro de productos químicos en Costa Rica y la creación en Chile del Comité Técnico sobre el Cambio Climático en el marco del ministerio de Agricultura.

Las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana

ROMA.- Hoy se celebra el primer Día Mundial de las Abejas, celebración declarada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) con el propósito de concienciar sobre la importancia que tienen estos insectos polinizadores para el ser humano, las amenazas a las que se enfrentan, como el cambio climático, las enfermedades, la acción de los productos fitosanitarios que se emplean en la agricultura intensiva la contaminación o la pérdida de biodiversidad, así como su gran contribución al desarrollo sostenible.

Con motivo de esta celebración, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) lanza el siguiente mensaje: las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana. La organización insta a que los países realicen un mayor esfuerzo para proteger a las abejas y otros polinizadores, ya que de lo contrario la humanidad se arriesga a sufrir una caída de la diversidad alimentaria.
En este sentido, recordemos que el año pasado los expertos de la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea) que trabajan en el proyecto MUST-B, advertían que la pérdida de la población de abejas suponía una amenaza para la seguridad alimentaria y la biodiversidad. 

Según ha explicado la FAO anteriormente, del 90% de los 100 cultivos principales con los que se abastece la Humanidad, hasta un 71% de ellos son polinizados por las abejas, cuya actividad se traduce en seguridad alimentaria y un valor económico que supera los cientos de millones de euros.

La actividad polinizadora de las abejas está estrechamente asociada a la producción de alimentos, siendo esenciales para el desarrollo de numerosas plantas y árboles, además, en muchos casos existe una completa dependencia de las abejas. 

A esto es necesario sumar que producen un alimento muy valorado, la miel. Desgraciadamente, cada año se reduce el número de colonias y, por tanto, su producción en Europa, por lo que no es de extrañar que la producción comunitaria de miel no cubra el consumo interno y se recurra a la miel procedente de terceros países.

La ceremonia oficial de conmemoración del Día Mundial de la Abeja (World Bee Day) se celebró en Eslovenia, país soberano de Europa Central que ha impulsado esta celebración reconociendo a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. 

La FAO comenta que los países deben cambiar y desarrollar políticas y sistemas alimentarios, que sean amigables con estos polinizadores, recordemos que en Europa se dio un pequeño paso en este sentido al prohibir el uso de tres insecticidas neonicotinoides al aire libre (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam), medida que se hará efectiva antes de que acabe este año.

La FAO explica que no es posible seguir centrándose en el aumento de la productividad en base al uso generalizado de pesticidas y otros productos químicos que amenazan a los polinizadores y a los propios cultivos, por ello, es necesario convertir las palabras en hechos y poner en marcha iniciativas concretas que permitan la conservación de las abejas y otros polinizadores, ya que cuidar su supervivencia es cuidar la supervivencia del ser humano. 

A nivel mundial, más del 75% de los cultivos dependen en mayor o menor medida de los polinizadores, su ausencia eliminaría productos como las almendras, el café, las manzanas, el cacao o los tomates, entre otros.

En este sentido, merece la pena retomar la lectura del post ¿Cómo sería la alimentación humana sin las abejas?, como explicábamos en él, siendo extremistas se podría responder a esa pregunta con la frase atribuida a Albert Einstein: “Si las abejas desaparecieran, a la humanidad le quedarían cuatro años de vida”. 

No sería así, pero la desaparición de los polinizadores supondría cambios profundos que amenazarían seriamente la seguridad y diversidad alimentaria. La perdida de biodiversidad afectaría al equilibrio ecológico, el precio de los alimentos aumentaría considerablemente, no podríamos disfrutar de alimentos tan preciados como la miel, etc.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura explica que todos tenemos la responsabilidad de proteger a las abejas y tomar decisiones que sean favorables a los polinizadores, abejas, mariposas, pájaros, murciélagos, etc. 

Pequeñas decisiones bastan, por ejemplo, cultivar flores que sirvan de alimentación a las abejas. Claro, que en realidad esto sirve de poco si no se acompaña con medidas como la agroecología, recordemos que en este sentido la ONU hace años que apuesta por este modelo de agricultura como el mejor para garantizar el abastecimiento alimentario en las próximas décadas.

La FAO advierte que el número de polinizadores y su diversidad han disminuido en las últimas décadas, las evidencias muestran que las causas principales son las actividades humanas y el cambio climático, de ahí que se abogue por las prácticas agrícolas sostenibles como la agroecología, ya que podría ayudar a proteger a las abejas al reducirse la exposición a los pesticidas y diversificar el paisaje agrícola. 

La organización ha puesto en marcha el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas como un marco para definir las mejores prácticas que pueden ayudar a disminuir la exposición de los polinizadores a los pesticidas.

Sobre la celebración del Día Mundial de las Abejas 2018, la ceremonia oficial se desarrolló en Eslovenia, concretamente en la localidad de Breznica, lugar en el que nació un 20 de mayo del año 1734 Anton Janša, apicultor y pionero de la apicultura moderna, de ahí que se haya elegido el 20 de mayo para la celebración. 

A través de la página oficial del World Bee Day 2018, se pueden conocer más detalles sobre este tributo.

Los agentes medioambientales se sienten abandonados y quieren depender ahora de la Consejería de Hacienda

TOLEDO.- Los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han pedido dejar de depender de la Consejería de Agricultura de la Junta, que dirige el consejero Francisco Martínez Arroyo, ante el "abandono" que aseguran sufrir por parte de este departamento en cuanto a sus reivindicaciones de más medios materiales y humanos y más "seguridad" personal ante el creciente número de agresiones.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en Toledo el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM) de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Martín, que ha precisado que este cuerpo, que "ostenta la condición de agente de la autoridad y de policía medioambiental", ha pedido pasar a depender de la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular es el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina.

Martín ha explicado que este cambio de dependencia funcional y orgánica se produce después de que solicitaran ser incluidos en la Viceconsejería de Medio Ambiente o ser integrados en una Dirección General propia dentro de la Consejería de Agricultura, a la que han acusado de "desoír" todos sus planteamientos. 

En este punto ha atribuido "falta de voluntad política" tanto al actual Gobierno regional como al anterior para cumplir con las demandas de este cuerpo, entre las que figura una mayor dotación de medios humanos, ya que Castilla-La Mancha es la comunidad con menos agentes por unidad de superficie, al contar con solo 494 efectivos para 8 millones de hectáreas, ha recalcado el responsable de APAM.

Y ha recordado el acuerdo social al que se llegó hace tiempo para llegar hasta los 700 efectivos que se consideran necesarios para cubrir esta superficie y que, en la práctica, no se ha cumplido. 

A la falta de medios humanos, hay que sumar la falta de medios materiales para desempeñar sus funciones, según Martín, quien ha afirmado que, en estos momentos, se encuentran "a merced de los delincuentes medioambientales" ante la subida exponencial de agresiones, concretamente 30 en los últimos cinco años.

En este punto ha reclamado más medios de defensa personal, como chalecos antibalas y armas cortas, así como cursos de formación, por ejemplo de judo verbal, para hacer frente a las amenazas y agresiones, teniendo en cuenta que los agentes medioambientales son el cuerpo que "se enfrenta a un mayor número de personas armadas", al identificar a veces en un solo día a cien cazadores. 

Unido a la falta de las medidas para garantizar su integridad física, Martín ha criticado la falta de seguridad jurídica ya que, en algunos juicios, se encuentran "totalmente desamparados por la administración", al no contar nisiquiera con un letrado que les defienda.

A estas reivindicaciones, APAM suma la discriminación que sufren en cuanto al propio trabajo que tienen encomendado como cuerpo y no pueden desarrollar, al no ser incluidos en los planes de inspección de Calidad Ambiental, que velan por que no se produzcan desastres como los incendios de Chiloeches o Seseña o los vertidos al Tajo. 

"Queremos trabajar para acabar con la inseguridad medioambiental en Castilla-La Mancha", ha afirmado Martín, quien se ha mostrado convencido de que muchos delitos medioambientales que se producen actualmente no ser materializarían "si nos dejasen trabajar sobre el terreno, del que somos los mayores conocedores", ha aseverado.

Igualmente piden ser integrados en la Sala de Emergencias del Servicio de Urgencias 112, por lo que creen que su trabajo sería "más efectivo" dependiendo de la Dirección General de Protección Ciudadana, que es donde se coordinan los protocolos de emergencia, como sucede en otras comunidades como Madrid, Murcia o Cataluña. 

Por último, el presidente de APAM ha confiado en que la solicitud de esta asociación de pasar a depender de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se atienda "cuanto antes" y ha anunciado que no descartan volver a movilizarse, como ya hicieron en 2016. 

El 21% del precio de un producto en Europa va al agricultor y el 51% a la distribución

MADRID.- El 21% del precio de un producto en Europa va destinado al agricultor o ganadero, el 28% para la transformación y el 51% para la distribución, según COPA-Cogeca, la organización que representa a los agricultores y cooperativas europeas. Estas cifras son, en opinión de UPA, la demostración de que “queda mucho por cambiar hasta configurar un sistema agroalimentario justo con los productores y con los consumidores”.

En este contexto, UPA ha valorado positivamente la propuesta de directiva que la Comisión Europea ha presentado esta semana para acabar con los abusos en la cadena alimentaria. “El plan europeo, aunque insuficiente, es un paso adelante positivo y un cambio de concepto muy importante para los agricultores y ganaderos de todo el continente”, han señalado desde la organización agraria.

Según UPA, Europa asume que no se puede dejar la lucha contra las prácticas abusivas sólo en manos de códigos de buenas prácticas o sistemas de regulación voluntaria. “Demasiados operadores en la cadena de valor de los alimentos llevan abusando demasiados años. Tiene que haber una legislación dura que les obligue a actuar con responsabilidad”, ha asegurado la organización agraria.

Para UPA, el plan de la Comisión es un avance “significativo”, aunque la legislación debería ser “aún más dura con los que abusan”.

Los productores proponen que se establezca un órgano supranacional que vigile y sancione, todo ello para conseguir cambiar el comportamiento del infractor, eliminar cualquier beneficio financiero derivado del incumplimiento de las normas y disuadir futuros casos de incumplimiento.

La vendimia contará con un 15% menos de extranjeros este año

TOLEDO.- El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha afirmado este lunes que la vendimia en la región, que comenzará de forma "intensa" la próxima semana, será "buena y superior" a la del año pasado, con "un 20 por ciento más" de producción, y en la que destacará una disminución "de entorno al 15 por ciento" en la contratación de trabajadores extranjeros "en favor de los nacionales".

   Así lo ha avanzado Labrador en declaraciones a los medios tras la Comisión Regional de flujos migratorios para las campañas agrícolas 2013, en la que han estado presentes, representantes del Ministerio de Trabajo, de la Seguridad Social, de Extranjería, de CCOO, UGT, Asaja, de Cooperativas Agroalimentarias, UPA, y de la Delegación del Gobierno con el objetivo de "tratar de solucionar y perfilar los problemas de la contratación y asentamiento en la vendimia".

   De esta manera, Jesús Labrador ha especificado que este año la vendimia "viene algo retrasada", pero resultará "superior" a la obtenida en 2012, con un "20 por ciento más" de producción, así como "un 10 por ciento superior a la media habitual".

   En cuanto a contrataciones, Labrador ha avanzado que según los agentes sociales, los contratados se mantendrá en torno al año pasado, año que resultó un "récord" en cuanto a las afiliaciones a al Seguridad Social con 61.600 personas.

   No obstante, ha matizado que este año la contratación presenta "una disminución progresiva" de los contratos de no nacionales. "Pasamos de los 10.300 en 2011 a 8.900 en 2012, por lo que la tendencia será una reducción en cuento a trabajadores no nacionales", algo que, como ha explicado, no es resultado de pérdida de trabajo, sino "porque se asumirán fundamentalmente por trabajadores españoles".

   "El año pasado hubo una reducción de 2.000 personas. Ahora calculamos que no sea tan elevada, pero si más de un 15 por ciento con respecto al 2012", ha detallado.

   En cuanto a los contratos para extranjeros, Labrador ha subrayado que, como en anteriores años, la mayoría corresponderán a nacionalidad rumana, los cuales mantienen la prórroga hasta 31 de diciembre de 2013 para la libre circulación de trabajadores y a los cuales se les sigue aplicando el régimen de 2012.

   En este sentido, el delegado del Gobierno ha comentado que desde el Gobierno regional se están "avanzando" en la mejora y en la agilización de las contrataciones y de las autorizaciones. "Hemos constado un avance y una agilidad a la hora de tramitar las autorizaciones de trabajo. Se están concediendo en el mismo día que se solicitan y no en el periodo de tres meses", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que "se está cumpliendo y que ya se han concedido  1.600 autorizaciones".

   "El sector agrario funciona bien, se han garantizado los alojamientos y no hay un problema esencial a la hora de tramitar las autorizaciones", algo que, a juicio de Labrador, es "un avance fundamental y satisfactorio" gracias al "compromiso" de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. "Es una satisfacción porque la vendimia es una creación de riqueza para la tierra, el campo y gente".

   Finalmente, Jesús Labrado ha concluido su intervención apuntando que en cuanto a la obligación de proporcionar alojamiento a los contratados, tanto nacionales como extranjeros, se está "cumpliendo al cien por cien".

 " Estamos hablando de satisfacción, y estamos hablando de una situación de absoluta normalidad", ha concluido.

La Consejería de Agricultura paga cuatro millones del pago único

TOLEDO.- La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha realizado un nuevo abono de las ayudas del pago único de la Política Agraria Común (PAC), por un valor de cuatro millones de euros, del que se beneficiarán 284 productores.

   Con este nuevo pago, la Junta mantiene su compromiso de acelerar la resolución de expedientes, con el fin de que las ayudas lleguen lo antes posible a los agricultores y ganaderos. De hecho, desde el inicio del año agrícola se han abonado más de 613 millones, más del 97 por ciento del total, ha informado la Administración regional en nota de prensa.

   Por provincias, Toledo cuenta con 97 beneficiarios (1,27 millones); Albacete con 75 beneficiarios (1,53 millones); Ciudad Real con 71 beneficiarios (994.372 euros); Cuenca con 34 beneficiarios (194.681 euros); y Guadalajara con 7 beneficiarios (59.531 euros).

   Por otro lado la Consejería de Agricultura también ha ingresado las ayudas por cese anticipado de la actividad agraria correspondientes al mes de abril, de las que se han beneficiado 430 productores por un valor total de 297.950 euros.

   Por provincias, 142 perceptores son de Cuenca (88.284 euros); 103 de Ciudad Real (78.976 euros); 103 de Toledo (64.704); 74 de Albacete (60.109 euros); y 8 de Guadalajara (5.872 euros).

Agricultura paga más de 300.000 euros en ayudas por cese de actividad agraria

TOLEDO.-   La Consejería de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de ordenar el pago de más de 308.000 euros para un total de 443 beneficiarios en concepto de las ayudas por cese anticipado de actividad agraria correspondientes al mes de febrero.

   Esta ayuda --cofinanciada por la UE, el Ministerio y la Junta-- tiene como objetivo el rejuvenecimiento de la población agraria ocupada, y se concede a los productores que decidan cesar su actividad para ceder su explotación a otros agricultores, dando prioridad a aquellos que la traspasen a jóvenes que se incorporen a la actividad agraria, según ha informado la Junta en nota de prensa.

   Por provincias, en el mes de febrero se han atendido las peticiones de ayudas por cese anticipado para un total de 148 productores de Cuenca (93.885 euros); 106 de Ciudad Real (81.640 euros); 105 de Toledo (64.677 euros); 75 de Albacete (61.034 euros); y 9 de Guadalajara (7.123 euros).

   Por otro lado, la Consejería de Agricultura ha ordenado también el pago a tres beneficiarios de 67.000 euros en ayudas para el traslado de explotaciones fuera del casco urbano. Dos de ellos son de a provincia de Toledo (59.267 euros) y uno de Ciudad Real (7.771 euros).

Agricultura abona otros 6,7 millones de la PAC

TOLEDO.-   La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha realizado un nuevo abono de las ayudas del pago único de la Política Agraria Común (PAC), por un valor superior a 6,7 millones de euros, del que se beneficiarán 1.262 productores.

   Con este nuevo pago, la Junta mantiene su compromiso de acelerar la resolución de expedientes, con el fin de que las ayudas lleguen lo antes posible a los agricultores y ganaderos, ha informado la Junta en nota de prensa.

   Por provincias, Toledo cuenta con 358 beneficiarios (1,84 millones); Ciudad Real con 339 beneficiarios (1,15 millones); Albacete con 257 beneficiarios (1,56 millones); Cuenca con 236 beneficiarios (1,52 millones); y Guadalajara con 72 beneficiarios (639.000 euros).

   Este nuevo pago se suma a los 300 millones anticipados al inicio del año agrícola -que comenzó el pasado 16 de octubre- y a los 300 millones del primer pago ordinario, lo que eleva a 606 millones la cantidad que ha recibido el sector, más del 96 por ciento del total para esta campaña.