TOLEDO.- El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha
ha aprobado con el voto en contra del PSOE la Ley de Autoridad del
Profesorado, después de que ambos grupos parlamentarios pospusieran la
votación del texto tras el debate celebrado en el Parlamento para
intentar llegar a un acuerdo.
Tras una reunión mantenida entre ambos grupos y el consejero de
Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, para negociar las nueve
enmiendas que se mantenían 'vivas', ambas formaciones no han llegado a
un acuerdo, por lo que la bancada socialista ha votado en contra en
aquellos artículos del texto que habían enmendado, aunque sí ha votado
favorablemente al resto de artículos.
De esta manera, la Ley ha salido adelante con 25 votos a favor de
los diputados 'populares' y 23 en contra, ya que un diputado socialista
no ha emitido correctamente su voto.
El diputado regional socialista Santiago Moreno ha justificado la
falta de apoyo de los socialistas porque "no han admitido nada de lo que
tiene que ver con la comisión de convivencia de los centros y nada que
suponga reconocer el mismo rango legal de la participación de la
comunidad educativa", por lo que "a pesar del esfuerzo de las dos
partes" no se ha podido llegar a un acuerdo.
Para Moreno, haber aceptado las enmiendas "hubiera sido bueno" ya
que "hubiera reforzado la autoridad del profesorado", pero después de
que los 'populares' se negaran a transar ocho de las nueve enmiendas
hacen que "en coherencia" el PSOE no dé su voto afirmativo.
Por su parte, la diputada del PP Beatriz Jiménez ha lamentado que
no se haya llegado a un acuerdo, pero ha dicho al PSOE que "no se puede
pretender" que se cambie el texto al completo. "No han querido llegar a
un acuerdo", ha asegurado. A su juicio, los socialistas "no han votado
la ley" porque "piensan que no sirve para nada, y solo ponen excusas
para no votarla".
"Hoy tenía que ser un día para celebrar todos esta ley, pero
lamento mucho que el PSOE siga anclado en un modelo educativo que saben
que no ha funcionado".
La falta de acuerdo llega después de que el pasado 25 de abril la
Comisión de Educación y Ciencia de las Cortes aprobara el proyecto de
Ley, en el que se incluían nueve de las 25 enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista, rechazando 15 y transando una.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, se
ha referido a la nueva ley asegurando que "se trata de una necesidad de
respaldar a los responsables de la formación de más de 470.000 alumnos, y
completa a nivel autonómico "la regulación existente a nivel estatal
que no cubría al profesorado".
"Es una ley breve, directa, y está avalada por el incesante
notable aumento de presiones contra los docentes", ha dicho, asegurando
que con ella la región "tendrá el profesorado más protegido de toda
España".
A su juicio, la situación "merecía una actuación rápida" para
erradicar "malas conductas" del alumnado, y ha recordado que esta medida
responde a un compromiso de María Dolores de Cospedal, "que anunció en
campaña que se llevaría a cabo en el primer año de Gobierno".
Marín ha asegurado que hay datos que certifican el "menosprecio"
en algunas aulas a los profesores, ya que "es creciente la situación" de
acoso hacia los maestros en algunos centros.
Por ello, se ha mostrado convencido que la Ley "fortalecerá la
docencia con medidas de respeto tanto dentro como fuera del centro" y
reducirá el número de casos de acoso, que ha cifrado en 18.532 en la
región, registrándose "vejaciones, injurias e indisciplinas que han
motivado la baja por depresión de cientos de docentes".
El consejero ha defendido la Ley como un instrumento que ayudará
"en la continua búsqueda de la excelencia", con la que se podrá reducir
el fracaso escolar y cumplir el objetivo para 2020.
Para Marín, el "acoso" al que se ven sometidos los docentes "tiene
que ser desterrado", para lo que hay "reconducir las conductas" de
parte del alumnado, algo que es una "tarea común para toda la comunidad
educativa".
La encargada de defender la Ley en el Parlamento, la diputada del
PP Beatriz Jiménez, ha insistido en que esta nueva normativa asegura que
el profesorado "recibirá el respeto acorde a su tarea" gracias a la
iniciativa de un Gobierno "responsable" que ha decidido "crear un
instrumento para salvaguardar los derechos de los docentes".
A su juicio, esta medida surge para dar respuesta a "una
convivencia en los centros cada vez más compleja", ya que en algunos
centros "prevalece el derecho de algunos alumnos sobre algunos
profesores".
"El docente se siente desprotegido, y como consecuencia es
creciente la sensibilización de la sociedad para reforzarle y mejorar la
calidad de la enseñanza", ha dicho.
Por su parte, el diputado socialista Santiago Moreno ha criticado
que desde el Gobierno se muestre esta ley "como si fuera la solución
mágica que van a resolver todos los problemas del profesorado",
asegurando irónicamente que "va a instalar a los profesores en a
felicidad".
"Los profesores están tan felices, los interinos despedidos o que
van a serlo, están felicísimos, porque están en paro pero son
autoridad", ha aseverado.
Esta nueva ley recoge, entre otras cuestiones, que los alumnos de
Castilla-La Mancha o las personas relacionadas con ellos que causen
alguna agresión física o moral a un profesor deberán reparar el daño
moral causado mediante la "petición de excusas y el reconocimiento de la
responsabilidad de los actos".
El texto añade también que la concreción de las medidas educativas
correctoras se efectuará por resolución del director del centro
educativo público y por la titularidad del centro en el caso de centros
privados concertados, teniendo en cuenta las circunstancias personales,
familiares o sociales, la edad del alumno, la naturaleza de los hechos y
con una especial consideración a las agresiones que se produzcan en los
centros de educación especial, debido a las características del
alumnado de estos centros.
El proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado fija asimismo que
los alumnos o personas con él relacionadas que individual o
colectivamente causen, de forma intencionada o por negligencia, daños a
las instalaciones, equipamientos informáticos, incluido el software, o
cualquier material del centro, así como a los bienes de los miembros de
la comunidad educativa, quedarán obligados a reparar el daño causado o
hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento,
cuando no medie culpa 'in vigilando' de los profesores.
Asimismo, los alumnos, en su caso, deberán restituir los bienes
sustraídos, o reparar económicamente el valor de éstos. En todo caso,
quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad
serán responsables civiles en los términos previstos por la legislación
vigente.
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