TOLEDO.- El sindicato CSI.F dice tener "fundadas
sospechas" de que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales tenga en
su "agenda inmediata" proceder a la amortización de plazas de Auxiliares
de Enfermería, "lo que generaría un serio problema de la gestión
sociosanitaria y la confirmación de las manifiestas deficiencias que se
vienen detectando en la atención a los pacientes".
Para confirmar este extremo, el presidente del sector autonómico
de la Administración General de la Comunidad Autonómica, Roberto Rincón,
presentó este martes un escrito ante la Consejería para pedir
información al respecto, ha informado el sindicato en nota de prensa.
Según el sindicato, la Mesa Técnica de Educación del pasado 14 de
febrero "sirvió para que la rumorología se convirtiese en hechos
contrastados al confirmar los responsables educativos de la Comunidad la
amortización de un 7% de las vacantes no cubiertas.
"Ahora, el ruido de los recortes se ceba en sanidad, donde tememos
que se quiera proceder a la amortización de las vacantes en la
categoría de Auxiliar de Enfermería, motivo que ha llevado a CSI.F a
registrar un escrito ante la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
para pedir explicaciones y aclaraciones sobre la veracidad de esos
rumores", ha argumentado.
En opinión de CSI.F, si "esos rumores" son corroborados por la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, "estaríamos ante la apertura
de una brecha en la línea de flotación de la atención sociosanitaria en
la región, pues supone la renuncia expresa de los responsables
sanitarios a cumplir con los ratios exigidos en el informe Horizonte
XXI, elaborado y consensuado por todos los técnicos de la región".
"Esa amortización eliminaría un número de plazas de auxiliares de
enfermería que dificultaría mucho poder cubrirlas en el futuro, además
del gravísimo inconveniente que crearía a los profesionales dedicados al
servicio social básico de usuarios de la sociosanidad más frágiles y
sensibles, tales como ancianos o disminuidos psíquicos", ha argumentado.
El sindicato ha pedido a la Consejería que reflexione y hable con
los profesionales y los representantes de los trabajadores "antes de
tomar una decisión que bien podría generar mayores inconvenientes que
soluciones, pues ni siquiera razones puramente económicas y
presupuestarias justifican una medida tan desproporcionada y perjudicial
para los pacientes de los servicios sociales y la atención continuada".
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