MADRID.- El Gobierno estudia que las comunidades
autónomas puedan disponer de un periodo transitorio de hasta cinco años
para retomar competencias que han ido dejando en manos de los
ayuntamientos, como la limpieza y mantenimiento de los centros de
primaria, cuyo coste total oscila entre los 400 y los 500 millones de
euros, así como las guarderías y los consultores médicos.
Este es uno de los cambios que introducirá la nueva ley de
gobierno local, que dejará sentado que cada competencia esté
correctamente financiada y que si una administración cede la gestión de
un servicio a otra, lo pague adecuada y puntualmente.
Fuentes de la negociación han explicado que este
será el caso entre otros asuntos de la limpieza y mantenimiento de los
colegios de primaria, la gestión de las guarderías y la de los
consultorios médicos, en los pueblos en los que no existe un centro de
salud, que representan menos del 0,5 por ciento de los municipios
españoles. Precisamente estos son tres de los asuntos competenciales en
materia de Educación y Sanidad que han estado retrasando la aprobación
de la reforma de la administración local.
Las mismas fuentes han explicado que el asunto no quedará cerrado
con la reforma de la ley sino que se establecerá un periodo transitorio,
que podría ser de tres, cuatro y hasta los cinco años, para clarificar
quién y cómo se queda con estas responsabilidades.
La previsión es que el Consejo de Ministros vea en su reunión de
este viernes un nuevo informe del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas sobre esta reforma. El texto es fruto de meses
de negociación con todas las administraciones territoriales y con la
Federación Española de Municipios y Provincias, con las que el Gobierno
ha trabajado desde que en julio del año pasado viera un primer informe
sobre la reforma de la ley.
El Ejecutivo ha negociado también con otras formaciones políticas,
especialmente con el PSOE, que dio por imposible sin embargo el acuerdo
hace ya semanas porque, entre otras críticas, interpreta que el
Gobierno busca la privatización de servicios municipales.
La norma servirá para fijar las competencias de los ayuntamientos y
obligar a que aquellas que les cedan otras administraciones deban ir
acompañadas de financiación. Además, se establecerán unos criterios de
eficiencia y eficacia cuyo de obligado cumplimiento para las entidades
locales, de forma que las menores de 20.000 habitantes deberán ceder sus
competencias a las diputaciones cuando no aprueben el examen (aunque
podrán recuperarlas si lo consiguen más adelante).
Además, las mancomunidades y otros organismos intermedios ya
existentes y que tampoco cumplan esos requisitos de eficiencia
desaparecerán, y no se podrán crear otros nuevos.
De esta forma, saldrán reforzadas las diputaciones provinciales,
que el Gobierno quiere convertir en centrales de servicios y de compras
al considerar que así se ahorrarán también costes. Los municipios
mayores de esos 20.000 habitantes también les podrán ceder competencias
si creen que así se mejora el servicio.
La reforma que aborda el Gobierno supondrá la modificación de la
ley de administración local, pero también de otros textos que regulan la
vida municipal. Así, se quiere limitar el personal no funcionario de
los municipios y acotar la retribución de alcaldes y concejales, que
deberán oscilar entre 100.000 y 30.000 euros, según el tamaño de cada
localidad, e incluir todos los conceptos salariales. Las cifras se
fijarán anualmente en los Presupuestos del Estado.
Por otro lado, se abordará una reforma de la ley electoral para
reducir el tamaño de las corporaciones locales. Tras el Consejo de
Ministros de este viernes se podría saber cuál es la opción del
Gobierno, ya que las cifras han ido variando conforme avanzaban las
semanas: El recorte era del 30 por ciento al principio pero, según las
fuentes consultadas, ha ido bajando hasta quedarse en torno al 10 por
ciento. La decisión final está en manos del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.
Aunque las negociaciones con el PSOE encallaron hace varias
semanas, el Ejecutivo de Rajoy sigue tendiendo la mano con el fin de
sacar adelante esta reforma con el máximo consenso posible. En esta
línea, el propio ministro Cristóbal Montoro ha pedido a esta formación
que se siente a negociar y ha dicho que el Gobierno tiene las "puertas
abiertas" para hacerlo.
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