CUENCA.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nula la
Autorización Ambiental Integrada emitida por el Gobierno regional a una
magrogranja de cerdos en la localidad conquense de Torrejoncillo del
Rey, al tiempo que constata que se ha producido contaminación del agua
de abastecimiento público de dicha localidad por los purines de dicha
instalación.
Así lo ha confirmado la asociación 'Stop Macrogranjas C-LM. Pueblos
Vivos', que en nota de prensa alude a la sentencia del alto tribunal
castellano-manchego emitida a finales del pasado mes de enero, tras la
denuncia la interpuso el Ayuntamiento de Torrejoncillo contra una
macrogranja al comprobar por los análisis de los servicios de Sanidad
que el agua de abastecimiento del pueblo superaba el límite legal de
nitratos, resultando no potable.
El TSJCM condena también a la Junta de Comunidades por considerar que
la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental no siguió el
"procedimiento legal establecido" puesto que "la Declaración de Impacto
Ambiental ha de ser previa a la Autorización Ambiental Integrada y ha de
someterse a información pública".
De ahí, que haya declarado nula la
resolución de dicho departamento, por no haber seguido el procedimiento
adecuado.
"Pero la sentencia va más allá en el voto particular de un
magistrado, el cual pasa a valorar el fondo del asunto que se había
denunciado, que no es otra cosa que la contaminación del agua de uso
público de Torrejoncillo del Rey", ha defendido la asociación.
"Queda suficientemente acreditado por los informes de los servicios
de Salud de la Consejería de Sanidad que las aguas de consumo público
del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey están contaminadas por los
nitratos procedentes de los purines y estiércol originados por las
granjas de cerdos, no siendo apta para el consumo humano", reza el voto
particular del magistrado.
Se están "acelerando los trámites"
Por ello que 'Stop Macrogranjas. Pueblos vivos' haya lamentado que la
administración regional "está acelerando los trámites de las
autorizaciones ambientales para estas explotaciones industriales,
favoreciendo los intereses de las grandes empresas cárnicas frente al
derecho público a la protección ambiental que consagra tanto la
legislación regional como el propio artículo 45 de la Constitución".
Y es que, a juicio de la asociación, esta sentencia "contradice de
manera clara el discurso tanto de la Administración regional, que niega
la posibilidad de estos casos de contaminación por nitratos, como el de
las empresas del sector cárnico que se aferran a la supuesta estricta
normativa ambiental para afirmar que esto no puede suceder".
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