VALENCIA.- La población sin acceso a una sucursal bancaria en su municipio ha
aumentado un 34% desde 2008 debido a la reestructuración del sector
bancario español, que continúa reduciendo la red de sucursales
repartidas por todo el territorio, especialmente en los municipios más
pequeños.
Así lo asegura el análisis realizado por Joaquín Maudos, director
adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y
catedrático de la Universitat de València, que indica que en 2017
operaban en España 27.320 oficinas de entidades de depósito, lo que
supone un 40% menos que en 2008 y advierte de que los colectivos más
afectados por el cierre de oficinas son las personas mayores y con menor
cultura financiera.
Castilla y León es la comunidad con mayor porcentaje de poblaciones
sin oficina bancaria, un problema que afecta al 16% de sus habitantes,
mientras que prácticamente todos los municipios de Murcia y Baleares
tienen, al menos, una sucursal.
Por
provincias, la red que más se ha recortado ha sido la de Barcelona, que
ha perdido más de la mitad de sus sucursales bancarias (-54%), al pasar
de 5.819 oficinas en 2008 a las 2.676 de 2017, y también ha sido
importante el descenso en Gerona y Tarragona, ambas con un 49% menos de
oficinas que en 2008.
También han sufrido descensos las tres provincias de la Comunidad
Valenciana, Castellón (-52 %), Valencia (-46%) y Alicante (-45%)-;
Zaragoza (-47%) y Ourense (-46 %), mientras que Cuenca (-17%), Ciudad
Real (-19%), Teruel (-21%) y Badajoz (-21%) han sido las zonas en las
que se ha perdido menor porcentaje de oficinas.
El cierre de sucursales ha repercutido especialmente en aquellos
municipios pequeños que han perdido todas sus sucursales y, según el
análisis, en 2016 se contabilizaron 4.114 municipios que no disponían de
oficinas bancarias, es decir, el 50,7% del total de los pueblos de
España.
Esta exclusión financiera afectaba a las 1.256.590 personas que
residen en esas localidades, lo que supone un 34,2% más que en el año
2008 y, en conjunto, representan el 2,7% de la población española,
frente al 2% en el año 2008.
Además
de Castilla y León, autonomía más afectada por la exclusión financiera,
ésta también es muy acentuada en las provincias de Zamora, Segovia y
Ávila, donde más de la quinta parte de sus habitantes tiene que
trasladarse fuera de su localidad para acceder a una sucursal bancaria.
En estas últimas tres provincias, se cerraron, respectivamente, el 29%,
el 37% y el 40% de sucursales bancarias entre 2008 y 2017.
El análisis señala que más de la mitad de los municipios de España
carecen de oficina bancaria y otro 15,8% dispone de una única entidad de
depósito que ofrece servicios a través de sucursales. Se trata de otros
1.281 pueblos en los que residen 1,4 millones de personas, es decir, el
3,1% de la población.
Las cajas de ahorros o bancos de las antiguas cajas siguen siendo las
que más población rescatan de la exclusión financiera, ya que ofrecen
sus servicios en el 67% de estos municipios, mientras las cooperativas
de crédito lo hacen en otro 21 % de las poblaciones. Solo el 12% de los
municipios que cuentan con oficinas de una única entidad financiera han
sido rescatados de la exclusión financiera por un banco, añade el
análisis del IVIE.
En este contexto, en el que ha sido necesario cerrar oficinas para
asegurar la viabilidad del sector bancario y en el que previsiblemente
se seguirán cerrando en los próximos años, el IVIE señala que es
importante que tanto las entidades financieras como las administraciones
públicas implementen medidas para evitar la exclusión financiera.
En
el primer caso, el avance de la banca por internet es la mejor vía,
mientras que en el segundo es necesario asegurar que el acceso a la red
llegue a toda España, concluye el análisis. 