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jueves, 12 de octubre de 2023

Rusos y ucranianos se mudan a España

 


MADRID.- La compra de vivienda en España por parte de ciudadanos rusos se disparó más de un 50% en la primera mitad del año, mientras que las transacciones realizadas por los ucranianos registraron un incremento superior al 40% en un contexto marcado por una guerra que dura ya más de un año y medio, se recoge en La Razón.

Entre enero y junio de este año los rusos cerraron 2.137 compraventas de vivienda en nuestro país, la cifra más alta desde hace 9 años, cuando batieron su récord con 2.573 transacciones, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

De hecho, es la primera vez desde 2014 que los rusos superan las 2.000 operaciones. Una cifra que contrasta, por ejemplo, con las 571 viviendas que adquirieron en la primera mitad de 2007.

Coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, y las sanciones internacionales impuestas al país que dirige Vladímir Putin, la compra de vivienda en España por parte de rusos encadena cinco semestres de subidas interanuales.

Los rusos protagonizan su mayor subida y pagan por sus viviendas más que el extranjero medio.

En el primer semestre del año, la compra de vivienda por parte de los rusos creció un 50,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el mayor avance registrado en su historia y el mayor incremento que se observa entre todas las nacionalidades extranjeras que adquirieron una vivienda en nuestro país.

Además, los rusos pagaron por sus propiedades en España más que la media del conjunto de extranjeros. En concreto, los rusos desembolsaron de media 2.293 euros/m2, el mayor importe en 13 años y el 15,2 % más que el año anterior. Este precio supera así los 2.094 euros/m2 que pagaron de media el conjunto de extranjeros.

La mayor parte de las compras las hicieron los residentes rusos en España, un total de 1.447 operaciones, el 45,3 % más, y la mayor cifra de la serie histórica. Además, pagaron de media 2.139 euros/m2, el 27 % más.

martes, 25 de junio de 2019

Murcia pide a la UE financiación directa para las regiones que reciben a los inmigrantes

BRUSELAS.- El Gobierno de la Región de Murcia defendió ante el Comité de las Regiones de la Unión Europea que los fondos comunitarios para acogida e integración de las personas inmigrantes lleguen directamente a las comunidades que primero reciben a estas personas, como es el caso de la Región, de manera que se agilice el reparto de esas ayudas que hasta ahora se tramitan a través de los estados miembros.

El directo general para la UE de Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Murcia, Manuel Pleguezuelo, participó este martes en el encuentro 'Iniciativa de las Ciudades y Regiones por la Integración', celebrado en Bruselas. Una cita en la que representantes de distintos países expusieron sus experiencias y casos positivos de integración de personas inmigrantes y refugiados.
En el caso de la Región, estas actuaciones se engloban en el proyecto 'Integra', reconocido el año pasado con el premio Regiostars de la Comisión Europea, y para el que recibe financiación del Fondo Social Europeo. La iniciativa no se centra en la primera fase de acogida a los inmigrantes sino en la posterior, explicó Pleguezuelo, la de lograr un puesto de trabajo.
«Lo que da estabilidad es encontrar empleo», apuntó Pleguezuelo, que señaló que el plan ofrece formación, habilidades para buscar hueco en el mercado laboral y orientación. Se ha atendido ya a 800 personas.
Pleguezuelo señaló que la Región expuso durante el encuentro su experiencia como «una región del sur del sur», que recibe en sus puertos a cientos de personas que llegan en pateras como también ocurre en otras comunidades como Andalucía. 
«En Cartagena, en un fin de semana llegan 500 personas migrantes. Esa realidad mediterránea es la que tenemos que exponer en foros como éste», subrayó.
También reivindicó que estas administraciones regionales y locales que primero atienden a los inmigrantes puedan ser destinatarios directos de fondos europeos para la acogida. Unos fondos que ahora gestionan las autoridades estatales.
«Exigimos que tengamos acceso directo a esos fondos de asilo, migración e integración; financiación directa para las regiones y ciudades que somos las primeras que atajamos este drama», explicó. Junto a la Región, también Cataluña y País Vasco presentaron sus proyectos de integración de inmigrantes dentro de esta iniciativa.

jueves, 28 de junio de 2018

Los 'sin papeles' tendrán sanidad tras pasar 90 días en España

MADRID.- Los inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles siempre que lleven empadronados en España un mínimo de 90 días o, en su defecto, que acrediten su situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales.

Así lo recoge el borrador que ha presentado hoy la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles'.
Montón, que ha presidido hoy su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el único punto del orden del día del acceso universal a la sanidad pública, ha asegurado que en 2012 no existía ninguna razón que justificara la exclusión sanitaria que se plasmó en el real decreto.
Residir un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social son las "garantías" que establecerá el real decreto para que no haya "agujeros negros", de tal forma que no haya "ningún abuso" y que ningún ciudadano que lo necesite se quede desatendido.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha admitido que desde entonces las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero esto ha ocurrido de una manera "no armónica y desigual", por lo que ha considerado que ahora es el momento de "dar un paso adelante y construir de manera unitaria".
La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo "en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española", vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.
Esta reforma retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' (unos 840.000), de forma que se les excluyó de la atención primaria -excepto a menores y a embarazadas- y se limitó su asistencia a los servicios de urgencias.
En este sentido, Montón ha recordado que distintos organismos internacionales han constatado que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es "menos gravosa" que la que se realiza a través de los servicios de urgencias y ha rechazado, como argumenta el PP, que la universalidad suponga un sobrecoste a las CCAA porque todas ellas están proporcionando ya esa atención.
La ministra de Sanidad confía en poder implementar esta medida "lo más rápidamente posible" y ha dicho que quedaría derogado automáticamente lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las CCAA.
Se trata, según Montón, de sustituir "todo el articulado que habla de exclusión sanitaria por otro que hable de universalidad".
Montón ha dicho que de esta reunión han salido con unas "ideas básicas" para llevar adelante la norma y ha explicado que propondrá la creación de una Comisión Mixta para hacer seguimiento de su implementación tal y como hizo en la comunidad valenciana en su época de consejera.
Montón ha recordado que como consejera llevaba tres años pidiendo, junto con la mayoría de las CCAA, la eliminación de la exclusión sanitaria y ha considerado una "proeza" que en tres semanas como ministra se haya celebrado un Consejo Interterritorial con este tema como único punto del orden del día.

Italia bloquea la cumbre europea sobre inmigración y pone a Merkel contra las cuerdas

BRUSELAS.- El Gobierno italiano bloqueó este jueves la adopción de conclusiones de los temas abordados en la primera sesión de trabajo de la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) hasta ver si es posible llegar a un acuerdo sobre política inmigratoria que satisfaga sus demandas. Un bloqueo que supone un duro revés a la canciller alemana, Angela Merkel, que llegó a la Cumbre con el desafío de los conservadores bávaros, que exigen un giro derechista a su política migratoria.

Fuentes europeas indicaron que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defendió en la reunión que debe aplicarse el principio de que “nada está acordado hasta que todo está acordado” y que Roma se reserva el derecho de evaluar su posición sobre todas las partes del documento final hasta que se conozcan las decisiones en inmigración.
Minutos después, el Consejo Europeo confirmó en un comunicado que “un Estado miembro reservó su posición sobre las conclusiones completas”, por lo que “no se ha acordado ninguna conclusión” hasta el momento.
Esto obligó a posponer hasta este viernes, tras la segunda jornada de cumbre, la rueda de prensa del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, prevista inicialmente para este jueves.
En la primera sesión de trabajo, que comenzó a las 13.00 GMT, los Veintiocho abordaron los avances en las políticas de seguridad y defensa, la situación del comercio global tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 y las sanciones a Rusia por el derribo del avión MH17. 
Fuentes europeas indicaron que había acuerdo entre el resto de Estados para aprobar las conclusiones sobre estos puntos y que, a la vista del bloqueo italiano, los líderes debatieron durante más de 30 minutos el procedimiento a seguir en ese caso y concluyeron que sin unanimidad no podían aprobarse.
El debate sobre inmigración ha comenzado ya durante la cena de trabajo de los líderes y continuará tras la misma para acordar cambios en la gestión migratoria europea. El objetivo es dar respuesta a una crisis que, admiten, es política y no de refugiados (las llegadas a la UE por el Mediterráneo se han reducido en un 96 % desde la crisis de 2015).
Conte, que preside un gobierno integrado por los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, ya había advertido a su llegada a la cumbre de que Italia no descartaba vetar el acuerdo si no obtenía garantías de una mayor solidaridad de sus socios. 
“Italia no necesita declaraciones verbales, sino hechos concretos. Esta es la ocasión adecuada (…) En lo que a mí respecta, estoy dispuesto a sacar todas las consecuencias debidas”, dijo.
El nuevo Ejecutivo de coalición italiano, que abandera una retórica anti-inmigración, está decidido a bloquear un acuerdo si no se recogen los puntos esenciales de su propuesta migratoria.
Para Italia, uno de los principales puntos de llegada a Europa de migrantes irregulares, el acuerdo solo será posible si recoge la creación de centros para inmigrantes en países de origen y tránsito, reconoce que los desembarcos en Italia lo son en Europa y la responsabilidad debe ser compartida en la UE, apoya cambiar el sistema de Dublín que obliga a pedir asilo en el país de llegada y se prioriza la financiación para el Norte de África.

Un bloqueo que pone contra las cuerdas a Merkel

En el otro lado de la mesa, la canciller alemana, Angela Merkel, partidaria de la acogida, necesita un acuerdo europeo para contentar a su ministro del Interior, Horst Seehofer, y evitar el colapso del Gobierno en un momento de auge del partido ultraderechista AfD.
Desde hace semanas la atención política en Alemania está centrada en la exigencia de Seehofer de implantar su llamado “plan maestro” para contener la llegada de refugiados e inmigración ilegal. 
Se sabe que consta de 63 puntos, que el ministro no ha presentado por falta de consenso con la canciller y cuyo punto más conflictivo es el propósito de impedir la entrada a Alemania de refugiados rechazados y registrados anteriormente en otro país europeo. Para conseguirlo, está dispuesto a cerrar las fronteras, lo que Merkel rechaza mientras insiste en la necesidad de buscar una política migratoria común en la UE.
Merkel ha defendido que, a falta de acuerdos europeos, podrían sellarse pactos bilaterales con los países implicados para abordar el problema, una opción que apoya España. Roma, sin embargo, pide primero un acuerdo a Veintiocho.
En este contexto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó este jueves el refuerzo de las fronteras exteriores y las plataformas en países terceros como una medida necesaria para evitar otras propuestas “realmente duras”. 
“La alternativa a esto sería un avance caótico hacia el cierre de las fronteras, también dentro de la UE, así como conflictos crecientes entre Estados miembros de la UE”, advirtió.
Según se recoge en el último borrador de conclusiones, los líderes respaldarán desarrollar “plataformas regionales de desembarco” fuera de la UE en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En estas plataformas se determinaría, antes de su partida hacia Europa, si se trata de inmigrantes económicos o de refugiados que sí tienen derecho a protección.

lunes, 21 de mayo de 2018

Aumentan un 60% los menores extranjeros que han llegado solos a España

MADRID.- Los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en España bajo tutela del Estado son 6.414, un 60 por ciento más que los registrados en 2016, que fueron 3.997, la mayoría marroquíes y argelinos. Son datos recogidos por la ONG Save the Children en su informe “Los más solos”, en el que advierte de que ese número es superior porque hay niños migrantes que no han sido reconocidos como tales y otros han huido de los centros donde han sido ingresados.

En 2017 España registró 2.417 nuevos menores extranjeros no acompañados, de los que 2.177 llegaron en pateras.
De los tutelados en 2016 por las administraciones, 825 abandonaron los servicios de protección y aparecen “en fuga” porque se desconoce su paradero, ha explicado el director de Save the Children, Andrés Conde.
“Muchos esconden su condición de menor para evitar ser tutelados por una comunidad en la que no desean quedarse” y otros viven en desamparo, como el centenar de niños que se concentran en la zona de los puertos de Melilla y Ceuta con la intención de llegar a la península escondidos en transbordadores.
Más de la mitad de esos menores tutelados por las administraciones se encuentran en Andalucía y Melilla, ha añadido Conde, quien ha reclamado que se impulse el sistema de acogida familiar para estos jóvenes.
“Nuestro país no está preparado para garantizar los derechos de estos niños migrantes”, muchos de ellos acaban en centros de adultos y muchos menores huyen de “un sistema que sienten que no les están protegiendo”, ha explicado Ana Sastre, directora de Sensibilización de Save The Children en la presentación del informe.
A lo largo del documento se exponen testimonios de 65 jóvenes que han pasado por el sistema de protección para menores migrantes, pero también de los que nunca llegaron a ser tutelados.
Como Omar Sylla, un joven senegalés que ha explicado en la presentación del informe, que salió de su país con 17 años y llegó en patera a Tenerife, donde nadie le preguntó si era menor, por lo que fue ingresado en un centro de internamiento de extranjeros, como un adulto más y posteriormente trasladado a Madrid.
“Me preguntan los amigos que quieren venir y les digo que si tengo que volver a mi país en patera para ver a mi familia nunca volvería”, ha dicho este joven, que explica que en Senegal “solo se ve el lado positivo de ese viaje, no que algunas pateras no llegan”.
Omar sigue viviendo en España, gracias al apoyo que recibió en su día de particulares. “Nunca tuve ni formación, ni talleres para integrarme y tener un trabajo, estuve muchos años sin saber por dónde empezar porque las leyes nos impiden entrar en el mercado de trabajo”, ha señalado.
Save the Children reclama que el primer permiso de residencia sea de al menos cinco años y propone establecer criterios iguales que garanticen las condiciones mínimas de acceso y ejercicio a los derechos que deben garantizarles los sistemas de protección.
“La legislación permite que los menores migrantes sean rechazados cuando llegan a los puestos fronterizos, sin conocer su situación particular y su vulnerabilidad”, denuncia la ONG.
Además, la ley permite declarar adultos a los niños “que logran entrar al territorio desafiando todas las adversidades, sin ni siquiera hablar con ellos”, unos niños que han realizado un viaje que puede ser de meses e incluso años.
El informe lamenta que dos de cada tres peticiones de asilo tramitadas por menores sean rechazadas.
La ONG reclama además la reforma de la ley para que ningún niño con un documento que acredite la edad sea sometido a pruebas y que se fije en el futuro reglamento de asilo que los niños puedan pedir protección internacional sin depender de su familia.
Tras la mayoría de edad, propone un plan individualizado de seguimiento y acompañamiento hasta al menos los 25 años.

lunes, 14 de mayo de 2018

El Gobierno destina el 40% de los fondos de la UE para migración a expulsiones en lugar de a asilo e integración

MADRID.- El Gobierno de España destina al control de los extranjeros que carecen de documentación y a las expulsiones más del 40% del dinero que recibe de la Unión Europea (UE) cada año para las políticas de asilo, migración e integración. El llamado Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) es el instrumento del que se ha dotado la UE con el objetivo de promover la “eficacia de los flujos migratorios”, un eufemismo para describir las expulsiones y el control de las personas sin documentación, y el “fortalecimiento de una política común en materia de asilo e inmigración”, a juicio de Público.

Así, este fondo financia tres políticas, por un lado, las de asilo, por otro, las de integración, y, por último, lo que en el lenguaje oficial se ha dado en llamar el retorno. Esta última es la que se lleva el grueso del capital total, que asciende a 269 millones de euros en el período 2014-2020, según se puede consultar en la documentación que hace pública el ministerio de Empleo en la página web llamada el portal de inmigración.
La previsión del Ejecutivo, según se recoge en el documento oficial del programa FAMI, es gastarse 69 millones provenientes de Europa en las políticas de asilo, otros 84 millones en las de integración y otros 116 millones de euros, más del 40% del total, en las de retorno hasta el año 2020. 
De momento, el Gobierno ha hecho públicos los datos de los años 2015 y 2016, en los que se han gastado ya 32,5 millones de euros en las dos primeras políticas y otros 26 millones en las expulsiones y el control de extranjeros sin documentación. En estas cuentas no se incluyen los fondos de la UE para los refugiados de la guerra de Siria, también incluidos en el programa FAMI, pero que llevan su tramitación específica.
El Programa FAMI “se realiza a través de un proceso de diálogo político entre el Gobierno de España y la Comisión Europea centrado en los resultados globales que se pretenden alcanzar”. El reparto presupuestario refleja el histórico ejecutado, las tendencias observadas y las prioridades del fondo, según se explica en el propio documento.
Esos 116 millones no serán todo lo que España se gaste hasta el año 2020 en “la eficacia de los flujos migratorios”, sino que la cifra podría ser hasta dos veces mayor, si se atiende al balance del plan anterior al FAMI: “Parte de los costes del retorno forzoso son cofinanciados por la UE [fletes de avión y dietas e indemnizaciones a funcionarios policiales encargados de su ejecución]. El esfuerzo total de España en la realización de los retornos forzosos gestionados de 2008 a 2014 ha supuesto un gasto total de 158,47 millones [gastos de transporte, indemnizaciones del personal funcionario, gastos de bolsillo al inmigrante, gastos asistenciales y manutención en Centros de Internamiento de Extranjeros, que el Gobierno estima en 18 euros por día]. De esta cantidad, hasta el año 2013, la Unión Europea ha financiado con cargo al Fondo de Retorno [al que ha sustituido el FAMI] un total de 53,6 millones”.
“La estrategia nacional se basa en desarrollar programas de retorno voluntario y de reintegración en los países de origen. También el retorno forzoso es fundamental para la ejecución de una política eficaz en materia de prevención y lucha contra la inmigración ilegal, que cumpla con los requisitos de la Directiva sobre Retorno y del acervo Schengen y respete los derechos de estas personas”, dice el documento del Gobierno.
Hasta 2020, con la ayuda de esos 116 millones, se busca alcanzar los siguientes resultados: “incrementar en 2 ó 3 el número de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mejorando la calidad de las plazas disponibles; la atención adecuada y la mejora de instalaciones en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI); la asistencia social integral, el asesoramiento y la atención a personas vulnerables; la cooperación con terceros países; [llevar a cabo] 14 jornadas de intercambio de buenas prácticas en materia de retorno; en retorno voluntario retornar a 30.000 personas y en retorno forzoso, 53.000, [y establecer un] protocolo para el retorno de menores no acompañados”.
Las prioridades que fija el Gobierno para el gasto de los 69 millones adjudicados a las políticas de asilo son “el mantenimiento y la mejora de las condiciones de recepción y de acogida de los solicitantes de asilo, incluso ante llegadas masivas; la detección y la atención a grupos vulnerables; la calidad y rapidez en la toma de decisiones de asilo; la capacitación del personal, y el incremento de los recursos humanos, materiales y servicios de acogida”. España recibió el año pasado 31.120 peticiones de asilo, de las que solo resolvió un tercio, 13.350.
Los 84 millones para la integración se ejecutan en su mayoría a través de lo que el Gobierno llama “la sociedad civil”, fundamentalmente sindicatos y ONG. Los extranjeros en España, en su mayoría provenientes de Marruecos, Ecuador, China, Colombia, y Bolivia, son el 9,59% de la población, según el INE.
Dice el Gobierno: “La integración social de los inmigrantes es uno de los principios de la política española de inmigración. La crisis ha afectado de forma importante a los extranjeros cuya tasa de desempleo en 2014 era del 33,19% (diez puntos por encima de la media del país). El nivel de conflictividad es bajo, pero es necesario consolidar esta buena convivencia".
Así, continúa exponiendo que "la estrategia se basa en apoyar programas específicos por áreas: acogida, educación, empleo, salud, participación social, convivencia, juventud y familias, género, infancia y promoción de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, desarrollados por la sociedad civil”.
A continuación, concreta: “En función de las necesidades detectadas se ha intervenido en: la prevención de la inmigración irregular de menores, la mejora de la atención y de la capacidad para la protección y asistencia de los menores no acompañados, en la gestión flexible y eficaz del sistema de acogida, en la mejora de la empleabilidad, en la prevención de actitudes xenófobas, en programas dirigidos al apoyo educativo, la atención a determinados colectivos como menores y jóvenes recién llegados y mujeres, la formación de profesionales, y en implantar programas integrales de convivencia en barrios”.

martes, 17 de abril de 2018

Los españoles creen que hay el triple de inmigrantes respecto al número real

LUXEMBURGO.- Los recientes resultados del Eurobarómetro han revelado que varios países europeos sobreestiman el número de inmigrantes que hay en su país respecto a la cifra real. Así ocurre en Italia, Portugal y España, donde su percepción es de que más de un 20% de la población en territorio nacional es de nacionalidades extranjeras.

Sin embargo, los datos reales contrastan con estas estimaciones porque el porcentaje más alto de extranjeros se encuentra en España con un 8.8% respecto al 23,2% que perciben los locales. 
La mayor diferencia es para los italianos, que piensan que un 24,6% de la población es inmigrante cuando en realidad es solamente un 7%, según los datos de las instituciones europeas. 
En Portugal, el dato de la percepción enfrenta a un 20,5% de sensación frente a un 6,2% de realidad.
Esta percepción exagerada podría deberse al impacto de las noticias sobre la llegada de extranjeros a las costas, rescates o peticiones de asilo.

domingo, 15 de abril de 2018

La mortalidad entre sin papeles sube un 15% desde la reforma sanitaria

MADRID.- La mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015, los tres años posteriores a la aplicación de la ley sobre la reforma sanitaria implementada en España en septiembre de 2012 a través del Real Decreto 16/2012, que deja sin cobertura a personas en situación administrativa irregular

Así lo afirma una reciente investigación, la primera de este tipo, del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Se titula The deadly effects of losing health insurance (Los efectos letales de perder la cobertura sanitaria) y ha sido presentada el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid), recoge El País.
En términos absolutos, se corresponde con un incremento de 70 muertes anuales, y el porcentaje aumenta con el tiempo: en el tercer año de estudio, el 2015, la mortalidad ascendió un 22,6%. Estos resultados sugieren que la modificación de la cobertura sanitaria ha tenido "un gran efecto" en el estado de salud de poblaciones vulnerables con pocas alternativas de acceso a la atención médica.
Los investigadores han estimado el efecto del Real Decreto en la tasa de mortalidad de inmigrantes indocumentados al comparar el patrón de mortalidad entre el grupo de población por cuya nacionalidad tienen más probabilidades de ser irregulares y el de la población española que no ha sido afectada por la reforma. 
Para ello, se han servido de información pública obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que registra todas las muertes acaecidas en España: son datos individuales de los fallecidos de nacionalidades con una mayor proporción de sin papeles entre 2009 y 2015. Desde 2009 hasta 2012, la mortalidad en ambos grupos se mantiene o incluso decrece. 
En 2012 hay un punto de inflexión y comienza a aumentar la de los inmigrantes, según ha explicado a El País Judit Vall, coautora del informe e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y del Centre de Recerca en Economia y Salut (CRES-UPF).
La científica advierte que los resultados obtenidos son una estimación mínima de una realidad que sospechan mayor porque en el primer grupo de referencia, el de los migrantes en situación irregular, se han incluido los fallecidos que sí tenían papeles.
"Sabemos que este grupo incluye personas que no se vieron afectadas; no los podemos distinguir porque los registros de mortalidad no proporcionan información sobre el estado administrativo", detalla Vall. 
"Y aún así, encontramos ese aumento del 15%, con lo cual estimamos que el impacto que hemos hallado es lo mínimo que en realidad debe haber".
El estudio presenta los resultados diferenciados por tres grupos de edad: de 0 a 19 años, de 20 a 39 y de 40 a 64. Los mayores de 65 no se han incluido porque hay muy pocas personas en situación irregular que rebasen esa edad. 
Gracias a las excepciones marcadas por el Real Decreto, que son las embarazadas, la atención de emergencia en caso de enfermedad grave o accidente y los menores, se ha observado que no hay ningún efecto de la reforma en estos últimos. En el grupo de edad de 20 a 39 años ha aumentado la tasa de mortalidad mensual en un 16,49%. El efecto para el grupo de 40-64 años es del 19,89%. 
Por continente de origen, la reforma aumenta la tasa de los africanos en un 16,69% con respecto al nivel anterior a la reforma, en un 23,42% para los centro-sudamericanos y en un 30,40% para los asiáticos.
Los resultados también muestran que los efectos de las restricciones en la cobertura sanitaria son más altos en el caso de muertes acaecidas por causas evitables si se cuenta con acceso rápido al sistema de salud público: la falta de detección de enfermedades mortíferas y la interrupción de tratamientos en caso de enfermos crónicos. El impacto más fuerte, según Vall, es en las muertes por cáncer. 
"En algunos tumores la detección precoz es muy importante y sabemos que el cáncer, muchas veces, no da signos de alerta", explica. La experta recuerda que, si se pierde la tarjeta sanitaria, también se pierde el acceso a toda medicación subvencionada y a tratamientos como la quimioterapia.
 "Y en el caso del cáncer, es carísima", incide. En el caso de otras dolencias que requieren medicación crónica como VIH, o en enfermedades contagiosas como tuberculosis, sí que se ha hallado un coeficiente positivo, pero no significativo.
Es difícil obtener una cifra precisa del número de personas que han tenido acceso restringido al sistema de salud como resultado de la reforma. "Ha sido complicado encontrar datos porque la población inmigrante en situación irregular no está muy bien identificada", afirma Vall, que advierte que, hasta el momento, solo se disponen de algunos informes de organizaciones no gubernamentales como los de Red Acoge o Médicos del Mundo cuyas estimaciones se sustentan, más bien, en casos particulares. 
No obstante, sí sabe que en 2016 las autoridades españolas detectaron a 37.295 inmigrantes viviendo de manera irregular. Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó en el Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2013 haber retirado 873.000 tarjetas sanitarias. Este último número representa un 13,87% de la población inmigrante en España en 2012 y un 1,86% de la población total.
El RD 16/2012 fue justificado por el Gobierno como la manera de evitar el fraude en la obtención de la tarjeta de salud española (el turismo sanitario) y ahorrar unos 500 millones de euros. Ha sido muy polémico desde su aprobación porque restringe el acceso al sistema de salud pública a la población inmigrante indocumentada, que hasta entonces solo necesitaba el padrón para obtener la tarjeta sanitaria. 
La reforma estableció que debían estar en posesión de un permiso de residencia oficial y para obtenerlo, tenían que demostrar que estaban trabajando regularmente o que tenían recursos suficientes para cubrir los gastos de subsistencia durante su estadía en el país. Diversas comunidades autónomas han introducido leyes autonómicas que permiten el acceso al sistema de atención médica para inmigrantes indocumentados. Aragón, Valencia, Cantabria, Baleares o la Comunidad de Madrid son algunos ejemplos.
Aunque el impacto es mayor en las Comunidades Autónomas que lo aplican a rajatabla, el estudio no ha hallado diferencias significativas entre ellas, algo que Vall se explica porque la mayoría de decretos regionales se introdujeron después del Real Decreto, y para entonces este colectivo ya era reacio a hacer uso de los servicios de atención médica por el temor a revelar su situación irregular. 
"Se ven como perseguidos y señalados, y convencerles que de van a poder acceder al sistema de salud ya no es tan fácil porque ya tienen miedo a ser deportados o denunciados", explica la investigadora.

lunes, 9 de abril de 2018

España fue el segundo país de la UE que más extranjeros nacionalizó en 2016

BRUSELAS.- España fue el segundo país de la Unión Europea con un mayor número de concesiones de nacionalidad en 2016, con 150.944, tras crecer un 32% con respecto al año precedente, según los datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Italia fue el único país del club europeo que superó a España, con una cifra de 201.591 concesiones de nacionalidad (un 13% más). El tercer país de la lista fue Reino Unido (149.372 y un 27% más), seguido de Francia (119.152 y un 5% más) y Alemania (112.843 y un 2% más).
Los principales receptores de nacionalidad española fueron los ciudadanos marroquíes, que representaron el 24,5% de las concedidas por España, por delante de los bolivianos (10,5%) y ecuatorianos (10,1%). Además, España fue el país de la UE que más marroquíes, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, peruanos y dominicanos nacionalizó.
Con respecto a la tasa de naturalización, España nacionalizó a 3,4 ciudadanos de terceros países por cada 1000 residentes extranjeros, la octava mayor tasa de la UE tras Croacia (9,7), Suecia (7,9), Portugal (6,5), Rumanía y Grecia (4,2) y Finlandia e Italia (4,1). En el polo opuesto se situaron Austria, Letonia y Eslovaquia (todos los países con una tasa del 0,7), Estonia y Lituania (0,9) y República Checa (1).
En total, aproximadamente 995.000 personas adquirieron la nacionalidad de un Estado miembro en 2016, una cifra que supera las 841.000 registradas en 2015 y las 889.000 observadas en 2014. Un 12% de éstas se concedieron a antiguos ciudadanos de otro Estado miembro, mientras que la gran mayoría fueron para ciudadanos extracomunitarios.
Los ciudadanos marroquíes fueron los extranjeros que más concesiones de nacionalidad coparon en 2016 (101.3000 y un 89% en España, Italia y Francia), por delante de los albaneses (67.500 concesiones centradas casi exclusivamente en Italia y Grecia), e India (41.700 principalmente en Reino Unido).
Por otro lado, las nacionalizaciones concedidas en otro Estado miembro de antiguos ciudadanos británicos elevaron un 165%, con respecto a las de 2015, hasta alcanzar la cifra de 6.555. También crecieron con fuerza las nacionalizaciones de ciudadanos de Arabia Saudí (un 108%), Nicaragua y Bután (un 99%) y Paraguay (un 70%).

sábado, 9 de febrero de 2013

El Gobierno de Ecuador apoya a sus ciudadanos en España ante la crisis hipotecaria

MADRID.- El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, muestra su preocupación por los ecuatorianos afectados por la crisis hipotecaria en España y reitera la oferta de retorno "ordenado" para sus compatriotas.

Patiño ha señalado que su Gobierno está instando "a las autoridades españolas y europeas que busquen una manera de modificar sus normativas para que esto no siga sucediendo".
Según el canciller, la crisis hipotecaria afecta a entre 10.000 y 15.000 ecuatorianos residentes en España.
Ha insistido, como lo ha hecho el presidente Correa, en la dación en pago, tal como han hecho en Ecuador. Que la salida de la crisis, ha dicho, no sea sobre "la base de un mayor empobrecimiento".
El canciller ecuatoriano ha recordado además las modificaciones legales que se han llevado a cabo en su país para impedir que los bancos puedan cobrar en Ecuador las deudas de sus ciudadanos por los créditos que habían suscrito en España con las leyes españolas.
"Hemos de seguir acompañando a los ecuatorianos que tienen esa situación", ha dicho y ha hecho referencia al apoyo del Defensor del Pueblo a la demanda de un ciudadano ecuatoriano residente en España que recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"Con todos los respetos para la institucionalidad española, seguiremos protegiendo a nuestros ciudadanos en cualquier lugar del mundo en el que estén", ha manifestado.
El ministro ha reconocido que han mantenido frecuentes contactos con las autoridades españolas a este respecto, y "siempre ha habido, según sus palabras, "comprensión y una preocupación con lo que pasa... han mostrado una preocupación y una búsqueda de soluciones".
El Ejecutivo español ha suspendido durante dos años los desahucios cuando se dan determinadas condiciones de penuria económicas y prepara un proyecto de ley para proteger a estos deudores hipotecarios.
Respecto a los planes de retorno que el gobierno de Ecuador tiene en marcha como el Plan Tierra, el Plan Ecuador Saludable o el de retorno para maestros, ha reiterado la necesidad de hacerlo de "manera ordenada", para no "provocar una frustración", al no encontrar lo esperado.
Patiño ha reconocido que ha comenzado a producirse una inflexión en la cantidad de ecuatorianos que salían hacia España. En el último año, ha dicho, "hemos comenzado a recibir más ecuatorianos desde España que ecuatorianos que salen" hacia ese país.
Preguntado por las inversiones de españolas en Ecuador, ha señalado que "no hay un flujo especial de inversiones, lo que si vemos es un interés especial".
Aunque ha insistido en que no quieren "inversión especulativa" sino la "inversión productiva" y "que también esté dispuesta a transferir tecnología".
A una semana de las elecciones legislativas y presidenciales en Ecuador, Patiño ha hecho un balance de la legislatura y ha destacado logros en áreas como la educación o la sanidad, con avances "increíbles", ha dicho, hace falta avanzar hacia la "excelencia".
La Constitución de Ecuador facilita que los emigrantes tengan representantes en la Asamblea Nacional, y dos serán elegidos el próximo día 17 por Europa, Asia y Oceanía.
España, con más de 400.000 ecuatorianos residentes, es uno de los principales núcleos de emigración, pero que en los últimos años están sufriendo las consecuencias de la crisis económica, cuya principal consecuencia es la pérdida de empleo.

sábado, 26 de enero de 2013

Los emprendedores chinos suponen casi la mitad de las nuevas altas de autónomos extranjeros

MADRID.- La mitad de los nuevos autónomos extranjeros que se han sumado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en España son chinos, hasta alcanzar los 3.177 nuevos emprendedores, según los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

    Según explica ATA en un comunicado, las oportunidades de negocio unidas a la capacidad financiera del colectivo chino son la base para la apertura de nuevas actividades. En total, los emprendedores chinos suponen el 18,4% de todos los trabajadores por cuenta propia de fuera de las fronteras españolas (39.718 autónomos).
   Marruecos, con un crecimiento de 701 emprendedores, y Rumanía (681 nuevos emprendedores) son los dos otros países que más han crecido en este apartado en España. En el caso de los rumanos, ya sumaron más de 2.000 autónomos en 2011 y para 2013 se espera que continúen accediendo al mercado laboral español mediante el autoempleo, debido a la prórroga en la limitación del acceso al mercado de trabajo por cuenta ajena hasta el 31 de diciembre.
   Así, mientras el total del RETA ha cerrado 2012 con una pérdida de 47.017 autónomos (un -1,5%), cabe destacar que el colectivo de extranjeros ha logrado cerrar el año con 6.553 nuevos emprendedores (3,1%).
   "Llevamos cuatro años de dura crisis económica que se esta cebando especialmente en el colectivo autónomo, sin embargo, los emprendedores de origen extranjero no comunitarios continúan abriendo negocios, principalmente ciudadanos chinos y marroquíes", ha señalado Guillermo Guerrero, responsable del área de autónomos inmigrantes de ATA.
   Además de rumanos, marroquíes y chinos, ATA ha señalado que a lo largo de 2012 ha habido más nacionalidades que han optado por poner en marcha su propio negocio como es el caso de Italia, con un aumento de 291 autónomos (2,2%).
   No obstante, el resto de nacionalidades representativas registra una pérdida en cuanto al número de trabajadores afiliados al RETA, siendo Ecuador y Argentina las nacionalidades más afectadas por la pérdida de emprendedores. En concreto, hubo un total de 414 autónomos ecuatorianos menos en 2012 (-9,8%) y 321 autónomos argentinos menos (-5,6%).
   Por comunidades autónomas, destaca el crecimiento porcentual de los trabajadores por cuenta propia extranjeros en Cataluña donde se han sumado en un año 2.252 autónomos extranjeros (5,2%). Le siguen en crecimiento, y por encima de la media nacional La Rioja, con 68 autónomos extranjeros más (5%); Andalucía, con 1.032 autónomos extranjeros más (3,8%); Castilla-La Mancha, con 203 autónomos extranjeros más, (3,6%); Comunidad Valenciana, con 994 autónomos extranjeros más (3,5%) y Murcia, con 175 autónomos extranjeros más (3,5%).
   Por el contrario, entre las regiones españolas sólo han perdido trabajadores por cuenta propia de otras nacionalidades en 2012 Navarra, con 129 autónomos extranjeros menos (-4,6%); Asturias, con 22 autónomos extranjeros menos (-1,1%); País Vasco, con 65 autónomos extranjeros menos (-0,9%) y Castilla y León, con 12 autónomos extranjeros menos (-0,4%).
   Por sectores de actividad, cabe destacar que comercio y hostelería, concentran el 91% de las nuevas altas de autónomos extranjeros registradas en 2012, con 4.437 nuevos autónomos en el primer caso (y un exponencial crecimiento del 7,2%) y de 1.552 en la hostelería (+3,8%). Por el contrario, la construcción continúa decreciendo y cierra el año con una pérdida neta de 2.843 autónomos y un descenso relativo del -9,7%.
   Además, prácticamente todos los sectores de actividad han visto aumentar el número de autónomos de fuera de España a lo largo de 2012, incluyendo agricultura (8,3%), industria (5,6%), transportes (5,4%) y educación (5,1%). Además de construcción, únicamente las actividades artísticas, con 21 autónomos extranjeros menos durante el pasado ejercicio (-0,6%) vieron descender durante 2012 el número de autónomos.
   "Pese a realizar un balance positivo del año, 2012 finaliza principalmente con una asignatura pendiente por parte de la administración central, la flexibilización de los requisitos de acceso a la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, que demoran en el tiempo los trámites y tiene como efecto no deseado el posible inicio de la actividad sin llegar a producirse el alta del emprendedor en la Seguridad Social, situación que no beneficia a nadie y en la cual el emprendedor extranjero no desea encontrarse", ha concluido Guerrero.

domingo, 13 de enero de 2013

C-LM cuenta con 224.000 extranjeros, la mayoría marroquíes

TOLEDO.- Castilla-La Mancha contaba, en el tercer trimestre de 2012, con 224.528 extranjeros, lo que supone el 4% del total de los inmigrantes que residen en España, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   Del total de estos extranjeros, el 57 por ciento pertenecen al régimen comunitario, lo que supone un total de 128.254 personas --70.868 hombres y 57.386 mujeres--, que tienen una edad media de 32 años.
   De su parte, casi el 43 por ciento pertenecen al régimen general (países fuera de la UE), ascendiendo a un total de 96.274 personas --52.235 hombres y 44.039 mujeres-- que tienen una edad media de 30 años.
   En concreto, la procedencia de la extranjeros comunitarios se divide de la siguiente manera: 9.395 de Rumanía, 8.053 de Bulgaria, 2.581 de Portugal, 2.205 de Polonia, 2.003 de Italia, 1.089 de Francia, 817 de Reino Unido, 551 de Alemania, 276 de los Países Bajos, 142 de Bélgica y 102 de Irlanda, entre otros.
   Por su parte, en cuanto a los Extranjeros del Régimen General con autorización en vigor, en Castilla-La Mancha hay 42.699 de África (36.540 de Marruecos), 41.721 de América del Sur y Central (12.493 ecuatorianos y 9.875 colombianos), 6.360 de Asia (4.099 de China) y solamente 10 de Oceanía.
   Por provincias, Albacete cuenta con 18.477 extranjeros pertenecientes al Régimen Comunitario --10.406 hombres y 8.071 mujeres--, con una edad media de 37 años; y 18.979 del Régimen General --10.398 hombres y 8.581 mujeres-- que cuentan con una edad media de 31 años.
   Mientras, Ciudad Real cuenta con 27.252 extranjeros comunitarios --15.613 hombres y 11.639 mujeres-- que tienen una media de 32 años; y 14.817 de fuera de la UE --8.090 hombres y 6.727 mujeres--, con una media de edad de 30 años.
   En Cuenca hay 17.702 extranjeros de la UE --9.836 hombres y 7.866 mujeres-- con una media de 33 años; y 9.082 de fuera de la Unión Europea --4.915 hombres y 4.167 mujeres-- con una media también de 30 años.
   Por su parte, en la provincia de Guadalajara existen 21.330 extranjeros pertenecientes al Régimen Comunitario --11.229 hombres y 10.101 mujeres--, que cuentan con una media de 32 años; y 18.162 del Régimen General --9.980 hombres y 8.187 mujeres-- con una edad media de 30 años.
   Finalmente, en la provincia de Toledo hay 43.493 extranjeros del Régimen Comunitario --23.784 hombres y 19.709 mujeres-- que alcanzan una edad media de 32 años; y 35.229 extranjeros del Régimen General --18.852 hombres y 16.377 mujeres-- cuya edad media es de 30 años.

jueves, 29 de noviembre de 2012

C-LM aplica a "rajatabla" la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares

MADRID.- Murcia, La Rioja, Extremadura, Canarias, Cantabria, Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid aplican la reforma sanitaria del Gobierno a rajatabla, "e incluso algunas han ido más allá", según un informe de Médicos del Mundo que, tras realizar un mapa sobre la aplicación de la retirada la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares en las distintas comunidades autónomas, denuncia el caos existente tres meses después de la entrada en vigor. 

   Por el contrario, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Asturias rechazan su aplicación, "llegando algunos a ejercer acciones legales contra el mismo", y en la práctica, han dispuesto las herramientas necesarias para asegurar la asistencia al colectivo inmigrante excluido en todas las circunstancias. El resto de comunidades aplican la norma pero han articulado procedimientos de atención a las personas excluidas más allá de los mínimos establecidos.
   La organización utiliza los colores del semáforo (rojo, verde y amarillo) para calificar el estado de su implantación, --tanto desde el posicionamiento político como en la práctica diaria--, siendo el rojo el que indica las CCAA que mejor aplican mejor la reforma que solo asegura a este colectivo la atención de emergencia, a menores y embarazadas.
   Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid son las comunidades donde casos más graves de inasistencia se han recogido, aunque se han registrado casos de denegación de atención sanitaria en todas las comunidades, incluso en las calificadas como de color verde, si bien habitualmente en ellas la disposición a solucionarlos es favorable.
   Los ejemplos recopilados van desde el enfermo crónico al que se reclama el pago por diálisis (Aragón), hasta situaciones de falta de tratamiento post-quirúrgico (Castilla-La Mancha), pasando por la denegación de atención a una mujer con un embarazo de alto riesgo (Canarias) o la negación de atención a un inmigrante empadronado al que se le impide la tramitación de la tarjeta sanitaria (Baleares).
   Entre lo más llamativo, se observa que mientras algunos gobiernos autonómicos empezaron a rechazar a personas migrantes en sus sistemas sanitarios ya desde mayo de 2012 - cuatro meses antes de la entrada en vigor de la norma-, otros han otorgado al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o lo que no es urgencia.
   Del mismo modo, sólo 6 comunidades autónomas -Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia- han aprobado algún documento con ese fin (circular informativa, instrucción, comunicado o carta a los profesionales sanitarios). Aunque, en loa mayoría los procedimientos administrativos son muy complejos, otros contemplan afirmaciones sin entrar en su regulación, y, algunos de los que regulan las actuaciones, tienen carácter provisional.
   "A toda esta situación de heterogeneidad se une la diversidad de las diferentes autonomías a la hora de formalizar la aplicación práctica del RDL", destacan desde la organización, quien califica el contenido del RD de "vago" lo que ha formantazo la "informalidad en su desarrollo y genera desigualdad" tanto entre distintas comunidades autónomas cómo entre los diferentes centros sanitarios dentro de las mismas.
   Dejando a un lado el "caos" que ha provocado su implantación, Médicos del Mundo denuncia que esta reforma colisiona con la Constitución y con los Estatutos de Autonomía de algunas comunidades autónomas. Además, "supone una vulneración del derecho humano a la salud y de su reflejo en instrumentos internacionales suscritos por España, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y una falta de seguimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud".
   En cuanto el informe, la organización advierte de que los casos a los que han tenido acceso las entidades que trabajan en este ámbito no suponen el total de los casos existentes, "puesto que muchos de ellos se retraen de pedir ayuda por desconfianza, miedo o desconocimiento de sus derechos, lo que hace imposible determinar el alcance real de la vulneración del derecho a la salud que se está produciendo en España".
   Respecto al desenlace de los casos analizados, destaca que, "si bien gran parte de las derivaciones de estos casos se han resuelto positivamente, las personas que consiguen ser atendidas no tienen cubierta la medicación que precisan, por lo que dado el elevado coste -especialmente de los tratamientos para enfermedades crónicas- y la ausencia de recursos económicos por parte de este colectivo existe un riesgo real de falta de seguimiento de los tratamientos prescritos".

sábado, 17 de noviembre de 2012

Correa reclama a Europa un "adecuado trato" para los inmigrantes ecuatorianos

CÁDIZ.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha reclamado este sábado un "adecuado trato" a sus migrantes nacionales en los países europeos porque, en su opinión, hay "ciertos países" en este continente que están construyendo "cárceles para los inmigrantes, paradójicamente, en una sociedad globalizada en la que se impulsa la movilidad de capital y mercancías pero se criminaliza la principal de las movilidades, que es la de los seres humanos".

   Así lo ha dicho durante su intervención en la primera sesión plenaria de la XXII Cumbre Iberoamericana de este sábado en Cádiz y en la que ha invitado a los países presentes a "mantener viva la memoria" porque, según ha recordado, "América Latina fue un lugar privilegiado para los inmigrantes europeos" durante muchos años.
   "Si nosotros hubiéramos aplicado las medidas que ahora Europa aplica a nuestros migrantes, la historia sería muy distinta particularmente en Europa", ha dicho tras reclamar una "relación renovada" entre Iberoamérica y el continente europeo que pase, "necesariamente, por el adecuado trato de los migrantes latinos" y por que se le "garanticen los derechos humanos básicos, tales como los servicios sanitarios".
   Pese a esta crítica velada al Gobierno español por la reforma sanitaria que priva a los inmigrantes irregulares de recibir esta asistencia, Correa ha agradecido al Gobierno de Mariano Rajoy la puesta en marcha del decreto contra los desahucios, de los que ha dicho que "no tienen razón de ser en una crisis sistémica" como la actual porque "son reflejo fiel de la supremacía del capital sobre los seres humanos". Una supremacía, ha recalcado, que "nos lleva al peor de los mundos: gentes sin casa y casas sin gente", ha concluido.
   Correa también habló de los desahucios en unas breves declaraciones a los periodistas en los pasillos del Palacio de Congresos de Cádiz pero se mostró más crítico que hoy con el Ejecutivo español, ya que aseguró que el Real Decreto contra los desahucios era una "avance" pero insuficiente para frenar esta lacra.

domingo, 14 de octubre de 2012

La derecha francesa defiende restringir la asistencia médica a los sin papeles

PARÍS.- La Unión por una Mayoría Popular (UMP), partido central de la derecha francesa, defendió esta semana en la cámara baja una serie de restricciones al dispositivo que permite a los inmigrantes sin papeles beneficiarse de atención médica gratuita, y que serán rechazadas por la mayoría de izquierdas.

El diputado Dominique Tian, del ala más derechista de la UMP, fue el encargado de presentar esta proposición de ley que terminará su recorrido en una nueva sesión plenaria de la Asamblea Nacional el próximo martes, cuando con toda seguridad será rechazada por los parlamentarios socialistas, comunistas y ecologistas.
Tian, que fue el ponente del informe que acompaña la propuesta, detalló su intención de reformar la llamada Ayuda Médica Estatal (AME) creada en 2000 para los inmigrantes en situación irregular por el Gobierno del entonces primer ministro, el socialista Lionel Jospin, y cuyo costo ha crecido un 26 % en cinco años hasta 633,3 millones de euros en 2011.
Con el argumento de luchar contra el fraude, que a su juicio ha propiciado el AME, se trataría de restablecer los controles instituidos en 2010 por el gobierno del entonces presidente, Nicolas Sarkozy y líder de la UMP hasta su derrota en las presidenciales de mayo pasado.
Esos controles fueron anulados por el Ejecutivo del actual presidente, el socialista François Hollande.
De acuerdo con esta proposición abocada al fracaso, los sin papeles tendrían que obtener un visto bueno específico para cualquier tratamiento hospitalario cuyo costo superara los 15.000 euros y pagar una serie de franquicias para poder recibir ciertos medicamentos o algunas formas de asistencia (como transporte sanitario).
Además, las demandas de los inmigrantes irregulares para poder acogerse a la atención médica gratuita tendrían que pasar el filtro de la Seguridad Social, mientras que ahora son muchas las administraciones y organizaciones sociales que pueden concederla.
Según la argumentación de Tian, los sin papeles acogidos a la AME gozan de beneficios incluso mayores que los que tienen los franceses o los extranjeros en situación regular en Francia.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Los convenios sanitarios para inmigrantes irregulares no cubrirán los medicamentos

MADRID.- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles los convenios especiales para aquellos ciudadanos que no tengan derecho a tarjeta sanitaria, como los inmigrantes irregulares, puedan ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El convenio, sin embargo, no incluye el copago de los medicamentos.

   Así lo han acordado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado en la sede del Ministerio, en el que han fijado que la cuantía de dicho convenio será de 710,4 euros anuales para los menores de 65 años y de 1.864,8 euros para los mayores de 65 años.
   "Es una cifra razonable y equitativa", ha reconocido el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, en una rueda de prensa posterior a la reunión, que ha estado presidida por la ministra del ramo Ana Mato, aunque, a diferencia de otras ocasiones, no ha hecho declaraciones a su finalización.
   No obstante, el consejero y responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP también ha recordado que lo acordado en el Consejo es una cuantía mínima que las comunidades podrán aumentar si así lo deciden.
   Igualmente, Echániz ha querido dejar claro que el convenio les da derecho a acceder a todas las prestaciones de la cartera básica de servicios pero no a los medicamentos. Por tanto, en caso de necesitarlos, deberán abonar la totalidad del importe y ni siquiera tendrán derecho a un sistema de copago como los titulares de una tarjeta sanitaria.
   Además de a los inmigrantes irregulares, los convenios están dirigidos a españoles que nunca hayan trabajado y tengan ingresos superiores a los 100.000 euros anuales y a los europeos y ciudadanos de terceros países que quieran suscribirlos durante su estancia en España para ser atendidos.
   No obstante, Echániz también ha explicado que se han establecido los mecanismos para evitar que dicho convenio pueda suponer "un efecto llamada".
   Para ello, establece un sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el SNS, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.
   Por otro lado, en el Consejo Interterritorial también se han evaluado los efectos de las medidas de la reforma sanitaria aprobada antes del verano, como el cambio en el copago farmacéutico, que ha supuesto "un alivio" de 400 millones de euros para la factura sanitaria de las comunidades en sólo dos meses de funcionamiento. "Casi un millón de euros diarios", ha aseverado.
   Además, con la entrada en vigor de este nuevo sistema los pensionistas han abonado de media cuatro euros al mes en las oficinas de farmacia, y ha agradecido a los farmacéuticos su colaboración para que la medida se haya puesto en marcha "sin problemas".

viernes, 3 de agosto de 2012

El Gobierno aprueba la exclusión de la cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular

MADRID.- El Gobierno español ha dado hoy luz verde, en el último Consejo de Ministros del curso político, al proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, por el que se excluye de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentren en España en situación ilegal.

   El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, liderado por Ana Mato, ha dado a conocer que el Gobierno ha aprobado su propuesta de excluir de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentre en España en situación ilegal.
   De esta forma, el Ministerio de Sanidad asegura garantizar "la universalidad de la sanidad para todos los españoles y los extranjeros con residencia legal" gracias a la aprobación de este Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario de asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud.
   Con esta medida, Mato afirma que se ha dado "un paso de gigante" para ofrecer cobertura a la población. Además, considera que se garantiza de esta manera "un mayor control y transparencia", ya que se clarifica la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios.
   Por otro lado, otro de los objetivos que el Ministerio de Sanidad señala que se van a cumplir gracias a la aprobación del Real Decreto es asegurar la solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el futuro de la sanidad pública frente a las dificultades económicas. Añadido a ello, se va a poner fin "a la multiplicidad de normas que han regulado la prestación", indican desde este organismo.
   En cuanto a la tarjeta sanitaria, ésta "será interoperable en todos los servicios de salud del territorio nacional, y junto con la historia clínica digital, servirá de herramienta para que los profesionales sanitarios puedan acceder a los datos de un paciente aunque se traslade fuera de su autonomía de residencia".
   Por otra parte, fuentes del Ministerio aseguran que con al ver luz verde la medida, España "se adapta a la normativa europea y pone freno al turismo sanitario". Con ello, se evita "el uso fraudulento" por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud, manifiestan.
   Además, esta cartera pretende generar un ahorro de 1.000 millones de euros con la aplicación de la reforma, lo que "redundará en la mejora de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria del SNS, que es el instrumento para compensar a las comunidades autónomas por la asistencia a extranjeros", subrayan.
   Pero las modificaciones no acaban ahí, ya que tras escuchar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se va a impedir que el sistema de salud siga sufragando la asistencia sanitaria de los europeos que ya la tienen cubierta. Del mismo modo, los españoles que se encuentren en esta coyuntura sufrirán la misma situación en el extranjero.
   No obstante, el Real Decreto si contempla la atención de urgencia, por enfermedad o accidente; la atención en el embarazo, parto y postparto; y la asistencia sanitaria a menores de 18 años en ciudadanos en situación irregular. Gracias a esto, la cobertura ofrecida "se trata de una más amplia que la de la mayoría de los países europeos", sostienen desde la institución.
   Por último, la titular de la cartera de Sanidad se ha mostrado satisfecha de la base de datos del Sistema Nacional de Salud, algo que considera "histórico". Gracias a ella, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el organismo único encargado de tramitar y resolver en exclusiva la condición de asegurado y beneficiario.
   Además, será el encargado de detectar irregularidades como los 800.000 titulares que "constaban como beneficiarios de otras personas, cuando en realidad estaban dados de alta en la Seguridad Social y debían ser titulares, las 200.000 de estas personas que figuraban como beneficiarios de un pensionista pese a ser activos o las 150.000 tarjetas sanitarias activas que se han detectado de personas ya fallecidas".

jueves, 19 de julio de 2012

El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en C-LM se situó en 66.083

TOLEDO.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha alcanzó los 66.083 en junio de 2012, lo que supone un decrecimiento interanual del -10,53 por ciento, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   A nivel nacional, la Seguridad Social ganó 20.677 cotizantes extranjeros en junio respecto al cierre de mayo, un 1,19%, con lo que el número total de afiliados inmigrantes dados de alta a cierre del sexto mes del año asciende a 1.760.520 ocupados.
   Se trata del cuarto mes consecutivo de crecimiento en afiliación extranjera, aumento que el Ministerio atribuye a las campañas agrícolas y a la temporada turística.
   No obstante, en términos interanuales el número de extranjeros que arroja un descenso del 4,88%, caída que supera a la del 3,18% del conjunto del sistema.
   Para el Departamento que dirige Fátima Báñez, este dato revelan que se mantiene la tendencia ya apuntada en los meses anteriores, "en el sentido de que la pérdida de empleo está afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales".
   En cuanto a junio, el número de afiliados creció en todos los regímenes, excepto en el del hogar, que se extinguió en junio (cuando los empleados domésticos pasaron al sistema especial del régimen general) y en el régimen especial del carbón, que cae un 7,7%.
   En el lado de los aumentos figura el del 1,03% registrado en el régimen especial de autónomos y el 0,57% del correspondiente al mar. El régimen general, de su lado, sube un 3,06%.
   De esta forma, del total de inmigrantes dados de alta a cierre de junio, 1.463.921 cotizaban al régimen general, otros 217.264 al de autónomos, 73.816 más al del hogar, 4.967 al del Mar, y 552 al del carbón.
   Según Empleo, seis de cada diez afiliados extranjeros (1,09 millones) procedían de países no comunitarios, mientras que el resto proceden de la UE.
   Por comunidades, las que sumaban un mayor número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social a cierre del sexto mes del año son Cataluña con 391.813 inmigrantes dados de alta, por delante de Madrid (366.992 afiliados) y Andalucía (216.746).

viernes, 13 de julio de 2012

La CEOE ve "un problema" que en su día se abriera la puerta a inmigrantes

MADRID.-   El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que abrir las puertas a la inmigración cuando la tasa de paro española estaba baja, en niveles del 8%, ha generado un problema que ahora dificulta un poco más la recuperación del empleo en España.

   "Hace unos años, en España teníamos un paro del 8% y los empresarios intentábamos contratar trabajadores y prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas al exterior y durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos. Eso fue un problema y hoy, visto en perspectiva, se ve claramente", ha señalado Rosell en declaraciones a la Cope.
   El dirigente empresarial ha precisado que ese paro del 8% no era real ni tampoco la economía española podía asumir ese flujo de inmigrantes. "Entre todos lo hicimos mal. Por tanto, ahora va a ser difícil esa recuperación con más incremento del empleo, aunque no hay que olvidar que España en este siglo es el país de Europa que más empleo ha creado, a pesar de la destrucción de empleo de los últimos tiempos", ha subrayado.
Por otra parte, la Organización Médica Colegial (OMC) agradece a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) su decisión de seguir prestando asistencia médica a los inmigrantes sin permiso de residencia en contra de lo que establece la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno, en defensa de "una asistencia digna para todos en estos momentos de crisis".
   La OMC considera que esta entidad ha marcado un "ejemplo a seguir" ya que defiende la objeción de conciencia ante la retirada de la asistencia sanitaria a estos ciudadanos "por considerar que atenta contra los principios éticos y el Código de Deontología Médica".
   De hecho, los médicos piden al Gobierno que "reflexione" tras esta decisión a fin de llegar a acuerdos con las organizaciones profesionales en el modo de resolver estas situaciones conflictivas "en momentos de crisis y sufrimiento social".
   Desde hace meses, la OMC ha venido defendiendo la atención sanitaria a cualquier ciudadano, independientemente de su situación de beneficiario y así lo ha reiterado, más recientemente, su Asamblea General y su Comisión Central de Deontología.
   En concreto, la Asamblea General, celebrada el 15 de junio, aprobó un documento que incluía un punto en el que se expresaba que "el médico velará por la atención a cualquier ciudadano independientemente del reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario e igualmente independiente de si este es extranjero no registrado, ni autorizado, como residente en España, correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las comunidades el reconocimiento y control de esta condición".
   Por su parte la Comisión Central de Deontología de la OMC, aprobó un documento, publicado el 25 de junio, en el que exponía que el Real Decreto-Ley 16/2012 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, comprometía 10 artículos del Código de Deontología Médica, entre ellos, el referido al deber del médico de atender a todos los pacientes, en concreto, el 6.2 que dice "el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados".

martes, 19 de junio de 2012

El número de rumanos en España se reduce por primera vez

MADRID.- El número de rumanos que viven en España con un permiso de residencia cayó por primera vez en el primer trimestre de este año, con una reducción que si bien está por debajo del uno por ciento, representa un cambio en la tendencia desde la incorporación de Rumanía a la Unión Europea, pues la comunidad afincada en España no había parado de crecer, con ritmos que llegaban a rozar el 20 por ciento.

   En total, al cabo del primer trimestre de este año se contaban en España 5,29 millones de extranjeros con permiso de residencia, 238.454 personas más que en el mismo periodo del año anterior (4,72%). De ellos, 2,7 millones son oriundos de países no europeos (51,58%) y 2,5 millones proceden de la Unión o son parientes de ciudadanos comunitarios (48,42%).
   En la actualidad, la rumana es la nacionalidad extranjera más numerosa en España, representa al 35,26 por ciento de todos los foráneos que viven en el país y cuenta con 903.964 ciudadanos registrados, conforme los datos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración actualizados a 31 de marzo de 2012.
   Aunque son ciudadanos europeos y, como tales, tienen libertad de circulación, en España tienen restringido el acceso al mercado laboral desde julio de 2010, cuando el Gobierno les impuso la obligatoriedad de contar con un permiso de residencia.
   La comunidad rumana siguió incrementándose durante los meses siguientes pese a la restricción, aunque a ritmos cada vez más bajos. Si en 2008 había crecido un 19,04 por ciento, en 2009 frenó hasta el 4,57 por ciento, pero en 2010 la subida fue del 11,84 por ciento y, en 2011, registró un aumento del 11,84 por ciento. Entre marzo de 2011 y marzo de 2012 se amplió un 4,92 por ciento.
   Ahora se registra un primer descenso poblacional al comparar el primer trimestre del año con la recta final de 2011, cuando figuraban en las estadísticas oficiales 8.562 personas más de esta nacionalidad, principalmente por la salida de hombres, que a 31 de marzo eran un 1,3 por ciento menos que a penas tres meses antes.
   La rumana no es la única comunidad que ha registrado descensos. La búlgara, que comparte restricciones al mercado laboral, se redujo un 1,62 por ciento en el primer trimestre del año hasta los 172.565 habitantes; la portuguesa cayó un 1,74% interanual y cuenta con 127.852 y los polacos también son menos, con una reducción interanual del 4,25 por ciento, una caída del 1,23 por ciento en el primer trimestre y un total de 83.543 ciudadanos.
   Entre las principales nacionalidades no comunitarias sólo se han producido descensos entre ecuatorianos y colombianos. Los primeros, que suman 371.526 personas y son el 13,6 por ciento de los inmigrantes, vieron reducirse su población con permiso de residencia en un 0,24 por ciento en el primer trimestre y en un 2,46 en comparación con 2011. Los colombianos, que a 31 de marzo ascendían a 224.158 y son el 8,21 por ciento de la extranjería, perdieron un 1,44%.
   De hecho, cinco de las quince nacionalidades no comunitarias más numerosas han registrado incrementos durante este periodo, especialmente la marroquí, segunda comunidad extranjera más grande de España, que tiene 813.835 ciudadanos inscritos, el 29,81 por ciento del total. En el primer trimestre del año creció un 1,51 por ciento y, en comparación con 2011, aumentó un 4,7 por ciento (36.557 personas más).
   Otras cuatro de las quince nacionalidades más numerosas vieron aumentar su población durante el inicio del año: Paraguay, Pakistán, Bolivia, Senegal y Filipinas, que crecieron por encima del 2%. En perspectiva interanual, destaca el aumento de la comunidad boliviana, que creció un 12,44 por ciento (16.205 personas más); la china, con un 6,06%  (9.733 personas más); la paquistaní, con un aumento del 16,02% (8.720) y la paraguaya, que aumentó un 24,87 por ciento (7.415 ciudadanos más).