MADRID.- Murcia, La Rioja, Extremadura, Canarias, Cantabria, Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid aplican la reforma sanitaria del Gobierno a rajatabla, "e incluso algunas han ido más allá",
según un informe de Médicos del Mundo que, tras realizar un mapa sobre
la aplicación de la retirada la tarjeta sanitaria a los inmigrantes
irregulares en las distintas comunidades autónomas, denuncia el caos
existente tres meses después de la entrada en vigor.
Por el contrario, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Asturias rechazan su aplicación, "llegando algunos a ejercer acciones legales contra el mismo",
y en la práctica, han dispuesto las herramientas necesarias para
asegurar la asistencia al colectivo inmigrante excluido en todas las
circunstancias. El resto de comunidades aplican la norma pero han
articulado procedimientos de atención a las personas excluidas más allá
de los mínimos establecidos.
La organización utiliza los colores del semáforo (rojo, verde y
amarillo) para calificar el estado de su implantación, --tanto desde el
posicionamiento político como en la práctica diaria--, siendo el rojo el
que indica las CCAA que mejor aplican mejor la reforma que solo asegura
a este colectivo la atención de emergencia, a menores y embarazadas.
Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid son las
comunidades donde casos más graves de inasistencia se han recogido,
aunque se han registrado casos de denegación de atención sanitaria en
todas las comunidades, incluso en las calificadas como de color verde,
si bien habitualmente en ellas la disposición a solucionarlos es
favorable.
Los ejemplos recopilados van desde el enfermo crónico al que se
reclama el pago por diálisis (Aragón), hasta situaciones de falta de
tratamiento post-quirúrgico (Castilla-La Mancha), pasando por la
denegación de atención a una mujer con un embarazo de alto riesgo
(Canarias) o la negación de atención a un inmigrante empadronado al que
se le impide la tramitación de la tarjeta sanitaria (Baleares).
Entre lo más llamativo, se observa que mientras algunos gobiernos
autonómicos empezaron a rechazar a personas migrantes en sus sistemas
sanitarios ya desde mayo de 2012 - cuatro meses antes de la entrada en
vigor de la norma-, otros han otorgado al personal administrativo en
lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o lo que no es
urgencia.
Del mismo modo, sólo 6 comunidades autónomas -Aragón, Asturias,
Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia- han aprobado algún
documento con ese fin (circular informativa, instrucción, comunicado o
carta a los profesionales sanitarios). Aunque, en loa mayoría los
procedimientos administrativos son muy complejos, otros contemplan
afirmaciones sin entrar en su regulación, y, algunos de los que regulan
las actuaciones, tienen carácter provisional.
"A toda esta situación de heterogeneidad se une la diversidad de
las diferentes autonomías a la hora de formalizar la aplicación práctica
del RDL", destacan desde la organización, quien califica el contenido
del RD de "vago" lo que ha formantazo la "informalidad en su desarrollo y genera desigualdad" tanto entre distintas comunidades autónomas cómo entre los diferentes centros sanitarios dentro de las mismas.
Dejando a un lado el "caos" que ha provocado su implantación,
Médicos del Mundo denuncia que esta reforma colisiona con la
Constitución y con los Estatutos de Autonomía de algunas comunidades
autónomas. Además, "supone una vulneración del derecho humano a la salud
y de su reflejo en instrumentos internacionales suscritos por España,
como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y una falta
de seguimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud".
En cuanto el informe, la organización advierte de que los casos a
los que han tenido acceso las entidades que trabajan en este ámbito no
suponen el total de los casos existentes, "puesto que muchos de ellos se
retraen de pedir ayuda por desconfianza, miedo o desconocimiento de sus
derechos, lo que hace imposible determinar el alcance real de la
vulneración del derecho a la salud que se está produciendo en España".
Respecto al desenlace de los casos analizados, destaca que, "si
bien gran parte de las derivaciones de estos casos se han resuelto
positivamente, las personas que consiguen ser atendidas no tienen
cubierta la medicación que precisan, por lo que dado el elevado coste
-especialmente de los tratamientos para enfermedades crónicas- y la
ausencia de recursos económicos por parte de este colectivo existe un
riesgo real de falta de seguimiento de los tratamientos prescritos".
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