lunes, 9 de abril de 2018

Cocido, albóndigas o leche condensada: la dieta de un «súper» soldado español


MADRID.- Los soldados del Ejército de Tierra se enfrentan a exigentes jornadas que incluyen sesiones de entrenamiento, formación militar o guardias en la base en la que están destinados. Un esfuerzo que debe verse compensado en su alimentación, especialmente en los casos de aquellos militares que se encuentren destinados en misiones o de maniobras. Una tarea que, desde hace años, recae en empresas externalizadas que deben acogerse a una extensa lista de requisitos y hacerse cargo de todo el proceso, según publica Abc

«Desde la contratación de su personal y su formación, a la adquisición de sus ingredientes o la elaboración de los menús, entre otras cosas», explica Blas Juan Vita, teniente coronel médico del Ejército de Tierra.
«Los menús los hacen estas empresas, que proponen al Ejército una lista mensual para su aprobación. Además de los requisitos nutricionales tienen que ajustarse a nuestra cultura o nuestras costumbres», señala Vita. 
En la comida de los soldados nada queda al azar. Ni siquiera la cantidad de kilocalorías ni nutrientes que debe incluir, que se recogen en los llamados Pliegos de prescripciones técnicas (PTT) y en el Manual técnico: Alimentación en el ET, que recoge todas las normas relativas a la alimentación del Ejército. «Para las bases y cuarteles, el PTT indica que se debe asegurar un mínimo de 2.900 kilocalorías diarias dispuestas de la siguiente forma: 12-15 % proteínas, 55-60 % hidratos y un 30-35 % grasas», especifica este militar.
«En condiciones normales, el aporte es de 3.000 calorías diarias. Si hay un trabajo físico intenso y bajas temperaturas, 3.500. Y en el caso de las operaciones especiales, por ejemplo tropas de montaña, 4.000 calorías», apunta Luis Arcarazo, médico militar en la Academia de Zaragoza.
Vita asegura que, pese a que el Ejército debe tener planificación para un uso permanente de la cocina, salvo en los casos de las guardias de 24 horas o las misiones, los soldados solo suelen hacer una comida en las bases.

Las raciones individuales de combate

La situación cambia cuando, desde el cobijo de un cuartel, el Ejército despliega a los soldados. En estos casos, la alimentación se enfrenta a un doble reto: el de dar de comer a personas cuya «actividad física es superior a la media de la población» pero, en muchas ocasiones, «en entornos adversos».
Para ello, las Fuerzas Armadas (los tres Ejércitos y la UME) cuentan con las raciones individuales de combate (RIC). Unas cajas verdes, de pequeño tamaño, que esconden tres paquetes para cubrir las comidas de un día. Su origen se remonta a las guerras napoleónicas, aunque con el paso del tiempo se han modernizado y estandarizado de forma que en ellas todo está regulado. 
Desde los ingredientes al color, pasando por el la tipografía de su envoltorio. En total, están sometidas a 77 leyes nacionales y de la OTAN. 
La comandante Olga Serrano es la encargada de redactar los pliegos de prescripción técnica en los que se recogen estas especificaciones. Ella es la jefe del Laboratorio de la Unidad de Estudios Proyectos y Laboratorio del PCAMI (el centro de abastecimiento del Ejército de Tierra), desde donde se elaboran los menús de estas raciones, así como su control de calidad y las investigaciones de nuevos productos, debido a que una de las preocupaciones de este laboratorio para adecuarse a las necesidades tácticas de los militares. Situado en Villaverde (Madrid) alberga una nave de almacenamiento de las RIC, con capacidad para 2.300 palets.
Su misión no es la de fabricarlas, de ello se encargan empresas externas que ganan un concurso abierto y firman un acuerdo marco (de 2+2 años). En la actualidad, y desde 2016, es una UTE española la encargada de hacer estas raciones (a las que se les exige que la materia prima sea nacional), aunque puede postularse cualquier compañía sin importar su origen, explica la comandante Serrano a Abc. El importe estipulado fue de 16.715.760 euros y, para 2017, se fabricaron hasta 180.000 raciones individuales de combate, además de otros tipos.
«Tenemos cinco tipos de menús, y dos para personal musulmán con el sello de garantía Halal de la Junta Islámica de España», explica la comandante. «Esta es una de las peticiones que nos hicieron desde Ceuta y Melilla porque, al no tener la certificación, no se comían las raciones», apunta. 
La comandante Serrano insiste en la importancia de que este tipo de alimentación se ajuste a lo que cualquier soldado come en su hogar. Para conocer el nivel de satisfacción utilizan encuestas y catas, y cuando un producto del menú no gusta, lo cambian. 
«Por ejemplo, los callos», recuerdan esta militar y la jefa del laboratorio de Bromatología. Otros, en cambio, se sustituyen si presentan algún tipo de complicación. «Con el pulpo nos pasó. Quizá era la calidad u otro factor...pero se deshacía, y se quitó», apuntan.
Otra parte fundamental del trabajo de este equipo, compuesto por militares y civiles, son los controles de calidad de los alimentos, en los que someten a múltiples pruebas los envases de estas raciones. Algunas para medir su aguante a temperaturas extremas; otras, para ver cómo reaccionan al peso y si, por ejemplo, cuando se apilan unas sobre otras se abollan. Y, por último, un estudio microbiológico.
En él, primero se incuban los alimentos durante 7 días a 55 grados; después, durante otros a 32 grados para así estudiar si existen alteraciones como un cambio en el PH de la comida, que esta se salga del envase o que se hayan desarrollado microorganismos en la lata.
Desde este laboratorio también se estipulan las fechas de caducidad de este tipo de raciones especiales. En el caso de las comidas, hasta 4 años. En los desayunos, 18 meses debido a la presencia de lácteos (la leche condensada) y azúcares que facilitan la aparición de organismos.
«Estamos intentando encontrar una alternativa para estos productos para aumentar estos tiempos», reconocen a Abc. Sin embargo, inciden en que desde el Ejército «se estima a la baja» la fabricación de estos productos. «Se tiende a ajustar las peticiones a las necesidades reales existentes. Por ello, si existieran excedentes, se redistribuye a otras Unidades que puedan necesitar esas raciones», explica la comandante Serrano. Lo que en ningún caso se puede hacer es distribuir un paquete caducado o a punto de perecer. Tampoco se puede comercializar con ellos. 
Además de las raciones individuales, existen las raciones colectivas, que se usan para abastecer a 10 personas y tienen una caducidad de 36 meses. Estas cuentan con 10 menús diferentes, que incluyen ensalada de pasta, cocido madrileño o fabada asturiana, entre otros platos. 
Desde este laboratorio también se controlan las raciones individuales de emergencia, que solo pueden usarse en situaciones desesperadas o bajo orden. A estas se suma la ración de refuerzo, que aporta más calorías en escenarios especiales (como pueden ser los rescates de montaña).
 Por último, las Fuerzas Armadas cuentan con el llamado batido equilibrado de valor energético, al que se recurre en escenarios nucleares, ataque biológico, químico o radiológico. Este producto de sabor fresa o chocolate, cuenta la comandante Serrano, se mezcla con agua y se ingiere a través de una cánula que va a la máscara que portan los militares.

La cabecera del Tajo suma en una semana 19 hm3 más, hasta los 486

TOLEDO.- Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, han sumado en la última semana 19,18 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, con lo que su reserva se sitúa en 486,152 -el 19,65 % de su capacidad-, 86 por encima del límite no trasvasable, según la Ley de Evaluación Ambiental.

Según los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía tiene esta semana 267,491 hectómetros cúbicos de agua embalsada, 7,6 hectómetros más que la semana pasada, lo que supone el 16,32 por ciento de su capacidad total de embalse, que es de 1.639 hectómetros cúbicos.
A su vez, la reserva de agua en el pantano de Entrepeñas ha subido 11,587 hectómetros cúbicos, de forma que almacena 218,661 hectómetros cúbicos, el 26,18 por ciento de su capacidad total, que se sitúa en 835 hectómetros cúbicos.
Hace un año por estas fechas los pantanos de cabecera del Tajo almacenaban 430,966 hectómetros cúbicos, es decir, un 17,41 % de su capacidad total de embalse.
En la totalidad de la cuenca hidrográfica del Tajo, los embalses almacenan esta semana 7.244,155 hectómetros cúbicos de agua, 183,718 hectómetros cúbicos más que la pasada semana, y suponen el 65,814 por ciento de la capacidad total de almacenaje, que es de 11.007 hectómetros cúbicos.

El alcalde de Alicante renuncia por su doble procesamiento por delitos administrativos

ALICANTE.- El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, renunció finalmente este lunes por su doble procesamiento por delitos administrativos, lo que deja un incierto futuro en la Alcaldía, que por tercera vez en diez años se queda sin regidor por causas judiciales, tras la salida de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, por presunta corrupción urbanística.

Echávarri fue procesado por el fraccionamiento de contratos por valor de 144.000 euros en el área de Comercio y por el despido de una interina, cuñada del portavoz local del PP, Luis Barcala, caso por el que la fiscalía ha pedido 10 años de inhabilitación.
El fiscal le acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa al entender que despidió en abril del pasado año a Catalina Rodríguez para vengarse del portavoz del PP después de que éste le hubiera denunciado en el llamado caso Comercio.
La causa judicial sobre la cuñada de Barcala ha seguido adelante pese a que el alcalde la readmitió al poco tiempo, empujado por una declaración institucional unánime del pleno en ese sentido que consideró el despido como arbitrario.
Estas dos causas judiciales han complicado sobremanera a Echávarri, que vio como en otoño le abandonaban sus dos socios de gobierno, Guanyar (EU-IU, Podemos e independientes) y Compromís, y que ha sufrido presiones de todo tipo para irse hasta que el pasado 23 de marzo anunció su renuncia tras reunirse con la dirección del PSPV-PSOE, en Valencia.
A través de una persona cercana, Echávarri ha presentado a las 9.28 horas un escrito de cuatro líneas ante la Secretaría General del Pleno en el que comunica su renuncia al cargo de alcalde-presidente del ayuntamiento y al acta de concejal que ostentaba desde el 13 de junio de 2015.
Una vez que dimite y hay que elegir de nuevo alcalde, la situación en el Ayuntamiento es de incertidumbre, ya que, del total de 29 concejales, el PSPV tiene 6, mientras Guanyar cuenta con 5 y Compromís con 3, lo que hace que sume 14 votos.
De retomar esta alianza, el PSPV debería contar con otro procedente de Ciudadanos o de los no adscritos para evitar que la vara de mando recaiga en el partido minoritario más votado: el PP, que tiene 8 concejales.
Aunque Echávarri, que desde noviembre gobierna solo con sus 6 concejales, anunció el pasado 23 de marzo que dejaba el cargo, la renuncia ha sido «en diferido» y no la ha cumplido hasta hoy para dar tiempo a negociar que le reemplace su número dos, la también socialista Eva Montesinos.
Montesinos ha explicado que está «pendiente» de la negociación con Ciudadanos (C's) y del resultado de las conversaciones con los dos concejales no adscritos y, sin entrar en pormenores, ha asegurado que las conversaciones «siguen su camino» y que es «optimista».
Los exsocios de gobierno, Guanyar y Compromís, no ocultan su deseo de que la alcaldesa sea Montesinos, y a partir de ahí estudiarán su implicación en el futuro gobierno mientras que Ciudadanos ya ha advertido de que el apoyo que dio en 2015 a Echávarri como señal de buena voluntad ha sido «desperdiciado», y que «sería de ingenuos embarrarse de nuevo en el mismo fango».
Con los dos no adscritos, Montesinos tiene previsto reunirse mañana, y el apoyo de uno de ellos sería suficiente para que la Alcaldía siguiera siendo socialista.
Por su parte, el portavoz local del PP, Luis Barcala, ve a Echávarri como «un mal alcalde», seguramente «el peor de la historia».

Ciudadanos ya le saca casi un millón de votos y 9 escaños de ventaja a un PP en caída libre


MADRID.- Las convulsiones políticas y los grandes escándalos relacionados con el Partido Popular –de Catalunya a Cifuentes, pasando por Gürtel– tienen un impacto decisivo sobre la aritmética electoral, que apunta a un fenómeno inédito en España: cuatro formaciones situadas en 'fila india' entre los 60 y los 100 escaños. Ciudadanos ya supera al PP en cuatro puntos y también lo adelanta por vez primera en número de diputados, según las estimaciones de Jaime Miquel para 'Público'.

Ya no hay vuelta de hoja: el Partido Popular se desploma, incapaz de sobreponerse a su cascada de escándalos y fracasos, entregando el liderazgo electoral de la derecha a un Ciudadanos que capitaliza las carencias del PP pese a no demostrar muchas más virtudes. El panorama político español está a punto de cambiar para siempre.
Si en este momento se celebrasen unas elecciones generales, la formación de Albert Rivera aventajaría a la de Mariano Rajoy en casi un millón de votos y –pese al injusto sistema electoral impuesto tras la muerte del dictador– por vez primera batiría también en escaños al hasta ahora partido hegemónico de la derecha, según las estimaciones del gabinete demoscópico de Jaime Miquel y Asociados (JM&A) –basadas en el desk research de los más importantes sondeos recientes, incluido el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)– para el Observatorio Continuo de Público.
La caída libre del PP parece no tener fondo, y ahora C's no sólo obtendría nueve diputados más (batiéndolo por 97 a 88 escaños), sino que le arrebataría dos millones de sus fieles votantes... igual que le quitaría tres cuartos de millón de votos al PSOE.
El fenomenal ascenso de Ciudadanos en los sondeos podría ser un espejismo, pero la unanimidad de todos los estudios demoscópicos, durante los últimos meses, sobre el descenso en picado del partido en el poder, a causa de un trasvase masivo de votantes hacia su nuevo rival derechista, augura una debacle de las huestes de Rajoy en beneficio de los seguidores de Albert Rivera.

C's ganaría hoy 65 escaños y el PP perdería 49

Tan espectacular es el crecimiento de C's que JM&A prevé que obtendría hoy un inédito aumento de 65 escaños –hasta rozar el centenar–, a costa de la drástica reducción de los diputados del PP (-49) y de otros 20 parlamentarios que ganaría al PSOE (-8) y a Unidos Podemos (-12).
"Estamos dando nuestras posiciones electorales actualizadas ahora que se está realizando el trabajo de campo del barómetro de abril del CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno] para así poder comparar ambas estimaciones" cuando el CIS anuncie sus resultados, explica Jaime Miquel.
"Dadas las características de la LOREG [Ley Orgánica del Régimen Electoral General] y de la distribución de los apoyos populares de los partidos, Ciudadanos necesita casi tres puntos de votos válidos de ventaja sobre el PP para empatar en escaños", detalla Miquel. "La misma ventaja que necesitan Unidos Podemos y sus  confluencias para empatar con el PSOE".
Así que lo que se produciría si hoy se celebrasen elecciones generales sería una división de los votantes entre cuatro opciones: "Se trata de una aritmética electoral inédita en España, con cuatro candidaturas en fila india entre sesenta y cien escaños", afirma el analista electoral de Público.
Por tanto, el fin del bipartidismo está más que garantizado, pero no hay que lamentarlo en demasía, según Miquel: "Lo que sucumbe es una cultura política autoritaria e irreflexiva que llamamos postfranquista. Y el PSOE está atenazado por el mismo problema: o aterrizan ahora donde despegaron, que es en la comprensión plurinacional de España y en la moción de censura a Rajoy, al lado de Podemos para hablar con ERC y los demás –cosa que no creo que vayan a hacer– o lo harán en las próximas generales con un hundimiento como los del PASOK griego, del PS francés o del Partido Democrático italiano de Renzi".
Ante este panorama, la caída prevista de 2,3 puntos del PSOE e incluso la de tres puntos justos de Unidos Podemos parecen una minucia, ya que la catarata de votantes derechistas que fluye a borbotones desde el PP hasta C's hace palidecer cualquier otro flujo electoral de cara a las próximas elecciones generales.
En cuanto al factor territorial,  se aprecian claramente las comunidades que dan el vuelco electoral decisivo para el hundimiento del PP en toda España: C's gana 11 escaños en Andalucía, 8 en Castilla y León, 7 Castilla-La Mancha y Madrid; y 6 en València y Catalunya... la gran mayoría arrebatándoselos a los populares.

El ascenso meteórico de C's no tiene precedentes

Y ese ascenso meteórico de Ciudadanos no tiene precedentes en la mayor parte de las comunidades: salta de 0 a 7 diputados en la comunidad manchega; de uno a 9 en Castilla la Vieja; de 7 a 18 en Andalucía, de 6 a 13 en Madrid, de 5 a 11 en València y de 0 a 4 en Galicia. Un despegue que roza lo inverosímil y que, de producirse, puede llegar a sentenciar la muerte del partido que hoy gobierna.
"Lo que se destruye son expresiones políticas con las que convivimos que son imposibles en la Unión Europea del siglo XXI, como las banderas a media asta por Jesús de Nazaret o el somos novios de la muerte del Gobierno", opina Jaime Miquel.
El Partido Popular ha entrado en un torbellino autodestructivo, con la corrupción y Catalunya como ejes de su naufragio, que se acelera con su empeño en mantener posiciones insostenibles, como el falso máster de Cifuentes.
Si Rajoy logra resistir hasta el final de la legislatura, podría ser no sólo su último mandato de gobierno sino también el último del PP.

Hacienda afronta una factura histórica por la ola de jubilaciones de funcionarios

MADRID.- La oleada de jubilaciones de funcionarios está desbordando todas las previsiones. Las cifras hechas públicas por el Gobierno en su proyecto de Presupuestos del Estado para 2018 revelan que el año pasado dejaron su puesto de trabajo en la Administración para irse a sus casas más de 210.000 empleados públicos con derecho a pensión, 85.000 más de los que preveía el Ejecutivo, según publica www.lainformacion.com

Este año la tendencia se acentuará. Respecto a lo presupuestado en 2017 el número de pensiones a funcionarios civiles que tendrá que pagar el Estado se incrementará en 275.000 lo que hará que la factura por este concepto supere por primera vez los 10.000 millones.
Las previsiones elaboradas por el Gobierno para su proyecto presupuestario parecen haberse adaptado, al cabo, a un fenómeno sobre el que los sindicatos han venido advirtiendo en las últimas semanas: el incremento significativo de las solicitudes de jubilación de los empleados públicos en los últimos meses ante el temor de que la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad el próximo 1 de enero de 2019 reduzca la prestación de jubilación a la que son acreedores. 
El asunto viene alimentado por la singularidad del Régimen de Clases Pasivas que regula la jubilación de buena parte de los empleados públicos y que permite a éstos a retirarse voluntariamente a los 60 años sin ningún tipo de penalización en su pensión, al contrario de lo que sucede con los trabajadores asalariados que o bien tienen bloqueada esa posibilidad o bien pueden acceder a ella con fuertes penalizaciones.
Los sindicatos han advertido al Gobierno también de que el tema puede tener una incidencia muy negativa sobre los servicios de la Administración. Uno de cada seis funcionarios civiles del Estado en ejercicio tiene más de 60 años y hay algunas dependencias, particularmente en el ámbito de la Seguridad Social, que ya están siendo atendidas con programas de contingencia por las carencias de personal.

Un problema creciente
Un vistazo a los presupuestos de los últimos años (ver gráfico) permite vislumbrar las consecuencias  de este régimen especial para empleados públicos sobre las plantillas de la Administración. Tras la reducción media del 5% del salario de los funcionarios en la era Zapatero y la supresión de la paga de Navidad de 2012 por parte del Gabinete Rajoy la cifra de funcionarios civiles jubilados no dejó de desbordar las previsiones oficiales hasta el año 2015, precisamente el ejercicio en que Cristóbal Montoro empezó a devolver una porción de esa paga extra. Ese año se jubilaron 'solo' 43.000 empleados públicos de los cerca de 200.000 que el Gobierno previó que se irían a su casa.
Al año siguiente, en el que el Ministerio de Hacienda devolvió la otra mitad de la paga extra de diciembre de 2012 pendiente, la diferencia entre la previsión gubernamental y la realidad fue también inapreciable. En 2017, con la paga extra de 2012 ya en el bolsillo y una subida salarial del 1%, las jubilaciones de funcionarios se volvieron a disparar por encima de las previsiones generando al Ejecutivo una factura extra de más de 50 millones de euros.
El balance final subraya que desde 2012 cerca de un millón de funcionarios han accedido a la jubilación y la factura por este concepto ha pasado de menos de 7.000 millones a los más de 10.000 millones que el Gobierno prevé gastar en 2018. Este año, por cierto, la cifra de funcionarios civiles jubilados con derecho a prestación desde el régimen de clases pasivas superará también por primera vez los cuatro millones.
La secuencia no pasó desapercibida al Gobierno y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, incluyó la revisión del sistema de jubilaciones anticipadas del Régimen de Clases Pasivas dentro del catálogo de materias a tratar que el Gobierno trasladó a la Comisión del Pacto de Toledo. 
Lo hizo no sólo por la factura que le supone a las arcas públicas sino también por la situación de desigualdad de trato en la que sitúa a los empleados públicos adscritos al Régimen General frente a los encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas. 
Según fuentes del Pacto de Toledo, este asunto todavía no ha sido tratado en la Comisión y no hay ninguna decisión al respecto.

Castilla-La Mancha debe al Estado el 72% de su pasivo por déficit


MADRID.- Después de un sexenio financiándose a través de préstamos del Ministerio de Hacienda, los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los mercados. Andalucía y Baleares actúan de avanzadilla, y ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse. El objetivo que persiguen es el de "desligarse progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce el ministro Cristóbal Montoro a quienes se benefician del FLA y la Facilidad Financiera (FF), según avanza elEconomista.

Andalucía, con vencimientos de 4.556 millones este año, ha trasladado al Ejecutivo la intención de emitir en los mercados hasta 1.000 millones, ahora que "los deberes se han hecho" y se ha cumplido el déficit -lo dejó en el 0,22 por ciento en 2017 frente al límite del 0,6 por ciento al que estaba obligada-. El Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde a la operación.
Desde la Consejería de Hacienda andaluza se argumenta que el objetivo es el de ir abandonando los mecanismos de liquidez, porque si bien éstos "permitieron acceder a financiación cuando los mercados estaban cerrados", su uso impuso "límites a la autonomía financiera" de las regiones y "duras condiciones" en ocasiones "claramente recentralizadoras".
Baleares, por su parte, ha sido menos ambiciosa y ha pedido al Ejecutivo poder endeudarse por valor de 162 millones, cantidad que le correspondería recibir de la Facilidad Financiera en el cuarto trimestre de este año. 
Según la consejera del ramo, Catalina Cladera, el objetivo es el mismo que el andaluz: una "desvinculación gradual" de la tutela de Hacienda. El Gobierno de Francina Armengol reconoce que los mecanismos han permitido a la región ahorrarse intereses, pero también ha provocado que se acumulen amortizaciones y que no se pueda gestionar el calendario de vencimientos con más flexibilidad.
El gesto andaluz y balear llega en un momento clave, con el debate de la financiación autonómica encallado en un órgano secundario del Consejo de Política Fiscal y Financiera y pocas posibilidades de pacto a corto plazo entre los dos partidos que deben acordar el futuro marco, el PP y el PSOE.

La reestructuración, clave

El propio Montoro confirmaba hace solo unos días el interés de varias autonomías por desligarse del FLA y la Facilidad Financiera, aunque añadía que, para la clausura de los mecanismos, esas administraciones exigían una reestructuración de la deuda que mantienen con el Estado. Nada que oculten las peticionarias, por cierto. 
A día de hoy, sobre un pasivo total de más de 280.000 millones, las autonomías deben a la Administración Central 157.000 millones por los préstamos recibidos (que por otro lado ascienden a 261.000 millones.
Un asunto, el de la quita o reestructuración, que levanta una enorme polvareda en el seno de los partidos, sobre todo en el seno del PP. Porque esta formación gobierna en autonomías saneadas como Galicia y Madrid, que no están dispuestas a un perdón selectivo de deuda; y en otras como Murcia, que debe un 77 por ciento de su pasivo al Estado, incumple el déficit y presenta un riesgo de insostenibilidad "muy elevado", según la AIReF.
En el PSOE el debate está algo más soterrado, dado que, a excepción de Asturias, en mejor posición, el resto de autonomías en las que gobierna se beneficiarían de manera importante de un alivio pilotado por Montoro. 
Valencia, en manos de Ximo Puig, presenta el porcentaje de deuda sobre PIB más elevado de España (más del 41 por ciento) y debe un 78 por ciento de ese pasivo al Estado. Andalucía, a su vez, debe el 70; Castilla-La Mancha el 72; y Baleares el 68.
Montoro se muestra dispuesto a estudiar el fin de los mecanismos, y por eso sugiere que es favorable a una reestructuración a la griega, con perdón de intereses y alargamiento de plazos, incluso para regiones saneadas. 
Pero la realidad es otra: sin el concurso del PSOE, Hacienda no está dispuesta a dar ningún paso. Menos aún sabiendo que, con el FLA y la FF, puede mantener a raya los plazos autonómicos del pago a proveedores y el cumplimiento del déficit, políticas que han constituido la gran prioridad política del ministro.

Dos provincias de Castilla-La Mancha en alerta este lunes por nieve

MADRID.- Las temperaturas descenderán este lunes 9 de abril en buena parte de la Península, donde volverán a predominar las lluvias así como las rachas fuertes de viento, sobre todo en zonas de Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La nieve volverá a poner en aviso por riesgo a Huesca, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria, Zamora, Lérida, Madrid, Navarra, Cáceres y La Rioja.

Las provincias de Cuenca y Guadalajara tendrán nieve este lunes por encima de los 1.000 a 1.400 metros, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web. Asimismo, Albacete tiene también nivel amarillo en Alcaraz y Segura por rachas de viento de hasta 70 kilómetros.
Además, el fuerte oleaje afectará a las provincias costeras de Almería, El Hierro, Gran Canaria, La Gomera, Tenerife, Cantabria, Tarragona, La Coruña, Pontevedra, Ibiza y Formentera, Bizkaia, Gipuzkoa y Murcia, donde se han decretado avisos por riesgo. Asimismo, todo el archipiélago canario estará en aviso por riesgo de viento.
Durante este lunes, se producirá un descenso de las temperaturas diurnas en la vertiente atlántica y litoral de Alborán, descenso que será localmente notable en el centro de la Península. 
Por el contrario, aumentarán en el noreste peninsular y en el resto del país se registrarán pocos cambios. Según la predicción de la AEMET, los cielos estarán este lunes nubosos o cubiertos en buena parte de la mitad norte peninsular, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes, que en Pirineos podrán producirse ocasionalmente con alguna tormenta.
Asimismo, estará nuboso con precipitaciones en el resto de la vertiente atlántica peninsular, Ceuta y Melilla, que serán menos probables por el suroeste peninsular y tendiendo a remitir a lo largo del día. 
En el resto del área mediterránea los cielos estarán poco nubosos tendiendo a nubosos. En Canarias, predominarán los cielos nubosos en el norte con lluvias en las islas de mayor relieve, e intervalos nubosos en el sur.
En cuanto a las cotas de nieve en la Península, se situará entre los 1.200 y 1.600 metros, aunque en el oeste de la meseta y el Sistema central oscilará en torno a los 800 y 1.100 metros en las primeras horas del día. 
Finalmente, el viento será de componente norte en Canarias y oeste en el resto, así como fuerte con rachas muy fuertes en zonas de Canarias. Además, habrá intervalos de intensidad fuerte en puntos de los litorales cantábrico y del sureste peninsular, Baleares y en zonas altas del este.
La Aemet avisa de que con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Page ganaría las autonómicas en Castilla-La Mancha y podría gobernar con Ciudadanos o en solitario

TOLEDO.- El PSOE de Emiliano García-Page ganaría las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha con un 37,2 por ciento de los votos, mejorando ligeramente su resultado de 2015 y, sobre todo, aprovechando el hundimiento del PP, que perdería nueve puntos. 

Así, el socialista tendría entre 14 y 17 escaños, lo que significa que en la banda alta de la horquilla lograría incluso la mayoría absoluta, mientras que los populares sólo tendrían 11 diputados por los 16 actuales.
Podemos seguiría en el parlamento regional con un 9% manteniendo sus tres diputados actuales a pesar de que perdería unas décimas. La mala noticia para los de Iglesias es que serían relegado a la cuarta posición por la irrupción de Ciudadanos, que entraría en las Cortes con un 16,8% de los votos y entre cuatro y seis diputados.
Son datos de un sondeo de El Mundo publicado este lunes, y que fue realizado por Celeste-Tel entre los días 1 y 22 de marzo, basándose en 1.950 entrevistas.
La encuesta también refleja que la valoración del presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE regional, Emiliano García-Page, es mayor que la que tiene la presidenta regional del PP, la también ministra de Defensa María Dolores de Cospedal: el primero obtiene un 5,2, mientras que Cospedal se queda en un 3,2.
En cuanto a las provincias, el PSOE ganaría en las cinco, aunque con más apoyos en Ciudad Real –donde llegaría al 40,3%– y Cuenca –con un 39,9%–. 
El PP, por su parte, sería el segundo partido también en las cinco provincias, aunque en Guadalajara la formación que lidera Albert Rivera se acerca mucho ya que obtendría el 21,9 por ciento frente al 23,5 por ciento de los populares.

Pensionistas, egoístas y demagogos / Julio Carabaña *

Nunca los pensionistas han estado mejor que ahora, ni en términos absolutos ni por comparación con el resto de la población. En los años de la crisis, la renta media de los pensionistas se ha situado por encima de la renta media del resto de la población, cosa que nunca había ocurrido antes. En estos mismos años, la pobreza de los pensionistas ha venido a menos mientras la pobreza del resto de la población iba a más, llegando esta a doblar la de los pensionistas.

Las pensiones de jubilación pueden verse como transferencias de los que están en situación de trabajar (potencialmente activos) a los que no lo están, la mayor parte por su edad. Los que piden una subida general de las pensiones están diciendo que los pensionistas tienen derecho a más y los potencialmente activos, a menos. ¿Es esto así? Consideremos primero la cuestión de derecho (¿cuánto debe transferirse?) y luego la cuestión de hecho (¿cuánto se está transfiriendo?).

¿Cuánto deberían recibir los retirados de los potencialmente activos? Como punto de partida, parece razonable estipular que los dos grupos tienen derecho al mismo nivel de vida, y que, por tanto, las pensiones deberían igualar la renta media de unos y otros. No solo es este un criterio razonable, sino que se aproxima mucho a lo que ocurre en Europa, nuestro modelo habitual.

Eurostat nos pone fácil comprobarlo. La oficina europea de estadística ofrece estimaciones de la renta disponible equivalente desde mediados de los años noventa para diversos grupos de edad. La renta disponible equivalente, o por unidad de consumo, se considera un indicador preferible a la renta per capita porque tiene en cuenta el tamaño de los hogares; Eurostat cuenta el primer miembro del hogar como 1, el segundo como 0,7 y el resto como 0,5 (escala OECD). Al tomar grupos de edad, asumimos un error ignorando a la gente entre 16 y 64 años que no puede trabajar, pero aun así es una aproximación razonable.

Y bien, ¿qué encontramos? A mediados de los años noventa, en la Europa de los Quince las personas mayores de 64 años tenían una renta media igual al 87% de la renta de las personas entre 16 y 64 años; en Reino Unido esa cifra era del 73%; en Finlandia, del 82%; en Alemania, del 90%. 

Hace unos diez años, justo antes de la crisis, en el conjunto de la zona euro la renta media de los mayores también equivalía al 87% de la renta de los de 16 a 64 años; en Reino Unido la razón era del 75%; en Finlandia, del 74%; en Alemania, del 87%. En 2015 (último año para el que hay datos), las cifras han cambiado a 96% en la zona euro, a 86% en Reino Unido, al 86% en Finlandia y al 85% en Alemania. 

Es decir, durante los últimos veinte años parece haber dominado en Europa el criterio de que los maduros cumplen con transferir a los mayores una renta algo menor que la suya.

¿Se aparta más España del criterio de igualdad que Europa? Las mismas tablas de Eurostat nos lo dicen. En 1996 la renta de los mayores de 65 años era el 92% de la renta de maduros, por encima de la media europea. Desde entonces, ¿ha habido cambios perjudiciales para los pensionistas? 

En los años siguientes hasta 2007, es decir, en el período de mayor crecimiento económico, la renta media de los maduros aumentó más que la renta media de los mayores, reduciendo la ratio entre ambas al 85%, más o menos en la media de la zona euro. Durante los años de crisis la renta media de los mayores se ha mantenido constante, mientras la renta de los maduros ha descendido, quedando incluso un poco por debajo; para 2015, las cifras exactas que da Eurostat son 16.086 euros por cada mayor de 64 y 15.842 por cada persona entre 16 y 64 años. Es decir, aproximadamente una razón de uno a uno.

Para completar el panorama, podemos tener en cuenta a los menores de 16 años; durante todo el período que va de 1996 a 2015, la renta disponible de los estos jóvenes se ha mantenido en torno al 90% de renta de los maduros y en 2015 era un 10% inferior a la renta de los mayores.

Puede objetarse que los pensionistas no protestan por el nivel medio, sino por la desigualdad, y en particular por las pensiones más bajas. Pues bien, es sabido que la desigualdad entre los pensionistas es menor que entre la población potencialmente activa. Ello se debe a que hay menos pensionistas ricos, pero también a que hay menos pensionistas pobres.

Veamos otra vez los datos de Eurostat, que muestran las siguientes tasas de pobreza relativa (por debajo del 60% de la mediana) por edades. Entre 16 y 64 años: 18% a mediados de los años noventa, 17% a mediados de la década pasada, 23% en los años posteriores a la crisis. Para la población mayor de 65 años: 16% a mediados de los años noventa, 29% en los años anteriores a la crisis, 12% en los años tras la crisis. El 23% es la tasa de pobreza más alta de los últimos veinte años para los potencialmente activos y el 12% la más baja para los retirados. 

Exactamente al contrario ocurrió antes de la crisis, cuando las tasas de pobreza de los jubilados llegaron al 29%. En cuanto a los menores de 16 años, su riesgo de pobreza estuvo en torno al 25% desde los años noventa a la crisis, pero con esta subió al 29%, tan alta como la de los mayores de 64 en sus peores momentos.

A nadie se le ocurrió pedir más para los pensionistas en los momentos en que su situación relativa empeoraba (los de la burbuja); quizás fuera porque al compararse consigo mismos sentían que iban mejor, sin importarles que a los jóvenes les fuera mejor todavía. Pero justo cuando su poder adquisitivo medio es más o menos igual que el de los activos y hay entre estos muchos más pobres, los pensionistas llenan las grandes avenidas reclamándoles más. Parecen bastante egoístas, pero también debe de haber ingenuos que se dejan manipular por demagogos. 

A estos, a los demagogos, les corresponde una mayor responsabilidad por el desatino, pues saben, o deberían saber, que si la renta relativa de los pensionistas empeora cuando las cosas van bien y mejora cuando van mal es porque los gobiernos protegen las pensiones del ciclo económico. Y saben también que eso mismo es lo que harían ellos si gobernaran.

Los pensionistas han quedado al margen de la crisis; deberían esperar un tiempo hasta beneficiarse del crecimiento. Podrían esperar, por ejemplo, hasta que los niños los igualen en rentas medias y en tasas de pobreza.


(*) Catedrático de Sociología (emérito) en la Universidad Complutense de Madrid.



El master de Cifuentes hunde la convención del PP / José Hervás *

Decenas de dipu­tados po­pu­lares que han asis­tido el fin de se­mana a la con­ven­ción del Partido Popular en Sevilla están in­dig­nados con la to­davía pre­si­denta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Critican en pri­vado con du­reza que no haya adop­tado la de­ci­sión de di­mitir ante el gra­ví­simo pro­blema de imagen que ha pro­vo­cado en el par­tido. 

Les parece un intento suicida tratar de buscar pistas en las redes del que los colaboradores más próximos de Cristina Cifuentes califican de ‘montaje’ contra la presidenta de la Comunidad. Según las fuentes consultadas por Capitalmadrid.com, este intento solo serviría para alargar el proceso, mientras Ciudadanos sigue cosechando votos populares. Cuanto más se hunda Cifuentes más crecen ellos.

El problema no está en saber quien ha difundido todo lo que se sabe sobre las irregularidades del master de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos.

Cuando la Universidad admite que se ha falseado el título, que las firmas que lo acreditan son falsas, que el tribunal no existió, que dos asignaturas suspendidas figuran después con notable, que el director del curso dice en una entrevista a la SER que se vio obligado por el Rector a buscar una salida digna para la presidenta, que Cifuentes se matriculó tres meses más tarde de que se iniciara el curso, que no asistió a las clases cuya presencia era obligatoria, que no hubo exámenes, que el tribunal que firma el título denuncia que no existió tal tribunal, y cuando no ha aparecido el trabajo fin de máster, trabajo que lleva acreditado la parte fundamental de los créditos del mismo, de poco vale quien haya ‘mecido la cuna’ para que se conozcan todas estas irregularidades.

La conclusión para un destacado grupo de líderes populares es que un servidor público no puede mantenerse por más tiempo en estas condiciones en su cargo. Añaden el temor adicional ahora, de que cuando aparezca el trabajo, si es que aparece, evidencie que está lleno de plagios.

No lo descartan porque, añaden, que para una persona con el nivel de ocupación como el de una delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, hacer un trabajo de 60-80 páginas no resulta sencillo.

El daño se está haciendo no solo a las expectativas electorales del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, sino a todo el partido que estaba empeñando todo su esfuerzo y compromiso en transmitir una nueva imagen de regeneración y lucha contra la corrupción.

Este desmoronamiento de la imagen llega en un momento de agudización de la crisis catalana en la que hace falta el apoyo de las principales fuerzas políticas constitucionalistas cuyo enfrentamiento en Madrid hace imposible ningún acuerdo de ámbito nacional.

El tuit que emitía, Enrique Ossorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, a mediodía del domingo amenazando tanto al equipo de Gabilondo como al de Pedro Sánchez asegurando que “tienen que dar muchas explicaciones sobre si conocieron la comisión de un presunto delito en la Universidad Rey Juan Carlos y la ocultaron a la Fiscalía”, no pasa de una amenaza a la desesperada.

Su conclusión en el mencionado mensaje de que “la moción de censura no solo nació muerta, puede estar manchada por una oscura trama” no pasa de ser otro intento más por no afrontar la equivocación mayúscula de la presidenta desde una posición de humildad y de asumir que cuando se comete un error existe la palabra dimisión.

Permitir que durante semanas, tanto Ciudadanos como PSOE y Podemos, sigan hurgando en la herida de esta equivocación del ‘máster fantasma’ supondría añadir más equivocaciones a las muy graves ya cometidas. Como ha resumido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ‘si no tiene el máster, nos ha mentido’, y la conclusión sería más que evidente. A buen entendedor con pocas palabras basta. Alguien tendría que decirle ‘basta ya’.



(*) Periodista albacetense afincado en Madrid

domingo, 8 de abril de 2018

El 21% del precio de un producto en Europa va al agricultor y el 51% a la distribución

MADRID.- El 21% del precio de un producto en Europa va destinado al agricultor o ganadero, el 28% para la transformación y el 51% para la distribución, según COPA-Cogeca, la organización que representa a los agricultores y cooperativas europeas. Estas cifras son, en opinión de UPA, la demostración de que “queda mucho por cambiar hasta configurar un sistema agroalimentario justo con los productores y con los consumidores”.

En este contexto, UPA ha valorado positivamente la propuesta de directiva que la Comisión Europea ha presentado esta semana para acabar con los abusos en la cadena alimentaria. “El plan europeo, aunque insuficiente, es un paso adelante positivo y un cambio de concepto muy importante para los agricultores y ganaderos de todo el continente”, han señalado desde la organización agraria.
Según UPA, Europa asume que no se puede dejar la lucha contra las prácticas abusivas sólo en manos de códigos de buenas prácticas o sistemas de regulación voluntaria. “Demasiados operadores en la cadena de valor de los alimentos llevan abusando demasiados años. Tiene que haber una legislación dura que les obligue a actuar con responsabilidad”, ha asegurado la organización agraria.
Para UPA, el plan de la Comisión es un avance “significativo”, aunque la legislación debería ser “aún más dura con los que abusan”.
Los productores proponen que se establezca un órgano supranacional que vigile y sancione, todo ello para conseguir cambiar el comportamiento del infractor, eliminar cualquier beneficio financiero derivado del incumplimiento de las normas y disuadir futuros casos de incumplimiento.

Detectan un híbrido de dos plagas que amenaza los cultivos de todo el planeta

SÍDNEY.- Científicos australianos confirmaron la aparición de un híbrido de dos gusanos responsables de las principales plagas del mundo en una nueva especie fortalecida, informaron fuentes científicas.

Una de las plagas es la oruga de cápsulas de algodón, que afecta un centenar de cultivos en Europa, Asia y África, incluidos el algodón, tomate y soja, de gran movilidad y que ha desarrollado resistencia a la mayoría de pesticidas.
El otro es el gusano del maíz, originario de América, según indicó en un comunicado la agencia de investigación científica australiana, CSIRO, que alertó que la combinación de ambos es un “preocupante” híbrido sin barreras geográficas.
Los científicos encontraron que entre el grupo de gusanos estudiados cada individuo era distinto, lo que sugiere un “enjambre de híbridos” en el que múltiples versiones del mismo híbrido podrían estar presentes en la misma población.
El director de la investigación, Craig Anderson, alertó de las consecuencias que esta nueva plaga puede tener en cultivos alrededor del mundo, sobre todo, en América. “Estimaciones recientes indican que el 65 por ciento de la producción agrícola de Estados Unidos está en riesgo de verse afectada por la oruga de cápsula”, señaló Anderson.

Mercadona desplazará a El Corte Inglés como primer empleador de España

MADRID.- El Corte Inglés, que tradicionalmente ha sido la empresa privada con mayor número de trabajadores de España, se encamina a perder esa distinción. Y, si continúa la actual tendencia, el cambio de posición se producirá el próximo año, a juicio de economiadigital.es.

Mercadona, en plena fase de expansión, amenaza con desplazar a la cadena de grandes almacenes como el primer empleador de España, después de la administración pública.
La cadena de supermercados dirigida por Juan Roig disparó las contrataciones en 2017 y continúa con sus planes de expansión que incluyen la apertura de 27 supermercados en los próximos meses, lo que exigirá nuevos procesos de fichajes masivos.
Hace apenas tres años, Mercadona tenía 75.000 trabajadores y aumentaba la plantilla en 1.000 empleados al año. Hoy, cuenta con más de 85.000 nóminas y ha multiplicado por cinco su ritmo de crecimiento en términos de contratación. La compañía fichó más de 5.000 trabajadores el año pasado para cubrir las plazas creadas por su expansión.
Con una cuota de mercado del 25%, el rápido crecimiento se mantiene firme y en 2019 comenzará una nueva fase de creación de empleo internacional. Mercadona planifica la apertura de operaciones en Portugal el próximo año con la apertura de su primera tienda en Oporto.

Contracción en El Corte Inglés

La fase de contratación intensiva y de expansión de Mercadona coincide con una etapa de estancamiento en El Corte Inglés donde el debate acerca de reducción de plantilla y la posibilidad de reducir los centros deficitarios no termina de superarse en la cúpula directiva, según explican fuentes cercanas a la compañía.
El Corte Inglés ha sido tradicionalmente la empresa privada con la plantilla más abultada de España. Antes de la crisis, en plena fase de expansión, la compañía llegó a crear 4.300 puestos de trabajo en un año, un ritmo inferior al de la actual Mercadona. 
En 2007, El Corte Inglés contaba con 105.000 trabajadores, lo que supone un descenso de 14.000 trabajadores en una década. 
La empresa presidida por Dimas Gimeno ha confirmado a este diario que actualmente cuenta con 91.000 empleados, 6.000 más que Mercadona.
Con más de 15.000 millones en facturación y 161 millones de beneficio el año pasado, El Corte Inglés se ha negado a aplicar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) pero la política laboral de la empresa apunta a la contención en el capítulo de nóminas.
Como parte de la reformulación de algunas áreas de negocio, la empresa acaba de cerrar Telecor. Buena parte de los trabajadores fueron recolocados para ejercer nuevas tareas en diferentes departamentos pero otros (la minoría, según los sindicatos propios) han abandonado la empresa o se disponen a hacerlo por la modificación de las condiciones de trabajo.
El Corte Inglés afronta múltiples amenazas: el modelo robotizado de Amazon, con costes hiper reducidos por un lado, y el fenómeno Inditex, con el arrastre del comprador joven, por el otro.
Frente a ellos, el plan de contención de gastos continúa siendo uno de los principales retos de la compañía. El Corte Inglés ha decidido aplicar planes para rejuvenecer la plantilla y para fichar talento externo en la sede central. 

¿Cuánto ganan?

Mientras las condiciones laborales de El Corte Inglés se rigen por los convenios sectoriales (con algunos pluses y pagas adicionales), Mercadona sigue presumiendo de ser la compañía con los mejores salarios del sector.   
Un cajero de Mercadona (que debe ejercer funciones de reponedor y cargador, entre otras) con más de cuatro años de experiencia en la empresa ingresa más de 1.700 euros brutos mensuales, lo que generalmente se traduce en más de 1.420 euros netos al mes, además de las pagas por beneficios.

Podemos es el único partido que sube y pisa los talones al PSOE

MADRID.- El idilio de los españoles con el partido de Albert Rivera continúa pero parece haber tocado techo. Según el último sondeo realizado por Metroscopia para El País, Ciudadanos detiene su meteórico ascenso, si bien sigue por cuarto mes consecutivo como la opción política preferida y, lo que es más importante, incrementa su ventaja respecto al PP debido al descalabro del partido de Mariano Rajoy. Lo más novedoso es que la única formación que sube es Podemos, que se coloca a menos de un punto del PSOE. La suma de Ciudadanos y del partido de Pablo Iglesias alcanza ya el 47% de los votos.

La encuesta de Metroscopia, realizada los días 4 y 5 de abril, en plena tormenta por el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sitúa a Ciudadanos en cabeza con una estimación de voto del 28,7%. Ese dato supone un cambio de tendencia para el partido dirigido por Rivera, que cae dos décimas después de subir ininterrumpidamente desde julio del año pasado. 
Sin embargo, esta formación logra consolidar su posición hegemónica debido a que sus rivales pierden mucho más. Así, Ciudadanos amplía hasta los 8,3 puntos su distancia respecto al PP, que cae 1,1 puntos y se sitúa en el 20,4%, su cifra más baja de los últimos tres años.
Por su parte, el PSOE se coloca en el 19,1% en estimación de voto, pierde tres décimas y prolonga la tendencia a la baja iniciada en noviembre de 2017. Pero lo más inquietante para los socialistas es que su rival por la izquierda, Podemos, se acerca peligrosamente y se sitúa en el 18,3%, siempre y cuando la formación de Pablo Iglesias concurra a las próximas elecciones de la mano de Izquierda Unida y de todas las confluencias con las que se presentó en 2016.
Así pues, Podemos es el único partido de los cuatro grandes que crece y está ya a ocho décimas del PSOE y a apenas dos puntos del PP. Los de Iglesias consolidan su tendencia al alza de los últimos meses, pero todavía están por debajo del 21,1% que alcanzaron en los últimos comicios de junio de 2016.
La subida de Podemos y la posición preponderante de Ciudadanos deja un panorama inaudito en la democracia española: el bipartidismo tradicional pasa a un segundo plano y, por primera vez, la suma de los dos nuevos partidos alcanza el 47% del electorado frente al 39,5% que alcanzan PP y PSOE. 
Para entender la trascendencia de este dato basta con echar un vistazo a lo que pasó en las últimas elecciones: los primeros sumaron el 34,2% y los segundos el 55,7%. Estos datos y las respuestas sobre la ilusión que generan los diferentes partidos permiten pensar que no se trata de una tendencia pasajera sino que probablemente se acabe consolidando en el futuro.
Por bloques ideológicos también se aprecia una evolución clara, ya que la suma de PP y Ciudadanos alcanza el 49,1%, mientras que la unión de PSOE y Podemos representa el 37,4%. En 2016 los primeros tuvieron el 46,1% y los segundos el 43,8%.
Los datos del sondeo confirman que el partido de Rivera está de moda y puede que por mucho tiempo. Encabeza la estimación de voto, tiene el líder mejor valorado, su actuación es mayoritariamente respaldada y, además, es el partido que más ilusiona al 38% de los españoles.
E incluso a votantes de los otros partidos, ya que el 57% del electorado del PP dice sentirse ilusionado con Ciudadanos. Y lo mismo le sucede al 26% de los que votaron al PSOE la última vez y al 20% de los que lo hicieron por Unidos Podemos.
Capitalizar la ilusión siempre es clave para ganar unos comicios, y no parece que, cuando apenas queda un año para las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo de 2019, el PP esté en condiciones de hacerlo. 
Este partido solo ilusiona al 8% de los españoles y al 25% de su propio electorado, menos de la mitad de los votantes de Rajoy que dicen sentirse ilusionados con la formación de Albert Rivera (57%). El PSOE tampoco está sobrado de ilusión: solo motiva al 10% del electorado y al 37% de su propia parroquia.
Otro terreno donde se comprueba la pujanza de Ciudadanos es en el de la transferencia y la fidelidad de voto. Así, los de Rivera logran retener el apoyo del 67% de los que eligieron su papeleta en junio de 2016 y, además, logra robar una parte muy significativa de votos a su directo perseguidor: el 26% de los que votaron a Rajoy ahora lo haría por Rivera.
Y el tercer elemento en el que está muy fuerte Ciudadanos es en cómo valoran los españoles su actuación política en el Parlamento. 
De hecho, es el único partido que logra más aprobación que desaprobación y consigue que incluso al 77% del electorado del PP le parezca bien la forma de proceder de los de Albert Rivera. Es más, la actuación de los populares convence al 72% de sus votantes, cinco puntos por debajo de como ellos mismos juzgan a Ciudadanos.
La severidad con que los españoles califican la actuación de los partidos se traduce en una creciente apatía hacia la política, según refleja el estudio elaborado por Metroscopia para El País. De hecho, si hoy se celebrasen elecciones generales la abstención se situaría en el 35%, el mayor dato de los últimos años. En los comicios de junio de 2016 fue del 30,2%.
La prueba de esa desconexión de la política que sienten los ciudadanos españoles es que una parte significativa del electorado de todos los partidos tiene serias dudas sobre qué hacer si hoy se celebrasen elecciones generales. Los casos más destacables son los del PP, que solo retiene al 43% de sus electores en junio de 2016, y el PSOE, que tiene al 51% de sus votantes debatiéndose entre no votar, hacerlo por otra opción o incluso en blanco.

Errejón reconoce la "desmoralización" y "frustración" en Podemos

MADRID.- Mucho se ha hablado y escrito del bajón en las perspectivas electorales de Podemos, pero pocas veces se han escuchado en público reflexiones tan autocríticas por parte de la dirección nacional como las que este sábado hizo Íñigo Errejón en las que reconoció que el electorado de Podemos está sumido en la "desmoralización" y en la "frustración" por que no se fuera capaz de echar a Mariano Rajoy en 2016 en las fallidas negociaciones con el PSOE

Una suerte de pecado original que sigue persiguiendo al partido de Pablo Iglesias dos años después y que el líder de Podemos trata de quitarse de encima promoviendo de manera cíclica una moción de censura. Como hizo otra vez este sábado, recuerda El Mundo.
La "frustración" por no haber sido capaz de echar a Rajoy se une a otros factores como el problema independentista en Cataluña y la mejora de los "vientos económicos" que, según explicó Errejón, son las tres grandes causas que han instalado en España "un clima de enfriamiento" y de abatimiento que está lastrando las opciones de la izquierda. 
Con un auge del bloque de centro derecha y una desmovilización entre los votantes de izquierdas. Un clima que considera que se puede "transformar" pero, avisó, que para eso el "primer paso" es "reconocer" la situación para poder superarla.
Sin embargo, lejos de aproximarse a esta reflexión, la rama oficialista de Podemos proclamó este sábado que están con el "ánimo subido", durante la conclusión de unas jornadas de trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, que bajo el nombre de "En Marcha" dieron el pistoletazo de salida a la precampaña de Podemos en la carrera de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019.
Un triunfalismo forzado que Iglesias también intentó avivar en su intervención de cierre de jornadas alentando la idea de que si se avanza en ayuntamientos y comunidades el próximo año, "en 2020 a la Moncloa". 
"A los que sueñan con vernos fuera de combate, les decimos que aquí seguimos y que seguimos trabajando para ganar", sentenció.
Ese optimismo contrasta con el choque de realidad que una hora antes había hecho Errejón. "Claramente, no parece que estemos en un momento político de avanzada", admitió el secretario de Análisis Estratégico y de Cambio Político durante su conferencia. Un escenario que dijo que había que comentar para "analizarlo" porque si se niega, incidió, Podemos deja de ser una fuerza revolucionaria para convertirse en un "club de autoayuda".
"La reelección de Mariano Rajoy ha sumido a amplios sectores de la población española en una desmoralización o frustración. También porque una parte de la gasolina que nos propulsó tan rápido era la de la posibilidad de una victoria inmediata", señaló Errejón. En este sentido, ahondó en que las negociaciones fallidas han hecho mella en la gente de izquierdas y más con el cruce de acusaciones entre PSOE y Podemos.
"Hemos perdido mucho tiempo en una pelea táctica permanente entre nosotros y el PSOE sobre quién tiene la culpa y mientras hacemos eso la suma de ambas fuerzas progresistas ha pesado menos", dijo sobre el retroceso electoral de las encuestas. Llevando a muchas personas que se habían "ilusionado mucho" a decir "mientras os decidís me quedo en casa".
Hecha la autocrítica, Errejón mostró su confianza en la fórmula para revertir la situación. Pidió superar la crisis con "certezas", generando "confianza" en amplios sectores populares y movilizando "a los de abajo" con el mensaje de que encarnan una "posibilidad de transformación". Y no insistiendo sólo en que PP o Ciudadanos "son muy malos". 
Porque de lo contrario, no puede descartarse que la "desmoralización" pueda continuar. Y eso pasa por adoptar su discurso por el cambio de los "vientos económicos". "No podemos mantener el mismo discurso de 2014", dijo. "A nosotros como fuerza transformadora no nos toca hacer un discurso catastrofista".
Por su parte, Iglesias hizo un discurso más agitador durante el mitin de cierre de jornadas. Animando al partido para la cita electoral de 2019 para sentar las bases de las elecciones generales del año siguiente. Para ello, estableció como reto de Podemos "mantener" los ayuntamientos gobernados por Podemos y "extender el ejemplo" en otros, así como avanzar en las comunidades autónomas, especialmente, la de Madrid. Donde Podemos fía sus opciones de recuperar la moral y volver a creer.

El IRPF cumple 40 años: así ha evolucionado el impuesto que cambió España


MADRID.- Este año se cumple el 40 aniversario de la aprobación por las Cortes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que se ha convertido en el tributo más relevante del sistema fiscal español. El IRPF fue una consecuencia de los Pactos de la Moncloa de 1977, que en el ámbito tributario perseguían modernizar un sistema fiscal anacrónico e ineficiente, según Cinco Días

Con la perspectiva de 40 años, se puede calibrar la relevancia de la aprobación del IRPF. En su momento recibió una atención mediática discreta y mucho menor que el decreto de medidas urgentes de reforma fiscal de 1977, que en mitad de una grave crisis económica y de un descomunal déficit público, introdujo el impuesto sobre el patrimonio, reguló por primera vez el delito fiscal y aprobó una amnistía tributaria, que también entonces se llamó eufemísticamente regularización voluntaria.
Antes de la aprobación del IRPF ya existía un impuesto llamado popularmente impuesto sobre la renta. Su nombre oficial era impuesto general sobre las personas físicas, que en opinión del ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, ni era un impuesto, ni era general ni era sobre la renta. 
“No es un impuesto, sino una suma de impuestos; no es general, sino discriminatorio; y no es sobre la renta porque carece incluso de un concepto fiscal económico moderno de renta”, dijo durante la tramitación parlamentaria del nuevo tributo. El antecesor directo del IRPF incluía en sí los llamados impuestos de producto o reales. La aprobación del actual IRPF también supuso convertir en tributos locales la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria y la Contribución Urbana, que son el origen del IBI actual. Por eso muchos mayores aún hablan de pagar la contribución cuando les toca abonar el IBI.
El primer IRPF tenía 28 tramos y tipos impositivos que iban del 15% al 65,5%. En esa época eran habituales los tipos máximos nominales elevados. Tenía la obligación de realizar la declaración todo aquel que obtuviera ingresos superiores a 300.000 pesetas. Aunque era un impuesto sobre las personas físicas, el tributo se configuraba como un gravamen que recaía en la unidad familiar, lo que años más tarde originó la primera gran reforma del tributo.
A partir de 1978, Hacienda lanzó una campaña de concienciación fiscal. De nada servía haber modernizado un impuesto si los contribuyentes escapaban de él. Fue en esos años en los que salió la campaña “Hacienda somos todos”. En concreto, el lema completo era “Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos”.
Personajes populares de la época como Bárbara Rey protagonizaron anuncios en televisión. El objetivo era crear algo parecido a una conciencia fiscal en un país “de listos, duchos en la chapuza, la improvisación y la picaresca”. 
La definición corresponde a Gonzalo Torrente Ballester, que también realizó en 1979 un anuncio de televisión animando a los españoles a declarar. Que Hacienda ahora iba en serio, Lola Flores lo empezó a comprender demasiado tarde. La folclórica no presentó la declaración del IRPF de los años 1982 a 1985, ambos incluidos y tenía la obligación de hacerlo. El fiscal llegó a pedir seis años de cárcel para Flores y fue el primer caso mediático en el que un famoso se veía en apuros por un fraude fiscal. Luego vendrían muchos más. Era el ejemplo de que algo empezaba a cambiar.
El IRPF nació con tal afán de transparencia que el Gobierno aprobó en 1978 la publicación de los datos de contribuyentes. Las llamadas “listas” se colgaban en las sedes de Hacienda y cualquier español podía bucear en los inmensos tomos para conocer con nombres y apellidos las declaraciones de sus conciudadanos. 
Las listas se publicaron en 1979 y 1980. Esta práctica se suprimió en 1981, después de que ETA secuestrara al empresario Luis Suñer, que aparecía como el español con más ingresos en la lista inaugural que publicó Hacienda en 1979.
La primera gran reforma del impuesto se produjo en 1991 y fue consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó partes esenciales del tributo. En concreto, los 12 magistrados por unanimidad aseguraron que los matrimonios tenían derecho a realizar la declaración de forma individual, algo que el tributo no contemplaba. Además, la obligación de declarar de forma conjunta violaba la “intimidad económica conyugal”.
 Así, el impuesto hizo honor a su nombre y a partir de la reforma se puso el foco en la persona física y no en la familia. Aun así, se dejó la opción de la tributación conjunta, que aún hoy se mantiene y que resulta interesante en aquellos casos en los que solo un miembro de la pareja trabaja.
Uno de los cambios más evidentes a lo largo del tiempo en el IRPF es la reducción de la tarifa y de los tramos. En 1978, el impuesto contaba con 28 escalones, en 1991 ya eran 17 y en 2001 se limitaban a cinco, los mismos que en la actualidad.
A pesar de que el impuesto ha sufrido multitud de reformas, la recaudación ha mostrado una cierta estabilidad. En 1978, primer año con el nuevo tributo, la recaudación se situó en torno al 4% del PIB. En 1989 superó el límite del 7% y, desde entonces, se ha movido en torno a este nivel. 
El récord de recaudación se logró en 1992, cuando el IRPF aportó a las arcas públicas el equivalente al 7,9% del PIB. El año pasado, la recaudación superó los 85.000 millones, el máximo histórico en términos nominales y representa el 7,4% del PIB.
Actualmente, el 50% de la recaudación del IRPF va para las comunidades autónomas, que han ido ganando capacidad de actuación. Cataluña ha desarrollado un papel fundamental en este proceso. 
El Gobierno de Jordi Pujol arrancó de Felipe González la cesión del 15% del impuesto, porcentaje que fue aumentando en negociaciones sucesivas hasta alcanzar el actual 50%. Los Gobiernos autonómicos tienen hoy competencia para modificar los tramos y tarifas en la mitad del impuesto. 
La estructura del IRPF es distinta en cada comunidad autónoma y las diferencias ya son relevantes. Cataluña, Andalucía, Aragón o Murcia son las comunidades que mantienen un impuesto por encima de la media en prácticamente todos los tramos. 
En cambio, Madrid y en menor medida las dos Castillas sobresalen por aplicar la menor presión fiscal en España sobre las rentas del trabajo.Un asalariado con una nómina anual de 25.000 euros brutos paga 3.745 euros por IRPF en Cataluña, un 6,9% más que en Madrid.
La evolución de la declaración de la renta en estos 40 años refleja el avance de la tecnología. Los españoles han pasado de hacer cola para comprar un impreso para presentar la declaración a poder realizar este trámite desde un teléfono móvil. 
En 1979, el primer año en el que se declaró el nuevo Impuesto sobre la Renta, el Colegio de Gestores solicitó una ampliación del plazo de presentación ante la falta de impresos. Los formularios se agotaron en los estancos en Barcelona, obligando a los contribuyentes a acudir a la Delegación de Hacienda, donde también se podían adquirir los impresos. Ello generó largas colas que tuvieron su reflejo en la prensa de la época.
En la campaña de renta de 2017 que empezó el pasado miércoles, la principal novedad es la puesta en marcha de una aplicación móvil que permite que los contribuyentes puedan descargarse sus datos fiscales y presentar la declaración a través del teléfono.
Hacienda espera recibir casi 20 millones de declaraciones de la renta. En 1980, gestionó 5,7 millones. Los impresos, que se adquirían en los estancos, costaban 35 pesetas y se rellenaban principalmente a mano. Hoy, los formularios se descargan por internet y desde 2014 está prohibido presentar la declaración a boli. 35.000 contribuyentes aún rellenaban los formularios a mano cuando se vetó definitivamente esta posibilidad.

El Gobierno vuelve a aplazar que la mili compute para cobrar la pensión

MADRID.- El Gobierno ha vuelto a aplazar la elaboración de una norma que contemple que el tiempo dedicado a la mili o la prestación social sustitutoria compute como vida laboral para cobrar la pensión, una decisión que ha suscitado las críticas de los partidos políticos que exigen que se cumpla la Ley.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 vuelve a aplazar por quinto año consecutivo la elaboración de un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconozca la interrupción de la vida laboral ocasionada por el tiempo destinado al servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria. 
En concreto, suspende de nuevo la aplicación de la disposición adicional vigésima octava que incorporó la reforma de las pensiones socialista de 2011.
Este mandato establecía que el Gobierno debía presentar en el plazo de un año un proyecto de Ley para establecer un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconociera ese periodo de tiempo que retrasó o interrumpió las carreras de cotización de esos trabajadores.
Sin embargo, el actual Gobierno aplazó su aplicación ya en los presupuestos de 2014, alegando que no estaban concluidos los estudios previos necesarios e «imprescindibles» antes de la adoptar una medida «que podría afectar de manera notable al equilibrio financiero del sistema».
Esta medida podría afectar a los hombres nacidos entre 1954 y 1983 que realizaron el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, ya que ambas se suspendieron en 2001. 
A falta de datos oficiales de posibles afectados, al último reemplazo de la mili del año 2001 se presentaron algo más de 90.000 jóvenes, si bien este dato osciló cada año en función de la demografía a lo largo de los más de 200 años de servicio militar obligatorio.
Los grupos parlamentarios de la oposición han exigido al Gobierno que deje de aplazar vía Presupuestos la elaboración de la normativa que permitiría a estas personas incrementar sus años cotizados.
El portavoz de Empleo del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, ha criticado que el Gobierno perjudique así a miles de ciudadanos que podrían verse beneficiados en su jubilación, sobre todo, después de que la crisis económica haya perjudicado sus cotizaciones y «muchos tengan dificultades para llegar a la pensión mínima».
El portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha considerado que «el Gobierno no puede incumplir durante más tiempo el mandato de una Ley».
Actualmente sí existe la posibilidad de computar el tiempo destinado a la mili o servicio sustitutorio en el caso de no alcanzar el periodo mínimo de años cotizados exigido para poder acceder a la jubilación anticipada o a la parcial. 
En este sentido, el grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición no de Ley para que las mujeres que cumplieron el servicio social femenino vinculado a la Falange Española igualen sus derechos con los hombres que hicieron la mili, al menos, a efectos de acceder a la jubilación parcial o anticipada.

Encontrar una vivienda de alquiler se ha convertido en una odisea para cualquier ciudadano, incluso más si eres joven

MADRID.- Ya no se ven carteles de alquiler por las calles. España ha dejado atrás el negro y naranja que constituía el pistoletazo de salida de una nueva etapa para cualquier ciudadano común. Todo funciona por vía internet y, en un mercado inmobiliario en el que la demanda supera con creces la oferta de vivienda de alquiler, encontrar un techo bajo el que vivir se ha vuelto una pesadilla. Ya no sólo por el precio, sino porque la competencia es tal que es necesario pasar castings para acceder. Como para protagonizar una película. Concretamente, la de tu vida, ha constatado El Español.

El escenario es agresivo para casi cualquier persona, pero se vuelve dantesco para los jóvenes. Ya seas estudiante, debutante en el mercado laboral o simplemente alguien con ganas de ser independiente, vivir en una de las grandes ciudades españolas se convierte en una carrera “con una competencia brutal”. Lo certifica Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.
Los bajos salarios, la inestabilidad del empleo joven y la reclamada movilidad laboral que ansía un mercado que prefiere a trabajadores formados más allá de su ciudad natal abocan a los jóvenes al alquiler como única opción. Y, en muchos casos, se afronta la búsqueda con una ilusión que acaba destrozada en mil pedazos frente a la realidad. Una caza con miles de miras puestas en el mismo objetivo. Porque en España cada día hay más gente que quiere -o a la que no le queda más remedio- que vivir de alquiler.
El delirio no tiene visos de acabarse. Según datos de Fotocasa, el precio medio del alquiler no deja de crecer desde mediados de 2015. A principios de año se situaba en los 8,15€/metro cuadrado. No se alcanzaban esas cifras desde el año 2010. Y, aunque todos los expertos consultados por El Español consideran que el precio comienza a tocar techo en las grandes ciudades, el alza es una tendencia nacional. Sin embargo, el economista y director general de Civislend -una plataforma de inversión en activos inmobiliarios-, Manuel Gandarias, considera que será menos extrapolable a municipios con poca competencia turística. Detrás de Barcelona y Madrid, las siguientes ciudades en continuar esta estela, probablemente, sean Valencia y Málaga.
Un propietario puede permitirse poner todas las barreras del mundo y sobrepasar ciertos límites en cuanto a arrendar el inmueble es por el boom que vive el sector. “El alquiler en los últimos 20 años era marginal. Representaba menos del 9% en las grandes ciudades, que es el escenario por donde se mueve el alquiler. En ese momento, más del 90% de los españoles vivían en propiedad. Para el alquiler había poco producto y precios altos”, indica Fernando Encinar. Ese paradigma ya ha cambiado radicalmente. “Tras la crisis y los cambios legislativos de Zapatero y Rajoy, en las grandes ciudades el alquiler representa el 25% del parque de viviendas”.
Para Encinar, la respuesta es bastante taxativa: hay un boom. “Si entendemos boom como mercado que ha crecido en oferta, demanda e interés. Burbuja no, porque es en activos de los que eres dueño, técnicamente. Es cuando hay personas que compran activo solo por el hecho de que creen que van a poder venderlo por encima. No hay burbuja por rentabilidades, que es lo que busca un propietario que pone su vivienda en alquiler, es un oxímoron”.
El experto relata que, en la actualidad, los inversores compran casas a tocateja, sin financiación, para dedicarlas al alquiler. Así, en un hipotético escenario de bajada brutal del precio del alquiler, un hipotético estallido de la burbuja, “no habría exposición bancaria, no habría contagio sistémico. Seguiríamos viviendo igual. El propietario bajaría su rentabilidad, pero sería un problema financiero del propietario. En caso de que se diera ese hipotético en una hipotética burbuja, no tendría impacto sistémico”. 
“Está afectando a aquellas personas que dicen sentirse expulsados cuando hace cinco años fueron expulsadores. Pudo pagar más y el inquilino que vivía antes se tuvo que ir. En Madrid no se puede hablar de que me expulsan del centro como si me mandaran al abismo”, afirma el responsable de estudios de Idealista.
El fuerte incremento de precios en los arrendamientos tiene varios factores a tener en cuenta. Primero, la imposibilidad de la compra para muchos bolsillos. Segundo, el interés de los inversores por la compra de vivienda para ponerla en alquiler por las altas rentabilidades. También la pérdida de poder adquisitivo. Además, ahora los inmuebles que salen al mercado lo hacen en condiciones radicalmente distintas que en anteriores ocasiones.
Otro factor es que, como reflejan diferentes estudios de Fotocasa, se está produciendo un cambio de mentalidad de los españoles a favor del alquiler: ya solo 2 de cada 10 españoles creen firmemente que arrendar suponga perder dinero y 4 de cada 10 considera que se está produciendo un cambio de tendencia y cada vez se alquilará más y se comprará menos.

Los ejemplos con los que denuncian "manipulación permanente y obscena" en CMM

TOLEDO.- Los representantes del PP en el Consejo de Administración de la televisión pública de Castilla-La Mancha (CMM) han denunciado el comportamiento "indecente" de la dirección de los Servicios Informativos de la cadena pública por la, a su juicio, "manipulación permanente y obscena" de las noticias de los informativos.

En este sentido han indicado que, en la reunión celebrada el pasado martes, la consejera popular María Carmen Martín expuso varios casos y leyó varias notas de prensa de los sindicatos representativos de CMM en relación al escándalo de la sentencia condenatoria al Gobierno de García-Page por el caso de los veterinarios, del que la televisión pública "decidió no informar".
La consejera 'popular' aludió también a la "manipulación sanitaria" y, en este sentido, reprochó que "se siguen sin contar temas de innegable interés", como que "hay 37.000 personas que se quejan de la sanidad regional, que no se cuenta el incremento en la deriva de pacientes a la Sanidad privada y tampoco que hay 15.000 personas más con un seguro privado que cuando gobernaba el PP".
En materia económica, "la manipulación es igual o peor", según el PP, que recordó que, siendo el 26 de marzo la noticia económica del día el incumplimiento del déficit por parte del Gobierno regional, se contó "en apenas 20 segundos, ofreciéndose únicamente la versión del Gobierno de Page que justifica el déficit echando la culpa a la Universidad".
En otro orden de cosas, los consejeros del PP recordaron el "ridículo" de Carmen Amores cuando en su intervención ante la Comisión de Control de CMM en las Cortes regionales dijo que sufría la "brecha salarial" respecto de su predecesor en el cargo, al cobrar 105.000 euros al año frente a los 120.000 que cobraba Nacho Villa, mientras "se le olvidó comentar que el anterior director, García Candau, nombrado por el PSOE, cobraba 150.000 euros.
Por su parte, el portavoz de los consejeros socialistas en el Consejo de Administración de Castilla-La Mancha Media (CMM), Patrocinio Gómez, ha respondido a la denuncia del PP que "precisamente ahora, son los criterios de objetividad, pluralidad y actualidad los que rigen, cuando con el PP y Nacho Villa era la manipulación más descarada".
Para Gómez, "las manifestaciones de los representantes del Partido Popular en el Consejo de Administración de CMM dejan en evidencia, más si cabe, la patética y hasta negligente labor de Nacho Villa, que seguía los dictados del PP de Cospedal y de su Gobierno obviando y no haciéndose eco, por ejemplo, de las manifestaciones de protesta que le hacían los castellano-manchegos por sus recortes".
Añade, además, que "prueba del buen trabajo y de la profesionalidad de la plantilla del Ente son los excelentes datos de audiencia que obtienen los informativos, así como la consolidación de la cadena entre el público castellano-manchego". 
Otra muestra del cambio de rumbo en CMM desde que llegó Carmen Amores, según el PSOE, es que "ahora recibe premios y aumenta las audiencias, frente a lo que ocurría durante la legislatura anterior, cuando sólo recibía fuertes críticas y varapalos judiciales”.

El Júcar trasvasa agua en plena sequía a Castilla-La Mancha mientras se la niega a Alicante

ALICANTE.- El Ministerio de Agricultura, el mismo que acaba de autorizar la reapertura del trasvase Tajo-Segura tras once meses cerrado para Alicante y Murcia, sí envió durante el año hidrológico 2016-2017 un total de 47,7 hm3 de agua del Júcar, desde el embalse de Alarcón a Albacete y los regadíos de Castilla-La Mancha, por la infraestructura que, sin embargo, mantenía cerrada para la provincia en los meses más duros de la sequía (de octubre a octubre), revela hoy el diario Información

En concreto, del embalse de Alarcón salieron 13,4 hm3; para garantizar el abastecimiento de la población en Albacete y 34,3 hm3; para los regadíos de Castilla-La Mancha, básicamente cereales cuya producción está, además, subvencionada por la Comisión Europea.
Los datos figuran en un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la utilización de los recursos hídricos con fecha del pasado lunes, 2 de abril. Una actuación legal porque parte de Castilla-La Mancha es territorio cubierto hídricamente por la Confederación del Júcar, lo mismo que la Comunidad Valenciana. 
La misma confederación que, sin embargo, no tenía en las mismas fechas agua en el embalse de Alarcón para enviar a Alicante tal como le viene reclamando la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, tres años ya sin el convenio regulador.
Mientras, la principal alternativa a la sequía en los últimos once meses para la provincia de Alicante ha sido consumir agua desalada a 0,73 euros el metro cúbico (0,12 euros la del trasvase) de la planta de Torrevieja hasta que, incluso, el caudal se cortó para destinarlo todo al abastecimiento urbano. Mientras, en Castilla-La Mancha sigue regándose sin problemas.
El envío de los 47,7 hm3 de agua por la infraestructura del trasvase Tajo-Segura del Júcar a Castilla-La Mancha desde el embalse de Alarcón se produjo entre el 29 de octubre de 2016 y el 2 de octubre de 2017, y sigue este año, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. 
En mayo de ese año el Ministerio cerró el trasvase Tajo-Segura para Alicante aplicando la ley, pero por parte de la infraestructura siguió circulando agua para el abastecimiento y regadío en Castilla-La Mancha.
Todo en un periodo de tiempo en el que ni el Consell ni el PP -Compromís y Podemos son abiertamente antitrasvasistas- movieron un dedo para forzar a la Confederación del Júcar a contemplar la opción del embalse de Alarcón tal como pedían los agricultores.
El pasado 26 de marzo, representantes de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó volvieron a reclamar a la ministra Isabel García Tejerina, en una reunión celebrada en IFA, que el trasvase Júcar-Vinalopó debe contemplar, además de los caudales de la desaladora de Mutxamel, 30 hm3; de agua de calidad de Alarcón para el abastecimiento de los municipios de l'Alacantí y el Vinalopó. 
En la reunión estaban César Sánchez, presidente de la Diputación; e Isabel Bonig, presidenta regional del PP en la Comunidad Valenciana. El convenio sigue sin concretarse, lo que ratifica el ninguneo que sufre el PP de sus compañeros en Madrid.
El Instituto Universitario de Geografía de la UA ha advertido en reiteradas ocasiones (la última observación se la trasladó en persona por el catedrático Antonio Gil Olcina a la ministra Isabel García Tejerina hace dos semanas), que el auténtico problema del río Júcar no es que se tengan que trasvasar 80 hm3; todos los años a la provincia de Alicante con agua de cuestionable calidad captada en la desembocadura (Azud de la Marquesa). 
El problema de esta arteria fluvial es, según el catedrático, el acuífero 23 de la Mancha Oriental, sobreexplotado, del que en Castilla-La Mancha se extraen todos los años mas de 400 hm3; cuando sólo se disponen, como máximo, de 300 hm3; al año. Una comunidad con déficit hídrico por la pésima administración del río Tajo, pero donde en los últimos años ha ido creciendo la superficie de regadío hasta las cien mil hectáreas, según los datos que maneja el Instituto.
Además de los recursos subterráneos, el Júcar les trasvasa también todos los años agua de calidad y mucho más barata que la de la Marquesa, que debe salvar una elevación de casi 800 metros, algo que dispara los costes energéticos, y cuyo caudal está sometido ahora, además, a una investigación de Fiscalía de Valencia tras una denuncia, por contaminación, de los colectivos ecologistas.

La opción Mutxamel

Pese a todo y pese a la inminente reapertura del Tajo-Segura, los regantes que reciben agua del trasvase Tajo-Segura siguen esperando, por otro lado, la respuesta del Ministerio de Agricultura a su petición de que incorpore la desaladora de Mutxamel (parada tras una inversión de 93 millones de euros) al conjunto de medidas puestas en marcha para tratar de mitigar los graves efectos que está provocando la sequía en el sector agrícola de Alicante.
La desaladora de Mutxamel se encuentra inmersa en un entramado legal complicado ya que forma parte de la «solución trasvase Júcar-Vinalopó», y permanece parada porque no se ha firmado el convenio que debe regular los usos del agua relativos al trasvase. Se han cumplido dos años desde que comenzó la negociación para un convenio que sigue sin concretarse, pese a que últimamente parece que se han producido ligeros avances.
La capacidad de producción de la planta es de 18 hm3 al año y hasta ahora sólo se ha recurrido a ella en una ocasión, hace dos años, cuando hubo que enviar 5 hm3 a Benidorm para evitar cortes de agua. Una planta que parece maldita desde que también perdiera protagonismo al anularse el Plan Rabasa. De hecho, la infraestructura era clave para abastecer a los 45.000 nuevos vecinos de ese macroproyecto urbanístico que acabó en fiasco. Hoy, los agricultores necesitan sacarle partido.