MADRID.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso
aprobará y enviará previsiblemente este miércoles al Senado el proyecto
de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, dada la mayoría
absoluta del PP en el arco parlamentario, que entre otros aspectos
centraliza las competencias hidráulicas en materia sancionadora, así
como regular las aguas subterráneas.
Fue a finales de abril cuando el Consejo de Ministros aprobó el
decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, ante "el
desorden legal" existente en la normativa española. Ya en mayo, el Grupo
'Popular' en el Congreso accedió a tramitar la norma como proyecto de
ley, para poder incluir las aportaciones y "mejoras" de los grupos
parlamentarios en el texto del Gobierno.
Entre otros puntos, esta ley modificará cuatro leyes vigentes: la
Ley de Aguas; la de Patrimonio Natural y la Biodiversidad; de Residuos y
suelos contaminados; así como la Ley del Mercado de Valores.
En materia de Aguas, el Estado recupera la competencia
sancionadora (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas
de las cuencas intercomunitarias.
En prevención de que pudiera producirse una situación de sequía, y
sin perjuicio de las decisiones que en este contexto deban tomarse, la
presente ley se adelanta e introduce una serie de medidas que pretenden
conseguir un uso más adecuado del agua, a través de una gestión eficaz y
coordinada en la que se preserve como principio fundamental el de
unidad de gestión de cuenca.
Además, con la finalidad de racionalizar la gestión y el uso del
agua, en línea con directivas europeas, se regulan las masas de agua
subterránea y el buen estado de las mismas para "reaccionar con rapidez
ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas,
así como una mayor flexibilidad para gestionar disponibilidades de agua
en las masas que cuenten con un plan de actuación.
Igualmente, esta ley incorpora medidas que incentivan, como
mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de
aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el
objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios
meteorológicos e hidrológicos desfavorables.
Asimismo, también incorpora una disposición específica para la
cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto
Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero
y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas
derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas,
tendente a la recuperación de acuíferos.
En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la
Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende
coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen
sobre una misma hectárea. En concreto, simplifica el régimen de
calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a
la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios "tengan claras" las
limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
En materia de residuos, cambia el sistema de notificaciones de
traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este
transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un
permiso notificado de cada una de ellas.
Referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR),
se precisa el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar
"imprecisiones, incoherencias e interpretaciones".
Finalmente, esta ley incorpora la normativa europea y modifica así
la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a
participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el
protocolo de Kyoto, según explica la norma.
Según los cálculos del Gobierno recogidos en la memoria aneja al
decreto ley, España podría
ingresar de 1.010 a 1.515 millones de euros anuales por participar en
las subastas mundiales de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
Es más, especifica que tales modificaciones consisten en someter
al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los
productos no financieros, como los contratos de contado a dos días, de
las subastas de derechos de emisión, que comenzarán en el segundo
semestre de este año, al mismo tiempo que otorga a la CNMV regular la
competencia sancionadora en la materia.
A modo global, el Ejecutivo detalla que, desde el punto de vista
de los Presupuestos, el decreto en sí implica un ingreso y a la vez una
reducción de las cargas administrativas. "No suponen un incremento de
gastos y sí se espera una aportación de beneficios directos, si bien no
es posible cuantificar los mismos", puntualiza.
