TOLEDO.- Los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han pedido dejar de depender de la Consejería de Agricultura de la Junta, que dirige el consejero Francisco Martínez Arroyo, ante el "abandono" que aseguran sufrir por parte de este departamento en cuanto a sus reivindicaciones de más medios materiales y humanos y más "seguridad" personal ante el creciente número de agresiones.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa en Toledo el
presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales
(APAM) de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Martín, que
ha precisado que este cuerpo, que "ostenta la condición de agente de la
autoridad y de policía medioambiental", ha pedido pasar a depender de la
Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular es el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina.
Martín ha explicado que este cambio de dependencia
funcional y orgánica se produce después de que solicitaran ser incluidos
en la Viceconsejería de Medio Ambiente o ser integrados en una
Dirección General propia dentro de la Consejería de Agricultura, a la
que han acusado de "desoír" todos sus planteamientos.
En este punto ha
atribuido "falta de voluntad política" tanto al actual Gobierno regional
como al anterior para cumplir con las demandas de este cuerpo, entre
las que figura una mayor dotación de medios humanos, ya que Castilla-La
Mancha es la comunidad con menos agentes por unidad de superficie, al
contar con solo 494 efectivos para 8 millones de hectáreas, ha recalcado
el responsable de APAM.
Y ha recordado el acuerdo social al que se llegó hace tiempo para llegar
hasta los 700 efectivos que se consideran necesarios para cubrir esta
superficie y que, en la práctica, no se ha cumplido.
A la falta de
medios humanos, hay que sumar la falta de medios materiales para
desempeñar sus funciones, según Martín, quien ha
afirmado que, en estos momentos, se encuentran "a merced de los
delincuentes medioambientales" ante la subida exponencial de agresiones,
concretamente 30 en los últimos cinco años.
En este punto ha reclamado más medios de defensa personal, como
chalecos antibalas y armas cortas, así como cursos de formación, por
ejemplo de judo verbal, para hacer frente a las amenazas y agresiones,
teniendo en cuenta que los agentes medioambientales son el cuerpo que
"se enfrenta a un mayor número de personas armadas", al identificar a
veces en un solo día a cien cazadores.
Unido a la falta de las medidas
para garantizar su integridad física, Martín ha
criticado la falta de seguridad jurídica ya que, en algunos juicios, se
encuentran "totalmente desamparados por la administración", al no contar
nisiquiera con un letrado que les defienda.
A estas reivindicaciones, APAM suma la discriminación que sufren en
cuanto al propio trabajo que tienen encomendado como cuerpo y no pueden
desarrollar, al no ser incluidos en los planes de inspección de Calidad
Ambiental, que velan por que no se produzcan desastres como los
incendios de Chiloeches o Seseña o los vertidos al Tajo.
"Queremos
trabajar para acabar con la inseguridad medioambiental en Castilla-La
Mancha", ha afirmado Martín, quien se ha mostrado
convencido de que muchos delitos medioambientales que se producen
actualmente no ser materializarían "si nos dejasen trabajar sobre el
terreno, del que somos los mayores conocedores", ha aseverado.
Igualmente piden ser integrados en la Sala de Emergencias del Servicio
de Urgencias 112, por lo que creen que su trabajo sería "más efectivo"
dependiendo de la Dirección General de Protección Ciudadana, que es
donde se coordinan los protocolos de emergencia, como sucede en otras
comunidades como Madrid, Murcia o Cataluña.
Por último, el presidente de
APAM ha confiado en que la solicitud de esta asociación de pasar a
depender de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se
atienda "cuanto antes" y ha anunciado que no descartan volver a
movilizarse, como ya hicieron en 2016.
No hay comentarios:
Publicar un comentario