MADRID.- El Pleno del Senado ha aprobado este
miércoles la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que
flexibiliza la gestión de las cadenas de televisión públicas autonómicas
y abre la puerta a la entrada de empresas privadas en estos canales.
La reforma, que fue enviada por el Gobierno por el trámite de
urgencia, ha sido aprobada por el Pleno del Senado con 157 votos a favor
del PP y UPN, 86 votos en contra del resto de grupos y la abstención de
5 senadores. Asimismo, el PP ha hecho valer su mayoría para rechazar
los tres vetos y 87 enmiendas que quedaban vivas del resto de grupos.
La Ley, que modifica la aprobada por el anterior Ejecutivo en
2010, permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus
televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si
quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa
privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit
porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".
Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La
Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen
de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno
para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus
televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen 'de
facto' algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas
privadas.
El senador del PSOE Andrés Gil García ha criticado la reforma
porque "no es neutral" en cuanto a los modelos de gestión de las
televisiones autonómicas, sino que "favorece la gestión privada", y
"busca un claro ventajismo político" para el PP mediante la
privatización de los servicios informativos y su entrega a empresas
"afines".
En este sentido, ha indicado que la reforma tiene un "propósito
oculto", que es el "control de los informativos igual que ya han
empezado a hacer con RTVE". Asimismo, ha señalado que la reforma "es una
clara intromisión de las competencias" al imponer a las comunidades
"obligaciones muy concretas y exhaustivas" sobre objetivos de déficit.
"Usted con esta ley dan un paso más en el recorte de derechos de los
ciudadanos", ha espetado a los senadores del PP.
A estas críticas ha respondido el senador del PP Alejandro
Muñoz-Alonso, quien ha asegurado que la reforma no "limita" las
competencias de las comunidades "sino que las amplía", al permitir que
cada una elija qué modelo quiere para gestionar su cadena autonómica. En
este sentido, ha asegurado que la ley, que ha calificado de "limitada y
mesurada", no busca la "centralización" sino que crea un "paisaje
audiovisual mucho menos monocorde y mucho más variado".
Además, ha instado al senador socialista a "no ver fantasmas donde
por supuesto nos los hay" y ha asegurado que, en contra de lo afirmado
por él, la reforma servirá para eliminar la "servidumbre" de las cadenas
autonómicas "respecto de los gobiernos".
"A nosotros no nos da miedo la
libertad, ni la nuestra ni la de los demás", ha enfatizado el senador
'popular', quien ha señalado que "el carácter público de un medio no
garantiza ni una mayor objetividad ni una mayor neutralidad".
Asimismo, el senador 'popular' ha señalado que el conjunto de las
televisiones públicas autonómicas costaron 1.750 millones de euros en el
año 2010, "mucho más de lo que supuso el recorte de las pensiones ese
mismo año", de los cuales 1.510 millones vinieron de subvenciones, lo
que ha considerado un "despilfarro" en época de crisis. Del mismo modo,
ha sostenido que las plantillas de estas cadenas están
"sobredimensionadas", con 7.260 personas empleadas.
Mientras, el portavoz de Entesa del Progrès de Catalunya y senador
por el PSC, José Montilla, ha tachado de "innecesaria y superflua" la
reforma y ha acusado al Gobierno de utilizar "la excusa de la crisis y
la austeridad" con "el objetivo romper el modelo público de televisión" y
entregar las cadenas autonómicas a empresas privadas, que buscarán
"hacer negocio" mediante la "precarización laboral".
También el senador de ICV, Jordi Guillot, ha criticado la reforma
porque "no resuelve ninguno de los grandes problemas vigentes en el
sector audiovisual" e "invade la competencia" de las comunidades
autónomas. Además, ha calificado de "preocupante" la externalización de
informativos y "alarmante" la posibilidad de que las comunidades puedan
participar en el capital privado de la empresa que se quede con la
licencia.
Igualmente contraria a la reforma se ha mostrado la senadora del
PNV Miren Leanizbarrutia, quien ha dudado que una empresa privada
atienda las necesidades de "sectores minoritarios" a los que sí atiende
una televisión pública, y el senador de CiU Ramón Alturo, quien ha
señalado que el proyecto supone una "vulneración en toda regla" de las
competencias autonómicas.
Por otro lado, el Pleno del Senado ha aprobado una enmienda,
acordada por todos los grupos, a la reforma de la Ley General de
Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las
televisiones autonómicas, para reincorporar al texto de la ley la
prohibición expresa de emitir en abierto pornografía y violencia
gratuita que se había retirado en el Congreso. Al haber introducido este
cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara Baja para su aprobación
definitiva.
La enmienda, presentada a propuesta del PSOE y acordada por todos
los grupos, vuelve a cambiar el artículo 7.2 de la Ley Audiovisual, que
ya modificó el Congreso, y establece que "está prohibida la emisión de
contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo
físico, mental o moral de los menores, y en particular, la de aquellos
programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de
género o violencia gratuita".
El senador Alejandro Muñoz-Alonso, ponente del Grupo Parlamentario
Popular en esta ley, había adelantado que su grupo iba a hacer valer su
mayoría para tumbar la enmienda, que modifica otra enmienda presentada a
propuesta de su grupo en el Congreso, y lograr así que la reforma
quedara definitivamente aprobada por el Senado.
Sin embargo, en el último momento, el PP ha aceptado la enmienda
con el objetivo de "aclarar la prohibición" y asegurar el derecho de los
menores, según ha explicado la senadora del PP Carmén Azuara, por lo
que el proyecto tendrá que volver al Congreso para que el Pleno de esta
cámara refrende o no las modificaciones introducidas por el Senado y
apruebe definitivamente la ley.
La voz de alarma la dio la Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia), a la que
luego se sumó la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que
avisaron de que la modificación no tenía nada que ver con el objetivo de
la reforma y que, sin embargo, podía implicar sanciones para España por
parte de las autoridades europeas y permitir que se interpretara que la
pornografía y la violencia gratuita estaba permitida en la televisión.
