lunes, 1 de octubre de 2018
miércoles, 18 de julio de 2018
Baleares paga el aeropuerto de Ciudad Real al empresario Rafael Gómez Arribas
MADRID.- La Comunidad Autónoma de Baleares pagará el aeropuerto de Ciudad Real. Rafael Gómez Arribas, el empresario al frente de la sociedad Cria, que se adjudicó hace más de dos años el aeródromo manchego, ha obtenido el apoyo del juez para ejecutar la adjudicación a través de una solución inédita en el complejo sistema concursal español, según revela hoy https://www.vozpopuli.com.
El magistrado, Carmelo Ordóñez,
del mercantil de Ciudad Real, ha aceptado la dación en pago consistente
en la entrega al juzgado por parte de Gómez Arribas, que figura en el listado de los mayores morosos de Hacienda
-su empresa Reformas de Pisos debe 13,5 millones- de la cesión del
derecho de cobro que tiene frente a la Comunidad Autónoma de Baleares.
Gómez
Arribas mantenía desde hace más de diez años un conflicto con Baleares
por la paralización de un desarrollo urbanístico que puso en marcha en Ibiza. A través de sus sociedades Punta de Ibiza y Mecron,
Gómez Arribas era propietario de una parcela en la isla, sobre la que
planteó y solicitó licencia para levantar un complejo residencial que
contemplaba la edificación de 244 apartamentos.
Cuando ya se estaban construyendo las viviendas, en julio de 2006, la
licencia obtenida fue suspendida. En 2009 las empresas de Gómez Arribas
reclamaron una indemnización de 85 millones de euros por los perjuicios
ocasionados por los efectos de la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de
14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial
sostenible en Islas Baleares.
A finales del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó sentencia en la que condenaba al Gobierno de la Comunidad Autónoma a pagar cerca de 80 millones de euros a las sociedades de Gómez Arribas.
La
sentencia llegó justo cuando Gómez Arribas apuraba el plazo para
entregar el dinero por la compra del aeropuerto de Ciudad Real, que se
adjudicó en una subasta organizada en abril de 2016 por el juez Carmelo
Ordóñez, quien se hizo cargo del concurso de acreedores de la empresa
que levantó el aeródromo manchego, CR Aeropuertos, a finales de 2015.
El empresario no había podido hasta entonces reunir la
cantidad debida por la adjudicación del aeropuerto, 56 millones de
euros. El pasado 19 de abril expiraba el
plazo otorgado por el juez a Gómez Arribas para que efectuara el pago,
pero este anunció que no podía hacerlo después de que un fondo británico con el que se había aliado no acudiera al acto de compra. El juez volvió a ampliar el periodo dado para completar la operación, hasta esta semana.
A
pesar de contar con la sentencia a favor de Baleares de noviembre del
pasado año, la misma debía ser confirmada para que adquiriera firmeza y
Gómez Arribas pudiera cobrarla. Hace dos semanas, el pasado 5 de julio,
se inadmitió recurso de casación contra la
decisión de la justicia balear de condenar a la comunidad autónoma al
pago a las empresas de Gómez Arribas, con lo que la sentencia ya es
firme, contra la que no cabe recurso alguno.
Gómez
Arribas propuso entonces al juez Ordóñez cumplir su compromiso de pago
del aeropuerto cediendo el derecho que tiene ahora para cobrar esa deuda
de Baleares, a lo que el magistrado ha accedido en un auto comunicado
ayer martes, poniendo fin al proceso de venta.
El juez justifica su decisión de admitir dicha dación en
pago asegurando que se trata de la mejor opción tras una labor
"extenuante" al frente del concurso del aeropuerto.
El
magistrado señala en el auto del martes que Cria, la empresa de Rafael
Gómez Arribas, es la única que hasta el momento ha ocupado la posición
de compradora, quien ha desembolsado el 5% del precio, "y quien ha
realizado mejoras, inversiones y que ha llevado a cabo una ingente labor
para la obtención de la rehabilitación de las licencias aeroportuarias y
la recuperación del espacio aéreo".
"Concluir el
proceso de venta en estos términos es sin duda altamente beneficioso,
desde luego para losintereses supremos del concurso", sostiene el juez.
La aceptación de la propuesta de Cria es una buena solución "para los
intereses generales de nuestra región, pues en poco tiempo el aeropuerto podría ya empezar a generar riqueza y puestos de trabajo, que tanto necesitamos".
El
magistrado añade que todo ello se conseguirá "a pesar de que algunos
hayan puesto todo su empeño y esfuerzo para que el proceso de venta del
aeropuerto de Ciudad Real fracasara poniendo palos en las ruedas, contaminado con su impronta inconfundible este proceso".
El juez Ordóñez se despacha contra los que considera han intentado que
fracasara el proceso para "desde la más absolutas de las inmundicias
generadas malograr y malvender la unidad por precio irrisorio y dejarlo
en manos de los querubines de la especulación".
El
juez afirma en el auto en el que da por finalizada la venta del
aeropuerto a Gómez Arribas que renunciar a la opción escogida haría
probable "que podamos volver al averno", un
escenario "que tiraría por tierra todo lo conseguido, por lo que ante
meros futuribles de cartón, consideramos que lo más beneficioso para los
intereses supremos del concurso no es sino aceptar la dación en pago y
tener por compradora definitiva a Cria (...)".
La Generalitat valenciana defiende que Castilla-La Mancha no puede modificar el trasvase Tajo-Segura
ALICANTE.- Con ánimo de no entrar en confrontación y anteponiendo el cumplimiento de la ley. Así se mostró el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, tras la última polvareda levantada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que defiende que no se destine «ni una sola gota para el regadío en el Levante» en relación al trasvase Tajo-Segura, según publica hoy el diario Información.
Para Rodríguez Mulero
no son las comunidades autónomas las que disponen de «las condiciones
para modificar una ley aprobada en las Cortes», en referencia a la norma
que regula los trasvases.
En este sentido, recordó, «son el Gobierno y
las Cortes quienes deciden qué hacer con el trasvase Tajo-Segura» y ninguno de ellos «ha manifestado nada que nos deba generar inquietud», al tiempo que
tachó las afirmaciones del día anterior hechas por el Gobierno de la
comunidad vecina de «anécdota y declaración sin fundamento».
El
secretario autonómico se pronunció así ante la prensa en el transcurso
de una reunión mantenida en Alicante con representantes del Sindicato
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.
Con un nuevo trasvase pendiente para el
mes de agosto, el secretario autonómico de Agricultura llama a la
tranquilidad de los empresarios y cree que la llegada de agua hasta
la cuenca del Segura está garantizada a corto plazo.
«La disponibilidad
de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía está en el nivel 2, que
permitió hace unos días un trasvase de 38 hectómetros. Mientras sigamos
en el nivel 2 la propia normativa permite el trasvase».
A partir de
ahí, afirma Rodríguez Mulero, «si pasamos al nivel 3 hay otro sistema
para poder trasvasar. No hay motivo para pensar que en este nivel no se
puede trasvasar». Llegado el caso de alcanzar el nivel 4, entonces, «se
tiene que cumplir lo que dice la ley».
El secretario autonómico recuerda
el «déficit estructural de agua» que sufre el sur de
la provincia de Alicante y añade que «el Gobierno valenciano tiene claro
que se debe de cubrir» y para ello «tenemos una normativa que permite,
en determinadas circunstancias y situaciones hidrológicas, trasvasar».
En este sentido, y coincidiendo con las palabras del presidente Ximo Puig, Rodríguez Mulero cree que el trasvase es «irrenunciable mientras no haya alternativas».
Por
su parte, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes
del Acueducto Tajo-Segura, lanzó también un mensaje de tranquilidad
acerca de la continuidad del trasvase.
«No hay razones para pensar que
no haya un trasvase en agosto. Estamos en nivel 2, con agua suficiente
para garantizar todos los usos de los embalses, tanto los propios de la
cuenca como los propios de abastecimiento».
El representante de los
regantes recuerda el papel que juega el trasvase a la hora de
«atemperar» el precio del agua y muestra su rechazo a depender del agua
desalada como alternativa a la del trasvase.
«Por un lado no se han
generado infraestructuras para que ese agua se pueda distribuir a lo
largo del regadío y por otro se verían incrementados los recibos en
hogares, comercios y regadíos».
Desde Asaja consideran «inaceptable» la
postura de Castilla La Mancha. La organización recuerda que esta
infraestructura es «imprescindible» para el mantenimiento de la
producción hortofrutícola de las tres provincias y que no puede
sustituirse por agua desalada, «ocho veces más cara».
El presidente de
Asaja, Eladio Aniorte, no comprende que «con una ley vigente
que prima los intereses de la cuenca cedente y que ha impedido que se
hayan podido realizar transferencias durante 11 meses, ahora tengan agua
y pretendan matarnos de sed».
Mientras,
el portavoz del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, ha defendido la
continuidad del trasvase Tajo-Segura al considerar que «el agua de
España es de las españolas y de los españoles, no es de las comunidades
autónomas».
«Tiene que regir un principio: Que el agua está para quien
más la necesita, y nosotros la necesitamos más que nadie», afirmó ayer
Mata.
El alcalde de Elche, el
socialista Carlos González, ha rechazado los planes del gobierno de
Castilla-La Mancha y ha considerado que el trasvase Tajo-Segura es
«insustituible» para la Comunidad Valenciana y el campo ilicitano.
González se ha mostrado preocupado por la posición adoptada por
Castilla-La Mancha en torno al trasvase, al considerar que se trata de
«una posición de máximos que genera incertidumbre y que nos devuelve a
un escenario marcado por la conflictividad entre territorios».
Por
último, el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, ha abogado por
abrir el debate sobre el agua en unos términos en los que se contemple
el escenario del cambio climático.
El TSJCV tumba el decreto de la Generalitat Valenciana que marginaba el uso del castellano
VALENCIA.-
La
Justicia ha tumbado los aspectos esenciales del decreto del Gobierno
valenciano que marginaba el uso del castellano en la Administración.
Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)
ha declarado la nulidad parcial del Decreto 6/2017 de la Generalitat
Valenciana que regula el uso del castellano y del valenciano en la
Administración pública autonómica, según recoge hoy Abc.
La Generalitat ya ha anunciado que estudia la presentación de un recurso ante una resolución judicial que no es firme.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma.
Esto
implica que para
que tengan eficacia en otras regiones han de ser traducidos al
castellano también cuando van dirigidos a aquellas autonomías que la
Generalitat denomina del “mismo ámbito lingüístico” que la valenciana,
es decir Cataluña y Baleares, porque el valenciano no es lengua
cooficial en las mismas.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.
Puntos de la norma que avala la Justicia
El TSJCV avala la norma del Consell en lo que afecta al resto de aspectos relacionados con las notificaciones por
cuanto, en contra de lo sostenido por el PP, sí garantiza el derecho de
los ciudadanos a elegir la lengua cooficial de las comunicaciones con
la Administración, tanto en los procedimientos iniciados de oficio como
en los iniciados a solicitud del interesado.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.
El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.
Rotulación ilegal
La sentencia también considera ilegal la regulación que hace el decreto de la Generalitat sobre el idioma a utilizar en los rótulos informativos de oficinas e instalaciones de la Administración de la Generalitat. El uso exclusivo del valenciano para las zonas valencianoparlantes y la posibilidad de emplear ambas lenguas para los territorios de predominio lingüístico castellano “no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales”, señalan los magistrados que apelan a las sentencias del Constitucional para recordar que “no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano”. “El precepto es ilegal por dos razones: no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales, con la consecuencia de que no se dispensa el mismo trato a los ciudadanos castellanohablantes que a los valencianohablantes; no se olvide que no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano, como se recuerda en las sentencias constitucionales citadas”, razonan los magistrados.El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía.
“Faltaría más”, apostillan los magistrados, que, matizan que esto “ha de
acometerse en el marco estatutario y legal conforme a la doctrina del
Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que
niegan la viabilidad jurídica de que lleve consigo proscribir el
castellano, porque ha de permitirse utilizar también esa lengua oficial y
normal en todas las administraciones públicas”.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano.
Tras recordar “la inexistencia de un deber
de conocer el valenciano”, la Sala concluye que “la previsión de que
sólo obligatoriamente hayan de redactarse en valenciano los folletos,
carteles y avisos de cáracter informativo o divulgativo en cualquier
soporte y, en general, todas las publicaciones, conculca el régimen de
cooficialidad que deriva de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y
de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”.
Establecer el valenciano entre los
requisitos de los pliegos de condiciones de los concursos públicos
carece de “cobertura legal” porque la regulación de la materia relativa a
contratos del sector público es una competencia estatal; no autonómica.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano.
Esto “supone un trato inmotivadamente desigual y en
perjuicio de los territorios de predominio lingüístico castellano sobre
los de predominio valenciano”.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas.
El hecho de que
las primeras, las comunicaciones con instituciones estatutarias, se haga
en valenciano “no merece reproche de juridicidad”; la misma
consideración es aplicable a las comunicaciones con el resto de
administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones
públicas.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
La Generalitat estudia recurrir y el PP celebra el fallo
La Generalitat estudia la posibilidad de recurrir la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de once artículos del decreto que regula el uso del valenciano en la Administración autonómica por considerar que la norma ignora la realidad plurilingüe de la Comunitat reconocida en el Estatuto de Autonomía.Un comunicado de la Conselleria de Educación, que recuerda que la sentencia no es firme, destaca que no comparte los preceptos por los que se han anulado los once artículos. A continuación precisa que el artículo 4 del decreto, que no se ha anulado, dice que el valenciano es la lengua propia de la Administración de la Generalitat y, como tal, será la lengua destacada de uso normal y general, sin que se pueda entender de esta declaración ninguna limitación respecto a la otra lengua oficial. Las referencias que se hacen al uso del valenciano en este decreto se entienden hechas en el sentido mencionado".Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.
Las antiguas cajas de ahorro han dinamitado la mitad de sus oficinas durante la crisis
MADRID.- Las cajas de
ahorros han sido las tristes protagonistas de la crisis y la
reestructuración de la banca en España. Prueba de ello es que su
número de oficinas se ha se ha reducido en un 51% desde los máximos
que sus redes alcanzaron en 2008, un recorte superior al de los
bancos ya que muchas cajas existentes entonces han desaparecido en
distintas integraciones. No obstante, su compromiso
territorial se demuestra con un 32% de las sucursales en
poblaciones con menos de 10.000 habitantes, con CaixaBank a la
cabeza, según publica hoy www.capitalmadrid.com de la mano de José Luis Marco.
Un
total de 12.789 sucursales de las antiguas cajas de ahorros han
desaparecido en la última década, lo supone un 51% menos de las
existentes en 2008 como consecuencia de la profunda crisis y la
reestructuración de todo el sector bancario. Justo en ese año, el sector
de las cajas de ahorro alcanzó la mayor dimensión de su red con más de
25.000 sucursales abiertas.
Así se desprende del anuario estadístico de 2017 difundido por la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La reducción de las
redes de estas entidades ha sido constante y ya en 2012, cuando se
agudizó la crisis y se tuvo que pedir el rescate bancario a Bruselas, el
número de oficinas de las antiguas cajas de ahorros se situó por debajo
de las 20.000 sucursales.
Algunas de las entidades adheridas a la patronal de las cajas, como
Bankia, tuvieron que acometer un drástico recorte de su red como
imposición por las ayudas públicas recibidas para su recapitalización.
En paralelo, la reducción de cajeros ha sido algo similar en términos
absolutos (12.997 menos desde 2008), aunque porcentualmente es algo
inferior (-36,52%). El parque de cajeros automáticos de las antiguas
cajas de ahorros llegó a rozar los 36.000 terminales en 2008 y las
entidades aún mantenían 22.850 al cierre del pasado ejercicio.
Exclusión financiera
La profunda reestructuración de la banca española, con mayor
incidencia en el caso de las cajas de ahorros, ha dejado algunas
poblaciones en riesgo de exclusión financiera al haberse quedado sin una
oficina bancaria en su territorio. Sin embargo, las antiguas cajas de
ahorros han mantenido en buena medida su compromiso territorial.
El número de sucursales presentes en poblaciones con menos de 10.000
habitantes asciende hasta las 3.894 al cierre de 2017, lo que supone un
31,79% del total de sus redes. Ese número es superior al existente en
municipios con mayor población y, en teoría, con un mayor potencial de
negocio.
Un claro ejemplo de ese compromiso es el de CaixaBank, como suelen
defender sus principales directivos en numerosas ocasiones. El grupo
presidido por Jordi Gual, que cuenta con una red de casi 5.000 oficinas,
está presente en 1.347 municipios con menos de 10.000 habitantes.
Ibercaja se sitúa en el segundo puesto, con presencia en 583 de este
tipo de poblaciones, lo que representa más del 50% sobre el total de su
red con 1.147 sucursales.
Coste laboral
La menor dimensión de las antiguas cajas de ahorro también se ha
visto acompañada de una importante reducción de empleo en el sector. Las
entidades pertenecientes a CECA alcanzaron el máximo de 134.867
empleados en 2008, una cifra que se ha reducido en más de 62.500 puestos
de trabajo en la última década.
Esos datos suponen un ajuste de plantilla del 46,35%, un porcentaje
muy superior al 32% que se estima como media en el conjunto del sector
bancario. Pese a todo, los supervisores insisten en una nueva vuelta de
tuerca en el proceso de reducción del exceso de capacidad instalada. Los
responsables del sector asumen que, tal vez, sea necesario un nuevo
ajuste aunque de una dimensión muy inferior al ya realizado.
Hacienda quiere reimplantar un voraz Impuesto de Sucesiones en toda España
MADRID.- El Gobierno pretende armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España. Este
tributo lo gestionan al 100% las comunidades autónomas, que deciden si
exprimen a sus ciudadanos con elevados gravámenes, como Asturias, o si
por el contrario, la presión fiscal tras la muerte de un familiar es
casi inexistente, como Madrid o Canarias, como recuerda hoy Libre Mercado.
A la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le gustan los
impuestos bajos de estas regiones. De hecho, cuando era consejera de
Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz llegó a calificar a la Comunidad de Madrid como un "paraíso fiscal". Y tras su llegada al Ministerio, Montero quiere coartar la libertad fiscal de Madrid o Canarias cuanto antes.
Según ha publicado El Economista,
Montero hará saber este jueves en el Consejo de Política Fiscal su
intención de establecer un tipo fijo de Sucesiones para todo el país.
Lo hará "después de que el nuevo Ejecutivo haya sugerido en varias
ocasiones en privado que desea dar este paso, respaldado con mayor o
menor entusiasmo por dirigentes autonómicos socialistas de la talla de
Javier Lambán, Emiliano García Page o Susana Díaz", asegura la
publicación.
La ministra buscará
consenso entre las regiones para llevar a cabo sus planes, aunque es
improbable que lo consiga. Regiones como Extremadura o Andalucía han
rebajado este año el Impuesto de Sucesiones y es probable que se pongan del lado de Madrid y Canarias en el debate.
La crisis de los interinos dinamita los primeros presupuestos de Sánchez
MADRID.-
Los primeros presupuestos con los que trabajará Pedro Sánchez están
amenazados por la nueva crisis de los interinos, que podría afectar a
más de 300.000 trabajadores en toda España. Las oposiciones masivas que
se harán públicas la próxima semana dejarán en la calle a un enorme
número de trabajadores interinos que no podrán aprobarlas, según
concluye www.economiadigital.es
Muchos de los interinos cuentan con más de tres años en sus puestos
de trabajo, lo que excede el máximo fijado por ley. Ahora, un tribunal
de Madrid ha dado la razón a un trabajador interino que reclamaba a la
Comunidad de Madrid una indemnización por despido.
El
juzgado de lo social de Madrid número 33 elevó el caso al Tribunal de
Justicia Europeo,
que ha determinado que no todos los interinos tienen derecho a ser
equiparados a un puesto fijo, pero dejó en manos de los jueces españoles
determinar si los interinos deben ser indemnizados si se quedan sin
trabajo porque otro aspirante ganó una plaza por una oferta de empleo
público.
Y el tribunal madrileño ha dado la razón al trabajador en cuanto a su
indemnización. Considera que, después de haber desempeñado un puesto de
trabajo durante más de tres años (el máximo legal para este tipo de
plazas) tiene derecho a una indemnización, que, en este caso, ha sido
fijada en algo más de 10.000 euros.
Indemnizaciones sin presupuestos
La sentencia sienta un precedente de máxima importancia (o gravedad)
para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tribunales comienzan a cuestionar
el acuerdo al que llegó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
con los sindicatos, que pactaron que los trabajadores interinos que
pierdan sus puestos porque no pueden aprobar las oposiciones, no tienen
derecho a ningún tipo de indemnización.
Por tanto, el ejecutivo anterior
no tiene previsto en los presupuestos la indemnización para unos
350.000 trabajadores afectados que podrían quedar en el paro en breve.
El nuevo ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, ha explicado a Economía Digital
que su intención es pagar a todos los trabajadores que ganen en los
tribunales la indemnización que Montoro y los sindicatos no le habían
reconocido. El ministerio asegura que el Estado cumplirá con todas las
obligaciones exigidas por sentencias adversas, aunque en este caso
pueden resultar mil millonarias.
“Nos parece una irresponsabilidad que el gobierno anterior no haya
incluido partidas presupuestarias para estos casos, pero también nos
parece que han tenido muy poca sensibilidad con trabajadores con más de
50 años que si no logran aprobar las oposiciones, quedarán en el paro
con muy pocas posibilidades de reinserción”, explica Miguel Ángel
Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas, agrupación que criticó el
pacto entre Montoro y los sindicatos.
El gobierno de Mariano Rajoy evitó la convocatoria
de ofertas públicas de empleo durante los años de crisis por las
restricciones presupuestarias. Este año, se esperan las mayores
oposiciones de los últimos años tanto en los ayuntamientos y comunidades
autónomas como en el gobierno central.
La monarquía y los gobiernos anteriores, amenazados por el “arsenal Villarejo”
MADRID.- La filtración de las grabaciones del comisario Villarejo a Corinna Zu
Sayn-Wittgenstein, en las que la alemana acusaba al rey Juan Carlos del
cobro de comisiones y de usarla como testaferro, han aumentado la
inquietud en torno al Gobierno y a la Monarquía. El Ejecutivo de Pedro
Sánchez asume que no podrá evitar nuevas “bombas” relacionadas con el
“arsenal Villarejo”, revela hoy www.elconfidencialdigital.com.
Así lo reconoce altos cargos gubernamentales, que se preparan para el peor escenario posible. “Lo de Corinna solo es el principio.
En los próximos meses se conocerán más cosas, tanto por parte de
Villarejo, como por parte de la Audiencia Nacional, que ha acumulado un
material explosivo”, dicen esas fuentes.
Una filtración en el momento clave
Las
fuentes consultadas no tienen ningún género de duda que el ex
comisario, ahora en prisión, se oculta detrás de la difusión de las
grabaciones que él mismo hizo a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein hace tres
años. Villarejo “ha elegido un momento clave para sacarlas a la luz en una coyuntura más que delicada”, afirman.
Desde el Gobierno recuerdan que el juez de refuerzo del número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, al frente de la instrucción de la llamada “operación Tándem”,
que mantiene en prisión a Villarejo, tiene que ser renovado en el cargo
este mes para poder seguir en dicho juzgado. Una circunstancia que
conocía Villarejo.
El
ex comisario “ha lanzado su nueva amenaza” con el objetivo de que la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial no renueve al
magistrado. O que, en caso de que De Egea sea ratificado, este decida
sacarle de prisión a la espera del fin de la instrucción. Una maniobra
que, sin embargo, “no va a tener efecto” pero que “es el inicio de algo
aún más preocupante”.
“Nadie puede comerse 40 ‘terabytes’”
Los
cargos gubernamentales con los que ha hablado ECD dan por hecho que el
CGPJ mantendrá a Diego de Egea en el juzgado número 6 de la Audiencia
Nacional y, por tanto, al frente de la “operación Tándem”. Y añaden que el juez está decidido a “ir hasta el final”, lo que “puede desencadenar toda una guerra”.
En
Moncloa saben que, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, Asuntos
Internos, está analizando, desde hace meses, los 40 ‘terabytes’ de
grabaciones, informes y documentación que
Villarejo ha ido guardando durante años y que fueron incautados en la
operación policial que el propio De Egea autorizó el año pasado. Se
trata de una información muy delicada y que “tarde o temprano verá la
luz”.
En ese sentido, en el Gobierno dan por hecho que el informe
que Asuntos Internos entregará al juez sobre ese material “va a ser
demoledor”. Y De Egea utilizará todas esas grabaciones para acusar a
Villarejo. Una decisión totalmente comprensible, ya que “nadie puede
comerse 40 ‘terabytes 'y no usarlos contra el acusado”, pero que puede representa “un problema muy gordo”.
Amenaza contra la Monarquía y el Estado
Las fuentes consultadas recuerdan que Villarejo “ha dedicado toda su vida a realizar grabaciones como las de Corinna”.
Por
tanto, “todas las instituciones”, empezando por la Monarquía pero
también por los gobiernos anteriores, “están amenazados”. No solo por
las nuevas filtraciones que pueda hacer el propio ex comisario, sino
porque, “más pronto que tarde”, la Audiencia Nacional hará pública gran
parte de esa documentación para proceder contra Villarejo.
Los
especialistas de Asuntos Internos de la Policía Nacional tienen hasta
el 30 de septiembre para analizar las grabaciones (sonido e imágenes) a
personalidades relevantes de la vida pública incautadas a Villarejo. Y
será entonces cuando, con el informe policial en la mano, el juez De
Egea decide si continúa con la investigación e, incluso, si se abren nuevas causas en otros juzgados competentes.
El
material, por tanto, podría distribuirse a otras dependencias
judiciales, lo que amplía, aún más, las posibilidades de su difusión. Un
escenario que inquieto al Gobierno.
Tal como se adelantó en estas páginas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya sabe que los 40 ‘terabytes 'analizados relacionan a Villarejo con cientos de políticos,
desde la Transición hasta prácticamente hoy, lo que puede provocar toda
una grave tormenta institucional en España que el Ejecutivo de Pedro
Sánchez no desea.
En ese sentido, las fuentes consultadas
reconocen que “incluso” hay información que sería positiva para sus
intereses (los del Gobierno), como por ejemplo “la demostración de que había una policía política que
se inventó la cuenta en Suiza de Trias y un informe contra Pablo
Iglesias”.
Pero “lo cierto es que nadie quiere que ahora se revuelva el
pasado de los anteriores gobiernos o de la Monarquía”.
“La Audiencia Nacional decide”
Las fuentes gubernamentales consultadas por ECD aseguran que existe interlocución directa entre Moncloa y Casa Real para
abordar éste y otros asuntos. No obstante, y pese a la gravedad de la
amenaza, “hay conciencia de que no se debe intervenir”.
El Gobierno, tal y como contamos ayer, no tiene intención de abrir una investigación contra la monarquía y Juan Carlos I. Pero tampoco puede evitar que la Justicia actúe en un proceso judicial, contra el comisario Villarejo que ya está abierto.
Por tanto, señalan desde Moncloa, “es la Audiencia Nacional la que decide” hasta dónde quiere llegar en este asunto.
En
el Ejecutivo dan por hecho que “usará los documentos” para poder acusar
al veterano policía. “La clave va a estar en qué se difunde y qué no”.
Ramón Luis Valcárcel apoya a Sáenz de Santamaría en contra de la apuesta pública de López Miras por Casado
MURCIA.-
El diputado del Parlamento europeo y expresidente de la Región de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha defendido este miércoles una lista
unitaria liderada por la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de
Santamaría. Según ha asegurado el "mejor legado" de Mariano Rajoy es un
"partido unido" y se trata de llegar al XIX Congreso del PP "con
ilusión" y no con un partido "roto" y "dividido".
"Apuesto por la unidad y una lista unitaria de consenso, donde no vayamos al congreso con un partido roto",
ha declarado Valcárcel, dos días antes de que arranque el cónclave del
PP en el que 3.083 compromisarios elegirán al sucesor de Mariano Rajoy.
Aunque ha dicho que tanto Santamaría como Pablo Casado son "dos magníficos candidatos",
ha lamentado que la reunión que mantuvieron ambos este miércoles en la
sede del PP no diera los "frutos deseados" y no se cerrase un acuerdo
para una lista de integración.
Sin embargo, ha aplaudido que la
exvicepresidenta diga que quiere seguir intentándolo hasta el último
momento.
En este punto, el
eurodiputado ha subrayado que el PP ha defendido siempre que gobierne el
más votado, en especial tras los comicios de 2015 cuando perdió muchos
ayuntamientos por los pactos de izquierda para echarle del poder.
A
su entender, eso no quiere decir que no pueda tener representación la
candidatura de Casado sino que hay que "buscar fórmulas" de integración.
Según ha añadido, el exvicesecretario de Comunicación del PP tiene la
opción de "seguir en primera línea de la política".
Tras
insistir en que es "muy necesario" el entendimiento entre los dos
candidatos, Valcárcel ha señalado que ése es el "mejor reconocimiento
que se puede hacer a Mariano Rajoy". "Estoy convencido de que Rajoy es
lo que desea", ha manifestado.
Valcálcel,
que ha saludado que Santamaría defienda "la idea de un partido de
centro reformista" que en el pasado llevó al PP "al triunfo", ha
indicado que los pasos que ha empezado a dar el socialista Pedro Sánchez
exigen que el PP esté listo para hacer una "oposición fuerte" y sea
"capaz de recuperar cuanto antes las responsabilidades de Gobierno".
Al
ser preguntado si cree que el pronunciamiento del presidente de Murcia,
Fernando López Miras a favor de Casado puede influir en el voto de los
compromisarios murcianos, Valcárcel ha admitido que aunque esas palabras
puedan "incidir en una cierta orientación", él "conoce" el PP murciano y
está formado por personas con "mucho criterio".
Por eso, se ha mostrado
convencido de que los compromisarios murcianos "no se dejarán influir" y
habrá libertad de voto.
La 'Cueva Negra' de Caravaca centra la atención de científicos internacionales como lugar clave para el estudio de la evolución humana
CARAVACA DE LA CRUZ.- En la 29ª campaña de excavación realizada en este yacimiento de Cueva Negra, con cerca de un millón de años, se ha hallado una variada industria lítica, así como numerosos restos de mamíferos. En la Cueva Negra se localizó el hacha de mano europea más antigua y la primera presencia de fuego hecho por el hombre en Europa.
Entre las numerosas acciones de investigación y divulgación del
yacimiento impulsadas por la asociación Mupantquat, se encuentra la
reciente investigación publicada por la prestigiosa revista 'Historical
Biology' y el documental rodado por Arqueomanía para La 2 de TVE
La Cueva Negra continua aportando a la comunidad científica
internacional valiosa información sobre el comportamiento de los
primeros homínidos, consolidándose como un lugar clave para el
conocimiento de la evolución humana y para el estudio de la
Paleontropología.
Así lo ha asegurado el profesor Michael Walker durante la presentación de las conclusiones de la 29ª campaña
de excavación realizada en este yacimiento caravaqueño, ubicado en la pedanía de La Encarnación, en el estrecho del río Quípar.
Con cerca de un millón de años de antigüedad, la cueva fue en su
origen frecuentada por seres humanos que dejaron huellas de su presencia
en forma de restos del fuego y un hacha de mano, siendo ambos los más
antiguos de Europa, además de otros útiles paleolíticos y abundantes
restos de fauna. Hasta la excavación de la Cueva Negra no habían sido
hallados en Europa ni restos del fuego ni tampoco un conjunto
paleolítico con un hacha de mano 'achelense' en sedimentos del
Pleistoceno Antiguo.
Entre los restos aparecidos este año, cabe destacar una variada
industria lítica, similar a la aparecida en otras campañas, que muestra
un tratamiento y procesado del material muy llamativo y avanzado para la
época tan antigua en que fue frecuentado el abrigo.
En cuanto a los
restos de fauna, aparecen numerosos restos de micromamíferos que aportan
información biocronológica, así como también restos de grandes
mamíferos de los que se pueden extraer conclusiones sobre los modos de
vida y subsistencia del ser humano de tan remota época.
"En la campaña del 2018 hemos recogido restos paleolíticos como
implementos de sílex con retoque. También han sido recuperados restos de
los animales que fueron la base de subsistencia de los cazadores y
recolectores que habitaban la cueva, desde mamíferos grandes a animales
menores", ha destacado Walker.
La cueva ha proporcionado una interesante
fauna, con notable presencia de restos de especies extintas de
rinoceronte, elefántidos (probablemente mamut), bisonte, un cérvido
gigante, gamo, corzo, caballo, caprinos, jabalí, macaco, conejo, liebre,
ardilla, erizo, pika, ratas de agua, musaraña, tortuga, lagartija,
rana, sapo, culebra, y 66 especies de aves. La identificación de 7
especies de aves acuáticas implica la cercanía de pantanos y la
presencia de bosque ribereño.
Durante los casi treinta años de investigación en la cueva, los
diversos trabajos de investigación efectuados por científicos de
renombre internacional en la cueva y elaborados posteriormente en sus
laboratorios, especialmente en Berkeley (EE.UU), han aportado resultados
asombrosos en relación con la definición cronológica del depósito
sedimentario en la cueva.
La gama de técnicas, junto con el dominio del fuego, amén del
aprovechamiento de recursos minerales y biológicos presentes, ofrece una
visión importante sobre la destreza manual, la aptitud técnica, y sobre
todo, la versatilidad cognitiva de los frecuentadores del yacimiento
hace casi un millón de años.
Estos aspectos han atraído la atención del
mundo científico en diversas publicaciones de referencia como la
prestigiosa revista internacional 'Historical Biology', así como del
divulgador Manuel Pimentel y su productora Arqueomanía, cuyo programa se
emite por La 2 de TVE, que han rodado un documental de la cueva durante
la presente campaña de excavación.
"Debido al enorme interés internacional suscitado por la antigüedad
del fuego descubierto en 2011 y de la profundidad del sedimento del
Pleistoceno Antiguo final acumulado encima, mantenemos una entusiasta
colaboración con numerosos científicos internacionales y nacionales,
algunos de los cuales han efectuado visitas personalmente, y otros
estudian en sus laboratorios muestras enviadas", según ha señalado el
profesor Michael Walker.
Entre las colaboraciones recientes, destacan
las realizadas por paleontólogos de la Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid o el
Berkeley Geochronology Center de California.
Para la realización de las campañas de excavación que se llevan a
cabo cada verano, la Asociación Murciana para el Estudio de la
Paleoantropología y el Cuaternario (MUPANTQUAT) tiene un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Universidad
de Murcia.
La Cueva Negra es idónea para la preparación científica de
alumnos y licenciados, tanto biólogos como arqueólogos y antropólogos.
Jubilación es júbilo y jubileo / Guillermo Herrera *
Jubilación proviene del latín ‘jubilare’, que significa gritar
de alegría. Pero cabe preguntarse si el jubilado "grita de
alegría" cuando deja de trabajar en todos los casos. Depende de
cada persona.
No todos los jubilados sienten júbilo al abandonar definitivamente
sus ocupaciones laborales, pero la palabra ‘trabajo’ viene de la
voz latina ‘tripalium’ que designaba cierto instrumento de
tortura. Liberarse del tormento es motivo más que suficiente para
ponerse a cantar, pues eso significa el verbo ‘iubilare’:
lanzar gritos de alegría o ‘iubili’.
Confiesa Clara Llompart que: “Cuando llegas a casa no cabes en sí
de gozo, pero a la mañana siguiente, te levantas, no tienes donde
ir, el día se te hace eterno, está vacío... ¿qué hago con tantas
horas?... y es ahí dónde te das cuenta que estás jubilada y no ves
el júbilo por ninguna parte.”
Lo siento por su vacío doña Clara, pero yo creo que la jubilación
es todo lo contrario: la oportunidad de ser uno mismo y desarrollar
al máximo su potencial humano con la ayuda de la sabiduría y la
experiencia adquirida.
La mejor manera de no aburrirse es cultivar la curiosidad, el
entusiasmo y la pasión por determinados temas. El que no
se cultiva acaba convertido en un vegetal sobre un sofá, viendo la
basura que ofrecen las cadenas de televisión. Eso sí que es
aburrido.
Una persona se jubila cuando cesa en el servicio activo de su
profesión o actividad, por haber llegado a la edad fijada y obtiene
una pensión que le permite cubrir sus necesidades básicas, al menos
en teoría.
Obviamente, es un gran júbilo cuando el trabajador se retira de un
trabajo que lo oprime, pero es todo lo contrario cuando es un trabajo
que lo enriquece. El problema es que hay pocos trabajos
enriquecedores, como no sea el de los ricachones que
hacen fortuna.
Pasamos la vida esclavizados por responsabilidades laborales y
familiares con escasos momentos de libertad y con muchas
limitaciones para expresar nuestra verdadera identidad sin que nos
perjudique en el trabajo.
Cuando te jubilas, no te liberas del todo, porque siempre queda
alguna obligación familiar, y además tenemos que cuidar el propio
cuerpo físico, pero sí lo suficiente para empezar a vivir una
vida más plena y empezar a respirar con mayor libertad.
Aunque a la mayoría de los jubilados no nos sobra el dinero,
descubrimos que hay algo más valioso e importante que es el tener
tiempo libre para lo que nos dé la gana de hacer, incluido el
dormir buenas siestas, el leer un libro o el ver una película.
Sí, hay algo más importante que el dinero, una vez que se cubren
las necesidades básicas, que es el tiempo libre y la calidad de
vida, algo que no nos puede vender ningún fabricante.
Por eso la jubilación es sinónimo de júbilo, es decir de alegría,
y de jubileo. El jubileo era una fiesta pública que celebraban los
hebreos cada cincuenta años, en la cual se devolvían las heredades
a sus antiguos dueños y los esclavos recobraban la libertad.
En la cultura judía el Jubileo tenía un carácter sabático, no se
trabajaba la tierra y se restituían posesiones. La cultura cristina
heredó el Jubileo y también es aquí un año santo (un año de
indulgencias principalmente) que se celebra cada 25 años y fue
institucionalizado en Roma desde el siglo XIV.
Pero la jubilación actual es un derecho ganado por nuestra
cotización a la Seguridad Social y por las protestas obreras a
finales de siglo XIX y principios de siglo XX en Inglaterra y
Alemania. La clase trabajadora resultante de la revolución
industrial llegaba muy maltrecha en salud, después de años de
trabajo. Por lo cual los sindicatos y defensores de la clase obrera
reclamaron en Europa un subsidio económico para hacer frente a las
necesidades de la vida cotidiana.
En cualquier caso los trabajos actuales no dañan tanto la salud como
los antiguos, nos dan la oportunidad de comenzar una nueva vida que
será fea o bonita dependiendo de lo que seamos capaces de crear,
porque no olvidemos que cada uno crea su propia realidad, su cielo
o su infierno, o su limbo de aburrimiento.
(*) Periodista
lunes, 16 de julio de 2018
La Universidad de Castilla-La Mancha convoca 44 plazas de profesores
ALBACETE.- La Universidad de Castilla-La Mancha ha abierto el plazo para la contratación de 44 profesores doctores para la realización de tareas docentes e investigadoras, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afectan al funcionamiento del servicio público de educación superior que tiene encomendado la entidad.
La resolución, publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, da un plazo de diez días hábiles para
presentar las solicitudes, que podrán tramitar las personas que tengan
el título de doctor y cuenten con la evaluación positiva de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad o de la Agencia de Calidad
Universitaria de Castilla-La Mancha.
Mediante esta convocatoria de plazas se buscan, entre otros,
profesores para las facultades de Bellas Artes y de Periodismo de
Cuenca; para las facultades de Arquitectura, de Ciencias Jurídicas y
Sociales y de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo y de Farmacia y
Derecho de Albacete. Además, también se buscan docentes para las
facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Letras en Ciudad Real, entra
otras.
La Inspección de Trabajo hará visitas nocturnas, en fin de semana y festivos, para frenar el empleo irregular
MADRID.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de
inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y
festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el borrador del Plan Director 2018-2020.
Para
llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de
Trabajo contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, según el borrador del Plan.
También continuarán los refuerzos temporales de la inspección tanto en Baleares como en Canarias
para incrementar las actuaciones de inspección durante la temporada
alta de turismo con el objetivo asegurar que la mano de obra empleada se
ajuste a las condiciones establecidas por la norma vigente.
Respecto a los 'falsos autónomos',
el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, tanto
desde el punto de vista de la planificación de actuaciones como en lo
que respecta al número de visitas de inspección. Además, desarrollará
campañas de inspección focalizadas a los sectores más afectados por este
fenómeno.
El
Gobierno pretende poner en marcha en el mes de agosto, en el marco del
Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, un plan de lucha
contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en
la contratación a tiempo parcial.
El diseño y ejecución de estos dos planes tiene "muy en cuenta" planes
similares que han tenido buenos resultados, como el realizado por el
Gobierno de las Islas Baleares.
No obstante, estas no
serán las dos únicas iniciativas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez
llevará a cabo para erradicar el empleo irregular y el fraude a la
Seguridad Social, puesto que dentro de este Plan Director se incluyen
medidas tanto inmediatas como a medio plazo.
El
objetivo del Gobierno, según el borrador del Plan, es estar más
presente en los centros de trabajo y utilizar las medidas sancionadoras y
correctivas legalmente previstas para disuadir estos comportamientos en
las empresas.
Revisión del cuadro de infracciones y sanciones
Además, el Plan pretende que las reformas de la legislación laboral
sustantiva que deriven del diálogo político y del diálogo social estén
acompañadas también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones de orden social, particularmente de las sanciones.
Esta revisión se hará con carácter general, pero con particular
intensidad y agilidad en determinados ámbitos.
Según el borrador, es
"necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal
abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio".
Así,
se apuesta por un modelo que establezca un equilibrio adecuado entre el
efecto disuasorio de la sanción y el efecto de la actuación inspectora y
porque se siga fomentando la conversión de los contratos temporales en
indefinidos.
En
general, el Gobierno cree que debe ponerse fin a la situación actual en
la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción
y solo dan lugar, en la mayoría de los casos, a la conversión de
contratos temporales en indefinidos, porque ello "puede conducir a
prácticas fraudulentas en determinadas empresas en materia de
contratación temporal y desincentivar la realización de contratos
indefinidos iniciales para cubrir necesidades permanentes de las
empresas".
Diez grandes medidas contra el fraude
El Plan Director se
articula entorno a 10 grandes medidas operativas que velan por luchar
contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos
temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los
excesos de jornadas y las horas no pagadas o por corregir los
incumplimientos en materia salarial y los derivados de la
externalización de actividades.
También apuesta por frenar la discriminación de género, sobre todo la retributiva,
y el acoso, por impulsar acciones contra la vulneración de los derechos
fundamentales de las personas trabajadoras, por reforzar la lucha
contra la economía irregular o por afrontar las nuevas modalidades de
prestación del trabajo en el ámbito digital.
El
plan también recoge medidas para regularizar la situación de los
trabajadores que se encuentren bajo la figura del "falso becario", para
reforzar las actuaciones para reducir la siniestralidad laboral y para garantizar los derechos sindicales para luchar contra la explotación laboral.
Para
hacer todo esto posible, el Ejecutivo reforzará los medios humanos y
materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así,
considera que es evidente reforzar las plantillas mediante la
realización de ofertas de empleo público para este año y los dos
próximos (2019-2020) que superen "notablemente" las realizadas hasta
ahora que "apenas han servido para cubrir la tasa de reposición".
Por
ello, el Ejecutivo incluirá un número de plazas de Inspectores y
Subinspectores que se situará por encima del 100% de la tasa de
reposición con el objetivo de permitir un incremento "neto y sostenido"
de efectivos.
Asimismo, pondrá en marcha el Organismo Estatal de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, constituirá el Consejo Rector del Organismo
Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en septiembre de
este año y el Consejo General "inmediatamente después".
El
Gobierno pretende realizar un seguimiento y evaluación del plan a través
de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión
Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Además, se realizará un seguimiento
del plan en enero de 2019, con particular atención a los resultados de
los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y la utilización
irregular de la contratación a tiempo parcial; en julio de 2019 y en
enero de 2020.
Planes de choque
El Gobierno pretende aprobar "de manera inmediata" tanto el plan de choque contra el fraude en la contratación temporal
y a tiempo parcial en colaboración con las comunidades autónomas para
actuar contra el fraude implantado tanto en estas dos contrataciones.
El
objetivo en general de estos dos planes es el de afrontar y regularizar
el fraude en estas dos materias y el de generar un efecto disuasorio
en aquellos que promueven estos tipos de fraude que producen
precarización y posibles situaciones de "explotación laboral".
Además,
supondrán un reforzamiento sustancial de las actuaciones inspectoras
entre los meses de agosto y diciembre de este año.
La inversión en infraestructuras en 2018 será la segunda más baja del siglo en España
MADRID.- La inversión pública en infraestructuras que recogen los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) de 2018 contempla un importe de 8.461,5
millones de euros, lo que representa un 13% más que los 7.483,1 millones
proyectados para 2017. A pesar de este incremento, la cifra se mantiene
en niveles mínimos. No en vano, se trata de la segunda más baja de este
siglo, dice elEconomista.
Superando la inversión en infraestructuras
de 2017, el último año en que se fijó un importe tan bajo fue en 2000,
cuando alcanzó los 7.011,8 millones de euros. En los ejercicios
posteriores la cifra creció ininterrumpidamente hasta los 21.949
millones que alcanzó en 2009. Aquel nivel representa un 159,4% más que
la previsión de 2018 (cerca de tres más).
Desde 2009, la evolución fue en decadencia
hasta 2014.
En 2015, experimentó un punto de inflexión al elevar la
cifra de 8.657,8 millones a 9.438,1 millones. Una subida que se continuó
en 2016, hasta los 9.519 millones, pero que se rompió en 2017 (con los
7.483,1 millones citados).
En la relación con el Producto Interior
Bruto (PIB), la inversión en infraestructuras para este año supone el
0,7%, una décima más que en 2017. Sin embargo, se encuentra por debajo
del 1,1% del año 2000. De hecho, se sitúa incluso por debajo los
ejercicios previos cuando en términos absolutos las cifras eran mucho
menores.
Así, la proporción osciló entre el 0,8% y el 1,1% desde 1995 a
1999, años en los que el importe se ubicó en una horquilla de entre
4.009 millones y 5.479 millones (muy alejados de los 8.462 millones
previstos para 2018).
En cualquier caso, aunque los Presupuestos
marcan la línea, la verdadera medida de la inversión en
infraestructuras la fija la ejecución. Y ésta suele distar bastante de
las proyecciones.
Como muestra, en 2017, la inversión real de los
ministerios de Fomento y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, que abarcan el grueso del presupuesto para infraestructuras
del Estado, ascendió a 5.709 millones de euros, lo que implicó 2.189
millones menos que lo previsto, es decir, un 27,7% menos, de acuerdo con
el avance de liquidación de los PGE del último curso.
De ellos, 1.891
millones corresponden al departamento que ahora dirige José Luis Ábalos y
los restantes 297 millones al liderado por Luis Planas -ahora
denominado Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-.
AVE y carreteras
De
los 8.461,5 millones presupuestaso para este año, los dos ministerios
aglutinan, a través de la gestión directa, un total de 2.834,3 millones,
lo que representa el 33,5% del total. Acoge los programas de inversión
en carreteras, transporte ferroviario, actuaciones en la costa o
infraestructuras y calidad del agua.
Los 5.627,2 millones restantes
atañen a la gestión indirecta de Adif, Adif Alta Velocidad, Enaire,
Puertos del Estado, Seittsa y Sociedades de Aguas. La evolución en los
últimos treinta años de ambos parámetros ha ido acompasada.
La inversión en líneas de alta velocidad
acapara casi la tercera parte, con 2.712,9 millones, lo que implica un
aumento de cerca de 400 millones en relación a 2017. Le sigue la partida
para carreteras (tanto obras como conservación), con 1.912,3 millones,
casi 200 millones más. Entre ambas copan el 54,6% del total.
La semana pasada, el ministro Ábalos se
comprometió en el Congreso de los Diputados a invertir más de 8.000
millones en lo queda de año para cumplir con lo recogido en los PGE,
cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se consumó a
principios de este mes. "Nuestra voluntad es que, con carácter general,
el cambio de Gobierno no afecte a los compromisos de inversión y de
contratos", aseguró el titular de Fomento en su comparecencia ante la
Comisión del ramo.
Ábalos incluso señaló que esta previsión es
conservadora y que la cifra podría ser superior, aunque quiso ser
prudente. "No quiero pillarme los dedos", afirmó.
De los más de 8.000 millones, el ministro
concretó que más de 5.000 serán en obras y los restantes 3.000 en
equipamiento, especialmente material rodante ferroviario. La intención
de Ábalos es asumir los Presupuestos del anterior Gobierno.
"Vamos a
intentar que todo funcione", subrayó. "Aunque no he hecho loas al
presupuesto, es el que tengo y tengo la obligación de gestionarlo",
incidió. "Voy a cumplir con su mandato legal y ojalá tenga posibilidades
de mejorarlo y actualizarlo", abundó.
Días atrás, el ministro se comprometió a
continuar con las inversiones previstas en el Corredor Mediterráneo.
Adif había proyectado licitar más de 2.000 millones para el presente
ejercicio, con especial incidencia en la línea entre Murcia y Almería.
La banca cobra hasta 50 euros por cancelar una transferencia
MADRID.- ¿Cuántas veces comprueba que el número de cuenta a la que realiza una
transferencia es correcto? Si no lo hace, debe saber que un error puede
costarle hasta 50 euros, aunque hay varias entidades que realizan el
trámite de forma gratuita, descubre hoy Cinco Días.
Sea cual sea el caso, lo esencial es actuar inmediatamente pues el
banco podría dar aún la opción de anular la operación de forma online a
través del apartado de histórico de transferencias.
Si esto no es
posible, hay que tener en cuenta otro factor, la hora de corte de los
bancos, es decir, la hora a partir de la cual las entidades hacen
efectivas las operaciones de la jornada, que pueden ser las 13.00 o las
17.00 horas.
Si el error se ha cometido antes de este momento, es
posible acudir al banco para que anule la operación (con o sin coste,
según la entidad) y el importe no sea transferido. Algunas entidades
también permiten realizar este trámite de forma online o por teléfono.
No obstante, hay que tener en cuenta, que en el caso de las
transferencias inmediatas –incorporadas por la banca española en el mes
de febrero–, no hay posibilidad de anular la operación una vez emitida,
ya que es completada en 10 segundos.
Si la transferencia (instantánea u ordinaria) ya ha sido ejecutada,
la operación es irrevocable, según explican desde el Banco de España,
por lo que el cliente debe solicitar a la entidad su cancelación, en un
plazo máximo de 10 días laborables.
El banco se pondrá entonces en
contacto con la entidad del beneficiario de la transacción solicitándole
la devolución del dinero, que dependerá, en algunos casos, de la
existencia de fondos en la cuenta bancaria de este.
En el caso de que el
recepto se niegue a devolver el importe recibido por error, sería
necesario acudir a la vía judicial para reclamarlo.
No obstante, el proceso y los costes varían según el tipo de
transferencia que se quiera cancelar. Desde CaixaBank explican que si es
una transferencia SEPA (emitida en euros dentro del Espacio Económico
Europeo), la operación se rige por la normativa establecida en el
Rulebook del European Payment Council que deja a decisión del banco
fijar o no una tarifa por el trámite.
Caixabank, BBVA, Ibercaja, ING y Banco Santander (para clientes de la
Cuenta 1 2 3) no cobran ninguna comisión, mientras que Bankia y Evo
Banco establecen un coste de 20 euros. Banco Sabadell lo eleva a 25
euros (también aplicables a las anulaciones), aunque la comisión más
costosa es la fijada por Deutsche Bank, que asciende a 50 euros.
Asimismo, el banco también puede establecer una tarifa diferente para
las transferencias emitidas a través del sistema Swift, es decir, para
pagos al exterior o en moneda extranjera dentro del territorio nacional.
En este caso, CaixaBank gestiona la devolución con la entidad del
beneficiario y aplica una tarifa máxima de 36 euros.
El banco del beneficiario debe contestar a la petición realizada por
la entidad del emisor en un plazo de 10 días laborables y, en algunos
casos, el reintegro del dinero puede depender de que el destinatario
tenga fondos en la cuenta bancaria.
No obstante, si el receptor no
acepta la devolución, el emisor está amparado por la ley. El Código
Penal español lo considera un delito de apropiación indebida y establece
penas de entre tres y seis meses de prisión si el importe recibido
supera los 400 euros.
Santamaría y Casado, a la caza del 20% de compromisarios dudosos
MADRID.- El papel
más preciado que tienen los candidatos entre manos estos días es la
lista de los 3.082 compromisarios que votarán al presidente nacional del
PP, con sus números de teléfono, y una pequeña casilla al lado. Están
marcados con uno de estos tres colores: verde, amarillo o rojo, según se
considere afín, dudoso o totalmente «perdido» a la candidatura
correspondiente, según Abc.
Los móviles echan humo en los equipos de Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado,
en la tarea de intentar convencer, uno a uno, a todos los delegados que
tendrán en sus manos el futuro del partido a partir de las 11 de la
mañana del próximo sábado, 21 de julio. Fuentes populares estiman que
hay unos 600 compromisarios que dudan aún de su voto y pueden decidir el
resultado.
La
manera de acercarse a los compromisario cambia mucho según las
circunstancias, pero las presiones existen, y el «trueque» de favores,
también,
según explican fuentes populares a Abc. No siempre llama el candidato.
Según la importancia, o el nivel del compromisario, el contacto lo
realizará el aspirante a la presidencia del partido o alguien de su
equipo. La conversación también varía, desde un intercambio de
impresiones sobre el proceso y una invitación al voto, hasta un regateo
en toda regla.
La pregunta más básica, nada inocente, es «¿a quién vas a votar?», pero la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas favorece el «comercio» de votos y el compromiso con una candidatura específica. Se llegan a ofrecer apoyos a cambio de un puesto en una lista electoral, pero el precio puede subir.
La pregunta más básica, nada inocente, es «¿a quién vas a votar?», pero la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas favorece el «comercio» de votos y el compromiso con una candidatura específica. Se llegan a ofrecer apoyos a cambio de un puesto en una lista electoral, pero el precio puede subir.
«A veces se puede ofrecer un paquete de
votos, por ejemplo 40 o 50, a cambio de mantener un puesto orgánico o
una candidatura electoral», aseguran fuentes consultadas, que forman
parte del cuerpo de compromisarios.
Entre
los compromisarios hay más de 500 que son miembros natos, entre
diputados, senadores, alcaldes, y dirigentes territoriales, entre otros.
El resto, hasta los 3.082, se reparten entre provincias, según el
número de afiliados (75 por ciento) y el número de votos en las últimas
elecciones (25 por ciento).
Censo «inflado»
Además, cada territorio tiene un número fijo, por lo que las comunidades con más provincias, como Andalucía o Castilla y León, salen ganando. En el caso andaluz, también le beneficia el censo de afiliados «inflado»: 169.602 militantes, de un total de 869.535, según datos del censo del PP, que todo el mundo acepta pese a que está desafasado.
Madrid,
en
cambio, solo tiene 94.607 afiliados en ese censo. No es de extrañar que
Andalucía tenga un peso decisivo en el congreso del PP, con casi un 20
por ciento de los compromisarios que votarán el próximo sábado, frente a
menos del 8 por ciento de Madrid.
Son más de 3.000 delegados, pero en las provincias se conocen todos entre ellos. No se escapa ni uno al escrutinio y al acercamiento. Los equipos de los candidatos tienen un «cuentacompromisarios», con enlaces en cada territorio, y que va poniendo cruces según los apoyos ganados, o bien, de forma más visual, se señalan con colores.
Son más de 3.000 delegados, pero en las provincias se conocen todos entre ellos. No se escapa ni uno al escrutinio y al acercamiento. Los equipos de los candidatos tienen un «cuentacompromisarios», con enlaces en cada territorio, y que va poniendo cruces según los apoyos ganados, o bien, de forma más visual, se señalan con colores.
Los «barones provinciales»
del partido tienen un poder decisivo en todo el proceso. Su influencia puede llegar a ser fundamental.
Un pronunciamiento de este cabecilla provincial puede arrastrar el voto
de todos, o una buena parte, de los compromisarios que están bajo su
control.
Pero hay provincias divididas, como ocurre con Cádiz, por ejemplo, en Málaga también, o en toda la Comunidad Valenciana. Si un candidato, o su enlace provincial, sabe que un compromisario es afín, no perderá mucho el tiempo con él. Lo intentará si sabe que un delegado, pese a ser próximo a su contrincante, podría ceder o cambiar su voto a cambio de un «favor» o una promesa para el futuro.
La realidad es que las llamadas de las candidaturas a los compromisarios se intensificarán según avance la semana, y podrían incrementarse en la noche del viernes, tras el discurso de Rajoy. Los delegados no votarán hasta la mañana siguiente. La campaña está sirviendo para que los dos aspirantes exhiban sus «fichajes» en toda España, una manera de influir sobre el voto de los compromisarios.
En los últimos días, Casado ha presumido de forma especial con el «fichaje» del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, clave en «territorio enemigo», pero también con los exministros Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido o Isabel Tejerina.
Pero hay provincias divididas, como ocurre con Cádiz, por ejemplo, en Málaga también, o en toda la Comunidad Valenciana. Si un candidato, o su enlace provincial, sabe que un compromisario es afín, no perderá mucho el tiempo con él. Lo intentará si sabe que un delegado, pese a ser próximo a su contrincante, podría ceder o cambiar su voto a cambio de un «favor» o una promesa para el futuro.
«Algo más que 600 delegados»
Fuentes del cuerpo electoral calculan que habría entre un 20 y un 25 por ciento de compromisarios que se mueven en la «duda». Serían algo más de 600 delegados. De ellos, según las fuentes consultadas, unos están dispuestos a «negociar»: «¿Qué me das a cambio de mi voto?». Y otros son los que realmente no saben lo que es mejor, o peor, para el Partido Popular. Como es lógico, a todos los interesa después que su opción tenga capacidad de ganar las elecciones, para que sus expectativas se cumplan. El estreno del PP en este sistema de doble vuelta para elegir a su presidente nacional, primero con una votación entre afiliados inscritos y luego entre un cuerpo mucho más reducido de compromisarios, ha despertado ya voces críticas internas. «Hubiese sido mucho mejor una segunda vuelta con todos los afiliados», sostienen fuentes populares. «Los compromisarios siempre son más maleables a las presiones del aparato, y los afiliados, menos», explican.La realidad es que las llamadas de las candidaturas a los compromisarios se intensificarán según avance la semana, y podrían incrementarse en la noche del viernes, tras el discurso de Rajoy. Los delegados no votarán hasta la mañana siguiente. La campaña está sirviendo para que los dos aspirantes exhiban sus «fichajes» en toda España, una manera de influir sobre el voto de los compromisarios.
En los últimos días, Casado ha presumido de forma especial con el «fichaje» del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, clave en «territorio enemigo», pero también con los exministros Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido o Isabel Tejerina.
Soraya
Sáenz de
Santamaría fue fuerte desde el primer día con un equipo formado por
exministros como Fátima Báñez, Alfonso Alonso, Íñigo Méndez de Vigo e
Íñigo de la Serna. El apoyo más preciado para todos sería el de Alberto
Núñez Feijóo, que ha preservado un mensaje de neutralidad.
Presión hasta las urnas
Las presiones a los votantes llegan hasta las mismas urnas. Ocurrió ya en la primera vuelta, cuando algunos afiliados tuvieron que votar bajo miradas escrutadoras en las sedes de los partidos. Se votó sin sobres y sin cabinas, algo que se va a subsanar el próximo sábado. Por primera vez, los compromisarios meterán sus papeletas en un sobre, algo que puede parecer irrelavante, pero que los populares han valorado como manera de garantizar la libertad de voto. Las dos candidaturas saben que las presiones pueden volverse en su contra. Hay compromisarios que responden en sentido contrario cuando se ven empujados a actuar de una manera. Y siempre les queda la «carta» del voto secreto. Por eso, aunque ambos candidatos aseguran a día de hoy que ya cuentan con una mayoría de «síes» entre los compromisarios, es obvio que alguien les ha mentido, y no lo sabrán hasta que se proclame el resultado, a la una de la tarde del sábado.
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