sábado, 5 de mayo de 2012

La Junta trabajará en una Ley de Administración Local

 
TALAVERA DE LA REINA.- El consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha adelantado que el Gobierno regional va a trabajar en una ley de Administración Local ante la necesidad de definir competencias y dotar a los consistorios de los recursos suficientes para que puedan hacer frente a ellas.

   De este modo se ha pronunciado Romaní tras defender la ponencia de Hacienda que ha sido aprobada por le plenario del XII Congreso del PP, en la que, según ha dicho, ha quedado de manifiesto la importancia que han adquirido las cuentas regionales "en el mundo entero", pues han pasado por el "punto de mira de muchas instituciones y ciudadanos".
   Tras defender que la crisis está teniendo efectos "terribles" en todos los lugares, ha incidido en que en Castilla-La Mancha la situación es "especialmente mala" por la deuda, los impagos, y "las facturas de cajón".
   Por ello, ha dicho es necesario aplicar principios "claros" en materia de rigor presupuestario, en la gestión de tesorería y en la necesidad de encontrar estímulos que consigan el crecimiento de la economía. En la ponencia, además, se han recogido aspectos relativos a la sostenibilidad y en los relacionados con el endeudamiento publico.
   Preguntado sobre si el Gobierno se plantea cumplir con el objetivo de déficit y articular medidas de estimulación económica, ha dicho que el debate entre la austeridad y el crecimiento económico no es unánime y que "son dos conceptos compatibles".
   De otro lado, preguntado por un informe que apunta que Castilla-La Mancha se desviará en el cumplimiento de alcanzar un déficit del 1,5 por ciento, el responsable de Hacienda ha defendido que ese estudio no tiene en cuenta las medidas adoptadas por el actual gobierno, pues está basado "en tendencias de años anteriores".
   "Además no recoge algo importante como que el Gobierno del PP ha tomado medidas valientes y esta dando un golpe de timón", ha dicho Romaní, que ha concluido su intervención convencido de que la región si cumplirá el objetivo de déficit impuesto por el Ejecutivo central.
   A preguntas sobre si el Gobierno de Cospedal maneja alguna estimación en torno a la fecha en la que la región comenzará a crecer, el responsable de Hacienda ha dicho que el Congreso Regional del PP no es lugar para valorar algo así y que hay divergencias entre los órganos que se dedican exclusivamente a ésto.

Agricultura abonará tres millones de la prima por sacrificio de bovino

TOLEDO.- La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha está agilizando los pagos a los agricultores y ganaderos de la región, y esta semana se va a realizar el abono de casi 3,3 millones de euros de la prima por sacrificio de bovino. 

   En este sentido, el abono de esta cantidad demuestra el apoyo del Gobierno regional a los sectores de la agricultura y la ganadería, ya que supone el cumplimiento de un compromiso adquirido por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de agilizar los pagos a  los agricultores y ganaderos, ha informado la Junta en nota de prensa.
   Los beneficiarios de esta ayuda serán 1.606 ganaderos de la región que sacrificaron sus animales en el interior de la Unión Europea o los exportaron vivos a terceros países en la campaña de 2011.
   Concretamente, la provincia de Toledo recibirá 2,4 millones de euros y beneficiará a 1.076 ganaderos; la provincia de Ciudad Real, con 355 perceptores, recibirá 360.000 euros; Albacete contará con 223.000 euros para 31 beneficiarios; Cuenca recibirá 173.000 euros para 61 ganaderos; y finalmente, la provincia de Guadalajara, con 83 perceptores, contará con 51.000 euros.

Cospedal asegura que Talavera tendrá agua del Tajo con un caudal medioambiental apropiado

TALAVERA DE LA REINA.- La presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha asegurado que la política hidráulica que va a poner en marcha el Gobierno de la nación va a permitir a Talavera de la Reina usar agua del Tajo con un caudal hidráulico medioambiental.

   Así lo ha asegurado la presidenta durante su intervención ante el plenario del XII Congreso que el PP de Castilla-La Mancha celebra este fin de semana en la 'Ciudad de la Cerámica', en el que revalidará la Presidencia regional del partido.
   Cospedal, que ha criticado la "demagogia" del PSOE que en 30 años de Gobierno "no ha hecho nada por las infraestructuras hidráulicas" de la región, ha recordado que su partido, tanto a nivel regional como nacional, aboga por un plan hidrológico nacional que garantice el agua para Castilla-La Mancha.
   "No estoy con los que hacen política enfrentando a ciudadanos y territorios", ha defendido la líder del PP castellano-manchego, que ha indicado que este sábado ha estado en Extremadura, una región por donde pasa un río, el Guadiana, que también pasa por Castilla-La Mancha.
   "¿Y de quién es el Guadiana?, de todos los españoles, ¿de quién es el Tajo? de todos los españoles", ha defendido la también presidenta de la región, que ha insistido en la necesidad de poner en marcha un plan hidrológico nacional.

Gallardón: los ajustes no son "ni siquiera el principio del final" para superar la crisis

SANTANDER.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha advertido de que las medidas de ajustes y reformas que el Gobierno está emprendiendo no son "el final, ni siquiera el principio del final" para superar "con determinación" la actual crisis. 

   "No son el final de las medidas del Gobierno, ni siquiera el principio del final, pero sí el fin del principio", ha explicado el ministro en su discurso para clausurar el XI Congreso Regional del Partido Popular de Cantabria, que se ha celebrado este sábado en Santander.  
   Gallardón ha citado algunas de las medidas adoptadas por el PP como la reforma laboral, que, a su juicio, ha sido criticada "injustamente" por quienes "sólo pensaban en la realidad que les podía afectar y no en la generación de empleo".
   El ministro ha avanzado que el Gobierno de Mariano Rajoy continuará aprobando reformas cada viernes en el Consejo de Ministros, porque "nada es suficiente pero todo es necesario" y "necesitamos reformas para que España funcione" y vuelva a ser "una de las grandes economías de Europa".
   "Vamos a seguir gobernando y adoptando medidas que necesita el país invocando la solidaridad: pedimos más a los que más tienen", ha dicho, y al respecto se ha referido al "carácter altruista" de los votantes 'populares'.
   El titular de Justicia además ha defendido la lealtad institucional para fortalecer el Estado de las Autonomías, pero también para superar la situación "muy dura y grave" que se ha encontrado el PP, un "reto inmenso" que el Gobierno no puede superar solo y para el que es necesaria la "lealtad de todos".
   Así, ha dicho, "derrotaremos a los adversarios", que para el PP no son los rivales políticos sino la crisis económica y el paro. "Y los vamos a vencer y a superar esta crisis económica. Y lo haremos con ayuda de todos", ha asegurado, al tiempo que ha tendido la mano a los adversarios políticos para que demuestren su "grandeza" y se sumen a un trabajo común en el que "todos somos necesarios".
   Ruiz Gallardón ha insistido en la importancia de que España se adentre en el mundo del cambio y las reformas para "dimensionar la realidad"; algo que requiere "sacrificio".
   Y ha asegurado que la confianza que ha recibido el PP en las urnas la devolverá "con confianza y con lealtad, cumpliendo su programa" y en beneficio de España, mediante la generación de "seguridad, riqueza y empleo".

Cospedal, reelegida presidenta del PP de Castilla-La Mancha

TALAVERA DE LA REINA.- María Dolores de Cospedal ha sido reelegida presidenta del PP de Castilla-La Mancha en el Congreso Regional que los 'populares' están celebrando en Talavera de la Reina con el 98,8 por ciento de los votos, según ha anunciado el presidente del Congreso Gonzalo Lago.

   El resultado con el que ha sido proclamada ha arrojado un total de 737 votos a emitidos de los cuales 723 han sido a favor, 8 en blanco y 5 nulos.
   Una vez proclamada, Cospedal ha dado las gracias porque este éxito, "que es de todos, no solo el mío", asegurando que "queda mucho por hacer".
 "Se abre una nueva etapa nueva dentro del partido para la que os pido que me ayudéis, ya que necesito vuestro aliento".
    Este domingo, la también presidenta regional, que en el congreso de 2007 salió elegida por un 95,9 por ciento de los apoyos, clausurará el Congreso Regional a partir de las 11.00 horas.

viernes, 4 de mayo de 2012

Izquierda Unida de Albacete reitera su oposición a la Escuela de Pilotos de la OTAN

ALBACETE.- Izquierda Unida ha reiterado su rechazo a la instalación en Albacete de la Escuela de Pilotos de la OTAN, con motivo del inicio de un nuevo curso TLP de la institución, que ha supuesto la llegada de 36 aeronaves que realizarán continuos ejercicios de vuelo desde la Base Aérea entre las 13.30 y las 18.00 horas durante 15 días.

   En un comunicado, IU ha recordado que esta instalación de la OTAN a Albacete fue aceptada y decida de manera unilateral por el anterior gobierno de Zapatero, sin previo conocimiento ni debate en el Congreso de los Diputados ni con el consenso de la sociedad albaceteña.
   IU, que ha sido la única organización política que se ha opuesto tajantemente a esta instalación, ha señalado que la celebración de estos cursos supone más ruido, mayor inseguridad y la apuesta porque Albacete sea la sede de un programa de una organización militar como la OTAN, al servicio de determinados intereses internacionales.
   Según el coordinador local de IU, Héctor García Valenzuela "esta instalación no ha traído ningún beneficio económico ni de empleo para la esta ciudad, ni es una apuesta por un nuevo modelo de desarrollo económico y social, dejando fuera, por supuesto, nuestra clara apuesta por el pacifismo y la solidaridad entre pueblos".
   En este sentido, IU ha denunciado denunciar que a pesar de los continuos recortes presupuestarios en educación, sanidad y servicios sociales, el presupuesto militar en el año 2012 asciende a 18.337 millones de euros, siendo Defensa la segunda cartera menos recortada con sólo un 1,3 por ciento de la totalidad de fondos para defensa.

El paro sube en 1.735 personas en abril en Castilla-La Mancha

TOLEDO.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en Castilla-La Mancha al término del mes de abril fue de 251.360 personas, lo que supone un aumento de 1.735 respecto al mes de marzo.

   De esta forma, en términos relativos, el aumento del paro durante el cuarto mes del año en la Comunidad Autónoma fue del 0,70 por ciento respecto al mes anterior, ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
   A nivel nacional, el número de parados se situó al finalizar abril en 4,74 millones de personas, tras bajar en el mes en 6.632 desempleados, con un descenso porcentual del 0,14% respecto a marzo.
   El paro subió en cuatro de las cinco provincias de Castilla-La Mancha durante el mes pasado. Así, en Albacete el mes de abril finalizó con 120 nuevos desempleados, de tal forma que el número de parados se situó en 51.564, de los que 23.913 son hombres y 27.651 mujeres. Los parados menores de 25 años en esa provincia se sitúan en 6.471, de los que 3.469 son hombres y 3.002 mujeres.
   En Ciudad Real, el número de parados se situó en 66.462, 1.069 más que el último mes. Del total de parados en esta provincia, 31.659 son hombres y 34.803 mujeres. Los menores de 25 años parados en esta provincia al término del pasado mes eran 9.948, de los que 5.301 son hombres y 4.647 mujeres.
   La provincia de Cuenca cerró en abril con 20.553 desempleados, al sumar los 48 nuevos parados. Del total de personas en paro de esta provincia, 10.242 son hombres y 10.359 mujeres. La cifra de menores de 25 años desempleados que quedó en la provincia de Cuenca ascendió a 2.563, 1.412 de ellos hombres y 1.151 mujeres.  
   En la provincia de Guadalajara, el mes de abril se cerró con un total de 24.105 parados, 20 desempleados menos que el mes anterior. Del total de desempleados de la provincia, 11.750 eran hombres y 12.355 mujeres. El pasado mes se cerró con 2.441 personas de menos de 25 años, 1.269 de ellos hombres y 1.172 mujeres.
   Finalmente, en la provincia de Toledo abril terminó con 88.628 parados, 518 nuevos. Del total de desempleados en la provincia 43.476 son hombres y 45.152 mujeres. Los menores de 25 años parados ascienden a 10.415, de los que 5.729 son hombres y 4.686 mujeres.
   Por sectores, en la provincia de Albacete el desempleo subió en 37 personas en Agricultura, 52 en Industria, 22 personas en el sector Servicios y 29 en el Colectivo Sin Empleo Anterior, mientras que descendió en 20 personas en Construcción.
   En Ciudad Real se registraron 180 parados más en Industria, 176 en Construcción, 569 en el sector Servicios y 183 en el Colectivo Sin Empleo Anterior, mientras que descendió en 39 personas en Agricultura.
   En la provincia de Cuenca, de los 48 nuevos desempleados del pasado mes, 57 pertenecen al sector Industria, 50 al de Servicios y 18 al colectivo Sin Empleo Anterior. Por el contrario, los parados han descendido en 25 personas en el sector Agricultura y en 52 en Construcción.
   Por su parte, en la provincia de Guadalajara, el sector de la Industria registró 16 personas paradas, 12 el de Servicios y 23 el Colectivo Sin Empleo Anterior, mientras que en Agricultura bajó en 42 personas y 29 en Construcción.
   Por último, en Toledo, donde abril se cerró con 518 parados, 133 procedían del sector de la Industria, 35 de Construcción, 355 del sector Servicios y 45 del Colectivo Sin Empleo Anterior, mientras que descendió en 50 personas en el sector de la Agricultura.

Nuevo pago por reestructuración del viñedo

TOLEDO.- La Consejería de Agricultura ha pagado en este ejercicio 42,5 millones de euros a los viticultores que se han acogido a la línea de reestructuración y reconversión del viñedo. En total han sido 2.750 agricultores de toda Castilla-La Mancha los que se han beneficiado de estas ayudas.

   Esta semana se ha procedido a realizar un nuevo pago de 22,5 millones de euros, del que se han beneficiado 1.483 viticultores, que han finalizado la reestructuración, reconversión o transformación de vaso a espaldera en un total de 4.767 hectáreas de viñedo, ha informado la Junta en nota de prensa.
   Los 42,5 millones abonados, el 37 por ciento corresponde a 805 viticultores de la provincia de Ciudad Real, donde más superficie se ha solicitado reestructurar; Albacete ha recibido el 33 por ciento de los fondos, de los que se han beneficiado 832 viticultores; Cuenca el 17 por ciento de los fondos, para 757 viticultores; Toledo ha recibido el 12 por ciento, para 346 viticultores; y en Guadalajara se han beneficiado 10 viticultores, con un importe de 95.138 euros.
   Gracias al incremento de 30 millones de euros de remanentes de otras medidas, conseguidos para la región en el último reparto de fondos entre comunidades autónomas para la reestructuración del viñedo, otorgada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se ha podido llegar a más viticultores que tenían la inversión realizada en ejercicios anteriores y aún no habían recibido la subvención.

La Asociación de Militares critica los "contratos basura" de tropa y marinería

GIJÓN.- El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, ha criticado este viernes  los "contratos basura" a los que están sometidos el personal de tropa y marinería, y ha reprochado que sean ellos, "eslabón más débil" de las Fuerzas Armadas en la protección de sus derechos, los que vayan a tener que soportar más recortes retributivos, de acuerdo al último anuncio del Gobierno Central.

   El representante de la asociación militar ha indicado que además también va a recaer sobre la tropa y marinería un recorte de personal de 2.000 efectivos, sin que se conozca los criterios que se van a seguir.
   Según él, quieren dejar este Cuerpo en 81.000 personas, en lugar de los 83.000 actuales, algo que se hará de forma "inminente", aunque ha sospechado que en el futuro habrá más. En el ámbito estatal, la tropa y marinería representa el 60 por ciento.
   Ha explicado, asimismo, que la tropa y marinería son los únicos "semifuncionarios" a contrato temporal y que en cualquier momento, sin que medie ningún procedimiento judicial, le pueden echar "simplemente porque cae mal a un jefe". En esta situación de contrato temporal pueden estar hasta los 45 años, mientras que el tope de inmigrantes es del 9 por ciento -ahora ronda un 7%--.
   Unido a ello, ha indicado que desde hace unos seis años los militares están imbuidos en dos leyes que les están "machacando", que son la Ley de Tropa y Marinería y la de la Carrera Militar, hechas de espalda a los propios militares y con desconocimiento de la verdadera problemática que tienen.
   La Ley de Carrera Militar frustró las expectativas que tenían "muy claras" de hasta dónde podían ascender, al establecer una nueva progresión para los militares que afecta "negativamente" a un 80 por ciento de los integrantes de las Fuerzas Armadas
   Ha destacado que en 2011, gracias al impulso de AUME, se aprobó la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, por la que, entre otras cosas, se les reconoce el derecho a manifestarse y se les permite contar con representación en los órganos que les afectan.
   No obstante, ha reprochado algunos incumplimientos, como la constitución del órgano de interlocución con el Ministerio -Consejo de personal--, la creación del Observatorio de la vida militar y la modificación de la Ley de la Carrera Militar. "Son tres incumplimientos claros por parte del Gobierno de un mandato parlamentario", ha apostillado.
   Ha advertido sobre que "hay una clara intención por parte de los cuarteles generales de tratar de reducir e incluso anular el asociacionismo profesional". Como ejemplo, ha citado la creación de las llamadas Comisiones Técnicas, de forma paralela al Consejo de personal, y que emulan a unos antiguos consejos asesores de personal cuyo cometido era estudiar las quejas de los militares, pero que estaban controlados por los mandos, según él. "Ni las quejas ni las propuestas llegaban a ningún sitio", ha dicho.
   También ha mostrado su preocupación respecto a que la Subsecretaría de Defensa haya dictado unas recomendaciones para cómo hacer valer el derecho de reunión dentro de los cuarteles, cuando ya está regulado. Tratan de controlar de alguna forma estas reuniones, a su juicio, al dejar a criterio de los mandos el que pueda prohibirla o no autorizarla. "No nos quieren", ha dicho sobre el asociacionismo militar.
   Por todo ello, la asociación ha reclamado ser oídos por el Gobierno para poder aportar soluciones. "No entendemos que se nos empiece a ningunear", ha señalado, al tiempo que ha reprochado que los cuarteles generales sigan haciendo normativas que sean ataques directos al asociacionismo profesional mientras que a ellos se les sigue sin recibir. Es por ello, que no ha descartado el manifestarse si no se les atiende y escucha.

El Gobierno de Cospedal se querella contra dos consejeras de Barreda por supuesto "fraude funcionarial"

ALBACETE.- El Gobierno de María Dolores de Cospedal se ha querellado contra la exvicepresidenta del Gobierno de José María Barreda --María Luisa Araújo--, contra la exconsejera de Cultura --Soledad Herrero-- y contra el expresidente de la empresa pública Gicaman --Juan Cámara Fernández de Sevilla-- por supuesto "fraude funcionarial" en relación con la compraventa en 2008 de un inmueble de Ciudad Real.

   La querella, presentada este viernes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, también está dirigida contra Manuel Sánchez-Montañés, administrador de la sociedad Promociones y Construcciones Aldea Fernández SL, empresa a la que se compró el inmueble.
   En concreto, el escrito recoge que en octubre de 2008 la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) --por mandato de la Junta-- adquiere de la sociedad Promociones y Construcciones Aldea Fernández un inmueble de la calle Ronda de Ciruela número 24 de Ciudad Real, con una superficie construida de 412 metros cuadrados, por un precio de 4.538.924 euros, cuando dicha sociedad compró este inmueble en 2006 a la Cruz Roja por valor de 3.353.647 euros.
   De este modo, la querella señala que se produjo "una elevación injustificada en el precio de compra" del inmueble. "Esta diferencia de más de un millón de euros carece de justificación, tratándose de un inmueble que es definido en múltiples ocasiones como objeto de rehabilitación" y que a día de hoy "continúa estando en mal estado de conservación y no está incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos ni tampoco ocupado por oficinas públicas".
   En el escrito se indica que en abril de 2007 el delegado provincial de la Junta en Ciudad Real, José Fuentes Pastrana, propone a Araújo que Promociones y Construcciones Aldea Fernández permute dicho inmueble a la Junta a cambio de que ésta le entregue tres edificios, permuta que no llegó a realizarse.
   Fue finalmente Gicaman quien adquirió el edificio después de que el Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2008 aprobara el Convenio de colaboración entre la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Cultura y Gicaman, para que se ubicara allí la sede administrativa de la Delegación provincial de esta última Consejería en dicho municipio.
   Dicho acuerdo del Consejo de Gobierno autoriza un gasto plurianual de 5.957.799 euros desde 2009 a 2016 a Gicaman por el pago de este inmueble, pero la querella resalta que esta aportación no se justifica porque no responde a cuantías de la propia compraventa.
   Estas cantidades responden a los intereses del préstamo que Gicaman firma con un banco y al propio beneficio que obtiene esta empresa pública con esta operación, agrega. "Estos gastos para la Junta de Comunidades podrían haberse evitado si ésta hubiera adquirido directamente de los propietarios, sin establecer el artificio o fraude en la contratación que venimos describiendo", argumenta.
   Además, señala que la Junta de Comunidades, después de haber concertado con los particulares ese precio superior al del tráfico normal, encarga a Gicaman la compra del inmueble cuando podía haberlo realizado directamente evitándose unos gastos injustificados de "beneficio" de esta empresa pública.
   Así, dice que no se justifica en ningún documento la necesidad de la intervención de Gicaman, ni tampoco se entiende que la Administración autonómica carezca de medios propios para articular una compraventa de un Inmueble.
   De este modo, concluye que la Junta de Comunidades podría haber adquirido directamente el Inmueble sin necesidad del artificio de sociedad interpuesta y sin necesidad del pago de las cuantías que no corresponden al precio de la compraventa (o a los intereses del préstamo), puesto que cuenta con sus servicios de patrimonio.
   La Junta considera así que se ha podido cometer un fraude funcionarial tipificado en el Código Penal, que señala que "la autoridad o funcionario público que "se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.
   Por ello se suplica al Juzgado que admita este escrito y proceda de inmediato a la incoación de diligencias previas para averiguar los hechos y determinar las personas criminalmente responsables.

Fomento plantea un plan para "ganar eficiencia" en tren y aeropuertos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha "abordado" un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las "reformas estructurales" que prevé abordar en su Departamento en ámbitos como el transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de "mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes".

   Así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior a la reunión del Consejo, en la que aseguró que el Ejecutivo no abordó "el asunto de las autovías", esto es, la eventual articulación de un peaje en estas carreteras para sufragar su mantenimiento.
   "No se ha abordado el asunto de las autovías y sí se han abordado asuntos de reordenación de servicios aeroportuarios y determinadas medidas para garantizar mayor seguridad jurídica en vivienda y alquiler", detalló la vicepresidenta.
   Según Sáenz de Santamaría, a partir de este informe, la titular de Fomento "irá presentando al Consejo de Ministros distintos proyectos normativos para mejorar la eficacia y racionalizar los ámbitos de su competencia", insistió.
   En relación a la eventual entrada de capital privado en la prestación de determinados servicios, se limitó a indicar que "se concretará cuanto se presenten dichos proyectos normativos", si bien apuntó que se abordará en línea "con lo habitual en estos sectores" y con lo que se viene realizando en otros países.  
   En cuanto al informe que Pastor llevó a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta indicó que versa "sobre reformas estructurales en el ámbito de su Departamento".
   "Una necesaria reordenación para ganar en eficiencia y en eficacia, y reducir costes en determinados servicios públicos de gran interés para los ciudadanos como pueden ser aeropuertos y servicios ferroviarios y en determinadas políticas, como la de la vivienda", explicó.
   "A raíz de este informe, el Ministerio de Fomento está trabajando en distintas normas que permitirán reformas estructurales en el ámbito de un Departamento crucial para ganar en eficiencia en la prestación de unos servicios públicos que debe hacerse con criterios de racionalidad y mayor eficacia de lo que se venía haciendo", concluyó.

Fomento presentará un proyecto de ley para el sector inmobiliario

MADRID.- El Ministerio de Fomento prevé tener listo "antes del verano" el anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana y Fomento del Alquiler, un texto que abordará un conjunto de reformas destinadas a reactivar el sector de la vivienda, según anunció el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre.

   Entre las medidas que prevé impulsar destaca la eliminación de "cargas injustificadas en materia de suelo y urbanismo", la supresión de "trabas" en la renovación y generación urbana, y el fomento del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda.
   "Los instrumentos que Fomento tiene actualmente en materia de vivienda y suelo se han demostrado claramente insuficientes para la recuperación del sector y por ello resulta necesario un conjunto de reformas", detalló Ferre.
   Durante su intervención en la Comisión de Infraestructuras de la CEOE, el alto cargo de Fomento indicó que este cambio normativo irá acompañado con un nuevo Plan Estatal de Vivienda, para el que Fomento también reclamará la colaboración del capital privado.
   "Es preciso abordar medidas para reactivar el sector", indicó Ferre quien detalló que "desde que en 2007 se pinchó la burbuja especulativa" se construyen un 90% menos de viviendas, casi un tercio del actual parque de pisos tiene más de treinta años de antigüedad y existe un 'stock' de pisos sin vender de unas 700.000 viviendas.

El Gobierno recupera las competencias sancionadoras en las cuencas hidrográficas

MADRID.- El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".

   Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido "siempre" una competencia del Estado.
   Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
   En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba  que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.
   Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos.
   La vicepresidenta ha manifestado que se trata de "no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado".
   Así, ha añadido que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.
   Además, ha dicho que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume "todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.
   "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.
   Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
   Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar "duplicidades y solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.
   "El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado.
   Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.
   De este modo, ha dicho que este es el caso "paradigmático" de los residuos, y ha puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que considera "complejo" para el traslado de residuos dentro del espacio español, lo que supone "múltiples dificultades" para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.
   Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad" en la aplicación de la norma.
   Concretamente las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas" de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.
   Asimismo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.
   En cuarto lugar, el Real Decreto Ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.
   Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera "competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.
   Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.

Las CCAA cerrarán el año con un déficit del 2,2%

MADRID.- Las comunidades autónomas registrarán en 2012 un déficit, en términos de Contabilidad Nacional, del 2,2% del PIB, desviándose siete décimas del objetivo fijado para este año (1,5% del PIB), de manera que tampoco en 2012 cumplirán con sus compromisos, según cálculos difundidos este viernes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

   Tras los malos resultados de 2011, cuando sólo cumplió con el objetivo la Comunidad de Madrid, Fedea estima que en 2012 habrá tres comunidades que sí logren el objetivo de déficit y además con holgura: Madrid, que registrará un déficit del 0,8% del PIB, siete décimas mejor que el objetivo; La Rioja, con un déficit del 1% del PIB, y Galicia, cuyo déficit, según Fedea, se situará en el 1,1%.
   El resto de las regiones no cumplirán con el objetivo de este año, de acuerdo con las estimaciones de la Fundación. Las mayores desviaciones las experimentarán Castilla-La Mancha, con un déficit del 4,9% para el conjunto del año; Murcia (déficit del 3,7% del PIB), Baleares (déficit del 3,4%), y la Comunidad Valenciana (3,3% del PIB).
   Les seguirán Cataluña, que registrará un déficit del 3% del PIB, el doble que el objetivo fijado; Cantabria (2,7% del PIB); País Vasco (2,6%); Navarra (2,5%); Andalucía (2,4%); Aragón (2,3%); Extremadura (2,2%); Asturias y Canarias (déficit del 2% en ambos casos), y Castilla y León (1,7%).
   "De confirmarse nuestras estimaciones, las comunidades autónomas no van a cumplir nuevamente sus compromisos", subraya Fedea, que advierte de que España "se juega mucho" y que, por tanto, no puede permitirse que vuelvan a incumplir.
   En este sentido, anima al Gobierno a hacer "todo lo posible para disciplinarlas", incluso, si fuera necesario, recurriendo a la intervención de las mismas.
   No obstante, Fedea recuerda que sus estimaciones pueden ser corregidas con nuevas medidas y planes de reequilibrio por parte de las comunidades y, de hecho, cree que hay dos iniciativas que apuntan a esa dirección.
   Así, la Fundación recuerda que antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de mayo, las CC.AA. deben revisar sus presupuestos para incluir medidas adicionales con las que completar el ajuste fiscal y conseguir así la aprobación del Plan de Reequilibro Económico y Financiero 2012-2014.
   Asimismo, Fedea recuerda que los recortes en sanidad y educación, que según los datos oficiales supondrán un ahorro total de 10.000 millones de euros, no afectarán a la totalidad del ejercicio 2012, sino a seis meses aproximadamente, por lo que su impacto será de 5.000 millones de euros.

El Gobierno convoca a las CC.AA. para analizar sus planes de ajuste

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), en el que se analizarán los planes de ajuste económico y financiero de cada una de las comunidades autónomas, se reunirá "probablemente el 16 de mayo" y, en todo caso, en esa semana.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría reiteró que las comunidades autónomas "tienen que ser muy responsables en el objetivo común de salir de la crisis" y, para ello, "deben cumplir los objetivos de déficit", que obligan a reducirlo al 1,5% en 2012.
   Todas las comunidades autónomas han cumplido hasta ahora con su obligación de entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus planes de ajuste y lo han hecho en tiempo y hora, antes de las 00:00 del pasado 30 de abril.
    Ahora habrá que ver si estos planes son suficientes para situarlas en la senda de cumplimiento de los objetivos o si, por el contrario, el Gobierno pone en marcha el engranaje previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en última instancia contempla la posibilidad de intervenciones ya en el mes de septiembre.
   Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguraron que los gobiernos autonómicos al completo han pedido al Gobierno ayuda para confeccionar estos planes y han descartado que haya que poner en marcha estos mecanismos de intervención forzosa.
   De ello se desprendería que Hacienda espera dar el visto bueno a todos los planes. De hecho, el Gobierno cree que entre los 10.000 millones de ahorro que se recogen en estos planes y los 10.000 millones adicionales por los recortes en sanidad y educación, las comunidades autónomas tienen capacidad financiera para cumplir con esos objetivos de déficit.
   Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recordado esta semana a las comunidades autónomas que en caso de no poder hacer frente a estos compromisos pueden recurrir al mecanismo voluntario recogido en las misma Ley de Estabilidad para pedir ayuda especial al Gobierno, lo que en la práctica supone una intervención voluntaria.

Salir de la austeridad / Ignacio Ramonet *

“La mejor fortaleza de los tiranos,
 es la inacción de los pueblos”
Maquiavelo

Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la “furia austeritaria” de los gobernantes. 

En España, por ejemplo, a una sociedad vapuleada por las brutales ­medidas de ajuste adoptadas a partir de mayo de 2010 por el Presidente (socialista) José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del conservador Partido Popular (PP) Mariano Rajoy prometió, durante la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el “cambio” (1) y “devolver la felicidad”. Venció con mayoría absoluta. Pero nada más tomar posesión de su cargo, emprendió a su vez la más agresiva operación de recortes sociales de la historia reciente de ­España.

Lo mismo ocurrió en otros Estados; en Grecia, por ejemplo, o en Portugal. Recordemos que, en este país, en junio de 2011, el socialista José Sócrates, después de imponer cuatro impopulares programas de “disciplina fiscal” y aceptar un no menos detestado plan de rescate de la troika (2), perdió las elecciones. Pero el vencedor conservador, Pedro Passos Coelho, ­actual Primer Ministro, muy crítico antes con las políticas de recortes de los socialistas, no tardó en afirmar, una vez elegido, que para cumplir con las exigencias de la UE, su objetivo era “aplicar una dosis aún mayor de austeridad” (3)...

¿De qué sirven entonces las elecciones si en lo esencial, o sea las políticas económicas y sociales, los nuevos gobernantes hacen lo mismo (incluso en peor grado) que los precedentes? Quienes se hacen esta pregunta dudan, de hecho, de la democracia. En el marco de la Unión Europea, se ha perdido el control ciudadano sobre una serie de decisiones que determinan la vida de la gente. En realidad, las exigencias –prioritarias– de los mercados están limitando seriamente el funcionamiento democrático. Muchos gobernantes (de izquierda y de derecha) están convencidos de que los mercados tienen siempre razón. Y de que el problema, según ellos, es precisamente la democracia, el debate público. Prefieren inversores competentes a “electores inconscientes”.

Por su parte, los ciudadanos tienen el sentimiento de que, dictada por los mercados, existe en Europa hoy una agenda oculta con dos objetivos concretos: reducir al máximo la soberanía de los Estados y desmantelar por completo el Estado de bienestar. Si quedan dudas a este respecto, basta leer las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en las que afirma: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados (...) En cuanto al Pacto Fiscal europeo (4), se trata en realidad de un avance político mayor porque gracias a ese tratado los Estados pierden una parte de su soberanía nacional” (5). Más claro, imposible.

En realidad vivimos en una suerte de despotismo ilustrado en el que la democracia se define menos por el voto o por la posibilidad de escoger, que por el respeto de reglas y tratados (Maastricht, Lisboa, MEDE (6), Pacto Fiscal) adoptados ­hace tiempo o en vías de rati­ficación ante la indiferencia ­general, y que resultan verdaderas cárceles jurídicas sin posible evasión.

De ahí, de nuevo, las preguntas de tantos ciudadanos defraudados: ¿sirve de algo votar, si estamos condenados a elegir gobernantes cuya función consistirá en aplicar reglas y tratados definidos una vez por todas? (7).

Tenemos un caso de “disimulación democrática” ante los ojos: ­precisamente el del Pacto Fiscal europeo. ¿Por qué no existe un debate público sobre este Pacto, actualmente en vías de adopción, que va a condicionar la vida de millones de ciudadanos? Como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) del que depende, ese Pacto constituye un ataque brutal contra los derechos de los ciudadanos. Obligará para siempre a los Estados firmantes (entre ellos España) a reducir gastos sociales, salarios  y pensiones. Priorizará además la autoridad de la Unión Europea sobre las ­políticas presupuestarias de los ­Estados miembros. Y limitará las competencias de los Parlamentos nacionales, restándoles soberanía y convirtiendo a veces a algunos países en meros protectorados europeos (8).  

¿Se puede salir de semejante situación? Las elecciones presidenciales en Francia abren quizás una perspectiva. No tanto por los millones de electores que, hartos y desesperados, votaron por una extrema derecha antieuropeísta y xenófoba. Sino porque el propio candidato socialdemócrata François Hollande –favorito según todas las encuestas–, ha prometido, a ese respecto, cambiar las cosas. 

Consciente de que la elección del presidente de Francia afecta el curso de Europa, Hollande exige, en particular, añadir al Pacto Fiscal un paquete de medidas de estímulo, solidaridad y crecimiento. Y también que el BCE baje los tipos de interés y preste directamente a los Estados (y no a los bancos privados) para abrir de inmediato la senda de la recuperación. 

Aunque los cambios demandados son mínimos y sin duda insuficientes, Hollande se opone a la canciller alemana Angela Merkel y al Bundesbank, quienes dictan en realidad las políticas económicas y financieras de la UE. Pero el socialista francés precisó que si Alemania no aprueba estas modificaciones, Francia no ratificará el Pacto Fiscal.

¿Qué pasará si, una vez elegido, Hollande mantiene su idea de sacar a Europa de la “opresión austeritaria” y de la recesión, impulsando reformas estructurales y estimulando el crecimiento? Dos cosas pueden ocurrir. Primera posibilidad: los mercados, como avisó Mario Draghi, atacan de inmediato a Francia y la ponen contra las cuerdas; Hollande se acobarda,  da marcha atrás, acaba inclinándose como sus amigos socialdemócratas Zapatero, Sócrates y Papandreu ante la especulación y se convierte a su vez en el líder de izquierda más impopular de la historia de Francia.

Segunda posibilidad: sabiendo que en la UE nada se puede hacer sin Francia, segunda economía de la zona euro (y quinta del mundo), Hollande mantiene su posición y la radicaliza.  Decide  apoyarse en la movilización de las fuerzas populares europeas (empezando por las del Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon), recibe el soporte de muchos gobiernos europeos partidarios asimismo de políticas de estímulo y de crecimiento; ­consigue modificar la línea del BCE-Bundesbank. Y acaba por demostrar que cuando, en una democracia, el mandato del pueblo coincide con una firme voluntad política no hay objetivo que no se pueda alcanzar.

(1) “Súmate al cambio” fue su lema de campaña, copiado del que utilizó el Presidente chileno Sebastián Piñera (derecha) en su carrera electoral victoriosa de 2010.
(2) Constituida por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
(3) Jornal de Noticias, Lisboa, 29 de febrero de 2012. Las políticas austeritarias de Passos Coelho están conduciendo a Portugal a una catástrofe social semejante a la de Grecia; el 15% de la población activa está sin empleo (35% de los jóvenes), 25% de los portugueses se halla bajo la línea de la pobreza, y se calcula que, este año,  la recesión será del 3,3%. En los últimos seis meses ha habido ya dos huelgas generales: el 24 de noviembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012.
(4) Impulsado por Alemania, el Pacto Fiscal o Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, fue firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas, con la excepción del Reino Unido y de la República Checa, por 25 Estados de la UE. Obliga a cada país firmante a incluir en su Constitución un límite de déficit estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3%. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2013.
(5) The Wall Street Journal, Nueva York, 23 de febrero de 2012.
(6) Mecanismo Europeo de Estabilidad, organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo (los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE) en marzo de 2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2012. Sustituye al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).
(7) Léase: Christophe Deloire, Christophe Dubois, Circus politicus, Albin Michel, París, 2012.
(8) Léase: Ignacio Ramonet, “Nuevos protectorados”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2012.

Del endeudamiento insostenible a los presupuestos inviables / Ángel Tomás Martín *

La reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin que haya existido voluntad unánime de debate constructivo, tan necesario como exigía la peor crisis económica española soportada en el último medio siglo, y que desde el último trimestre del 2007 viene progresivamente agravándose y en recesión, no ha resuelto ni va a corregir el desorden en el funcionamiento de los mercados, las valoraciones de los activos, la regeneración y potenciación de las Entidades de Crédito, la reactivación de la economía y de la actividad laboral, la balanza negativa comercial y el imprescindible incremento de la actividad exportadora y expansión internacional.

Pero es aún más grave desaprovechar los espacios de bonanza y optimismo colectivo e invertir, gastar, y administrar de manera indiscriminada y, casi siempre sin talento. Hemos olvidado durante demasiado tiempo los errores cometidos en las últimas crisis del siglo pasado, consintiendo políticas económicas torpes y egoístas, despreciando el obligado "equilibrio presupuestario" y el de las cuentas Públicas, que nos han llevado al actual estado de deterioro interno y exterior. No hemos sabido librarnos de los mal llamados "talentos de la política económica", que solo albergaban grandes dosis de pretenciosa vanidad, sin asumir la gran responsabilidad que se les otorgaba.

Obligados por la necesidad inaplazable de un cambio de ciento ochenta grados que pueda salvarnos del precipicio a cuyo borde nos encontramos, se han adoptado medidas previas urgentes para hacer posible el gran cambio de medidas estructurales armónicas con la economía global de la que formamos parte. Todo ello, obliga a volver a una escrupulosa disciplina presupuestaria, cuya confección entraña un problema de dificilísima solución integradora: EL ENDEUDAMIENTO GIGANTESCO INASUMIBLE, (ni a corto ni a medio plazo), CON UN PRESUPUESTO DE INGRESOS POSIBLE, que aun en el caso del mayor optimismo recaudatorio, no podrá cumplirse en el estado de recesión en que nos encontramos. Tengamos presente que una solución basada solamente en la presión fiscal dura, ni recaudará más, ni propiciará el crecimiento económico. Solo el progreso de la economía puede permitir el crecimiento del Presupuesto de Ingresos.

No es posible en el corto espacio de este artículo hacer un análisis profundo de los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, pero intentaremos en un esfuerzo de síntesis, demostrar, a nuestro juicio, la incompatibilidad de su contenido con la atención al servicio de la deuda pública, considerando el notable incremento del pago de intereses, en el marco del deterioro de la calificación de las agencias, y la angustiosa prima de riesgo. En suma, teniendo en cuenta las dificultades crediticias que ya encontramos en los mercados financieros.

El crecimiento de stock de deuda pública es explosivo. En 2008 partimos de 456.000 millones de € y que ha venido incrementándose, año tras año, hasta alcanzar 849.000 millones de € en el 2011, más la de este año, no inferior a 50.000 millones de €. Por tanto, en cinco años hemos visto subir nuestras obligaciones financieras en más de 400.000 millones de €. Seguimos sin administrarnos bien, aunque suenan fuertemente las alarmas, y persiste el peligro de alto desequilibrio y de posible intervención.

Resumamos diciendo: el endeudamiento sigue subiendo sin haber aplicado fórmulas de contención, sube el desempleo y las obligaciones sociales; tenemos una prima de riesgo cada vez más alta e indigerible presupuestariamente, un gasto corriente mantenido o incrementado, mientras se desmorona la inversión pública; no se promueven medidas de impulso a la economía, no se sanea el sistema Bancario, ni hay liquidez para la economía real. Y siendo cierto todo esto, ¿Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los Presupuestos recientemente aprobados son viables, impulsan la riqueza, y cumplen con la extraordinaria trascendencia y alta misión de la política económica de los gobiernos?

Pese a los antecedentes y hechos reales adversos con los que se contaba, sin poner en duda el esfuerzo y buena voluntad, el proceso operativo no parece que haya venido marcado por el sistema mundialmente reconocido y aplicado como el mejor, el más drástico y efectivo: "El Presupuesto Base Cero", ya que los acuerdos y reglamentación del Tratado de Maastricht han resultado incompletos, permisivos e ineficaces. Tampoco será posible cumplir con el servicio de la deuda ya contraída, y con los presupuestos posibles, si no se emite o consigue deuda a muy largo plazo, con una economía en recesión.

Los Gobiernos, en la mayoría de los casos, no están ciñéndose con la obligada disciplina presupuestaria; esa es una de las razones de la debilidad de Europa.

(*) Economista y empresario

jueves, 3 de mayo de 2012

Rajoy plantea "repensar" la coordinación y el reparto de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró hoy convencido de que no se debe "desandar" ni la configuración autonómica del Estado, ni la inclusión de España en la UE, pero sí cree que se debe "repensar" y "evaluar" la coordinación entre las instituciones administrativas del Estado y el reparto de competencias, con la supresión de "duplicidades innecesarias".

   El jefe del Ejecutivo realizó estas afirmaciones durante la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Un acto al que han acudido, además de los presidentes del Congreso y el Senado, los ministros de Justicia, Exteriores, Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la secretaria general del PP.
   En su discurso, Rajoy defendió las reformas que está llevando a cabo porque se asientan en un "mandato inequívoco" de los ciudadanos en las urnas y aseguró que tienen una doble orientación, por una parte, consolidar los logros del Estado del bienestar y, por otra, "potenciar el ámbito de autonomía de las personas y erradicar las cortapisas externas a la libertad con que deben regir su destino, su vida y su vocación profesional".
   En su intervención, apeló al espíritu con el que se realizó la Constitución de Cádiz y dijo que su ejemplo debe servir de "estímulo" y de "guía" para afrontar con "valentía, determinación y equilibrio" los "profundos cambios" que necesita el país. En este punto, aseguró que estos cambios sólo se pueden llevar a cabo desde el "espíritu de concordia" que tuvo su "más elevada cima en la Constitución de 1978".
   Y refiriéndose a ésta última, dejó clara su opinión de que la Constitución Española dio un "paso original, decisivo y de gran calado" que, añadió, "en modo alguno debe ser desandado". Se trata, señaló de la "configuración autonómica del Estado". Tampoco, puntualizó, se debe desandar el camino de la inserción de España en la UE, "que ha sido el motor de algunas de nuestras modificaciones constitucionales".
  Sin embargo, considera que ambas circunstancias "invitan", ahora que son tiempos de crisis, a "repensar y evaluar" la estructuración más adecuada de los poderes públicos.
   Para ello y buscar "mayor eficacia" en las instituciones administrativas "a todos los niveles" dijo que "será preciso arbitrar fórmulas más eficientes, de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables, con supresión incluso, de entidades y organismos que no resisten una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos".
   Rajoy considera que esta será una tarea "delicada" y que requerirá el conocimiento de la realidad y la "intuición de la evolución futura, viable y deseable" de las estructuras institucionales públicas. Por ello, dijo que cuenta con el "saber acumulado" del Consejo de Estado, al que se comprometió a consultar, y con el Centro de Estudios Constitucionales.
   En este contexto, deseó al nuevo presidente y a los consejeros de Estado "mucha suerte y mucho tesón" porque, dijo, en esta Legislatura van a "tener mucho trabajo" y la asistencia de este órgano al Gobierno "va a ser más necesaria que nunca" y destacó la "privilegiada reputación de autoridad" que ha logrado el Consejo de Estado.
   El jefe del Ejecutivo destacó los valores de Romay Beccaría como un hombre de "diálogo, consenso y conciliación", así como su "altura como jurista de reconocido prestigio" que se une a una "experiencia vital y laboral singularmente rica".

La FEMP propone ceder competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha defendido la pervivencia de los municipios como instituciones políticas, aunque acepta que los de pequeño tamaño puedan perder su estructura administrativa para que sean otras entidades, como las diputaciones, las que la asuman.

   Según la FEMP, la supresión de municipios no va a cambiar "la realidad en cuanto al asentamiento de la población en nuestro país", por lo que, con independencia de su tamaño, "deben ser respetados como institución política básica", ya que, además, los ayuntamientos son sobre todo "expresión de la voluntad política de sus vecinos".
   No obstante, reconoce que "no todos tienen capacidad suficiente para la prestación de servicios", pero que existen soluciones a este problema, ya que "la solución a las carencias de los municipios de insuficiente capacidad de gestión pasa por la disociación entre su entidad política y su estructura administrativa".  
   Por un lado, propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares.
   Por otro lado, sugiere la prestación conjunta de servicios con la que los municipios puedan suplir esas insuficiencias de gestión, "sin que ello supusiera la necesidad de crear nuevas instituciones", de modo que advierte de que una nueva ley de gobierno local debería "arbitrar y potenciar" los mecanismos adecuados para ello.
   Así figura en un documento que la FEMP ha enviado a Administraciones Públicas, en el que explica su criterio sobre cómo ordenar las competencias de las entidades locales, una aportación al trabajo que realiza el Gobierno para reordenar el sector público español bajo la exigencia de evitar duplicidades y cumplir la premisa de una competencia, una administración.
   En el texto, de nueve folios, se hace un diagnóstico de la situación de las entidades locales y se proponen vías para reconocerles una serie de competencias y una financiación suficiente, en una ley orgánica de obligado cumplimiento.
   La FEMP dice ser "consciente" de que la Constitución "se olvidó de unas de las instituciones básicas de la configuración" del Estado, al no hacerlas "merecedoras de una regulación de carácter orgánico". En el caso de que esto no cambie, y se siga viendo a las entidades locales como las "hermanas pobres" de las instituciones al no dotarles de una ley orgánica que regule sus competencias, pide que se modifique la regulación del conflicto en defensa de la autonomía local contenido en la Ley del Tribunal Constitucional para "relajar los requisitos de legitimidad para su interposición".
   Además, reclama un "pacto político" que comprometa tanto a Estado como a comunidades autónomas a "respetar la configuración que la ley básica establezca y a los principios en los que se fundamenta el sistema", como son autonomía local, descentralización o suficiencia financiera.
   Así pues, considera que las relaciones entre las administraciones públicas deberían basarse en el "principio de lealtad institucional", garantizando la "autonomía local" frente a lo que ve como "posibles pretensiones de tutela que se pretendan ejercer desde otros ámbitos, eliminando los controles de conveniencia y oportunidad, que estarán expresamente prohibidos".
   Un ejemplo que pone es que la construcción de infraestructuras de competencia estatal autonómica "no puede conllevar la imposición al ayuntamiento donde se ubique de cargas u obligaciones económicas de ningún tipo que le obliguen, bajo mecanismos de naturaleza coactiva, a confinanciarlas a través de distintas fórmulas".
   En el documento enviado al Gobierno, la FEMP viene a insistir, como lleva haciendo desde anteriores legislaturas, en una financiación adecuada a las competencias de las entidades locales, una condición sin la que, según argumenta, "no estarán obligadas a asumir la competencia ni a prestar los servicios o realizar las actividades que de ella se derivan".
   Para la FEMP, existe una "absoluta desconexión del sistema de financiación con el sistema de competencias" de las corporaciones locales, razón a la que atribuye directamente la "escasez de recursos municipales".
   Así pues, reclama que las leyes que supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal, provincial o insular que mengüe los ingresos de las haciendas locales arbitrarán "medidas de compensación", además de dotar de "carácter incondicionado" a las transferencias que se reconozcan a las entidades locales por otras administraciones públicas".
   Para evitar duplicidades en la prestación de servicios públicos, la FEMP sugiere atenerse a los principios de estabilidad presupuestaria expuestos en la ley aprobada en el Senado la semana pasada, pero también a "mecanismos de colaboración" entre administraciones para, "desde la lealtad institucional, evitar la duplicidad del servicio".
   En cuanto a la concreción de las competencias que, para la FEMP, deben ejercer las entidades locales, el documento explica en una serie de puntos los requisitos para fijar esos servicios y actividades de los que, a su juicio, deben encargarse estas administraciones.
   A su juicio, no existe en la actual Ley de Bases de Régimen Local una "concreción suficiente de las competencias locales", ya que el listado de materias que incluye está "vacío de contenido competencial", lo que ha llevado a la "confusión en la realización de actividades y prestación de servicios".
   Así, propone que una futura ley de bases que sustituya a la actual reconozca la competencia de los municipios para intervenir en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra entidad, además de la inclusión en esa norma de una listado de materias en las que se reconoce un interés local relevante.
   Entre otras, la FEMP considera que deben ser competencia local las materias relacionadas con urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua potable, asistencia social primaria, seguridad, protección civil, tráfico y movilidad, promoción turística, políticas activas de empleo o padrón municipal.
   También sugiere que las leyes sectoriales estatales o autonómicas puedan ampliar las competencias establecidas, siempre previo estudio sobre la idoneidad de las mismas basándose en los "principios de autonomía, descentralización, proporcionalidad, subsidiariedad y suficiencia financiera".
   La FEMP cree que también hay que tener en cuenta las características demográficas, geográficas u organizativas del municipio, además de dotar de la financiación adecuada a estas corporaciones para que puedan ejercer dichas competencias.

El PSOE critica que Geacam saque 49 plazas y se despidieran 42 trabajadores

ALBACETE.- El viceportavoz socialista en la Diputación de Albacete, Ramón García, ha tachado de "esperpéntico" que el GEACAM haya publicado una convocatoria para la provisión de 49 vacantes de cara al dispositivo de prevención y extinción de incendios de Castilla-La Mancha, "cuando estas vacantes se han originado como consecuencia del ERE en el que se vieron inmersos los 42 bomberos del SEPEI que trabajaban en dicho dispositivo". 

   La convocatoria de GEACAM, indica el PSOE en nota de prensa, contempla 49 vacantes a cubrir para desempeñar su trabajo en diferentes municipios de la provincia de Albacete, es decir, "para realizar las mismas funciones que llevaban a cabo los 42 bomberos del SEPEI", cuyo ERE se "saldó con 3 jubilaciones, 18 despidos y 21 recolocaciones en peores condiciones".
   En opinión de Ramón García, si el gobierno del PP hubiera tenido realmente intención de preservar el empleo de sus 42 trabajadores hubiera negociado para firmar el convenio con GEACAM para ceder estas personas durante los meses que está activo el dispositivo de prevención y extinción de incendios, tal y como se venía haciendo en años anteriores.
   En este sentido, el viceportavoz del Grupo Socialista ha recordado que si GEACAM no estaba dispuesta a realizar la aportación de años anteriores al convenio, la Diputación de Albacete estaba en condiciones económicas para asumir la parte que esta empresa de la Junta de Comunidades hubiera dejado de poner, "sólo era cuestión de tener voluntad política".
   El viceportavoz socialista ha reiterado que se trata de un despido político que obedece "única y exclusivamente a directrices políticas, y no a una estrategia empresarial o de optimización de recursos".
   El Grupo Socialista ha criticado también el "cinismo" de la presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, por tomar estas decisiones y al mismo tiempo "brindar el apoyo del Gobierno de la región a los parados y asegurar que están trabajando para crear empleo".