MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, ha manifestado este martes que existe un amplio consenso
social respecto al establecimiento de "un nivel de tolerancia cero"
frente a la corrupción, y que esta posición es la que asume el
Ministerio Fiscal porque no puede permitir que este fenómeno "siga
envenenando el funcionamiento de la economía, su imagen internacional,
la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones
comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones
publicas".
Torres-Dulce se ha manifestado en este sentido
durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los
Diputados, donde acudió a presentar el contenido de la Memoria de la
Fiscalía correspondiente a 2011.
Sobre la Fiscalía
Anticorrupción, manifestó que "está asumiendo la investigación de las
mas complejas formas de delincuencia económica."
Para
Torres-Dulce, "junto con la furiosa agresión del terrorismo no hay forma
mas devastadora de ataque a la democracia y a sus valores que la
devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables".
Por ello, el fiscal general de Estado insistió en su "beligerante
compromiso contra esta lacra "con la conciencia clara de que en esta
partida nos jugamos mucho mas que un mero interés económico".
En esta lucha, considera que la Fiscalía Anticorrupción constituye una
pieza clave que debe ser reforzada en sus medios personales y materiales
como unidades adscritas a la misma y la plena colaboración de órganos
de la administración que sean requeridos
A lo largo de su
comparecencia, convocada para que diera cuenta de la última Memoria de
la Fiscalía, correspondiente a 2011, Torres-Dulce ha manifestado que los
delitos contra la Administración Pública han experimentado un ligero
descenso en su conjunto, aunque con incrementos en modalidades
delictivas de gran trascendencia.
Así, por el número de
procedimientos incoados la prevaricación administrativa ha experimentado
un aumento cercano al 30 por ciento en 2011, mientras que el cohecho se
ha visto incrementado en un 45 por ciento y el tráfico de influencias
en un 44 por ciento. Las causas por malversación de caudales públicos
durante el pasado año subió en un 25 por ciento.
Según
Torres-Dulce, los citados incrementos se deben "quizá a una mayor
eficacia de la persecución de este tipo de delito", si bien reconoce que
existe un "deficiente tono ético en el desempeño de determinados
cargos" sobre el que "debemos reflexionar".
Torres-Dulce ha realizado un diagnóstico de la situación de la
institución y ha expresado sus quejas por la actual distribución de
competencias, que hace que la gestión de los recursos que precisa la
Fiscalía para trabajar dependa de hasta 13 proveedores diferentes entre
Ministerio y Comunidades Autónoma.
Ello ha provocado, a juicio
del fiscal general, que mientras existe un Ministerio Fiscal que ha
apostado por la especialización, la oficina fiscal "ha permanecido ajena
a esta transformación".
Además, ha resaltado el escaso ratio de
funcionarios por fiscal (del 0,8 por ciento), lo que obliga a los
fiscales a asumir tareas organizativas que le restan tiempo para su
labor principal.
Igualmente, ha dicho que actualmente en el
mapa tecnológico de la Fiscalía conviven hasta diez aplicaciones
diferentes y a advertido de la incompatibilidad de los diferentes
sistemas, lo que supone un "serio obstáculo" para la labor del
Ministerio Público.
Al igual que hizo con ocasión de su
comparecencia antes de ser designado fiscal general, el pasado mes de
enero, Torres-Dulce ha manifestado la importancia que para él tiene el
principio de independencia fiscal y ha anunciado la presentación del
Libro Blanco del Ministerio Fiscal antes de que finalice el propio
periodo de sesiones.
Igualmente, ha denunciado el excesivo esfuerzo que requiere la
dedicación de los fiscales a las infracciones leves o faltas, que
alcanzaron en 2011 los 300.000 juicios "El grado de alarma que generan
en la sociedad es tan de escasa entidad que se dispersan y debilitan de
manera innecesaria" las energías del Ministerio Público.
De los
4.477.380 procedimientos incoados en el orden penal durante 2011, más
del 90 por ciento se archivan. El fiscal viene a formular anualmente
300.000 son acusaciones, que se dividen en 150.000 diligencias urgentes (
43 por ciento por delitos contra la seguridad vial y 25 por ciento por
violencia de género") otras tantas procedimientos abreviados y apenas un
uno por ciento procedimientos ordinarios, referidos a los delitos más
graves como homicidios, violaciones etc.
La Memoria también
recoge que aunque en 2011 no se produjo ningún atentado terrorista --sí
hubo cinco acciones de terrorismo callejero--, el número de detenidos
por terrorismo etarra ascendió a 82, 61 menos que en 2010.
