TOLEDO.- Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha considera una "pésima noticia" para la región manchega la instalación en Villar de Cañas (Cuenca) del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad y exige a la presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, que explique "por qué y a cambio de qué lo ha aceptado".
De este modo, el sindicato rechaza, como ya hizo en su día, la instalación del "cementerio" nuclear en la región, por entender que "las supuestas inversiones y los presuntos beneficios" que pudieran derivarse "no compensan en absoluto" ni los riesgos ni los efectos disuasorios sobre cualquier otra iniciativa empresarial en la zona y sobre cualquier otra posibilidad de desarrollo, más sostenible y más acorde con las condiciones medioambientales de la comarca.
A su juicio, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha acordado la propuesta de emplazamiento del cementerio nuclear con Cospedal "dejando al margen a la ciudadanía de la región, sin consenso político ni social".
Comisiones Obreras considera, en un comunicado, que la decisión de un ATC debería tomarse en el marco de un debate social más amplio sobre el cierre de centrales nucleares estableciendo un calendario concreto que tenga en cuenta la garantía de abastecimiento y la seguridad de las instalaciones y con una transición justa para los trabajadores.
"La mejor prueba de esta necesidad es que tanto Cospedal como Fabra muestren hoy su júbilo, la primera por acoger el ATC en Castilla-La Mancha y el segundo por librarse del ATC en Valencia", apunta el sindicato.
En Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una resolución en la que selecciona al municipio conquense de Villar de Cañas para albergar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado del parque atómico español y su complementario centro tecnológico.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en donde ha subrayado que se trataba de una decisión que se venía demorando 7 años --desde que el Congreso de los Diputados instó en 2004 al Ejecutivo a iniciar el proyecto--, y que el nuevo equipo ha tomado en su segundo consejo de Ministros. A este respecto, la vicepresidenta ha añadido que por cada día que desde 2011 no se construye el ATC a España le cuesta 60.000 euros diarios.
Según el Gobierno, la decisión se ha tomado tras analizar "en profundidad" el informe sobre las candidaturas que fue elaborado por la Comisión Interministerial que se creó para seleccionar el emplazamiento del ATC.
Ahora, una vez elegido el emplazamiento, el Gobierno iniciará los trámites para la construcción del proyecto, que incluirá la obtención de las correspondientes autorizaciones nucleares y medioambientales.
El ATC es una instalación que el Gobierno estima "indispensable" en un país con centrales nucleares y que se trata de la solución "más segura y económica" para tratar unos residuos que comenzaron a generarse en 1968, cuando se puso en marcha la primera central atómica, la de José Cabrera (Guadalajara) --en estos momentos en fase de desmantelamiento--
Para el Ejecutivo "se trata de dar ahora una solución cabal a un problema anterior, el de los residuos radiactivos, que vienen generándose hace décadas y que se seguirán generando en los próximos años, pues en la actualidad España no está en condiciones de prescindir de la energía nuclear".
Respecto al informe, recuerda que cualquiera de los ocho emplazamientos analizados y finalistas eran "aptos" para albergar la instalación y añade que para redactar el informe se han tenido en cuenta distintos parámetros, como los terrenos ofertados, el apoyo al proyecto, la situación geográfica y el impacto social y económico en la zona.
De este modo, el Gobierno "teniendo en cuenta todos estos requisitos" considera que la candidatura del municipio de Villar de Cañas reúne "todas las características técnicas exigidas" para este tipo de emplazamiento y el entorno tiene una tasa de paro elevada, por lo que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico positivo.
Concretamente, señala que Villar de Cañas obtuvo la calificación de MB (Muy Bueno) en apartados como extensión y geometría, topografía, geotecnia, sismicidad, meteorología, hidrología, instalaciones de riesgo alrededor, zonas de interés estratégico o distancias a núcleos principales. El parámetro de contribución de los ayuntamientos también ha obtenido una alta calificación.
Por otro lado, valora que el proceso de selección del emplazamiento para el ATC ha sido "en todo momento transparente y público" ya que el 29 de diciembre de 2009 se abrió el plazo de presentación de candidaturas, en el que se postularon 13 municipios, de los que fueron admitidos 8 y descartados 5 por errores de forma o presentación fuera de plazo.
Posteriormente, una vez analizado el término municipal de los candidatos definitivos y después del trámite se comunicó los afectados las zonas no aptas para albergar el ATC y su centro tecnológico.
En este contexto, se calificaron de "no aptas" las áreas que formaban parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales, Parques Naturales y otras figuras equivalentes cuya gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, los Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS).
Igualmente, quedaron excluidas las zonas protegidas del Ministerio de Defensa, Montes de Utilidad Pública y terrenos que formasen parte de la Red Española de Vías Pecuarias, así como áreas en las que existan elementos de interés patrimonial y emplazamientos que requirieran que el transporte se lleve a cabo necesariamente por vía aérea o marítima.
A continuación, se abrió el trámite de alegaciones e información pública del procedimiento para que todos los interesados puedan exponer su posición ante cada una de las candidaturas existentes y finalmente, la Comisión Interministerial estudió los terrenos propuestos y elaboró el informe de propuesta que ha analizado este viernes el Consejo de Ministros para designar el emplazamiento del ATC.
Hace algo más de un año, el anterior Gobierno también estudió la propuesta presentada por el entonces ministro de Industria Miguel Sebastián, aunque la opción planteada, Zarra (Valencia) se quedó sobre la mesa por no haber acuerdo entre los miembros del Consejo de Ministros.
El proyecto de ATC se contempla en el Plan General de Residuos Radiactivos vigente, que apunta a un almacenamiento de estos residuos en una solución centralizada que atienda a las consideraciones estratégicas, técnicas, económicas y de seguridad.
Así, la instalación ha sido considerada también la "mejor opción según la opinión mayoritaria de los componentes de la Mesa de Diálogo sobre la evolución de la energía nuclear", que se celebró entre noviembre de 2005 y mayo de 2006.
En el contexto parlamentario, el 14 de diciembre de 2004 la comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno a desarrollar, con la colaboración de ENRESA, los criterios para construir en España un Almacén Temporal Centralizado.
Dos años más tarde, el 27 de julio de 2006, la práctica totalidad de grupos parlamentarios aprobó en la Comisión de Industria del Congreso una Proposición no de Ley para al establecimiento de una Comisión Interministerial para establecer los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado.
El proyecto consiste en la construcción de un ATC para el almacenamiento en seco, durante un periodo de 60 años, del combustible gastado y residuos vitrificados de alta actividad, y un centro tecnológico que facilitará las actividades necesarias para el asentamiento de empresas. Asimismo, como apoyo a estas dos instalaciones el proyecto contará con las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas, para lo que se prevé inicialmente una superficie de unas 5 hectáreas.
La previsión de inversión total es de unos 700 millones de euros. Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta 500 trabajadores.
