MADRID.- El 79 por ciento de los españoles considera que el número de personas de origen inmigrante en el país es "elevado" (33%) o "excesivo" (46%), ya que la mayor parte de los ciudadanos cree que los extranjeros suponen el 21,3 por ciento de la población total, cuando en realidad, no llegan al 12 por ciento. También siguen pensando que reciben más del Estado de lo que aportan, aunque los datos dicen lo contrario.
Así lo recoge el informe 'Evolución del racismo y la xenofobia en España 2010' elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) a partir de una encuesta del CIS de 2009, del que se desprende que un 36 por ciento de los ciudadanos sigue siendo "reacio" a la inmigración, mientras se ha reducido un cinco por ciento el grupo de quienes piensan que sus efectos son positivos o muy positivos para España (41%).
El presidente del Oberaxe, Nicolás Marugán, ha destacado que la cifra de "reacios" se ha mantenido estable pese a la crisis económica, aunque "empeora mucho la imagen" que tienen los españoles de los foráneos en el año 2009 con respecto a 2008 "porque hay mucha estereotipia", especialmente en lo que se refiere al uso de los servicios públicos y al mercado laboral.
"Los españoles piensan que los inmigrantes abusan de los servicios sanitarios y de los educativos, y que los extranjeros los usan más y que reciben más del Estado que lo que aportan cuando los datos evidencian todo lo contrario", explica el experto, para quien "puede ser" que hagan falta más servicios públicos, "pero desde luego, los que hay no los usan más los inmigrantes, sino los españoles".
Así, el 25 por ciento consideraba en 2009 que los inmigrantes "reciben mucho más del Estado de lo que aportan", (en 2008 eran el 20%) y el 56 por ciento considera que reciben "mucha o bastante protección por parte del Estado". Casi la mitad cree que aunque tengan los mismos ingresos, los foráneos reciben "más ayudas sanitarias" y un 52 por ciento piensa que tienen "más ayudas escolares". Más de la mitad cree que "abusan" de la gratuidad del sistema de salud y que empeoran la calidad de la atención tanto médica como escolar.
En este sentido, el informe refleja un aumento del dos por ciento entre quienes piensan que los españoles deberían tener preferencia para acceder a la atención sanitaria, creencia que comparte el 44 por ciento de la población. Además, el 56% opina que deberían tener preferencia para elegir el colegio de sus hijos, un uno por ciento más que en 2008 y tres de cada diez cree que la presencia de hijos de inmigrantes en las escuelas no enriquece al conjunto de los alumnos.
Asimismo, en un test de respuesta espontánea, el 30 por ciento de los encuestados dijo que el aspecto negativo que destacaría más de la inmigración son "más problemas de delincuencia e inseguridad", si bien son un tres por ciento menos que en 2008; y un 13 por ciento apuntó "problemas de integración y choque cultural" (2% más). La tercera respuesta más mencionada fue "más competitividad en el mercado de trabajo", con un doce por ciento del total.
"El tema de la competitividad laboral es clave y preocupante. Hace años las respuestas ante el mercado de trabajo no eran tan claras como ahora y lo que más ha cambiado es la actitud de los jóvenes, que antes tenían unas respuestas mucho más tolerantes, sobre todo los que estaban en desempleo, y se están tornando de tolerancia a ambivalencia, sobre todo los que están en desempleo", ha añadido.
Sobre este punto, el estudio, basado en una encuesta del CIS de 2009, arroja un incremento del 4% entre quienes piensan que los españoles deben tener prioridad para acceder a un puesto de trabajo: el 64 por ciento de la población autóctona está de acuerdo con esta afirmación. Entre los menores de 30 años el aumento ha sido de un seis por ciento y ahora opina así el 58 por ciento.
En términos generales, ha aumentado cuatro puntos hasta el 58 por ciento el grupo de quienes creen que los inmigrantes "quitan puestos de trabajo a los españoles" y un 73% considera que provocan bajadas salariales. No obstante, el grupo mayoritario (78%) es el que sostiene que los extranjeros "desempeñan trabajos que los españoles no quieren hacer".
Otro de los asuntos sometidos a estudio es la percepción de la política migratoria. El 42% de los ciudadanos considera que las leyes son "demasiado tolerantes", cifra que se mantiene estable respecto al año anterior. En 2008 estaba de acuerdo con esta idea un 34% de los jóvenes y en 2009, el 39%. También ha aumentado el grupo de quienes piensan que se debe devolver a los inmigrantes en situación irregular a su país (un 19%, tres puntos más) y el 12% considera que no se debe acoger a quienes piden asilo político (un 1% más que en 2008).
Para el 39 por ciento de la población, convertirse en un parado de larga duración debe ser motivo de expulsión y hasta un 69 por ciento (2% más que en 2008) considera que se debe expulsar al extranjero que cometa "cualquier delito". Nuevamente, entre los jóvenes se ha producido un aumento mayor, pasando de un 60% a un 65% quienes están de acuerdo con esta afirmación.
En cuanto a los derechos de los inmigrantes, los datos se mantienen estables respecto al año anterior: un 79 por ciento cree que deben tener derecho a traerse a su familia, un 87% comparte que deben cobrar subsidio si quedan desempleados, un 61 por ciento está de acuerdo con que voten en las elecciones municipales y un 52 por ciento también con que participen en las generales. Sobre este punto, un 63 por ciento de los jóvenes estaba de acuerdo en 2008, pero en 2009 fue un ocho por ciento menos.
Sobre la integración de los extranjeros, misión que la mitad de los ciudadanos atribuye al Gobierno, el 50 por ciento piensa que los inmigrantes deberían poder mantener en España "sólo aquellos aspectos de su cultura y costumbres que no molesten al resto de los españoles", aunque para el 45% su presencia enriquece la cultura española.
Cuando se pide una valoración de la "conveniencia" de que la diversidad en la sociedad, tener varias razas obtiene 6,04 puntos; distintas culturas un 6,38 y distintas religiones un 5,28. Sobre este asunto, destaca que un 37 por ciento de la población considera "aceptable" protestar contra la construcción de una mezquita, un dos por ciento menos que en el año anterior.
