jueves, 3 de mayo de 2012

Rajoy plantea "repensar" la coordinación y el reparto de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró hoy convencido de que no se debe "desandar" ni la configuración autonómica del Estado, ni la inclusión de España en la UE, pero sí cree que se debe "repensar" y "evaluar" la coordinación entre las instituciones administrativas del Estado y el reparto de competencias, con la supresión de "duplicidades innecesarias".

   El jefe del Ejecutivo realizó estas afirmaciones durante la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Un acto al que han acudido, además de los presidentes del Congreso y el Senado, los ministros de Justicia, Exteriores, Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la secretaria general del PP.
   En su discurso, Rajoy defendió las reformas que está llevando a cabo porque se asientan en un "mandato inequívoco" de los ciudadanos en las urnas y aseguró que tienen una doble orientación, por una parte, consolidar los logros del Estado del bienestar y, por otra, "potenciar el ámbito de autonomía de las personas y erradicar las cortapisas externas a la libertad con que deben regir su destino, su vida y su vocación profesional".
   En su intervención, apeló al espíritu con el que se realizó la Constitución de Cádiz y dijo que su ejemplo debe servir de "estímulo" y de "guía" para afrontar con "valentía, determinación y equilibrio" los "profundos cambios" que necesita el país. En este punto, aseguró que estos cambios sólo se pueden llevar a cabo desde el "espíritu de concordia" que tuvo su "más elevada cima en la Constitución de 1978".
   Y refiriéndose a ésta última, dejó clara su opinión de que la Constitución Española dio un "paso original, decisivo y de gran calado" que, añadió, "en modo alguno debe ser desandado". Se trata, señaló de la "configuración autonómica del Estado". Tampoco, puntualizó, se debe desandar el camino de la inserción de España en la UE, "que ha sido el motor de algunas de nuestras modificaciones constitucionales".
  Sin embargo, considera que ambas circunstancias "invitan", ahora que son tiempos de crisis, a "repensar y evaluar" la estructuración más adecuada de los poderes públicos.
   Para ello y buscar "mayor eficacia" en las instituciones administrativas "a todos los niveles" dijo que "será preciso arbitrar fórmulas más eficientes, de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables, con supresión incluso, de entidades y organismos que no resisten una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos".
   Rajoy considera que esta será una tarea "delicada" y que requerirá el conocimiento de la realidad y la "intuición de la evolución futura, viable y deseable" de las estructuras institucionales públicas. Por ello, dijo que cuenta con el "saber acumulado" del Consejo de Estado, al que se comprometió a consultar, y con el Centro de Estudios Constitucionales.
   En este contexto, deseó al nuevo presidente y a los consejeros de Estado "mucha suerte y mucho tesón" porque, dijo, en esta Legislatura van a "tener mucho trabajo" y la asistencia de este órgano al Gobierno "va a ser más necesaria que nunca" y destacó la "privilegiada reputación de autoridad" que ha logrado el Consejo de Estado.
   El jefe del Ejecutivo destacó los valores de Romay Beccaría como un hombre de "diálogo, consenso y conciliación", así como su "altura como jurista de reconocido prestigio" que se une a una "experiencia vital y laboral singularmente rica".

La FEMP propone ceder competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha defendido la pervivencia de los municipios como instituciones políticas, aunque acepta que los de pequeño tamaño puedan perder su estructura administrativa para que sean otras entidades, como las diputaciones, las que la asuman.

   Según la FEMP, la supresión de municipios no va a cambiar "la realidad en cuanto al asentamiento de la población en nuestro país", por lo que, con independencia de su tamaño, "deben ser respetados como institución política básica", ya que, además, los ayuntamientos son sobre todo "expresión de la voluntad política de sus vecinos".
   No obstante, reconoce que "no todos tienen capacidad suficiente para la prestación de servicios", pero que existen soluciones a este problema, ya que "la solución a las carencias de los municipios de insuficiente capacidad de gestión pasa por la disociación entre su entidad política y su estructura administrativa".  
   Por un lado, propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares.
   Por otro lado, sugiere la prestación conjunta de servicios con la que los municipios puedan suplir esas insuficiencias de gestión, "sin que ello supusiera la necesidad de crear nuevas instituciones", de modo que advierte de que una nueva ley de gobierno local debería "arbitrar y potenciar" los mecanismos adecuados para ello.
   Así figura en un documento que la FEMP ha enviado a Administraciones Públicas, en el que explica su criterio sobre cómo ordenar las competencias de las entidades locales, una aportación al trabajo que realiza el Gobierno para reordenar el sector público español bajo la exigencia de evitar duplicidades y cumplir la premisa de una competencia, una administración.
   En el texto, de nueve folios, se hace un diagnóstico de la situación de las entidades locales y se proponen vías para reconocerles una serie de competencias y una financiación suficiente, en una ley orgánica de obligado cumplimiento.
   La FEMP dice ser "consciente" de que la Constitución "se olvidó de unas de las instituciones básicas de la configuración" del Estado, al no hacerlas "merecedoras de una regulación de carácter orgánico". En el caso de que esto no cambie, y se siga viendo a las entidades locales como las "hermanas pobres" de las instituciones al no dotarles de una ley orgánica que regule sus competencias, pide que se modifique la regulación del conflicto en defensa de la autonomía local contenido en la Ley del Tribunal Constitucional para "relajar los requisitos de legitimidad para su interposición".
   Además, reclama un "pacto político" que comprometa tanto a Estado como a comunidades autónomas a "respetar la configuración que la ley básica establezca y a los principios en los que se fundamenta el sistema", como son autonomía local, descentralización o suficiencia financiera.
   Así pues, considera que las relaciones entre las administraciones públicas deberían basarse en el "principio de lealtad institucional", garantizando la "autonomía local" frente a lo que ve como "posibles pretensiones de tutela que se pretendan ejercer desde otros ámbitos, eliminando los controles de conveniencia y oportunidad, que estarán expresamente prohibidos".
   Un ejemplo que pone es que la construcción de infraestructuras de competencia estatal autonómica "no puede conllevar la imposición al ayuntamiento donde se ubique de cargas u obligaciones económicas de ningún tipo que le obliguen, bajo mecanismos de naturaleza coactiva, a confinanciarlas a través de distintas fórmulas".
   En el documento enviado al Gobierno, la FEMP viene a insistir, como lleva haciendo desde anteriores legislaturas, en una financiación adecuada a las competencias de las entidades locales, una condición sin la que, según argumenta, "no estarán obligadas a asumir la competencia ni a prestar los servicios o realizar las actividades que de ella se derivan".
   Para la FEMP, existe una "absoluta desconexión del sistema de financiación con el sistema de competencias" de las corporaciones locales, razón a la que atribuye directamente la "escasez de recursos municipales".
   Así pues, reclama que las leyes que supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal, provincial o insular que mengüe los ingresos de las haciendas locales arbitrarán "medidas de compensación", además de dotar de "carácter incondicionado" a las transferencias que se reconozcan a las entidades locales por otras administraciones públicas".
   Para evitar duplicidades en la prestación de servicios públicos, la FEMP sugiere atenerse a los principios de estabilidad presupuestaria expuestos en la ley aprobada en el Senado la semana pasada, pero también a "mecanismos de colaboración" entre administraciones para, "desde la lealtad institucional, evitar la duplicidad del servicio".
   En cuanto a la concreción de las competencias que, para la FEMP, deben ejercer las entidades locales, el documento explica en una serie de puntos los requisitos para fijar esos servicios y actividades de los que, a su juicio, deben encargarse estas administraciones.
   A su juicio, no existe en la actual Ley de Bases de Régimen Local una "concreción suficiente de las competencias locales", ya que el listado de materias que incluye está "vacío de contenido competencial", lo que ha llevado a la "confusión en la realización de actividades y prestación de servicios".
   Así, propone que una futura ley de bases que sustituya a la actual reconozca la competencia de los municipios para intervenir en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra entidad, además de la inclusión en esa norma de una listado de materias en las que se reconoce un interés local relevante.
   Entre otras, la FEMP considera que deben ser competencia local las materias relacionadas con urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua potable, asistencia social primaria, seguridad, protección civil, tráfico y movilidad, promoción turística, políticas activas de empleo o padrón municipal.
   También sugiere que las leyes sectoriales estatales o autonómicas puedan ampliar las competencias establecidas, siempre previo estudio sobre la idoneidad de las mismas basándose en los "principios de autonomía, descentralización, proporcionalidad, subsidiariedad y suficiencia financiera".
   La FEMP cree que también hay que tener en cuenta las características demográficas, geográficas u organizativas del municipio, además de dotar de la financiación adecuada a estas corporaciones para que puedan ejercer dichas competencias.

El PSOE critica que Geacam saque 49 plazas y se despidieran 42 trabajadores

ALBACETE.- El viceportavoz socialista en la Diputación de Albacete, Ramón García, ha tachado de "esperpéntico" que el GEACAM haya publicado una convocatoria para la provisión de 49 vacantes de cara al dispositivo de prevención y extinción de incendios de Castilla-La Mancha, "cuando estas vacantes se han originado como consecuencia del ERE en el que se vieron inmersos los 42 bomberos del SEPEI que trabajaban en dicho dispositivo". 

   La convocatoria de GEACAM, indica el PSOE en nota de prensa, contempla 49 vacantes a cubrir para desempeñar su trabajo en diferentes municipios de la provincia de Albacete, es decir, "para realizar las mismas funciones que llevaban a cabo los 42 bomberos del SEPEI", cuyo ERE se "saldó con 3 jubilaciones, 18 despidos y 21 recolocaciones en peores condiciones".
   En opinión de Ramón García, si el gobierno del PP hubiera tenido realmente intención de preservar el empleo de sus 42 trabajadores hubiera negociado para firmar el convenio con GEACAM para ceder estas personas durante los meses que está activo el dispositivo de prevención y extinción de incendios, tal y como se venía haciendo en años anteriores.
   En este sentido, el viceportavoz del Grupo Socialista ha recordado que si GEACAM no estaba dispuesta a realizar la aportación de años anteriores al convenio, la Diputación de Albacete estaba en condiciones económicas para asumir la parte que esta empresa de la Junta de Comunidades hubiera dejado de poner, "sólo era cuestión de tener voluntad política".
   El viceportavoz socialista ha reiterado que se trata de un despido político que obedece "única y exclusivamente a directrices políticas, y no a una estrategia empresarial o de optimización de recursos".
   El Grupo Socialista ha criticado también el "cinismo" de la presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, por tomar estas decisiones y al mismo tiempo "brindar el apoyo del Gobierno de la región a los parados y asegurar que están trabajando para crear empleo".

Según ANPE, la supresión de 817 plazas es un "grave mazazo" a la Educación

TOLEDO.- El sindicato de la enseñanza ANPE ha señalado que la eliminación de 817 plazas de maestros para el próximo curso por parte de la Junta de Castilla-La Mancha supone un "tremendo y grave mazazo a nuestro ya malogrado sistema educativo castellano-manchego".  

   Según explica, con estas supresiones se hará "inviable" la mejora del sistema educativo y la corrección de los elevados índices de fracaso escolar, superiores al 33 por ciento en la región, "imposibilitando llevar a efecto programas de atención a la diversidad y de refuerzo educativo".
   ANPE indica que atender en condiciones de calidad y equidad al alumnado de Castilla-La Mancha pasa por una "reforma urgente del modelo educativo, obviamente incompatible con la reducción del número de profesionales de la Educación".
 "La escuela no es el lugar donde se custodian los niños sino un espacio donde se debe dar opción al profesional para mejorar los aprendizajes del alumno y poder obtener así cotas eficientes de éxito escolar".
   Por eso, el sindicato se manifiesta "totalmente" en contra de la reciente orden de la Consejería de Educación por la que se publica la plantilla de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, Colegios rurales Agrupados y Colegios de Educación Especial para el próximo curso 2012-13, "ya que supone la destrucción del modelo de compensación de las desigualdades de los alumnos".
   Según indican, al prescindir de los profesionales de apoyo en los colegios se hará inviable prestar un servicio de calidad y la propia atención a la diversidad, y es en las etapas de infantil y primaria donde se asientan todas las bases del futuro educativo de los alumnos y "es aquí donde deben empezar a corregirse las disfunciones".
   Por otro lado, apuntan que con esta Orden, "una vez más, se ha quebrado el principio de negociación con los legítimos representantes del profesorado, ya que se ha impuesto de manera unilateral por la Consejería sin escuchar a los mismos".
   El sindicato resalta además "el gran número de maestros" que se verán afectados por el cambio forzoso en los destinos y por la disminución de puestos de trabajo en la oferta del Concurso General de Traslados.

Plataforma contra el ATC denuncia presiones del Ayuntamiento para vender parcelas

CUENCA.- La Plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca ha denunciado que el Ayuntamiento de Villar de Cañas está presionando a los propietarios de terrenos para que vendan sus parcelas a los empresarios que quieran instalarse en el municipio. 

   En rueda de prensa, la portavoz de la plataforma, María Andrés, ha denunciado que el Consistorio del municipio que albergará el Almacén Temporal Centralizado está enviando cartas a algunos vecinos para que "malvendan" sus parcelas.
   Andrés ha señalado que por un lado, se habla de expropiación de los terrenos en los que podría construirse la planta nuclear y por otro lado, según Andrés, el Consistorio amenaza a propietarios de terrenos en el casco urbano con expropiarlos en caso de que no urbanicen o vendan dichos terrenos.
   La portavoz ha asegurado que "no se han presentado proyectos empresariales" y es el Ayuntamiento el que de forma unilateral, ha decidido qué solares deben urbanizarse o venderse. Según Andrés, "hay un mapa donde dice qué solares han sido elegidos para entrar en este proceso que de alguna manera, se podría hablar de coacción porque se han decidido unos solares pero no sabemos con qué criterio".
   Desde la plataforma confirman que algunos vecinos se han reunido con representantes municipales que les han trasladado que prevén aplicar la legislación municipal que establece un plazo máximo para urbanizar un terreno después de la compra; si tal plazo no se cumple, el Consistorio tiene capacidad para expropiar la parcela y según la Plataforma, está dispuesto a hacerlo.
   Andrés considera que no hay razones para aplicar la legislación de forma estricta ya que no existen proyectos empresariales reales que urjan disponer de terrenos. En este punto, ha instado a los afectados a ponerse en contacto con la Plataforma que se compromete a orientarles porque ahora mismo "el sitio al que deben dirigirse para asesorarse, es el sitio en el que estás recibiendo presión, así que nadie tenga miedo a una expropiación injusta o hacer una venta que no quiera hacer".
   La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha convocado la tercera marcha a Villar de Cañas. Será un nuevo acto de protesta contra la instalación del cementerio nuclear en Cuenca el próximo 6 de mayo. Saldrá a las 11.00 horas de la Urbanización Casalona y llegará a Villar de Cañas entre las 13.00 y 13.30 horas.
   El colectivo llama a los ciudadanos a participar con el objetivo de "parar el nefasto proyecto" que consideran es la instalación del ATC en Villar de Cañas.

Mentís

El alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, ha asegurado que nunca ha coaccionado a los propietarios de los solares vacíos con los que cuenta el pueblo para que éstos vendieran sus terrenos a empresarios con interés en instalarse en el municipio.
   Así lo ha asegurado después de que la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca haya denunciado que el Ayuntamiento está presionando a los propietarios de terrenos para que vendan sus parcelas.
   El alcalde ha explicado que el pasado Jueves Santo mantuvo una reunión con los dueños de los solares urbanos de la localidad donde por parte del Ayuntamiento se les animó a llegar acuerdos con los posibles inversores, pero "nunca se les presionó".
   En este encuentro, el regidor conquense explicó a los propietarios que el Ayuntamiento compró un terreno con un precio de 70 euros el metro cuadrado para edificar el centro de mayores, y les instó a que éste fuera "un precio aproximado" a la hora de ceder sus propiedades a los empresarios que quieran instalarse en la localidad.
   Sáiz ha subrayado que en la reunión había algunos propietarios a favor y unos pocos en contra, pero que en todo caso "no ha habido ningún problema" con ninguno de ellos. "El Ayuntamiento intenta que los terrenos se vendan a un precio razonable, nada más", ha sentenciado.

Bankia y Mare Nostrum, una losa para De Guindos / José Hervás *

Tras la caída de Lehman Brothers, las dificultades de Mare Nostrum podrían suponer un segundo tropiezo para De Guindos

Expertos conocedores del informe íntegro del Fondo Monetario Internacional sobre el sector financiero español dan por hecho que las dos entidades a las que se refería el resumen ejecutivo del organismo internacional, colocado en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad, son, además de la siempre mencionada Bankia, la SIP Mare Nostrum. De ser como dicen algunos expertos vendría a poner en una situación incómoda al ministro de Economía, que fuera consejero de Mare Nostrum y quien ejercía un gran ascendiente sobre las decisiones del todavía presidente del grupo y presidente de Caja Murcia, Carlos Egea Krauel. La solución no parece sencilla. Frente a quienes demandan decisiones rápidas sobre las cajas con problemas para acabar con la incertidumbre internacional sobre el sector, la respuesta de Economía es que el Banco de España no le apoya en las decisiones. 
Ordóñez querría no tener que intervenir ninguna otra entidad antes de agotar su mandato. Total le quedan 15 días. Y la intervención de Bankia o Mare Nostrum supondría el reconocimiento explícito del fracaso de su labor de supervisión. Y de paso un segundo tropiezo sonado de De Guindos. En el propio grupo parlamentario popular, además, algunos reiteran que al día de hoy la reforma financiera sigue sin hacerse o que se trata de una reforma fallida. El objetivo fundamental de la misma, volver a facilitar el crédito a particulares y para que las empresas puedan mantener su actividad, no se ha conseguido.
 
No todos se muestran críticos con De Guindos. Existen algunos que consideran que, pese deberle toda su carrera política y parte de la personal al ex vicepresidente del Gobierno, se han pasado al enemigo, cuestionando incluso la meritoria labor que está desempeñando la Oficina Económica del Gobierno para tratar de encontrar una solución adecuada. 
Lo de solución rápida sería más complicado conseguirlo. Los más de 200.000 millones de activos tóxicos de muy difícil cobro que calculan se mantienen en los balances de los bancos y cajas españoles exigirán más de un quinquenio para ser absorbidos. La sugerencia cada vez más invocada es apelar al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera que entrará en vigor el próximo 1 de julio, pese a que hasta ahora se ha considerado tabú. 
El talón de Aquiles 
En cuanto al grupo Banco Mare Nostrum, Sistema Institucional de Protección (SIP) formado por Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y la balear Sa Nostra, ya admitía que necesitaba más de 1.000 millones para hacer frente a las nuevas provisiones exigidas por el Gobierno tras aprobarse el pasado 3 de febrero el Real Decreto de reforma del sistema financiero.
En la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BMN cifraba en concreto en 1.039 millones sus necesidades en relación con la cobertura de las provisiones referidas a los activos en riesgo del grupo.
De ellos, 674 millones de euros corresponden a las nuevas exigencias relativas al reforzamiento del capital, mientras que los 256 millones restantes hacen referencia a las provisiones que el grupo debe alcanzar para cubrir así los activos tóxicos vinculados al sector del ladrillo.
Como ha venido siendo habitual desde la promulgación del decreto entre todas las entidades que necesitaban alcanzar los nuevos requisitos, también los gestores de BMN han confiado en que los excedentes redujeran en parte las necesidades de capital. Sus esperanzas se cifraban además en el saneamiento de las cuentas con la siempre socorrida apelación a la optimización de los recursos, el recorte de gastos y otras medidas para mejorar la eficacia de sus activos.
Y por supuesto confían en la prórroga a la que quieren agarrarse como clavo ardiendo si se hacen en la subasta con el Banco de Valencia. 
Las dificultades del grupo para poder cumplir con las nuevas exigencias no son nuevas. Ya hace ahora un año, cuando el Banco de España dio a conocer en marzo del 2011 las necesidades más modestas de recapitalización del grupo, según el plan ideado por Elena Salgado, llegó a hablarse de la renuncia de Carlos Egea que daría paso al prestigioso economista Luis de Guindos. Medios murcianos recordaban entonces que De Guindos era en ese momento consejero de la entidad y hombre muy cercano a Rodrigo Rato, con el que ocupó altos cargos en el Ministerio de Economía durante los gobiernos de Aznar. 
El relevo, decían entonces, tendría ya el visto bueno del propio Banco de España y de la sede central del PP en Génova 13, ante la no objeción del presidente del PP murciano y de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en aras de un entendimiento posible para incorporar a Caja Duero y Caja España, ambas radicadas en Castilla-León, feudo del PP, al banco 'Mare Nostrum'. 
Los directivos de ambas entidades castellanas parecían esgrimir su falta de entendimiento con Egea Krauel para no terminar de rematar un acuerdo y verse obligadas a negociar con 'Unicaja', en la órbita del PSOE. 
Es evidente que se trata de un capítulo no cerrado. Cuando un ministro dice que no descarta que las entidades creen sociedades intermedias para depositar sus activos inmobiliarios, es que ya están en ello. Y será un proceso de más de un día.

(*) Periodista

Reflexiones sobre la Universidad / César García *

Una de las pruebas irrebatibles que se ha hecho imprescindible a la hora de denunciar la falta de calidad de las universidades españolas es la baja clasificación que obtienen en los rankings internacionales, donde siempre aparecen del puesto 200 para arriba. Aunque la metodología que utilizan estos rankings, basada fundamentalmente en la publicación de artículos en revistas académicas de ciencias y tecnología en detrimento de las humanidades o de otros aspectos relacionados con la enseñanza, pueda ser discutible, son una buena orientación. Llorar y lamentarse, como hace la Comisión Europea, de que estos criterios siempre favorecen a las universidades norteamericanas, no sirve de mucho cuando el resto del mundo los sigue a pies juntillas.
Sin embargo, en esta ocasión, me gustaría hablar de otros aspectos que se suelen dejar de lado acerca de la experiencia universitaria en España y que contribuyen activamente a su desprestigio.

El primero de ellos tiene que ver con el escaso interés que tiene como experiencia vital. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, ir a la universidad supone un rito de paso, ya que suele implicar abandonar el hogar paterno y enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana (convivencia con otras personas, sexo, alcohol, trabajo, etcétera) en solitario, en España ir a la universidad apenas supone para una mayoría de estudiantes trasladarse a otro barrio y bajarse en otra parada de autobús o estación de Metro. El resto de las constantes vitales, como seguir viviendo en casa de los padres o salir con los mismos amigos, permanecen inalterables. El riesgo en términos monetarios o coste de oportunidad también es mínimo, ya que los alumnos españoles sólo vienen a pagar el 15% de la matrícula (desde ahora el 30%). Un hieratismo que se traslada a una enseñanza que empieza y termina en el aula y fundamentalmente basada en atender a las explicaciones del profesor, realizar exámenes y quizá escribir algún trabajo.

Esta capacidad de decidir por parte del universitario también se manifiesta dentro del aula, donde la percepción de la autoridad del profesor no liquida la posibilidad de un intercambio de ideas u opiniones acerca de un determinado tema. El estudiante no siente complejo de recoger el guante de una determinada pregunta del profesor en voz alta y existe en general una buena predisposición a embarcarse en el método socrático de búsqueda de la verdad, algo lejano en la universidad española en la que el estudiante protege su libertad marcando distancias con los profesores.

El escaso entusiasmo que en España suscita la experiencia universitaria se agudiza por la inexistencia de un auténtico mercado universitario y la ausencia de competencia entre los centros, ya que los estudiantes no encuentran ningún motivo para ir a una universidad fuera de su ciudad o región, ya que todas ofrecen más o menos lo mismo. Los campus tienen todos más o menos la misma estética y el marketing y la construcción de marca huelgan por su ausencia al tener una clientela cautiva. No deja de llamarme la atención, en una de las universidades con más estudiantes del mundo como es la Complutense, no ver ni una sola sudadera con su logotipo por las calles o que en la facultad de Ciencias de la Información la librería todavía tenga un formato de ventanilla en el que los estudiantes ni siquiera tienen la oportunidad de tener contacto físico con los libros.

La creación de universidades a la puerta de casa ha promovido el localismo hasta niveles inimaginables hace décadas cuando al menos había universitarios que se desplazaban a Madrid, Barcelona u otras ciudades a ampliar horizontes. Este localismo también es favorecido por la disponibilidad de fondos públicos de carácter regional que hacen que el profesorado se centre en no pocas ocasiones en investigaciones de ámbito muy local como requisito para acceder a los mismos.

En Estados Unidos la competencia se manifiesta en varios aspectos fundamentales: la existencia de un mercado de profesores dispuestos a moverse y que pueden contratarse con la misma libertad con la que una empresa contrata a cualquier tipo de empleado; un mercado de estudiantes que buscan recibir la mejor educación posible; y un mercado de empresas y agencias que, en su mayoría con dinero privado, desarrollan actividades investigadores en campos diversos.

Frente al complejo entramado burocrático que requiere la contratación de profesores en la universidad española, la estadounidense se caracteriza por la libre contratación de docentes. Enviar un currículum y unas publicaciones, pasar una serie de entrevistas y realizar una demostración docente son los requisitos para optar a una plaza de profesor en cualquier universidad. La contratación es al 100% realizada a gusto de los departamentos y el porcentaje de doctores que suelen terminar en la misma universidad en la que realizaron el doctorado es mínimo, justo al contrario de lo que sucede en la universidad española donde la endogamia y las relaciones personales siguen poseyendo un alto valor añadido. Mientras que en España la vida universitaria se asemeja a la de un árbol, es decir, nacer, desarrollarse y morir en el mismo sitio, en Estados Unidos el aperturismo genera una dinámica de competencia entre las universidades por contratar a los mejores profesores y entre profesores por realizar los méritos suficientes para trabajar en los mejores centros.

La burocracia afecta fundamentalmente a la función pública, donde la política de ascensos y los plazos están fijados de antemano. Me pregunto qué motivación puede tener un profesor titular de universidad si tiene garantizada una plaza de por vida y unos suplementos salariales que se perciben en función de la antigüedad y con independencia de la calidad de las clases o el número de publicaciones. Es, como casi todo en España, una cuestión de dejar que pase el tiempo. Ello sin entrar en el tema del tipo de incentivos que se ofrecen: las promociones una vez que se tiene la plaza suponen 200 o 300 euros mensuales de diferencia. Al no existir mercado por las altas barreras burocráticas se da la circunstancia de que todos los profesores titulares cobran más o menos lo mismo en cualquier universidad. ¿Se imaginan un profesor laureado de la Universidad de Berkeley cobrando igual que otro en la Universidad estatal de West Virginia?

Al igual que sucede en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación las universidades americanas tratan de ofrecer los mejores productos, es decir, programas más interesantes y la mayor cantidad y calidad de actividades posibles para captar los mejores estudiantes. Es un fenómeno que se retroalimenta y recíproco, cuanto más prestigio tienen los profesores de los departamentos, atraen mejores estudiantes y viceversa. El resultado es una alta capacidad innovadora y gran flexibilidad para adaptar los programas académicos a las necesidades de los estudiantes y de toda la sociedad .

No en vano, en Norteamérica existen multitud de rankings que establecen el prestigio de cada universidad según un conjunto de parámetros como relación calidad-precio, atención al alumno, la calidad del profesorado e incluso la calidad de vida en el campus. A diferencia de España, los universitarios americanos no saben en qué universidad van a terminar después de acabar high school (bachillerato). Lo normal es solicitar plaza en varias universidades al mismo tiempo teniendo como único criterio la calidad y no necesariamente la cercanía a su domicilio. De hecho, toda aquella familia que puede permitírselo suele enviar a sus hijos a estudiar a universidades fuera del área normal de residencia al entender que favorece el crecimiento individual.

Una experiencia vital más rica y un mercado más abierto redundaría en una mayor diversidad de estudiantes y de profesores que elevaría el nivel académico general. España, gracias al idioma, al clima y a la calidad de vida, podría tener opciones de atraer talento académico como sucede en EEUU, donde no siempre el salario es lo más importante para atraer a los mejores profesores. Pero para ello hay que tener el liderazgo necesario para hacer reformas de verdad y no sólo recortes.

(*) César García (Madrid, 1970), doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesor de comunicación en la Central Washington University

Hacienda emite un dictamen favorable al plan de ajuste presentado por el Ayuntamiento de Albacete


ALBACETE.- El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Albacete, Juan Carlos López Garrido, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda ha emitido un dictamen favorable para el plan de ajuste presentado por el Consistorio albaceteño, de manera que "autoriza la solicitud del préstamo para poder pagar las deudas pendientes a los proveedores".

   Según ha manifestado López Garrido en rueda de prensa los ayuntamientos tienen de plazo hasta el día 8 de mayo para confirmar con el Ministerio la relación de facturas pendientes de pago antes de fin de 2011, fecha a partir de la cual "se conocerá la cifra exacta que estará en el préstamo y que se firmará definitivamente con la entidad financiera".
   El siguiente paso será "antes del 15 de mayo", cuando se celebrará un Pleno Municipal Extraordinario en el que se aprobará la decisión de solicitar ese préstamo "para empezar a pagar a lo largo de mayo".
   Finalmente, ha concretado el concejal de Hacienda, se hará frente al pago de 4.630 facturas por un importe total de 32,6 millones de euros "que supone 500.000 euros más de la primera relación de facturas que se envió".
   Además, ha añadido el concejal, "está previsto que en los cinco primeros días tanto de junio como de julio se puedan producir nuevas comunicaciones con el Ministerio para remitirle facturas que hasta el momento no han entrado, con lo que se tendrán que formalizar nuevas operaciones de préstamo".
   De momento, ha señalado, "hay certificaciones negativas por valor de 2,8 millones de euros y de aquí a julio parte de esas facturas se podrán incluir y darle la tramitación administrativa que les corresponda" para ser reconocidas y pagadas.
   López Garrido, que ha incidido en que "se cumple en menos de un año el compromiso" de la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, de pagar lo que se debía a los proveedores, ha anunciado que el equipo de Gobierno está trabajando "en todas las medidas necesarias para regularizar la situación y poder pagar a los proveedores en un plazo de 40 días".
 "El impago continuo a proveedores no va a ocurrir más", ha sentenciado.

Habrá 45.000 desempleados más en C-LM a final de año

TOLEDO.- La Fundación Ideas, que dirige el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales del PSOE, Jesús Caldera, calcula que a final de año en Castilla-La Mancha se habrán perdido 45.000 empleos, de los que entre 5.000 y 8.500 serán consecuencia directa de la aplicación de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.

   Así lo ha expuesto este miércoles el también secretario de Ideas y Programas de la Ejecutiva Federal Socialista, en una rueda de prensa junto al secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, donde ha desvelado que las cifras se desprenden de un informe realizado por la Fundación sobre el impacto que la reforma laboral tiene en la economía, en este caso de la región.
   En el caso de Castilla-La Mancha, según ha dicho, se llegarían a destruir 45.000 empleos y no a los 37.000 que calcula el Gobierno central, un pronóstico "muy doloroso" al que llevan las políticas del Ejecutivo, que no van a poner freno a la destrucción de empleo ni a una recuperación rápida de la situación, según Caldera.
   "Esta reforma va a ayudar a que el empleo se destruya más", ha señalado el exministro socialista, que ha indicado que con ella habrá una reducción media de salarios de las personas que aún tienen trabajo que provocará que caigan los ingresos de las familias, disminuya el consumo y con ello la recaudación por IVA y IRPF, y suponga una caída del Producto Interior Bruto que lleve a una mayor inflación y paro.
   En este sentido, ha detallado que esta reforma laboral no se ha hecho para contratar "sino para despedir", no incluye incentivos para que los jóvenes se formen teniendo en cuenta que al finalizar el periodo de prueba en una empresa pueden ser despedidos y resulta "muy flexible" a la hora de despedir a una mujer que ha sido madre.
   Jesús Caldera ha lamentado que la reforma laboral no ayude al cambio del modelo productivo, reduzca las inversiones a políticas activas de empleo y permita las sustituciones de trabajadores mayores por otros más jóvenes, lo que "va a empeorar notablemente la situación de la sociedad y las empresas".
   Argumentos con los que ha coincidido el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, quien ha reconocido que en Castilla-La Mancha "cada día hay muchos más parados", aunque "lo más parado es el Gobierno, que está en una parálisis que se puede explicar como ausencia absoluta de impulso a todo tipo de política, sobre todo las de crecimiento económico".
   García-Page, que va a analizar con Caldera la situación "particular" de la región durante un almuerzo de trabajo, ha aseverado que la Comunidad Autónoma ocupa actualmente "posiciones de alto riesgo", lo que tiene al PSOE "seriamente preocupado" por el futuro de la región.

Arias Cañete trabajará para que haya agua en todos los territorios

ZARAGOZA.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que se analizarán "todas las alternativas para que haya agua en todos los territorios" y ha abogado por "establecer un gran pacto nacional sobre el agua", del que se derivará un Plan Hidrológico Nacional.

   En rueda de prensa, tras presidir la comisión de seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, el ministro no ha descartado el trasvase del Ebro y ha precisado que no estaba en condiciones de dar a conocer ninguna propuesta concreta "hasta conocer los datos de los ríos españoles", una vez que se hayan elaborado los planes de demarcación de las cuencas hidrográficas españolas.
   "Lo otro serían ejercicios teóricos políticos", ha observado, para comentar que "si no hay agua, no se pueden hacer cosas, y si hay agua, se puede hablar", reconocer que "la sequía más intensa en España la está padeciendo Aragón, no el Levante", señalar que la planificación hidrológica "tiene que tener el máximo consenso para ser viable" y opinar que hay que hacer pedagogía porque "cuando las cosas se explican y son razonables se puede llegar a acuerdos".
   "El Gobierno tratará de buscar un equilibrio" y "vamos a hacer un ejercicio técnico de responsabilidad de la mejor gestión del agua", además de buscar el "consenso político", mientras que ahora "sería un apriorismo por mi parte decir que vamos a hacer una cosa u otra", igual que por "un apriorismo político" hay quien dice "trasvase no, desaladoras sí".
   Arias Cañete ha sostenido que "vamos a analizar los caudales disponibles, los caudales ecológicos necesarios, no sólo en Aragón", que "ha hecho un ejercicio de cuantificación muy claro del agua que necesita", igual que Cataluña y otras Comunidades autónomas, y "tenemos que respetar todos".
   En este sentido, ha afirmado que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de Pedro, "que tiene una enorme sensibilidad aragonesa, estoy seguro que hará un buen ejercicio en la definición del plan de demarcación de la cuenca del Ebro".
   También ha argumentado que "tenemos que impedir que en una situación de sequía como la que estamos atravesando en este momento, los embalses de Aragón estén el 60,8 por ciento de su volumen total, cuando la media de los últimos años era del 75,6 por ciento" por lo que "necesitamos más capacidad de almacenamiento".
   A su entender, "no solo los trasvases son un problema, el problema en estos momentos es la falta de infraestructuras de almacenamiento, de regadío, de distribución y abastecimiento de agua y de saneamiento en poblaciones" por lo que "hay muchos temas que tienen prioridad".
   El ministro de Agricultura ha recordado que España tenía que haber concluido los planes de demarcación de las cuencas intracomunitarias e intercomunitarias en 2009 y "llevamos un enorme retraso porque no hay ninguna cuenca de las intercomunitarias que haya concluido su plan de demarcación".
   Por eso, ha precisado, la Unión Europea "nos ha denunciado ante el Tribunal de Justicia y están abiertos expedientes sancionatorios contra España por incumplimiento", de forma que es "prioridad del Gobierno concluir los planes de demarcación antes 31 de diciembre 2013".
   En el caso de la Cuenca Hidrográfica del Ebro, ha dicho que "ya estamos en la fase de información pública y esperemos que en 2013" esté aprobado.
   Cuando todas las demarcaciones cuenten con su plan, y con lo que resulte de los mismos, su objetivo es "establecer un gran pacto nacional sobre el agua" y de él derivar un Plan Hidrológico Nacional para "tener una política que pueda ser desarrollada por los sucesivos gobiernos al margen del color político de los mismos", buscando la "máxima racionalidad en el empleo del agua" y los "equilibrios entre territorios".

El PSOE denunciará en Bruselas la situación del Tajo

TALAVERA DE LA REINA.- El secretario provincial del PSOE en Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha anunciado que presentará una denuncia conjuntamente con la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debido a los "incumplimientos del caudal ecológico tanto del Tajo como del Alberche así como de la calidad de las aguas y los plazos de los planes de cuenca".

   En rueda de prensa, ha señalado que van a ir a Bruselas a presentar esta denuncia en "mano" previsiblemente en junio ante "la situación generalizada que se está produciendo y ante la falta de pronunciamientos claros, concisos y contundentes del PP".
   En ese sentido, ha recalcado que hay "muy poca complicidad" con la región del PP y de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en este asunto, y por ello ha puesto en valor la necesidad de estar mucho más "unidos" como hacen en otras regiones como Aragón, Valencia y Murcia.
   De igual manera, ha mostrado su postura en contra de la continuidad del Trasvase Tajo-Segura, al igual que lo han hecho los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, (CHT) "porque es completamente inviable".
   Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo  y Alberche de Talavera de la Reina, Miguel Ángel Sánchez, ha señalado que recurrir a Bruselas "es la opción que hemos acordado adoptar, para defender los intereses del agua de toda la provincia de Toledo".
    Sánchez ha incidido en la necesidad de elevar a Bruselas la situación de los dos ríos y la nula definición que se está haciendo tanto de los caudales, como del plan de cuenca.
   La plataforma, ha dicho su portavoz, va a continuar "presionando" para intentar "desbloquear" la situación y por ello recurrirá ante la Unión Europea, de la mano del PSOE y junto a IU, para trasladar estas consideraciones a través del eurodiputado  Willy Meyer.