MADRID.- Los alcaldes llevan años pidiendo insistentemente un
nuevo sistema de financiación local para mejorar su autonomía
financiera, pero no han conseguido que sus demandas se materialicen a
pesar de las buenas palabras del resto de administraciones. ¿Se aprobará
por fin durante esta legislatura?
El Gobierno y los ayuntamientos son conscientes de que, antes de acometer una reforma de la Ley de Haciendas Locales, hay que resolver una cuestión vital para los consistorios: el reparto de competencias.
El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, ha apostado por revisar la ley de Bases de Régimen Local
(1985) dentro de la ordenación administrativa que pretende el Gobierno para hacer efectiva la máxima de "una administración, una competencia".
Con esa norma se quiere poner freno a las llamadas "competencias
impropias" de los consistorios, aquellas que prestan los ayuntamientos a
pesar de que no son titulares de las mismas, como la construcción de
guarderías o de otros servicios sociales.
Estas "competencias impropias" representan hasta el 26% del
presupuesto total de los 8.116 ayuntamientos, como recuerda el
vicepresidente segundo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Fernando Martínez Maíllo.
"Esta vez sí", responde el también presidente de la Diputación de
Zamora cuando se le pregunta si esta será la legislatura definitiva para
la financiación local, cuyos últimos cambios datan de 2004, con una
serie de modificaciones a la ley aprobada en 2002.
Para Maíllo, es "imprescindible" y "necesario" que el Ejecutivo lleve
a cabo una reforma de la Ley de Haciendas locales, que debe venir
precedida por la también anhelada reforma competencial.
Una queja extendida entre los alcaldes es que se ha prestado más
atención a la situación económica de las comunidades que a la de las
corporaciones locales.
"No ejercemos la suficiente capacidad de presión", explica, por su parte, el
alcalde de Zaragoza y portavoz socialista en la Comisión de Entidades
Locales del Senado, Juan Alberto Belloch, quien pide que la FEMP sea
mucho "más enérgica como sujeto interlocutor" con el Gobierno.
Belloch afirma que hay un cierto "escepticismo" entre los alcaldes
sobre si en esta legislatura se aprobará una nueva ley. "Ojalá sea así.
Yo, desde luego, lo dudo", apostilla el alcalde.
Advierte además de que este proceso de reforma sería "tan largo y
extenso en el tiempo" que se deben tomar "medidas urgentes" para paliar
la situación de las entidades locales.
Insiste en que lo primero que hay que hacer es aclarar las
competencias impropias, pero no para "pelear por más", sino para que
estén bien financiadas aquellas que correspondan a los consistorios.
En este proceso, continúa Belloch, hay que hacer una reforma para que
no haya duplicidad de competencias y que los ayuntamientos tengan
sentido de la "responsabilidad", para evitar los "excesos manifiestos
que ha habido" anteriormente.
Coincide con Belloch el presidente de la Comisión de Entidades
Locales de la Cámara Alta y alcalde de Málaga, Francisco de la Torre
(PP), quien cree que esta modificación debe hacerse en "el marco de ese
esquema que el Gobierno está pensando y ha comprometido de una
administración, una competencia".
De la Torre apuesta por una estructura
municipal similar a la de otros países europeos como Francia, Italia o
Alemania.
El alcalde de Málaga subraya que la problemática actual de los
ayuntamientos va ligada a "dos cuestiones: financiación y competencias".
Las modificaciones en estos ámbitos deberían ir acompañadas de una
"política muy seria, rigurosa y austera" de los ayuntamientos y de la
"sensibilidad del Estado y las autonomías" para mejorar la situación de
los consistorios, agrega De la Torre.
Las comunidades son objeto de crítica por parte de muchos
ayuntamientos al considerar que el proceso de descentralización se paró
en las regiones y que estas no han querido ceder competencias e ingresos
a los municipios.
El alcalde de Málaga llega a decir que este "mal proceso" de
descentralización ha llevado a que haya más déficit público y que España
tenga un "municipalismo más débil" que el del resto de países europeos.
En palabras de Belloch, los ayuntamientos se sienten "absolutamente"
discriminados frente a las autonomías y el municipalismo "se está
convirtiendo en un producto que solo sostiene quien está en la
oposición".
"Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque no ha
habido ni un solo Gobierno municipalista hasta ahora. Ninguno, ni del
PSOE, ni del PP", asevera el regidor zaragozano.
Martínez Maíllo recuerda que los ayuntamientos no están recibiendo
fondos a través de las PICAS (la participación de los municipios en los
ingresos de las comunidades autónomas), algo reivindicado históricamente
por los alcaldes.
El modelo estaba pensando para un reparto en los ingresos de un 33%
para cada uno de los niveles de la Administración (general, autonómica y
local), pero los ayuntamientos apenas llegan al 13%, comenta el
vicepresidente de la FEMP.
Ante estos datos, se ha reforzado el consenso en la vida municipal,
que se ha reflejado en la aprobación en el Senado en febrero de una
moción con el apoyo de todos los partidos, a excepción de la abstención
de Amaiur.
El texto, presentado por CiU, pedía al Gobierno que apruebe este año
una nueva ley de financiación local y una norma de gobierno municipal
para clarificar las competencias.
Los ayuntamientos siguen esperando estas dos leyes para afrontar su
difícil situación, y mientras tanto tapan sus agujeros con medidas como
el plan de pago a proveedores, con el que liquidarán 1.967.000 facturas
por un importe total de 9.750 millones de euros.
