martes, 14 de febrero de 2012

Precarizando la precariedad: una reforma contraria a los derechos de los trabajadores / Adoración Guamán *

El 10 de febrero el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la mayor mutilación de derechos laborales, individuales y colectivos de nuestra historia. Con un vergonzante ejercicio de cinismo y fabulación en la justificación de la norma, que se afirma como garante de la estabilidad en el empleo, el Partido Popular ha sometido absolutamente a nuestro ordenamiento laboral al dictado de las exigencias de la patronal y de los mercados desbocados.
Con el Real Decreto Ley 3/2012 el Gobierno ha impuesto una reforma que dinamita el principio de estabilidad en el empleo y ataca a los pilares fundamentales de la regulación de las relaciones laborales, situando al empresario en el centro del sistema y multiplicando sus capacidades de decisión unilateral sobre las condiciones de trabajo, prescindiendo del interés de los trabajadores, precarizando a los precarios y amputando gran parte del contenido del derecho al trabajo así como cercenando espacios de decisión propios de la acción colectiva de los trabajadores para someterlos al poder empresarial.
Pero la brutalidad de la reforma no nos resulta del todo desconocida. De hecho, la misma comparte con las reformas anteriores, llevadas a cabo por el PSOE, tanto las irregularidades de forma y justificación como las aberraciones de fondo, aun cuando el nivel de barbarie sea más alto. 
En cuanto a la vía para la realización de la reforma, y al igual que las anteriores, el Real Decreto Ley constituye un claro ejercicio del autoritarismo normativo del Gobierno del PP, acogiendo la idea del Profesor Baylos, que ha prescindido de la opinión del Parlamento y de los agentes sociales y que carece de justificación suficiente para acometer por “urgencia y necesidad” las profundas modificaciones que contiene. Por añadidura, siguiendo la ya práctica habitual, la norma se justifica con argumentos falsos, claramente manipuladores de la realidad normativa europea e internacional. Así, no puede afirmarse simplemente que esta norma nos “acerca a la realidad europea” al rebajar la cuantía de la indemnización o al eliminar la autorización de la Administración en los procesos de despido colectivo. Los sistemas de regulación de las relaciones laborales son productos complejos que no resisten la comparación por segmentos estancos. Allí donde hay indemnizaciones más reducidas suelen haber procedimientos más complejos o garantistas para la extinción del contrato, igualmente, donde no hay autorización suelen existir mayores garantías de recolocación de los trabajadores y de control de la decisión empresarial.  
 Igualmente, y como ocurriera en las dos reformas que la han precedido, la de 2010 y la de 2011, el gobierno pretende diluir su responsabilidad afirmando que actúa atendiendo a una continua reclamación de “todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego”,  para ceder absolutamente a las presiones de la Patronal, que ha obtenido un texto entregado a sus intereses. 
El fondo de la reforma también sigue con una senda pergeñada por las reformas acometidas por el gobierno del PSOE. Así, aun siendo la reforma más agresiva de la historia del derecho del trabajo español en democracia, no se trata de una contra-reforma sino de una profundización en la senda de involución de los derechos laborales, compartiendo con las reformas anteriores un punto fundamental de partida: utilizar las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción, vinculando la creación de empleo con la desregulación normativa del mercado de trabajo, la bajada de los salarios y la práctica eliminación del derecho de los trabajadores a la estabilidad en el empleo.
Pero, sobre estos mimbres, el gobierno del PP ha traspasado las líneas rojas del ordenamiento laboral desestabilizando el mismo y rompiendo los últimos vestigios de potencial reequilibrador del mismo. Dos cuestiones fundamentales, la devaluación del coste de la mano de obra (abaratando despido y sobretodo salarios) y la exaltación del poder empresarial individual sobre las decisiones colectivas convierten a esta reforma en una suerte de refundación del derecho del trabajo, que pasa a convertirse en una mera regulación del mercado de trabajo, perdiendo su potencial equilibrador y tuitivo.
En estos momentos, más allá de los argumentos de rechazo en conjunto de la reforma, es necesario descender, poco a poco, en el contenido de las medidas concretas, para ir destilando de cada una de ellas el elenco de derechos que las mismas vulneran. De entre las medidas que conculcan claramente los derechos de los trabajadores y que van a provocar un ascenso todavía mayor de precariedad, temporalidad y un retroceso de los salarios de los segmentos ya precarizados de la clase trabajadora (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años) deben destacarse por su especial brutalidad los siguientes:
1. En cuanto a la destrucción del principio de estabilidad en el empleo y el ataque al derecho al trabajo
- La reforma facilita el despido de manera general: abarata la indemnización por despido improcedente, de 45 días con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un límite de 24, aplicándola parcialmente a los contratos ya vigentes de manera que va a provocar una reducción real de las indemnizaciones ya generadas; elimina los salarios de tramitación, retomando lo dispuesto en el Decretazo de 2002, que fue ampliamente contestado con la Huelga General del 20J y declarado posteriormente inconstitucional, permitiendo al empresario recurrir sin necesidad de consignar la indemnización al despido improcedente sin causa, derivando el pago hasta la sentencia judicial sin verse penalizado por ello; amplía los supuestos en los que el empresario puede despedir por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) y elimina el vínculo entre este despido y la reducción de puestos de trabajo, convirtiendo así el despido en una herramienta normal de la gestión de la empresa y no en una opción excepcional ligada al mantenimiento de la viabilidad de los puestos de trabajo; elimina la autorización administrativa en los procesos de despido, suspensión y reducción colectiva de trabajo, con la consiguiente reducción de la protección de los trabajadores en estos supuestos y del control del fraude y de las causas alegadas por las empresas.
- La reforma crea un nuevo contrato para “indefinido” para “emprendedores” con despido libre durante un año e incentivos fiscales y bonificaciones si se suscribe con colectivos ya precarizados, como son los jóvenes, mujeres o mayores de 45 años: pese al nombre utilizado, no puede llamarse indefinido a un contrato con un periodo de prueba, de despido libre, de un año de duración. Con este contrato se invierte la lógica del derecho del trabajo que atendía a las características de los trabajadores o de la prestación a realizar a la hora de diseñar contratos de trabajo, ahora se diseñan en función de las supuestas necesidades de los empresarios según el número de trabajadores que tenga la empresa, sin atender ni al capital de la misma a la hora de otorgar bonificaciones ni a las características de los trabajadores que son contratados por esta modalidad.
- La reforma precariza, aún más, la situación de los jóvenes menores de 33 años, ampliando las posibilidades para la utilización, incluso encadenada, del contrato para la formación y aprendizaje, que permite abonar salarios por debajo del SMI. A partir de ahora, la formación podrá ofrecerse en la misma empresa, abriendo así la puerta a deficiencias formativas en estos contratos.
- La reforma facilita la modificación de las condiciones de trabajo por voluntad del empresario, incluyendo el salario y la jornada: el empresario tendrá que alegar causas, más concretas y sencillas, pero no justificar la razonabilidad del cambio, sea geográfico, funcional o de condiciones de trabajo, por lo que el control judicial de la causa queda limitado.
- La reforma impone al trabajador una “flexibilidad”, introduciendo la posibilidad de realizar horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial, que permitirá una mayor disponibilidad del tiempo del trabajador al servicio del empresario y que impedirá de facto la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar así como la formación continua.
2. Dada a la inclusión de múltiples incentivos fiscales y bonificaciones, lo que la reforma va a producir de facto es una transferencia de las prestaciones sociales para provecho del empresario.
3. En cuanto a la mutilación de espacios propios de los convenios colectivos y el ataque a la libertad sindical:
- La reforma permite el descuelgue en la empresa sobre cualquier condición de trabajo pactada en un convenio colectivo, incluyendo jornada. Las causas para justificar esta modificación a la baja en el ámbito empresarial se aligeran y por añadidura se impone un arbitraje obligatorio para el caso de que no se alcance un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores.
- La reforma impone la prioridad de la aplicación del convenio de empresa sobre los de nivel superior, sin que pueda modificarse esta prioridad por acuerdos interprofesionales, los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa carecen ya por tanto de aplicabilidad asegurada en este ámbito, es decir, no regularán de facto las relaciones de trabajo.
- La reforma elimina la ultractividad normativa de los convenios colectivos, pasados dos años desde la finalización del convenio éste perderá vigencia, pasando a aplicarse los convenios superiores si los hubiere o, en su defecto, los mínimos del Estatuto de los trabajadores.
Por todo lo antedicho, por lo injustificado de la adopción mediante un Real Decreto, sin el acuerdo de los actores sociales y sin el debate parlamentario, por la falsedad de las razones que justifican la medida, por su ataque frontal a los pilares fundamentales que configuran el derecho del trabajo, por el contenido contrario a los derechos a los derechos de negociación colectiva y huelga (art. 37 y 29 CE), y por las medidas contrarias a los derechos de los trabajadores a un empleo estable y de calidad y en particular de los jóvenes, no nos cabe otra salida que la movilización social continuada hasta conseguir la retirada del texto. 
Junto con las movilizaciones, y en apoyo de las mismas, los juristas críticos debemos agotar todas las vías posibles para conseguir que la reforma sea objeto de control constitucional, así como mantener una denuncia documentada y formativa constante para evidenciar día a día las mentiras que fundamentan la invasión bárbara que ha acabado con lo poco de tuitivo y reequilibrador que tenía nuestro derecho laboral.
*Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo, Universitat de València

El PSOE C-LM denuncia que Rajoy "estudia rebajar el 30% la tarifa del agua del trasvase" y que "Cospedal calla"

TOLEDO.- La secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha denunciado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "estudia rebajar el 30 por ciento la tarifa del agua del trasvase" y que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, "calla para seguir en su cargo en Génova".

   Padilla ha comparecido ante los medios para afirmar que no se ha querido informar de esta decisión acordada en la última reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, celebrada en Madrid el pasado 21 de enero, y en la que se acordó aprobar una trasvase de 228 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo hacia Murcia y el Levante español, ha informado el PSOE en nota de prensa.
   La portavoz socialista ha explicado que se trata de una reducción de cinco céntimos de euros por metro cúbico, lo que equivale a un ahorro para los agricultores levantinos de 50.000 euros por hectómetro cúbico o, en el caso del último trasvase, de 8.450.000 euros solo en el agua para regadío, añade.
   "Pero lo que es más grave es que el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Cospedal, en esa reunión, guardó silencio. Ni se opuso a un trasvase que es una barbaridad, ni ha dicho nada sobre la rebaja de la tarifa", ha manifestado.
   Asimismo, ha apuntado que este hecho "solo tiene una explicación, que la señora Cospedal siempre antepone sus intereses personales a los de Castilla-La Mancha, y que, antes del Congreso nacional del PP en Sevilla, en el que quiere seguir conservando su cargo en Génova, no va a incomodar ni a Rajoy, ni al presidente de Murcia, que es, precisamente, el encargado de redactar la ponencia sobre agua en ese Congreso".
   La dirigente socialista ha exigido, por tanto, a Cospedal, que evite que el Consejo de Ministros apruebe esa rebaja en la tarifa y que recurra "inmediatamente" el trasvase aprobado el 21 de enero. "No solo se perjudican los intereses de Castilla-La Mancha y de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, sino a los agricultores y regantes de la región y de la Cuenca del Tajo, que ven como su agricultura es cada vez menos competitiva en relación con la del Levante", ha añadido.
   En este sentido, ha recordado que mientras los agricultores de Murcia y del Levante pagan 60 euros por cada hectárea de regadío, los regantes de algunas zonas del Tajo en Castilla-La Mancha pagan más de 260 euros por hectárea de regadío. "Y aún así, en esa reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase, los regantes murcianos todavía dijeron que en la Cuenca del Tajo había demasiadas hectáreas de regadío", ha finalizado.

La Organización Médica Colegial (OMC) pide a los médicos que se rebelen contra los "recortes indiscriminados y desproporcionados"

MADRID.- La Organización Médica Colegial (OMC) pide a los médicos que se rebelen contra los "recortes indiscriminados y desproporcionados". Varios Colegios de Médicos de toda España han publicado conjuntamente este martes un comunicado, aprobado en Asamblea General el día 28 de enero, para protestar en contra de los recortes. Los médicos se han unido en una lectura simultánea del comunicado en todas las comunidades, menos en Cataluña, Andalucía y Galicia.

En este documento expresan que el sistema sanitario "vive una situación de dificultad sin precedentes que hace difícil su funcionamiento, que se está aprovechando para modificar las condiciones laborales y retributivas de los médicos de una forma permanente e irreversible".
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Juan José Rodríguez Sendín, ha declarado en una entrevista a la Cadena Ser que temen que el Sistema Sanitario Nacional esté en "peligro de extinción".
"Los médicos estamos realmente muy preocupados porque realmente se atenta contra la calidad, además de muchas otras cosas. Nos preocupa que el SNS no persista como estamos acostumbrados a tenerlo y, sobre todo, que deje de ser la joya del Estado de Bienestar como lo es en este momento", ha enfatizado.
Durante la entrevista, también ha asegurado que con los recortes los más afectados van a ser los usuarios. Para ejemplificar esto ha recordado la problemática de las listas de espera ya que "cuando se está en lista de espera y se está enfermo, el que tiene dinero puede buscarse otra alternativa, pero el que no lo tiene se tiene que aguantar y esperar".
"Si esto sigue ocurriendo y aumentando el sistema público adelgazará y llegaremos, si no lo evitamos, a tener una sanidad de ricos y una de pobres, con lo cual los médicos españoles no estamos de acuerdo", ha advertido.
Con el hashtag #contrarecortesanitarios los profesionales de la OMC pusieron en marcha una campaña en Twitter para denunciar las medidas que está tomando el Gobierno contra la sanidad pública.
Esta organización, unida a los colegios de médicos de toda España, expresa su desconteto y preocupación por los "recortes indiscriminados, lineales y desproporcionados que están llevando a cabo diferentes comunidades autónomas".
Según anuncia esta organización, "al médico le corresponde, desde su ética profesional y social, gestionar la cruda realidad de la crisis que estamos sufriendo y responder a las necesidades de salud de los ciudadanos y los políticos tienen que ser conscientes de que los recortes, o se pactan con los facultativos y se aplican con un criterio estrictamente profesional, o el sistema sanitario acabará resintiéndose".

El ministro Soria insiste en que el ATC en Villar de Cañas "sigue adelante"

BRUSELAS.-   El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este martes que la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) para ubicar los residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) "sigue adelante" pese a las últimas manifestaciones de este fin de semana en la localidad manchega en contra del almacén. 
 
   "Sigue adelante", ha recalcado el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas antes de participar en una reunión de los ministros de Energía de los Veintisiete para hablar de las infraestructuras energéticas prioritarias en Europa y los objetivos en energía que marca la estrategia 2020.
   "El Gobierno ha tomado esta decisión, que es una decisión más que política de sentido común", ha insistido el ministro, descartando así que el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy dé marcha atrás en la construcción del ATC en la localidad de Cuenca.
   "Llegué a un acuerdo con la presidenta de Castilla La Mancha, con Dolores de Cospedal, y esa es la razón por la cual va el emplazamiento en Villar de Cañas", ha recordado el titular de Energía, que ha insistido en que la decisión sobre el almacén "no podía esperar más" dado que España desembolsa a diario 60.000 euros por almacenar de forma temporal sus residuos nucleares en Francia en la actualidad.
   El ministro ha insistido en que "prácticamente todos los trámites"  para crear este almacén fueron "realizados por parte del anterior Gobierno" y que el Ejecutivo del PP sólo ha tenido que "elegir de entre los ocho emplazamientos que cumplían el 100% de los objetivos". Además ha defendido que el almacén "tiene todas las bendiciones y todo el respaldo" del Ayuntamiento de Villar de Cañas.
   Soria ha subrayado además que el ATC implicará una inversión de "aproximadamente unos 800 millones de euros" porque lo a su juicio contribuirá a "crear mucho empleo" y además ha defendido que "el desarrollo de un parque tecnológico y empresarial" que también será creado junto con el almacén "va a dar un impulso no sólo a Villar de Cañas sino a toda la zona".

Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía demandan una lámina estable de más del 40% en la cabecera del Tajo


GUADALAJARA.- La Asociación de Municipios Ribereños a los pantanos de Entrepeñas y Buendía ha puesto de manifiesto su intención de tratar de conseguir un mayor desarrollo económico y social de los pueblos que la componen y de toda la comarca que integran, para lo cual, según dicen, es necesario mantener una lámina mínima de agua en los embalses que no puede ser inferior al 40 por ciento de su capacidad, "y que a día de hoy, incluso debe ser superior".

   Así lo ha señalado la Asociación en un comunicado, firmado por su presidente, Antonio Luengo, en el que ha señalado que siguen trabajando por los objetivos contemplan los estatutos de la misma. Además, ha recordado que en la Asamblea General de la Asociación celebrada el pasado viernes se acordó la petición de integración de la Asociación en la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses.
   Todo ello, añade, "con el fin de mantener la posición de los municipios ribereños y sus objetivos, contribuyendo a conseguir las mejoras que necesita nuestra comarca en algunos aspectos tributarios y otras formas de obtener nuevos recursos para los municipios".
   Asimismo, se pedirá la integración en el CEDER de la Alcarria Conquense y en FADETA, en la provincia de Guadalajara, con la finalidad de conseguir incorporar proyectos de desarrollo económico a la zona y a cada uno de los pueblos, basados en el agua como elemento clave.
    Por otra parte el presidente ha afirmado que se estudiaron las acciones frente al último trasvase aprobado por el Gobierno y por ello se insta a la presidenta de la región, María Dolores Cospedal, a que, como ya anunciaron en otra ocasión, "se interponga por parte de la Junta recurso contencioso administrativo contra dicho trasvase".
   Luengo asegura que, desde la Asociación no tienen autoridad para decidir los fundamentos jurídicos para interponer dicho recurso pero apunta una serie de razones que pueden avalar el recurrir dicho trasvase "como el hecho de que acabamos de saber que la zona de cabecera del Tajo ha entrado en estado de prealerta por la sequía que se viene produciendo en el último año hidrológico, y que se puede agravar todavía mucho más por las malas perspectivas hidrológicas que se esperan".
   Además, según el presidente, "en los embalses de cabecera del Tajo contamos con unas reservas que son el 40 por ciento de su capacidad, mientras que en la Cuenca del Segura las reservas suponen un 56 por ciento". Así, ha añadido que "nos parece que este trasvase es superfluo y no responde a ninguna necesidad, sino más bien a una imposición del Gobierno de Murcia y a un afán trasvasista, sin tener en cuenta que se esquilman los recursos hídricos de la región".
   Otro de los argumentos reseñados por Antonio Luengo es que "no se pueden aprobar trasvases cuando siguen sin utilizarse otras fórmulas de abastecimiento de agua en el sureste, como la desalinización o la depuración".
   También ha señalado que "el agua que se trasvasa sirve para un crecimiento incontrolado e, incluso, especulativo en la zona levantina mientras que se impide el desarrollo de nuestra comarca, donde, además, se pone en peligro el abastecimiento humano para este verano, ya que con el último trasvase aprobado se irá al Levante el 20 por ciento del agua embalsada, es decir, la quinta parte de las reservas a día de hoy".
   En el comunicado, también se pone de manifiesto que "la necesidad del agua para el abastecimiento y la imposibilidad de desarrollo sin esa lámina mínima estable del 40 por ciento, son razones más que suficientes para que la Junta trabaje en nuestra protección frente a la demanda inagotable e injustificada de otras regiones.
   "Con nuestra presidenta al frente esperamos y confiamos que se harán todos los esfuerzos para proteger a los ciudadanos castellano-manchegos que vivimos en la cabecera de los embalses de Entrepeñas y Buendía", ha argumentado.
   Por otra parte, Antonio Luengo ha explicado que en la mencionada Asamblea General por parte de la Presidencia de la Asociación, se intentó reordenar la Junta Directiva de la misma, abriendo la posibilidad de que se sumase un vocal más del PP a los dos que ahora tiene, para llegar a los tres vocales que se habían solicitado por parte de los representantes 'populares' y que parece, añade, era la razón de su falta de asistencia.
   En el comunicado se asegura que "la Asociación, desde siempre, y así lo ha demostrado durante todos estos años, tiene como finalidad defender y trabajar por todos los municipios, indiferentemente de su signo político. Así, ha habido presidentes de uno y otro signo, y de una y otra provincia", ha aclarado.

La UCLM formará controladores aéreos a partir del mes marzo

TOLEDO.- La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) impartirá a partir del mes de marzo el Máster en Navegación Aérea y Aeropuertos encaminado a la obtención de la licencia de controlador aéreo.

   La impartición de este curso de postgrado será posible después de que la UCLM consiguiera el pasado mes de octubre la certificación como proveedor de formación de controladores de tránsito aéreo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, convirtiéndose así en la primera, y hasta la fecha única, universidad española en conseguirlo gracias un proyecto formativo de calidad que incluye un excelente equipo de profesores y un adecuado equipamiento tecnológico e infraestructuras.
   La obtención de dicha licencia es consecuencia del proceso de liberalización del servicio de control de torre y se enmarca tanto en la iniciativa de Cielo Único Europeo de la Unión Europea, cuyo objetivo es la mejora de la eficacia global del sistema de navegación aérea y el incremento de la capacidad y seguridad del espacio aéreo europeo, como en el correspondiente ordenamiento jurídico español.
   El nuevo postgrado se estructurará en dos módulos formativos, Navegación Aérea y Aeropuertos, y Formación Inicial Básica de Controlador de Tránsito Aéreo, que configuran el Máster en Navegación Aérea y Aeropuertos, título propio de la UCLM, según ha informado la UCLM en nota de prensa.
   A ellos se suma la Formación Inicial de Habilitación de Control de Tránsito Aéreo de Aeródromo. Así, los alumnos que superen el máster y, adicionalmente, la formación inicial de habilitación obtendrán la licencia comunitaria de alumno controlador de tránsito aéreo y la habilitación de aeródromo visual e instrumental que expide la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
   La formación será impartida en inglés por profesores especializados británicos y españoles, y se utilizarán avanzados simuladores 2D y 3D para la realización de ejercicios prácticos de control de tránsito aéreo.
   Para la admisión al máster y al módulo de formación inicial de habilitación los estudiantes tendrán que superar un proceso de selección que incluye pruebas de competencia lingüística en inglés, la valoración de diversos aspectos relativos al perfil del controlador y la evaluación de sus méritos académicos.

Según el PSOE, las decisiones de Cospedal sobre agua y ATC eran para seguir en su cargo del PP

TOLEDO.-   El secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asegurado que las decisiones que ha tomado la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, como son --según ha dicho el socialista-- favorecer la instalación del ATC en Cuenca y que se lleve agua a otras regiones, "están encaminadas a consolidar y a repetir en la Secretaría General del Partido Popular".

   A preguntas de los medios sobre las declaraciones de Cospedal en las que afirmaba que tenía el apoyo de Rajoy para continuar al frente de la Secretaría General del partido, Caballero ha señalado que es "evidente que, en estos momentos, la única preocupación de Cospedal es su trabajo en la Dirección nacional del Partido Popular" y que "le importa muy poco la situación de desempleo o la pérdida de derechos laborales de los trabajadores de Castilla-La Mancha".
   "Nos está saliendo muy caro a los castellano-manchegos el que Cospedal siga siendo dirigente del PP nacional", ha declarado el socialista, quien ha nombrado la instalación del cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) y "el que se esté facilitando que se lleven el agua de Castilla-La Mancha a otras regiones" como ejemplos de las decisiones que ha tomado la presidenta regional.
   Según el PSOE, Cospedal ha tomado estas decisiones "perjudiciales" para "afianzarse y consolidarse en la Dirección del PP, aunque sea a costa de los intereses y derechos de los castellano-manchegos".
   Por último, ha indicado que le gustaría que Cospedal, "en lugar de vender a Castilla-La Mancha para consolidar su puesto en el PP, defendiera nuestra región y lo hiciera en el seno del PP nacional, y desde luego en el Gobierno de Castilla-La Mancha".

Nuestros políticos siguen mintiendo en sus currículums / Asier Martiarena

En plena crisis, en la que muchos desempleados tienen que falsear su currículum a la baja para poder acceder a un puesto de trabajo por debajo de sus capacidades, resulta que algunos políticos españoles hacen precisamente lo contrario: engordar el suyo para acceder a puestos de relevancia.
Es el caso del secretario de Estado de la Seguridad Social. Tomás Burgos Gallego es, para Moncloa , "médico y experto en gestión sanitaria".
Sin embargo, tal y como cuenta Miguel González en El País, la información que figura en la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social asegura que el máximo responsable de la Seguridad Social simplemente tiene "formación universitaria en Medicina por la Universidad de Valladolid".
Pero la mano derecha del líder de la oposición, Elena Valenciano, también miente sobre sus aptitudes. Y no lo hace con una mentirijilla sobre su nivel de inglés, sino que altera dos licenciaturas: las de Derecho y Ciencias Políticas.
De hecho, la propia Valenciano ha sido pillada en la triquiñuela y, preguntada también en El País al respecto, se justifica asegurando que "pone que tengo estudios, no títulos. Empecé Derecho y luego me pasé a Políticas. No terminé, pero solo me faltan dos asignaturas de Estadística. La verdad es que me aburría y ahora me da pereza acabar. Algunos de los profesores que tuve en Políticas están ahora aquí, en el partido".
El problema es que en uno de sus currículos públicos sí aparece como Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas en 1980, aunque no lo es. Así que la excusa no vale. Además, por si esto fuera poco, aparece como licenciada en 1980 cuando nació en 1960. Vamos, que además de decir que tiene una licenciatura que no tiene, asegura que se la sacó en un tiempo récord, ya que solo contaba con 20 años.
Tanto Valenciano como Burgos han jugado a parecer algo que no son. Porque Burgos señaló en su ficha de ingreso en el Congreso de los Diputados Medicina y Cirugía. Pero ambos han sido pillados.
No sería de extrañar ver más engaños de este tipo o una cascada de modificaciones curriculares en los próximos días, debido a que no son los únicos casos aparecidos hasta la fecha.
Entre todos destacan el caso de Javier Viondi, hasta hace unos meses candidato a la Alcaldía de Getafe por Izquierda Unida, quien ha falseado su currículum asegurando en diversas entrevistas que cuenta con la Licenciatura en Medicina, y el de Joana Ortega. La vicepresidenta de la Generalitat Catalana nunca se licenció en Psicología, tal y como figuraba en su currículum vitae.