El PSOE recurrirá ante el TC la Ley Electoral de Cospedal

CUENCA.- El PSOE de Castilla-La mancha presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se anule la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, que eleva de 49 a 53 los diputados de la región y que fue aprobada con los votos a favor de los 'populares' en las Cortes regionales. 

   Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha calificado de "desvergüenza política" la "incoherencia" que supone que "mientras que Mariano Rajoy le dice a la gente que hay que quitar concejales, María Dolores de Cospedal es la única política en España que incrementa el número de diputados", ha informado el PSOE en nota de prensa.

   A su juicio, resulta de una "impertinencia extraordinaria que el Gobierno central traslade el mensaje de que hay que recortar concejales que en la inmensa mayoría no cobran ni un duro y Cospedal haya aprobado una Ley con más diputados".

   El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, que ha inaugurado en Cuenca una Jornada de Política Municipal a la que han asistido más de 200 alcaldes y concejales de la provincia, ha criticado que el Gobierno del PP "hable de la realidad local en tono insultante cuando la mayoría de los concejales no cobra ni un duro".

   "Ahora más que nunca hay que estar con la gente, en un momento en el que se va a acentuar la fractura social y económica de este país debido a los recortes de Rajoy", ha aseverado.  

   Para Page, ésta ha sido la semana "más dolorosa de la democracia española y en la que Rajoy se ha quitado definitivamente la careta" después de seis meses de "grandes mentiras" en los que el presidente del Gobierno "ha ido incumpliendo todos y cada uno de sus compromisos electorales".

   En este punto, ha lamentado que Cospedal "haya antepuesto sus aspiraciones en Madrid" a las necesidades de Castilla-La Mancha en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "y no se pusiera del lado de otras regiones como Extremadura o Castilla y León".

   "Cospedal ha dejado bien claro que va primero y que va después", ha dicho, asegurando que el PSOE va a pedir un debate en las Cortes "para que aclare por qué se ha puesto más de parte de Rajoy que de los intereses de Castilla-La Mancha, cuando además sabemos que intentaron en el CPFF que se mantuviera un régimen de ajuste diferente según que Comunidades Autónomas".

La subida del IVA compensatorio, "buena" para el sector agrario

GUADALAJARA.- La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha mostrado su satisfacción por el especial trato que el Gobierno de la nación ha ofrecido al sector agrario dentro del paquete de reformas aprobado para cumplir con los compromisos de déficit.

   Así lo ha destacado en su visita al minizoo de Guadalajara, donde, aunque ha reconocido que las medidas "no son del gusto ni de los ciudadanos ni de los responsables políticos", las ha considerado "necesarias e imprescindibles en un momento duro para la economía española", ha informado la Junta en nota de prensa.

   Soriano ha resaltado la "sensibilidad" que han tenido los ministerios de Agricultura y Hacienda con el sector agrario al atender la petición tanto de comunidades autónomas como de las organizaciones agrarias de incrementar el IVA compensatorio, que se eleva del 10 al 12 por ciento en el caso de los productos agrícolas y del 8,5 al 10,5 por ciento para los productos ganaderos. Así, la consejera ha explicado que el compensatorio es un tipo de IVA que el productor cobra sin tener que devolverlo a Hacienda.

    "Es una buena noticia para el sector", ha subrayado la titular de Agricultura, que considera que ayudará a paliar en parte la subida general del IVA que afecta a los inputs agrarios.

   La consejera ha aprovechado su visita al minizoo de Guadalajara para conocer la 'Exhibición de Razas Autóctonas en Peligro de Extinción' que está abierta al público y cuyo objetivo es dar a conocer a la población las cualidades de las tres razas autóctonas de ovino y tres de caprino con las que cuenta Guadalajara y que están incluidas en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España al contar con menos de 10.000 ejemplares.

   En concreto, la provincia cuenta en ovino con las razas 'Alcarreña', 'Roya Bilbilitana' y 'Ojalada'; y en caprino con la 'Cabra del Guadarrama', la 'Cabra Blanca Celtibérica' y la 'Cabra Negra Serrana'.

   Soriano ha resaltado que todas ellas son aptas para el aprovechamiento de pastos extensivos, matorral y masas forestales. Además, ha expuesto que tienen otras ventajas tanto desde el punto de vista de la calidad de sus productos como desde el ámbito medioambiental y de desarrollo rural, al fijar población en el medio rural, potenciar el turismo rural, colaborar en la prevención de incendios forestales o regenerar pastos.

   Por su importancia, la Consejería de Agricultura tiene distintas líneas de ayudas dirigidas a los ganaderos que apuestan por estas razas, como las "Ayudas a las Razas Autóctonas en Peligro de Extinción", de la que se han beneficiado este año 350 ganaderos; o las ayudas incremento de la extensificación mediante el fomento de prácticas de pastoreo en las explotaciones de ovino-caprino, de las que abonó 4,6 millones de euros el pasado mes de abril para un total de 711 expedientes.

En C-LM crece un 22,1% la contratación de emprendedores

TOLEDO.- Castilla-La Mancha ha registrado entre el 12 de febrero, fecha de entrada en vigor de la Ley de Reforma Laboral, y el pasado 30 de junio, un total de 1.139 contratos de emprendedores, lo que supone un crecimiento del 22,1%.

   En este sentido, la consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ha asegurado que "el crecimiento continuado del número de emprendedores en Castilla-La Mancha demuestra que las medidas desarrolladas por el Gobierno están dando sus frutos e invitan a un tímido optimismo de cara al futuro", ha informado la Junta en nota de prensa.

   Casero ha recordado que "el Plan de Fomento al Emprendedor, el cual ayuda con 2.000 euros a todos las personas que apuesten por el autoempleo, con 3.000 si es una mujer o con 3.500 si es una personas discapacitada, ha servido para lograr que cada día haya más personas en Castilla-La Mancha que quieran emprender y convertir una idea en un negocio".

   Por ello, Casero ha recordado que "la Ley de Emprendedores es el sustento que inicia el cambio económico en Castilla-La Mancha para lograr que el principal valor de la economía de la región sean los empresarios-emprendedores y generar realmente empleo en la región".

   Entre los motivos de este incremento del número de emprendedores se encuentra el marco reglamentario que apoya la figura del autónomo colaborador para fomentar el emprendimiento familiar. También ha recordado la ayuda de hasta 6.000 euros que recibirán todas las autónomas embarazadas para contratar a una persona que les sustituya durante su baja maternal.

   En otro orden de cosas, Casero ha afirmado que "el apoyo prestado por el Sistema Regional de Innovación para que sus instrumentos, es decir, los Centros Locales de Innovación y Promoción Económica (Clipe) y los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI), acojan, apoyen y orienten con sus técnicos a los emprendedores de Castilla-La Mancha en la fase de creación de la empresa, es decir, una tutorización de emprendedores".

   También ha destacado que el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores recogido en la Ley de Reforma Laboral, dirigido a empresas de menos de 50 trabajadores, el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores con bonificaciones de hasta 3.600 euros a la contratación de jóvenes parados de entre 16 y 30 años o los 4.500 euros de bonificación dirigidos a la contratación indefinida de desempleados de larga duración mayores de 45 años "también han servido para lograr este incremento del número de emprendedores en Castilla-La Mancha".

   Casero también ha afirmado que "cuando se amplíe el catálogo de actividades que se podrán beneficiar de la licencias express, es decir, cuando se dé un paso más en la simplificación administrativa, el objetivo es que realmente se pueda incrementar aún más el número de emprendedores en nuestra región".

   Por último, la consejera de Empleo y Economía ha instado a todos los empresarios a que "pierdan definitivamente el miedo a iniciar acciones comerciales en el exterior, independientemente de su tamaño, porque saben que ahora cuentan con un Gobierno que les respalda y que les ayuda a lograr que todas sus acciones comerciales en el exterior sean exitosas".

IU llama a una "respuesta contundente" de la ciudadanía manchega a los recortes

TOLEDO.- El coordinador regional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha abogado por dar una "respuesta contundente con una movilización sostenida, conjunta y unitaria capaz de frenar los brutales recortes" ante la situación de "emergencia económica y social que se ha creado con la imposición de las políticas neorliberales más duras posibles" por parte del Gobierno central.  

   Martínez, que ha participado en el Consejo Político Federal donde se han aprobado las normas de la X Asamblea Federal a celebrar el próximo mes de diciembre y una propuesta de rechazo ante la contrareforma de los ayuntamientos anunciada por el Consejo de Ministros, ha indicado que ante el "auténtico Golpe de Estado financiero y atraco a la ciudadanía, la respuesta debe ser contundente", ha informado IU en nota de prensa.

   El dirigente regional ha lamentado que no se haya tomado "ni una sola medida para que paguen más los que más tienen, que no se toque el impuesto del Patrimonio ni el de Sociedades, ni se entre a abordar el fraude fiscal, el 78 por ciento provocado por las grandes empresas y las grandes fortunas".

   Ha señalado que "el Gobierno del Partido Popular continúa instalado en su empeño de convertir en culpables de esta crisis a empleados públicos, parados, pensionistas, dependientes, mientras que los verdaderos responsables, la banca, la gran empresa y la minoría que ostenta el poder económico, se van de rositas".

Se acabó cobrar el paro y trabajar 'en negro'

MADRID.- El servicio público de empleo podrá suspender el abono de la prestación por desempleo a un parado "cuando se aprecien indicios suficientes de fraude" en el curso de investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el fraude.

   Así lo establece el Gobierno en el Real-Decreto ley de medidas antidéficit aprobado ayer y publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), añadiendo así un nuevo párrafo al artículo 229 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social referido al control de prestaciones.

   El Ejecutivo también precisa en la norma que, entre las obligaciones de los perceptores de prestaciones por desempleo, estará la de acreditar ante los servicios públicos de empleo aquellas actuaciones que han emprendido dirigidas a la búsqueda activa de empleo, su reinserción laboral o la mejora de su ocupabilidad.

   En este sentido, se advierte de que "la no acreditación" implicará que el desempleado ha incumplido el compromiso de actividad que firmó con la oficina pública de empleo.

   En cuanto a la Renta Activa de Inserción (RAI), el Gobierno señala que durante la inscripción como demandante de empleo deberá buscarse activamente empleo, "sin haber rechazo oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión" dirigidas a incrementar la ocupabilidad.

   Asimismo, la salida al extranjero, "por cualquier motivo o duración" interrumpirá la inscripción como demandante de empleo. En aquellos supuestos en los que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo de 12 meses "ininterrumpido" desde la nueva inscripción.

Intervención / Manuel Castells *

Ya es oficial: la economía española ha sido intervenida bajo la tutela de la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Y aunque los eufemismos terminológicos de un gobierno falaz intenten suavizar la imagen, las 32 condiciones del memorándum aceptado por el Gobierno a cambio del rescate financiero no dejan lugar a duda. Era necesario. Buena parte del sistema financiero está quebrado o en peligro, exceptuando por ahora Caixa Bank, Santander y BBVA. Incluso en estos hay activos inmobiliarios hoy fuera de mercado. Es necesario un "banco malo", una entidad gestora de activos devaluados que sólo pueden reflotarse a largo plazo. Entidad financiada con fondos externos para no agravar la situación de los bancos o del FROB cuyos recursos son insuficientes para enfrentarse a la insolvencia potencial del sistema. 

Como todo esto lleva tiempo (ni siquiera existe aún el MEDE , futuro gestor de los fondos europeos de estabilización) y la situación es insostenible, se inyectarán 30.000 millones de inmediato en el sistema bancario para evitar el colapso de las cajas nacionalizadas y el pánico que podría cundir cuando la gente sepa que el Fondo de Garantías de Depósitos apenas cuenta ya con recursos para cubrir los depósitos en caso de quiebra generalizada. A cambio de este rescate, Europa impone una política macroeconómica y presupuestaria de extrema austeridad. Y retira el control del Banco de España al Gobierno, con lo que nuestro banco central se convierte en el gestor de la supervisión europea de nuestro sistema financiero. 

Esa es la consecuencia de la gestión irresponsable y prepotente de Fernández Ordóñez, que ninguneó en su momento las airadas objeciones de los competentes inspectores del Banco de España. Si se imputa a Rato, con razón, con mucha más razón debería imputarse a quien le permitió a él y a otros muchos prácticas presuntamente fraudulentas que eran comentadas entre expertos europeos y negadas tozudamente por el exgobernador y sus jefes (¿recuerda la proclama de Zapatero en Nueva York vanagloriándose de que los bancos españoles estaban entre los más solventes del mundo?)

Mentiras, incompetencia, arrogancia y, a veces, estafa han caracterizado una gestión privada y una supervisión pública que han llevado a la bancarrota. Nada de crisis estructural del capitalismo (que también la hay, pero por otras vías), sino falta de transparencia en el sistema financiero y déficit democrático en la política. Por eso no es necesariamente negativa la intervención. Parecen más fiables los interventores que los intervenidos desde el punto de vista profesional y de responsabilidad. El problema de una intervención externa en términos tecnocráticos es que ni conoce ni le interesa la realidad del país, desequilibra el Estado autonómico y desestabiliza la sociedad. Por eso la crisis no se contiene, al contrario, ahora empieza en serio.

¿Por qué los mercados siguen incrementando la prima de riesgo y el interés de la deuda pública situándolos a niveles insostenibles ¿Por qué la Bolsa sigue cayendo? ¿Por qué el euro se devalúa frente al dólar a pesar de la debilidad de la economía estadounidense?

Porque los inversores saben que sin crecimiento no se podrá pagar la deuda pública y privada española o italiana o de tantos otros países y que, por tanto, en algún momento habrá que aceptar una quita masiva de la deuda en la que bancos y gobiernos se destrozarán para saber quién paga. Y como el gasto público es lo único que puede reactivar a corto plazo la economía, dando tiempo a los factores creadores de futuro (emprendiduría , innovación y exportación) para inducir la salida de la crisis, por ahora la contracción de la demanda en la eurozona reduce drásticamente el negocio, desvía la inversión hacia otras latitudes y hace dudar de la recuperación económica.

El escepticismo de los mercados refleja la desconfianza con respecto a las instituciones políticas, europeas y nacionales, carentes de una estrategia común, opacas entre ellas y alejadas de sus ciudadanos. Estamos en un mundo en que nadie confía en nadie, ni los bancos entre ellos, ni las empresas en los gobiernos, ni los gobiernos entre ellos, y mucho menos los ciudadanos en sus representantes y los clientes en sus bancos. Se ha destruido la confianza, que es la base de un mercado dinámico y de una democracia estable. Es el sálvese quien pueda. Y por eso cuando se piden sacrificios suena a manipulación cínica. 

¿Cómo viven los políticos y cómo viven los financieros en este momento mientras se piden sacrificios al pueblo? ¿En función de que se acepta el sacrificio, sobre todo cuando cualquier propuesta alternativa se acalla con rodillo parlamentario y cualquier protesta de disuelve a porrazos?

La inestabilidad institucional, social y política en la que desemboca necesariamente la intervención económica sin correctivos sociales no permite pensar en una estrategia de largo plazo para reconstruir la economía sobre bases socialmente sostenibles. La supervivencia día a día se va agotando mientras las familias se comen sus ahorros, los bancos retienen sus créditos y los políticos, casi todos compinchados, se apropian un poder que se suponía delegado y cierran puertas a la ciudadanía.

Aún hay algo más. Hay indicios de una gigantesca especulación de enormes masas de capital apostando contra el euro y preparándose a comprar a precio de saldo empresas, bienes raíces, instituciones financieras y hasta países enteros aprovechando la devaluación masiva que supondría la desintegración del euro. Resistir a esta megaespeculación global sí es una razón concreta para defender el euro; no los cuentos de terror para hacer tragar a la gente la destrucción de servicios esenciales en su vida.

 Esa resistencia pasa por un saneamiento integral del sistema financiero, incluyendo nacionalizaciones, liquidaciones y sanciones a los responsables. Y por una relegitimación del sistema político porque al Gobierno actual se le votó con un programa totalmente distinto. O sea nuevas elecciones. Si no se abren compuertas a la sociedad en una política renovada, hay riesgo de que la crisis financiera se convierta en crisis social de amenazantes perfiles.

(*) Catedrático de Sociología y Urbanismo en España y Estados Unidos, nacido en Hellín

http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20120714/54325100171/intervencion-manuel-castells.html

El Gobierno exige a las Autonomías que se apliquen recortes en el aparato político

MADRID.- El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. 

“Las autonomías se tienen que redimensionar igual que hacemos todos”. Es el mensaje machacón que en los últimos días repite en público la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y en privado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los consejeros de Economía de los gobiernos regionales. Los responsables de las comunidades insisten en que entre el 70 y el 80% de sus fondos van a los servicios de sanidad y educación para los ciudadanos, mientras el Ejecutivo afirma que les queda espacio para recortar: aparato político y de propaganda, más las empresas públicas, fundaciones y entes paralelos.

Sáenz de Santamaría no concretó nombres ni detalles después de que el Consejo de Ministros aprobara la mayor subida de impuestos y recorte de gasto público de la democracia, pero se le entendió claramente dónde cree que todavía hay margen de ahorro en la estructura del Estado. La vicepresidenta recordó que el Gobierno ha reducido y fusionado ministerios y suprimido puestos de altos cargos y asesores en toda la Administración central. Además, está agrupando o liquidando empresas, fundaciones, consorcios, observatorios, órganos reguladores y demás sector público paralelo.

La vicepresidenta pudo presumir ayer de la reforma de la administración local que el Gobierno puede acometer con su mayoría absoluta, y que supone entrar en un ámbito de autonomía municipal en que ningún Ejecutivo se había atrevido a entrar. Con el proyecto aprobado se establecen baremos salariales a los alcaldes (algunos ganan casi el doble que un ministro) en los Presupuesto Generales del Estado, se suprime el 30% de los concejales (21.000) que hay en España, se liquidan las mancomunidades de municipios, se quita la prestación de servicios a los más pequeños para que se lo queden las Diputaciones y se eliminan las empresas y entes municipales, lo que equivale a ahorrar 3.500 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. Sólo eliminar las mancomunidades evitará al Estado gastar 700 millones al año.

En el Gobierno consideran que con los recortes ya aprobados, más los que aplicará en las próximas semanas a las empresas del sector público pendientes y los que planea hacer en los próximos Presupuestos Generales del Estado (reducción de plantillas de empleados públicos), están haciendo todo lo que tienen en su mano para reducir al mínimo la administración central sin tocar los servicios básicos: seguridad, justicia y defensa. Ayer, el Ejecutivo aplicó el mismo modelo a la administración local. Pero queda todo el ámbito de la administración autonómica que no puede tocar, sólo invitar a seguir el mismo camino y amenazar con el principio de estabilidad presupuestaria incluido en la Constitución y desarrollado en la ley orgánica correspondiente.

El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. Esperanza Aguirre se quedó sola al proponer una reducción del 50% en el número de diputados de la Asamblea de Madrid. El Gobierno no se atreve a pedir tanto en público, pero sí reprocha a los gobiernos autonómicos que no se apliquen, por ejemplo, a liquidar todo su sector empresarial público, que la mayoría ni ha tocado.

Sáenz de Santamaría encadenó ayer las explicaciones sobre la reducción del 30% en el número de concejales de los ayuntamientos con el llamamiento a la responsabilidad de las autonomías que se resisten a cumplir con el límite de su déficit fijado en un 1,5% para el próximo año. “No hay otro remedio”, insistió la vicepresidenta del Gobierno para añadir: “si todos hacemos un esfuerzo tendrán que redimensionarse todas las administraciones”.

Según la número dos del Ejecutivo, en la administración central ya se ahorra “al céntimo” y las autonomías tendrán que hacer lo mismo. “El autogobierno tiene otra cara, la de la responsabilidad con los ciudadanos”, agregó. Como se aprobaba el mecanismo de ayuda para que los gobiernos autonómicos con problemas puedan financiarse, también dejó claro que ese apoyo extraordinario, también tendrá condiciones especiales. No quiso detallar pero se entendió que si no acometen planes severos de ajuste tampoco obtendrán apoyo financiero. Lo mismo que desde Bruselas y Berlín le dicen (y aplican) a Rajoy.